CABA
Iron Mountain: anularon los procesamientos de directivos y ex funcionarios porteños por el incendio
La Cámara Nacional en lo Criminal aclaró que no se expedía sobre la responsabilidad de los imputados sino sobre los “defectos” de la instrucción del sumario. El incendio en un depósito de la empresa hace casi siete años causó la muerte de ocho bomberos y dos agentes de defensa civil.
La Cámara Nacional en lo Criminal aclaró que no se expedía sobre la responsabilidad de los imputados sino sobre los “defectos” de la instrucción del sumario. El incendio en un depósito de la empresa hace casi siete años causó la muerte de ocho bomberos y dos agentes de defensa civil.
La Cámara Nacional en lo Criminal anuló los procesamientos de doce ex funcionarios del Gobierno porteño y cinco directivos de Iron Mountain por el incendio de un depósito de esa empresa hace casi siete años en el barrio de Barracas, que causó la muerte de ocho bomberos y dos agentes de defensa civil.
Por mayoría de dos votos contra uno, la Sala VI de la Cámara aclaró que no se expedía sobre la responsabilidad de los imputados sino sobre los “defectos” de la instrucción del sumario y sostuvo que los procesamientos ordenados en febrero de 2018 habían sido dispuestos luego de una “grotesca” y “deficiente investigación”.
El fallo, que mandó dictar una nueva resolución, benefició a Eduardo Alfredo Sueyras, director de seguridad e higiene para América Latina de la firma; Guillermo Eduardo Lockhart, gerente general, y Héctor Eduardo García, jefe de Seguridad e Higiene de Iron Mountain Argentina.
También alcanzó a los exfuncionarios Vanesa Berkowsky, quien fue directora general de Fiscalización y Control de la ciudad y ya fue procesada por el derrumbe en el boliche Beara, que provocó la muerte de dos chicas; Luis Alberto Cogo, jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas; Roberto José Chiesa, director de Industrias y Otros Locales; y Silvia Miriam Hers, jefa del Departamento de Programación Operativa.
Los otros beneficiados son Gastón Luis Laugle y Patricia Moroni, responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa; Rafael Mario Roldán y Pierre Louis Chapar, encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control; Félix Lugo, Ricardo Grunfeld, Alberto Graziani, Jorge Papanicolau, Oscar Alfredo Godoy y Christian Walter Castiñeiras.
En la mañana del 5 de febrero de 2014 se produjo un incendio en el depósito 7 de la firma Iron Mountain, ubicado en la calle Azara 1245, en Barracas, cuya propagación provocó que la estructura metálica (columnas y cabriadas) que sostenía el techo comenzara a ceder ante la alta temperatura y derrumbara la pared de la calle Jovellanos a la que se encontraba empotrada.
Como consecuencia de ello fallecieron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez, el agente Juan Matías Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal), los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha) y Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo, de Defensa civil.
En febrero de 2018, el juez en lo criminal Pablo Ormaechea dictó los procesamientos con embargos por presunto “incendio culposo seguido de muerte”, decisión que, apelada por las defensas y tras largo trámite, llegó a la definición de la Sala VI de la Cámara.
“La lectura del expediente y el examen de la documentación reservada deja al descubierto serios defectos tanto de orden fáctico como dogmático, que descalifican al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido ya que impacta de manera determinante en la construcción de las imputaciones”, expusieron los camaristas Julio Lucini y Magdalena Laíño.
Ambos magistrados aclararon que las consideraciones que realizaron para anular los procesamientos “no importan opinión sobre las eventuales responsabilidades de los aquí involucrados; por el contrario, se limitan a poner de resalto los puntos que conducen a sostener la arbitrariedad de lo decidido en base a una deficiente investigación”.
“Es inadmisible que a casi siete años de este luctuoso episodio aún no se sepa cómo, dónde y por qué se inició el foco ígneo. Y debemos señalarlo con dureza porque no sólo merece una respuesta la sociedad, la cual reclama mejores modelos de acceso a la Justicia que garanticen procesos efectivos, rápidos y transparentes, sino, sobre todo, los familiares de las víctimas que perdieron la vida”, remarcaron.
En el fallo de un centenar de páginas, la mayoría compuesta por los votos de Lucini y Laíño cuestionaron que, como el juez de primera instancia lo admitió en su resolución, se “desconoce” como se inició el fuego, sobre lo que indicaron que “es tan absurdo como pretender enjuiciar un homicidio sin conocer la causa de la muerte”.
Tras señalar repetidos “defectos” y contradicciones de la pesquisa, “que deja al descubierto la arbitrariedad del pronunciamiento” y “errores de valoración” de la prueba, al omitir el análisis objetivo de gran cantidad de elementos, el tribunal descalificó lo actuado contra los ex funcionarios porteños y los ex directivos de Iron Mountain.
En disidencia, el camarista Ricardo Matías Pinto concluyó que la prueba incorporada al expediente “tiene el peso suficiente” y que hubo omisiones de los imputados, en especial de los directivos, “que aumentaron el riesgo en forma ilegítima y que se concretaron en el resultado”.
