Por Jorge Elbaum

Hace siete años Natalio Alberto Nisman decidió acabar con su vida. Había presentado, pocos días antes, una denuncia atropellada y carente de evidencias probatorias.

El día previo a su suicidio le había pedido un arma a uno de los custodios asentados en la puerta de la torre Le Park, en Puerto Madero, donde vivía con recursos obtenidos en forma ilícita.

Ante la negativa del custodio, contactó a un funcionario policial –exonerado de la bonaerense–, Ricardo Bogoliuk quien tampoco pudo ayudarlo dado que se encontraba en Mar del Plata.

Un lustro después este uniformado era detenido por ser parte de la banda de espionaje y extorsión –unida a la Gestapo macrista– liderada por Marcelo D’Alessio.

Su asistente informático Diego Lagomarsino fue la tercera persona a quien le pidió un arma. Con esa Bersa calibre 22 el fiscal se disparó en la mañana del domingo 18 de enero de 2015.

«La causa relativa al suicidio, por su parte, continúa en el lucrativo limbo tribunalicio donde puede ser reflotada impúdicamente cada 18 de enero».

Su muerte inició la campaña electoral del 2015 que finalizó con el triunfo de Mauricio Macri a fines de ese año. Nisman se había convertido en la bandera de la derecha doméstica.

En 2020, un ex agente del Mosad, Uzi Shaya confirmó lo que a esa altura era un secreto a voces: que Nisman trabajaba para los fondos buitre.

La denuncia realizada por el fiscal fue desechada por una miríada de magistrados. Un tribunal federal, seis años después, consideró que la imputación realizada por Nisman contra Cristina Fernandez de Kirchner y otros funcionarios y dirigentes sociales no era delito.

Los seis años posteriores a la denuncia de Nisman, sin embargo, fueron utilizados por la entente jurídico-mediática para sembrar injurias inimaginables: “traición a la patria”, “connivencia con el terrorismo”, “complicidad con los ejecutores de la masacre”, etc.

«Lo que caracteriza a la derecha, tanto en Argentina como en el resto del mundo, es una doble obcecación, con marca de clase en el orillo».

La malversación mediática –encandilada en forma perversa con la posibilidad de vengarse de los 12 años del kirchnerismo–, viabilizó el homicidio del ex canciller Héctor Timerman al impedirle en tiempo y forma su atención oncológica. Sus mesas judiciales, además, posibilitaron la monstruosa prisión preventiva de Fernando Esteche, Carlos Zannini y Luis Delia.

La causa relativa al suicidio, por su parte, continúa en el lucrativo limbo tribunalicio donde puede ser reflotada impúdicamente cada 18 de enero. También aparece en las gateras de la trifecta comunicacional (Clarín, La Nación e Infobae), disponible para irrumpir periódicamente.

La causa no es elevada a juicio oral y público porque los operadores saben que marcha a ser un escándalo y a quedar expuestos quienes quisieron transformar un suicidio en un homicidio.

Lo que caracteriza a la derecha, tanto en Argentina como en el resto del mundo, es una doble obcecación, con marca de clase en el orillo: la defensa de los intereses de los más pudientes y la siembra de odio contra las mayorías populares.

Para lograr la primera parte de sus propósitos se exhiben como la representación de la República, la calidad institucional y la civilización.

Para impulsar el segundo de sus objetivos, buscan asociar lo popular a la vagancia, lo vetusto, lo mafioso y lo criminal.

La política popular debe incluir, entre otras funciones, la desconexión de la agenda instituida por los poderes concentrados. Y al mismo tiempo la generación de confianza y esperanza en torno a la voluntad de construir una sociedad menos violenta, más amable y más solidaria.

Lo contrario de lo que hizo Nisman durante su vida.