Sociedad
Un represor estudiantil a juicio
Un oficial de la División Infantería de la Policía bonaerense afronta cargos por “lesiones agravados” por haber disparado contra docentes y estudiantes durante una protesta en Puente La Noria en demanda de seguridad por los robos que venían sufriendo en un profesorado de Villa Fiorito
Por Néstor Llidó
En el mes de junio de 2022, la comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente Nro. 103 del barrio Villa Urbana decidieron “salir a la calle” para visibilizar la problemática de inseguridad que padecían en el establecimiento, con una serie de robos, uno de ellos con características de extrema violencia, cuando una banda que pretendió robar una moto de uno de los alumnos gatillaron, sin que salieran los disparos, contra estudiantes y docentes.
Frente a la falta de respuesta de las autoridades policiales ante esta sucesión de hechos se decidió, días más tarde, manifestar con una marcha hacia Puente La Noria y el operativo para impedir que se cortara el tránsito en el Camino Negro derivó en la represión de las fuerzas de seguridad, con disparos de balas de goma, golpes y corridas que dejaron varios heridos.
Tal como lo reflejó EL ARGENTINO en su momento, en aquella jornada del 22 de junio de 2022, un profesor fue alcanzado por varios impactos en la cabeza y en sus piernas, mientras que un estudiante sufrió un disparo en pleno rostro, siendo derivados ambos al hospital de Ingeniero Budge. En medio de la indignación por la “brutalidad policial” y cuestionando a “quienes nos deben cuidar y no lo hacen, pero si nos reprimen”, se radicó la denuncia que dio lugar a la investigación, que llevó adelante el fiscal Javier Martínez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 8 de Lomas de Zamora.
Luego de los testimonios y las pruebas que se fueron sumando en el expediente, pero fundamentalmente el “análisis detallado” de imágenes de cámaras de seguridad y filmaciones del incidente, se logró identificar al efectivo de la Infantería que fue el autor de los disparos. Y ahora, el fiscal Martínez ha solicitado la elevación a juicio de la causa, con el policía Luis Angel Villafañe, como imputado por “lesiones agravadas”.
Se aguarda que tras la feria judicial de invierno se avale el pedido y este hecho violencia institucional sea abordado en un debate. En el que, al margen de una futura pena de ejecución condicional que podría aplicarse al imputado, se fije un precedente, en relación al accionar de los uniformados a los que se les demanda por seguridad en la prevención del delito y terminan reprimiendo a los que reclaman.
“Sin dudas que se trató de un hecho de extrema gravedad y que un Juzgado en el Correccional deberá determinar, en base a todas las pruebas presentadas, la responsabilidad del policía que disparó contra quienes manifestaban”, señaló el fiscal Javier Martínez a EL ARGENTINO.
Villafañe, que cumplía funciones en la División Infantería de Glew, se negó a declarar al ser convocado a la indagatoria, en la que fue asistido por un defensor oficial. Ahora, se espera que el titular del Juzgado de Garantías Nro. 8 de Lomas, Gabriel Vitale, otorgue el visto bueno para que se fije la fecha del debate, cuando ya ha transcurrido más de un año de la represión a los docentes y estudiantes del ISFD Nro. 103 de Villa Urbana de Fiorito.

Pudo haber sido una tragedia
Ya algunos habían padecido arrebatos de sus teléfonos celulares o mochilas, al salir o llegar a cursar, pero lo sucedido en la nochecita del 21 de junio de 2022 en la sede del Instituto Superior de Formación Docente Nro. 103 de Villa Fiorito superó la “media” de los casos de inseguridad.
Una banda compuesta por ocho sujetos, portando armas de fuego, intentaron robar una moto estacionada frente al establecimiento, ubicado en la calle Gabriel Miró al 2400 de la barriada de Villa Urbana, motivando la reacción de docentes y alumnos para impedirlo, siendo intimidados y hasta les gatillaron, sin que salieran los tiros.
