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Análisis

Hecha la ley, hecha la trampa

La utilización de los teléfonos celulares por parte de los presos en las cárceles generó polémica a partir de registrarse una serie de delitos, como las estafas virtuales, además del denunciado manejo que siguen realizando los jefes narcos desde los lugares donde cumplen sus condenas.

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Por Néstor Llidó

En las unidades penales dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense, se autorizaron los celulares y, ante la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, se extendió la tenencia de los aparatos entre la población de privados de la libertad, lo que fue generando algunas situaciones más que irregulares.

Con un Protocolo que rige su uso, se pone en práctica el viejo refrán que dice que “hecha la ley, hecha la trampa” y entonces surgen, por ejemplo, hasta amenazas a los familiares de las víctimas por las cuales cumplen sus condenas. Días atrás, dos ex policías que empezaron a cumplir las penas por aplicación de torturas y la muerte de un joven, ocurrida en febrero de 2008 en la localidad de Ramos Mejía, violaron la norma, ya sea con publicaciones en redes sociales o intimidaciones.

Por el crimen de Gastón Duffau, cinco efectivos de la Policía bonaerense fueron condenados a perpetua, luego de dos polémicas absoluciones y se ordenó que, definitivamente, vayan a la cárcel, aunque 14 años más tarde. Se trata de los entonces oficiales Rubén Darío Steingruber, Mauro Adrián Ponti y Luis Alberto Acuña, Leonardo Ezequiel Brandan y Natalio De Nardis.

Mariano Duffau, el hermano de la víctima y quien reside en Centroamérica, denunció que dos de los ahora detenidos gozan de “ciertos beneficios” en sus lugares de encierro.

“Monti ha publicado fotos suyas en las redes sociales, cuando hacía ejercicios físicos en gimnasios y hasta saludando a su novia en el día de su cumpleaños, cuando se sabe que los celulares en las cárceles está restringido al uso de comunicaciones con sus familiares por teléfono o vía WhatsApp”, la dijo a EL ARGENTINO.

Y más grave aún es lo que ha ocurrido, con el también ex policía Acuña, que además de utilizar sus redes sociales, cuestionando al Poder Judicial, protagonizó un intercambio de mensajes, donde se encargó de amenazar de muerte al hermano de Gastón Duffau. “Es inaceptable que pasen estas cosas, que nadie los controle, que exista este poder corporativo, donde esta gente está presa y siga violando la ley”, señala.

Un ejemplo de circunstancias que se dan y se repiten, más allá de que puedan trascender, tomar estado público. De todas maneras, una gran mayoría que cuenta con estos dispositivos “cumplen” con las normas, más allá de un sistema de control penitenciario siempre cuestionado y las sospechas de una “flexibilización”, no exenta de “ciertos favores que nunca son gratuitos”. Forman parte de un sistema de “corrupción estructural”, donde se paga con sumas de dinero y o se “canjea”.

Dispositivos en las celdas

Si bien no hay estadísticas oficiales, pero si un registro que se va actualizando, la casi totalidad de la población carcelaria alojada en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense cuenta, hoy por hoy, con celulares que deberían ser utilizados con exclusividad para contactarse con sus familiares y allegados, para hablar y hasta poder instalar la aplicación WhatsApp. Atrás quedaron esas épocas en que los presos solo hablaban por los teléfonos fijos de los pabellones, sobre todo a partir de la pandemia por el Covid-19.

Numerosas investigaciones penales han dado cuenta en los últimos tiempos del manejo de personas privadas de la libertad de sus celulares para continuar “comandando desde la cárcel” a bandas de delincuentes o para seguir cometiendo ilícitos tales como las estafas virtuales. En las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, el uso de los teléfonos móviles no están permitidos, pero que los hay, los hay…El secuestro de aparatos al líder de la narcobanda rosarina Los Monos no es más que un botón de muestra.

También que no solo se usan los aparatos (que deben estar anotados a su nombre o de un familiar que opera como “garante/responsable”) para hablar y mandar mensajes por WhatsApp que son las acciones autorizadas, sino también para subir publicaciones a las redes sociales, en una práctica que está expresamente prohibida en la normativa que autoriza.

El Protocolo para el Uso de Teléfonos Celulares de Personas Privadas de la Libertad en las unidades del SPB se redactó con el inicio del aislamiento por la pandemia del Covid-19 ante la imposibilidad de recibir visitas y luego se extendió en el tiempo sin mayores modificaciones. Tuvo y tiene como objetivo el contacto “sus familiares y afectos” y se presume que todo bajo un estricto registro de los aparatos, más el seguimiento de su uso a tales efectos.

La reglamentación determina que los celulares no se pueden usar en pabellones, patios o lugares de recreación y/o estudios. También que en caso de infringir este “reglamento” serán pasible de la incautación del aparato.

RECUADRO
El Caso Gastón Duffau

Los cinco efectivos de la comisaría de Ramos Mejía que, en febrero de 2008 detuvieron en un irregular procedimiento y aplicaron torturas del joven Gastón Duffau hasta provocarle la muerte, fueron condenados a prisión perpetua, pero recién ahora, luego de varios años de realizado el juicio, se ordenó que vayan a la cárcel.

Tres de ellos ya están alojados en distintas dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense, como la Unidad Penal de Ituzaingó, tales como Rubén Darío Steingruber, Mauro Adrián Ponti y Luis Alberto Acuña. En tanto, Leonardo Ezequiel Brandan y Natalio De Nardis, nunca se presentaron a cumplir la orden judicial y continúan prófugos.

El 22 de febrero de 2008, cuando Gastón Duffau (de entonces, 34 años) concurrió al McDonald’s de la avenida Rivadavia, en la zona céntrica de Ramos Mejía, discutió con el personal de seguridad por motivos nunca esclarecidos. Ante esa situación, se llamó a la policía y efectivos de la comisaría 2da de La Matanza lo redujeron a golpes, lo esposaron y lo subieron a la caja de una camioneta patrullero.

Ya en la seccional, le aplicaron apremios ilegales, que derivaron en lesiones y su fallecimiento en el traslado al Hospital de Haedo, dando marco a una causa por este episodio de violencia institucional.

Análisis

La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo

Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».

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Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia

Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.

Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.

Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.

Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.

El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina

La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.

Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.

La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.

Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)

La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.

Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.

Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.

El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas

El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.

Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.

El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.

Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala

La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.

El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.

En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.

Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.

Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.

Machismo de guardapolvo blanco

Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.

La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.

Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.

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