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Sociedad

Un represor estudiantil a juicio

Un oficial de la División Infantería de la Policía bonaerense afronta cargos por “lesiones agravados” por haber disparado contra docentes y estudiantes durante una protesta en Puente La Noria en demanda de seguridad por los robos que venían sufriendo en un profesorado de Villa Fiorito

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Por Néstor Llidó

En el mes de junio de 2022, la comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente Nro. 103 del barrio Villa Urbana decidieron “salir a la calle” para visibilizar la problemática de inseguridad que padecían en el establecimiento, con una serie de robos, uno de ellos con características de extrema violencia, cuando una banda que pretendió robar una moto de uno de los alumnos gatillaron, sin que salieran los disparos, contra estudiantes y docentes.

Frente a la falta de respuesta de las autoridades policiales ante esta sucesión de hechos se decidió, días más tarde, manifestar con una marcha hacia Puente La Noria y el operativo para impedir que se cortara el tránsito en el Camino Negro derivó en la represión de las fuerzas de seguridad, con disparos de balas de goma, golpes y corridas que dejaron varios heridos.

Tal como lo reflejó EL ARGENTINO en su momento, en aquella jornada del 22 de junio de 2022, un profesor fue alcanzado por varios impactos en la cabeza y en sus piernas, mientras que un estudiante sufrió un disparo en pleno rostro, siendo derivados ambos al hospital de Ingeniero Budge. En medio de la indignación por la “brutalidad policial” y cuestionando a “quienes nos deben cuidar y no lo hacen, pero si nos reprimen”, se radicó la denuncia que dio lugar a la investigación, que llevó adelante el fiscal Javier Martínez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 8 de Lomas de Zamora.


Luego de los testimonios y las pruebas que se fueron sumando en el expediente, pero fundamentalmente el “análisis detallado” de imágenes de cámaras de seguridad y filmaciones del incidente, se logró identificar al efectivo de la Infantería que fue el autor de los disparos. Y ahora, el fiscal Martínez ha solicitado la elevación a juicio de la causa, con el policía Luis Angel Villafañe, como imputado por “lesiones agravadas”.


Se aguarda que tras la feria judicial de invierno se avale el pedido y este hecho violencia institucional sea abordado en un debate. En el que, al margen de una futura pena de ejecución condicional que podría aplicarse al imputado, se fije un precedente, en relación al accionar de los uniformados a los que se les demanda por seguridad en la prevención del delito y terminan reprimiendo a los que reclaman.


“Sin dudas que se trató de un hecho de extrema gravedad y que un Juzgado en el Correccional deberá determinar, en base a todas las pruebas presentadas, la responsabilidad del policía que disparó contra quienes manifestaban”, señaló el fiscal Javier Martínez a EL ARGENTINO.
Villafañe, que cumplía funciones en la División Infantería de Glew, se negó a declarar al ser convocado a la indagatoria, en la que fue asistido por un defensor oficial. Ahora, se espera que el titular del Juzgado de Garantías Nro. 8 de Lomas, Gabriel Vitale, otorgue el visto bueno para que se fije la fecha del debate, cuando ya ha transcurrido más de un año de la represión a los docentes y estudiantes del ISFD Nro. 103 de Villa Urbana de Fiorito.

Pudo haber sido una tragedia

Ya algunos habían padecido arrebatos de sus teléfonos celulares o mochilas, al salir o llegar a cursar, pero lo sucedido en la nochecita del 21 de junio de 2022 en la sede del Instituto Superior de Formación Docente Nro. 103 de Villa Fiorito superó la “media” de los casos de inseguridad.

Una banda compuesta por ocho sujetos, portando armas de fuego, intentaron robar una moto estacionada frente al establecimiento, ubicado en la calle Gabriel Miró al 2400 de la barriada de Villa Urbana, motivando la reacción de docentes y alumnos para impedirlo, siendo intimidados y hasta les gatillaron, sin que salieran los tiros.

Se generó una persecución de los frustrados ladrones por la zona, hartos de los robos o los intentos como en este caso, mientras se demandó por mayores medidas de seguridad, ante la ausencia/inacción del personal policial. “Se vivió una situación de peligro de muerte, pudo haber sido una tragedia. Casi nos matan”, denunciaron, entonces, desde el Centro de Estudiantes, con el respaldo de auxiliares, docentes y directivos del Profesorado.

Judiciales ⚖️

Propofest: Fini Lanusse rompe el silencio pero esquiva los detalles de la causa que involucra dos muertes

La médica procesada por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano publicó un breve mensaje en redes sociales en el que aseguró confiar en el proceso judicial. La declaración llega más de un mes después de que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara los cargos y dispusiera el embargo de sus bienes.