Se generó una persecución de los frustrados ladrones por la zona, hartos de los robos o los intentos como en este caso, mientras se demandó por mayores medidas de seguridad, ante la ausencia/inacción del personal policial. “Se vivió una situación de peligro de muerte, pudo haber sido una tragedia. Casi nos matan”, denunciaron, entonces, desde el Centro de Estudiantes, con el respaldo de auxiliares, docentes y directivos del Profesorado.
Judiciales ⚖️
Pity Álvarez: la querella pidió 11 años y 2 meses y rechazó la legítima defensa
Fabián Améndola sostuvo que el músico “se acercó y lo remató” y que los últimos tres disparos ya no respondían a ninguna agresión. El fiscal general Sandro Abraldes alegará el miércoles 11 y la defensa, el viernes 13.
Cuatro disparos, tres de ellos a corta distancia, y una víctima que ya había caído cuando se efectuaron los últimos: esa es la reconstrucción con la que la querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para el músico Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz.
El pedido lo formuló el abogado Fabián Améndola, que junto con Fernando Burlando representa a la madre de una de las hijas de Díaz, en los alegatos de clausura que comenzaron a las 11:30 del viernes 6 de noviembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. Díaz murió de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, de Villa Lugano.
Un pedido con arresto domiciliario y salidas laborales
La querella calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y pidió que, si el tribunal dicta una condena, Álvarez la cumpla bajo arresto domiciliario y con salidas laborales. Améndola aclaró que no buscaban una condena ejemplificadora y recordó la paciencia con la que la familia atravesó las demoras de un proceso condicionado por la salud del acusado.
Para la querella no hubo legítima defensa, porque cuando Díaz cayó ya no existía una agresión real. Según Améndola, el músico “se acercó y lo remató”, comprendió y dirigió su acción, y no había peligro para él cuando efectuó los últimos tres disparos.
La acusación fiscal y la estrategia de la defensa
El fiscal general Sandro Abraldes sostiene una acusación por homicidio simple con dolo eventual, un delito con pena de 8 a 25 años de prisión, y le atribuye además portación ilegítima de arma de uso civil. Alegará el miércoles 11 de noviembre. El viernes 13 será el turno de los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, que buscarán probar que Álvarez actuó en legítima defensa o, de manera subsidiaria, que hubo un exceso en ella, figura que prevé entre uno y cinco años de prisión.
El relato de Álvarez ante el tribunal
Álvarez declaró por primera vez el lunes 2 de noviembre, durante unas cuatro horas, después de llegar en ambulancia desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado de manera involuntaria desde el 2 de octubre. Dijo que se sintió acorralado por una persona peligrosa, que tenía el arma en el bolsillo y que apuntó al cuerpo de Díaz. Luego describió un “fogonazo blanco” en su cabeza y aseguró que no supo qué ocurrió durante unos segundos.
También pidió perdón a la familia de Díaz y propuso dar un recital para recaudar dinero destinado a las hijas de la víctima.
Dos lecturas que el tribunal deberá resolver
La distancia entre ambos relatos define el juicio: miedo y un vacío de segundos para el acusado, disparos sin peligro real para la querella. El debate comenzó el 10 de agosto de 2026, ocho años después del hecho, tras un proceso penal que estuvo suspendido durante años por planteos sobre la salud del músico.
Será el tribunal el que determine si corresponde homicidio simple, homicidio agravado por arma de fuego, legítima defensa o exceso en ella. Hasta que haya sentencia, rige la presunción de inocencia.
Lo que tenés que saber
- La querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para Pity Álvarez, con arresto domiciliario y salidas laborales, por la muerte de Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano.
- El pedido se formuló en los alegatos de clausura ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
- Para el abogado Fabián Améndola no hubo legítima defensa, porque los últimos tres disparos ya no respondían a una agresión.
- El fiscal general Sandro Abraldes acusa por homicidio simple con dolo eventual, con pena de 8 a 25 años, y alegará el miércoles 11.
- Los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro alegarán el viernes 13 y plantearán legítima defensa o su exceso.
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