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El Senado tiene en sus manos el futuro de los inquilinos argentinos 

El bloque oficialista frenó la modificación de la Ley de Alquileres y se espera un nuevo encuentro para escuchar a las organizaciones inquilinas y al sector inmobiliario. La oposición insiste en imponer su propuesta, pero no ofrece soluciones útiles para mejorar la situación de los inquilinos.

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Por Mariana Collante

Esta semana el bloque oficialista frenó el intento de modificar la Ley de Alquileres en la Comisión de Legislación General. Se estableció un nuevo encuentro que podría concretarse hoy o el martes de la semana próxima, en la que se van a escuchar a las organizaciones inquilinas y al sector inmobiliario.

Los legisladores de Juntos por el Cambio insisten en imponer su propuesta, aprobada el miércoles pasado en Diputados. Si bien desde lo discursivo se escudan en “la preocupante situación de los 8 millones de inquilinos que hay en nuestro país”, ninguna de las modificaciones es útil para mejorarla. ¿Por qué a la parte más débil de la negociación, le convendrían aumentos cada cuatro meses sin un índice que regule los montos y contratos más cortos? Resulta difícil ensayar una respuesta.

Desde la sanción de la Ley 27.551, el mercado inmobiliario presiona para derogarla a través de las fuerzas políticas y los medios de comunicación sensibles a sus intereses. Culpan a la ley de la falta de oferta y de la suba de los precios. Esos mismos argumentos usa la oposición en los debates. Sin embargo, esta disminución que comenzó en 2001, se da por varias causas. Uno es el alquiler temporario, negocio que no tiene ningún tipo de regulación. Solo en la plataforma Airbnb, existen más de 26 mil viviendas ofertadas en la Ciudad de Buenos Aires.

Otra de las razones es la creciente concentración de las propiedades en menos manos. Estos grandes propietarios usan las construcciones como resguardo de valor, construyen o compran a gran escala, encarecen el suelo, y los precios suben. Por eso, las viviendas permanecen vacías, y las necesidades de la población quedan sin respuesta. Esta realidad es parte del paisaje de las grandes ciudades de todo el país.

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Antes del encuentro en el Senado, la Federación de Inquilinos le envió una carta a la presidenta de la Cámara alta, Cristina Kirchner. El texto alerta sobre las gravísimas consecuencias que pueden generar las modificaciones que pretende introducir Juntos por el Cambio y sus aliados. “El alquiler se va a duplicar, los inquilinos vamos a pagar el doble de lo que pagamos actualmente”. Para hacer esta afirmación, la Federación calculó los aumentos cada cuatro meses, acumulados, como quiere la oposición. 

Un dato relevante en este panorama crítico, empeorado aún más por la inflación, es la alta incidencia del pago del alquiler en los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Se estima que la mitad de lo que gana una familia inquilina se destina al pago de la vivienda. Por lo tanto, lo que resuelva el Poder Legislativo es crucial para el proyecto de vida de millones de personas.

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Policía de la Ciudad desalojó más de 25 familias en Monserrat

Si bien el operativo empezó muy temprano, cerca de las 17 todavía había gente dentro del edificio embalando algunas pertenencias y esperando una respuesta sobre dónde llevar a sus mascotas.

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La policía de la Ciudad inició esta mañana un desalojo a más de 25 familias que vivían en un inmueble ubicado en el barrio porteño de Monserrat, personas que serán albergadas de manera temporal en una dependencia del ejecutivo local, pero a la que no pueden llevar sus pertenencias ni sus mascotas, por lo que todavía permanecen en el lugar. 

Desde las 7, la calle México entre Bolívar y Defensa fue vallada completamente mientras que cerca de diez agentes de la fuerza policial notificaron a los habitantes del inmueble sobre el desalojo ordenado por la justicia, situación ante la cual los vecinos cerraron las puertas y se resguardaron en el interior del mismo.

Cerca de las 16, la calle se mantenía cerrada y con consigna policial y, en el lugar un camión de mudanza se disponía a trasladar las pertenencias de las familias desalojadas a “unos galpones o depósitos, pero no nos explicaron bien”, relató en diálogo con Télam Lidia, de 53 años.

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Si bien el operativo empezó muy temprano, cerca de las 17 todavía había gente dentro del edificio embalando algunas pertenencias y esperando una respuesta sobre dónde llevar a sus mascotas.

“Salí a las 5 de la mañana porque tuve que ir al (hospital) Ramos Mejía por un control médico, cuando volví ya me encontré con la policía que no me dejaba pasar y lo único que me repetían es que había una orden de desalojo”, precisó la mujer que se encontraba en la esquina de su casa, en silla de ruedas por una lesión en su pierna derecha. 

Lidia habitaba el inmueble de México 529 desde hace unos 25 años y aseguró que, tanto ella como el resto de los inquilinos le pagaban el alquiler a una mujer llamada Marta Busi y que hace “un par de meses” uno de los habitantes del inmueble aseguró ser el dueño legítimo del lugar y comenzó a exigir el pago por las habitaciones, situación que “enojó al resto que lo terminaron echando del lugar” y desde ahí dejaron de abonar.

“No me dejan entrar ni a buscar mis cosas y si me sacan de acá no tengo adonde ir y tampoco la posibilidad de acceder a un alquiler. Cómo voy a conseguir una garantía si no tengo ni trabajo en blanco”, se preguntó angustiada la mujer que vive en una de las habitaciones con su hija y no tiene familiares que la puedan alojar “ni por un tiempo”.

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Cerca de las cuatro, la mujer explicó que según otra de las vecinas que ya fue trasladada el lugar donde los van a alojar “son unas habitaciones armadas en containers, puestas debajo de la autopista, muy chiquito, pero lo peor es que no me dejan llevar a mis mascotas, no sé qué hacer”.

“Tampoco me explican qué van a hacer con las cosas, dicen que las van a llevar a esos galpones, pero después yo sé cómo termina esto, no voy a recuperar nunca más mis pertenencias”, señaló angustiada la mujer. 

“Esta mañana la policía valló la cuadra y nos vino a decir que nos teníamos que ir, nos mostraron un papel que supuestamente es una orden de la justicia, pero la verdad es que no tenemos donde ir, no podemos ni pagar un alquiler convencional ni tampoco conseguir los requisitos que piden”, aseguró una mujer identificada como Rosa, también inquilina del sitio.

El inmueble consta de dos pisos y una terraza, los habitantes alquilan una habitación privada y comparten el baño y la cocina. Los vecinos consultados en el lugar no coincidieron en la cantidad de familias que viven allí, pero sí en que son más de 25, muchas de las cuales tienen chicos.

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