Por Emiliano Guido

A pocos meses de terminar su sexenio de gobierno y la propia carrera política –a la que ha puesto fecha final antes de entregar la banda presidencial-, pero con el marcado interés de no perder su legado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha propuesto reformar un tercio de los artículos constitucionales con un fuerte sesgo progresista en el capítulo ambiental, además de un marcado carácter soberano en lo económico.

Siempre atento a los escenarios simbólicos que abre cuando hace uso de la palabra –AMLO ha hecho de sus rondas de prensa matutina (“las mañaneras”) un estilo persistente en el ejercicio de gobierno-, el Jefe de Estado comunicó su proyecto en una fecha emblemática, el 5 de febrero, aniversario de la puesta en marcha de la actual Carta Magna.

Así como el presidente argentino Javier Milei pretendió con su fallida ley ómnibus sentar las bases de una profunda modificación de la arquitectura legal en pos de su proyecto ultraneoliberal, en el techo de América Latina, México, López Obrador también busca reformar la estructura legal de su país, pero en un sentido opuesto al libertario.

Las reformas enviadas por AMLO, que deberán ser aprobadas por dos tercios de los representantes legislativos para entrar en vigor, son multidimensionales. Entre otros temas, AMLO propone blindar el salario mínimo ante la inflación, establece zonas pétreas no privatizables en la administración de los recursos naturales.

Aunque, no todas son rosas arrojadas al viento.
Organizaciones de la sociedad civil, con el esperable apoyo de los medios mainstream, critican la pretensión del gobierno de licuar la representación no gubernamental de los organismos autónomos del Estado y su intención de permitir la elección de autoridades judiciales por voto directo.

De hecho, esas fueron las principales razones de la estruendosa marcha, donde los manifestantes arroparon sus torsos con remeras rosas –un color no identificable con ninguna marquesina partidaria- que se concentró el último domingo en la plaza central del Zócalo en México DF.

Los principales analistas periodísticos mexicanos coinciden en una serie de conclusiones sobre los impactos políticos suscitados con la propuesta ad hoc de reforma constitucional.

Como es de esperar, algunos editorialistas identificados con el ideario popular celebran el marco teórico de las propuestas, mientras que los comunicadores alineados con la trienia de partidos tradicionales (el omnipresente PRI, el neoliberal PAN y el ex progresista PRD) señalan el supuesto vector antirepublicano del proyecto; sin embargo, existe un punto de congruencia: con la andanada de reformas, de difícil aprobación dado el elevado piso de adherencia que se necesita, AMLO busca indicar a su posible sucesora –la candidata oficialista y delfín suya Claudia Sheinbaum es marcadamente favorita a ganar las elecciones- que no desea giros en la orientación política de MORENA, muchos menos moderados.
Alfredo Serrano Mancilla, director del centro de investigación regional CELAG y habitual columnista de C5N, realizó una interesante columna para el portal iberoamericano Diario Red –que dirige el ex líder de Podemos Pablo Iglesias- donde coloca el proyecto de AMLO en un estante político mayúsculo: su intención de edificar un gobierno popular y no titubear en el intento.

“Después de casi dos mil días de gobierno, el presidente AMLO goza de un gran apoyo ciudadano. Su imagen positiva, según el promedio de todas las encuestas publicadas, oscila entre 58% y 65%. Y todo apunta a que su movimiento, MORENA, será el gran vencedor en las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio. La ventaja de Claudia Sheinbaum sobre su principal competidora se sitúa alrededor de los 25 puntos. Lo ha logrado confrontando con los poderes fácticos sin rodeos: con el poder mediático, con las transnacionales presentes en sectores estratégicos, con la vieja clase política neoliberal, con la monarquía española, con el Departamento de Estado estadounidense”, enfatiza Serrano Mancilla.