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El Argentino Diario-Fini Lanusse-Propofest.

“Las cosas se van a aclarar”: el descargo de Fini Lanusse tras ser procesada en el Propofest

Delfina «Fini» Lanusse, exresidente de tercer año en el área de Anestesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y procesada en la denominada causa «Propofest», realizó este domingo un breve descargo público a través de un mensaje en redes sociales. Sin entrar en detalles sobre los cargos que pesan en su contra, Lanusse aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó su confianza en el proceso judicial en curso.

«Por el momento no puedo hacer declaraciones profundas», explicó la profesional, quien agregó que la Justicia «se encuentra trabajando en el caso». El mensaje, escueto y cuidadosamente medido, representa la primera aparición pública de Lanusse desde que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara su procesamiento junto al anestesista Hernán Boveri por el delito de administración fraudulenta.

El procesamiento y las medidas cautelares

El 10 de abril de 2026, el magistrado Sánchez Sarmiento dictó el procesamiento formal de Boveri y Lanusse por el presunto desvío de propofol, remifentanilo y otros fármacos de uso controlado del Hospital Italiano. Ambos profesionales tienen prohibida la salida del país. La Justicia dispuso además un embargo superior a los 30 millones de pesos sobre los bienes de Lanusse.

Según consta en el expediente judicial, Boveri ocupaba un cargo de jerarquía en el área de Anestesiología y habría aprovechado esa posición para vulnerar los controles de stock del hospital. En su declaración ante el juez, el anestesista reconoció haber administrado sustancias anestésicas a Lanusse en reiteradas oportunidades, con su consentimiento, y señaló que fue ella quien sustrajo los medicamentos. La defensa de ambos procesados busca revertir las medidas cautelares y sostiene que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.

El origen del caso: dos muertes y un sistema de control fallido

La investigación que derivó en el procesamiento comenzó el 20 de febrero de 2026, cuando efectivos policiales hallaron sin vida al anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, en su departamento de Palermo. La autopsia reveló muerte por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo. El análisis de trazabilidad del instrumental hallado en el domicilio de Zalazar determinó que una parte significativa del material pertenecía al Hospital Italiano, institución en la que Zalazar no tenía acceso laboral directo.

El 3 de abril, una segunda muerte complejizó aún más la causa. El enfermero Eduardo Bentancourt, de 44 años, fue encontrado sin vida en su departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, en Palermo. En el lugar se secuestraron tres ampollas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma S.A., propiedad del empresario Ariel García Furfaro, procesado en una causa separada vinculada a 111 muertes por adulteración de sustancias medicinales. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, a cargo del fiscal Carlos Vasser, confirmó que las ampollas correspondían al certificado N° 53.100, inhabilitado por la ANMAT, con vencimiento en marzo de 2026, lo que refuerza la hipótesis de un desvío deliberado del stock que debía ser destruido tras la clausura del laboratorio.

Lo que declararon los jefes del área de Anestesiología

El jefe y el subjefe del área de Anestesiología del Hospital Italiano declararon ante el juez que Lanusse reconoció tener problemas de consumo de sustancias desde hacía dos años, un elemento que el Ministerio Público incorporó como contexto agravante en la formulación de cargos. El análisis forense de las filmaciones de vigilancia interna del hospital permitió reconstruir los momentos en que Boveri accedía a sectores restringidos y retiraba ampollas sin que los sistemas de registro lo detectaran a tiempo. El Hospital Italiano se presentó como querellante en la causa para resguardar su prestigio institucional y colabora activamente con la Justicia.

La causa avanza hacia el juicio oral

Con el procesamiento formalizado, la investigación se encamina hacia la etapa de preparación del juicio oral. El Ministerio Público deberá consolidar su acusación, mientras los defensores de Boveri y Lanusse ofrecerán sus descargos y pruebas ante el tribunal. Nuevas definiciones podrían conocerse en las próximas semanas.

Puntos clave:

  • Delfina Lanusse publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó confianza en la Justicia.
  • El juez Javier Sánchez Sarmiento la procesó junto a Hernán Boveri por administración fraudulenta; ambos tienen prohibida la salida del país y enfrentan embargos millonarios.
  • La causa se vincula a dos muertes: el anestesiólogo Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Bentancourt, hallados sin vida en Palermo.
  • En el domicilio de Bentancourt se encontraron ampollas de fentanilo del laboratorio clausurado HLB Pharma (certificado N° 53.100, inhabilitado por ANMAT), vinculado a 111 fallecidos.
  • El Hospital Italiano se constituyó como querellante; la investigación avanza hacia el juicio oral.
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