Por Néstor Llidó

En las unidades penales dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense, se autorizaron los celulares y, ante la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, se extendió la tenencia de los aparatos entre la población de privados de la libertad, lo que fue generando algunas situaciones más que irregulares.

Con un Protocolo que rige su uso, se pone en práctica el viejo refrán que dice que “hecha la ley, hecha la trampa” y entonces surgen, por ejemplo, hasta amenazas a los familiares de las víctimas por las cuales cumplen sus condenas. Días atrás, dos ex policías que empezaron a cumplir las penas por aplicación de torturas y la muerte de un joven, ocurrida en febrero de 2008 en la localidad de Ramos Mejía, violaron la norma, ya sea con publicaciones en redes sociales o intimidaciones.

Por el crimen de Gastón Duffau, cinco efectivos de la Policía bonaerense fueron condenados a perpetua, luego de dos polémicas absoluciones y se ordenó que, definitivamente, vayan a la cárcel, aunque 14 años más tarde. Se trata de los entonces oficiales Rubén Darío Steingruber, Mauro Adrián Ponti y Luis Alberto Acuña, Leonardo Ezequiel Brandan y Natalio De Nardis.

Mariano Duffau, el hermano de la víctima y quien reside en Centroamérica, denunció que dos de los ahora detenidos gozan de “ciertos beneficios” en sus lugares de encierro.

“Monti ha publicado fotos suyas en las redes sociales, cuando hacía ejercicios físicos en gimnasios y hasta saludando a su novia en el día de su cumpleaños, cuando se sabe que los celulares en las cárceles está restringido al uso de comunicaciones con sus familiares por teléfono o vía WhatsApp”, la dijo a EL ARGENTINO.

Y más grave aún es lo que ha ocurrido, con el también ex policía Acuña, que además de utilizar sus redes sociales, cuestionando al Poder Judicial, protagonizó un intercambio de mensajes, donde se encargó de amenazar de muerte al hermano de Gastón Duffau. “Es inaceptable que pasen estas cosas, que nadie los controle, que exista este poder corporativo, donde esta gente está presa y siga violando la ley”, señala.

Un ejemplo de circunstancias que se dan y se repiten, más allá de que puedan trascender, tomar estado público. De todas maneras, una gran mayoría que cuenta con estos dispositivos “cumplen” con las normas, más allá de un sistema de control penitenciario siempre cuestionado y las sospechas de una “flexibilización”, no exenta de “ciertos favores que nunca son gratuitos”. Forman parte de un sistema de “corrupción estructural”, donde se paga con sumas de dinero y o se “canjea”.

Dispositivos en las celdas

Si bien no hay estadísticas oficiales, pero si un registro que se va actualizando, la casi totalidad de la población carcelaria alojada en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense cuenta, hoy por hoy, con celulares que deberían ser utilizados con exclusividad para contactarse con sus familiares y allegados, para hablar y hasta poder instalar la aplicación WhatsApp. Atrás quedaron esas épocas en que los presos solo hablaban por los teléfonos fijos de los pabellones, sobre todo a partir de la pandemia por el Covid-19.

Numerosas investigaciones penales han dado cuenta en los últimos tiempos del manejo de personas privadas de la libertad de sus celulares para continuar “comandando desde la cárcel” a bandas de delincuentes o para seguir cometiendo ilícitos tales como las estafas virtuales. En las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, el uso de los teléfonos móviles no están permitidos, pero que los hay, los hay…El secuestro de aparatos al líder de la narcobanda rosarina Los Monos no es más que un botón de muestra.

También que no solo se usan los aparatos (que deben estar anotados a su nombre o de un familiar que opera como “garante/responsable”) para hablar y mandar mensajes por WhatsApp que son las acciones autorizadas, sino también para subir publicaciones a las redes sociales, en una práctica que está expresamente prohibida en la normativa que autoriza.

El Protocolo para el Uso de Teléfonos Celulares de Personas Privadas de la Libertad en las unidades del SPB se redactó con el inicio del aislamiento por la pandemia del Covid-19 ante la imposibilidad de recibir visitas y luego se extendió en el tiempo sin mayores modificaciones. Tuvo y tiene como objetivo el contacto “sus familiares y afectos” y se presume que todo bajo un estricto registro de los aparatos, más el seguimiento de su uso a tales efectos.

La reglamentación determina que los celulares no se pueden usar en pabellones, patios o lugares de recreación y/o estudios. También que en caso de infringir este “reglamento” serán pasible de la incautación del aparato.

RECUADRO
El Caso Gastón Duffau

Los cinco efectivos de la comisaría de Ramos Mejía que, en febrero de 2008 detuvieron en un irregular procedimiento y aplicaron torturas del joven Gastón Duffau hasta provocarle la muerte, fueron condenados a prisión perpetua, pero recién ahora, luego de varios años de realizado el juicio, se ordenó que vayan a la cárcel.

Tres de ellos ya están alojados en distintas dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense, como la Unidad Penal de Ituzaingó, tales como Rubén Darío Steingruber, Mauro Adrián Ponti y Luis Alberto Acuña. En tanto, Leonardo Ezequiel Brandan y Natalio De Nardis, nunca se presentaron a cumplir la orden judicial y continúan prófugos.

El 22 de febrero de 2008, cuando Gastón Duffau (de entonces, 34 años) concurrió al McDonald’s de la avenida Rivadavia, en la zona céntrica de Ramos Mejía, discutió con el personal de seguridad por motivos nunca esclarecidos. Ante esa situación, se llamó a la policía y efectivos de la comisaría 2da de La Matanza lo redujeron a golpes, lo esposaron y lo subieron a la caja de una camioneta patrullero.

Ya en la seccional, le aplicaron apremios ilegales, que derivaron en lesiones y su fallecimiento en el traslado al Hospital de Haedo, dando marco a una causa por este episodio de violencia institucional.