Sobre los exfuncionarios, el voto en minoría -que incluso indicó que se debían revocar los sobreseimientos-, consignó que las irregularidades de obra en el depósito siniestrado, marcadas de manera incompleta en actas labradas con anterioridad, “han importado un ejercicio defectuoso del poder de policía”.
CABA
Con permisos y todo: la policía de Jorge Macri hostigó a un cafetero en pleno Once
Un vendedor de café identificado como Ariel fue interceptado por efectivos porteños en la esquina de Pueyrredón y Perón a pesar de contar con documentación habilitante. El episodio, registrado en video y difundido por la flamante Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), reaviva el debate sobre la criminalización del trabajo informal en la Ciudad gobernada por Jorge Macri.
Criminalización del trabajo informal: la Policía de la Ciudad hostigó a un cafetero habilitado y con permisos en pleno Once
★ En el corazón del barrio de Balvanera, sobre la concurrida esquina de la avenida Pueyrredón y Perón, a metros de la Plaza Miserere, la Policía de la Ciudad interceptó el miércoles 3 de junio a Ariel, un cafetero ambulante que desarrollaba su jornada laboral habitual con todos los permisos en regla. El hecho fue registrado en video y difundido por la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), organización que denunció el procedimiento como un nuevo episodio de «persecución sistemática» y «violencia institucional» contra los trabajadores de la vía pública.
Según el relato de la UVAO, dos efectivos de la fuerza porteña comenzaron a fotografiar a Ariel sin identificarse ni explicar el motivo. Minutos después, le exigieron detenerse y solicitaron refuerzos. Ante la exhibición de los permisos de trabajo correspondientes, la situación no se detuvo, sino que escaló, generando la indignación de transeúntes que presenciaron el procedimiento.
Una organización que nació de la resistencia
La UVAO se constituyó en abril de 2026, en respuesta directa a la intensificación de los operativos policiales en la zona comercial de Once, coordinados entre la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de Jorge Macri. La agrupación surgió bajo la consigna de «respeto y diálogo» y viene documentando y denunciando decomisos de mercadería, detenciones y lo que sus integrantes describen como un despliegue estatal desproporcionado.





«Patrulleros, motos y efectivos para arrestar a un laburante como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. No somos delincuentes; pedimos una solución justa para quienes solo buscan el sustento diario», declararon desde la entidad en sus comunicaciones públicas.
El episodio del cafetero Ariel no es un caso aislado. En julio de 2025, efectivos de la Policía de la Ciudad y del área de Espacio Público vaciaron a la alcantarilla el café de otro vendedor ambulante apostado al pie de la estación Once del tren Sarmiento, sobre la calle Mitre, en la misma zona de Balvanera. El video de ese procedimiento se viralizó en redes sociales, y los peatones que pasaban gritaron: «A los laburantes le hacen eso, vergüenza les tiene que dar».
El patrón: más fuerza, menos derechos
El caso de Once se inscribe en un fenómeno más amplio que Tiempo Argentino documentó el 27 de mayo de 2026: una política sistemática del Gobierno porteño que despliega operativos de control masivo sobre trabajadores informales en barrios populares de toda la Ciudad. El megaoperativo «Tormenta Negra», ejecutado el 14 de mayo con más de 1.500 efectivos, drones y amplia cobertura mediática, se presentó como una acción contra el narcotráfico, pero organizaciones sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que el despliegue funcionó en la práctica como una avanzada sobre vecinos, comerciantes y trabajadores de la economía popular.
Silvana Olivera, integrante de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, describió el operativo como «un desfile de ley y orden para la televisión», y alertó que en numerosos procedimientos la mercadería y las herramientas de trabajo son secuestradas sin actas ni documentación formal que permita luego recuperarlas.
Una «Ley Beatriz» que nunca llegó
El conflicto en Once tiene historia. Años atrás, una agrupación predecesora, los Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), impulsó la llamada «Ley Beatriz», un proyecto para regularizar el trabajo en el espacio público. La denominación recuerda a una vendedora que murió atropellada durante un operativo policial. La iniciativa nunca prosperó en la Legislatura porteña, y la política de «tolerancia cero» hacia la venta no autorizada se consolidó como norma, incluso cuando, como en el caso de Ariel, el trabajador cuenta con los permisos que la propia ley exige.
El contrapunto institucional existe: la agrupación Buenos Vecinos BA, con presencia en foros de seguridad del barrio, respaldó los operativos argumentando que «el espacio público es de todos» y que la venta ambulante equivale a una «usurpación de la vía pública». Esa postura refleja la tensión real que atraviesa el barrio de Once, uno de los polos comerciales más activos y populares de Buenos Aires, entre el derecho al trabajo y las políticas de ordenamiento urbano.
Pero la pregunta que se repite en los barrios de la Ciudad sigue sin respuesta institucional: cuando el Estado llega primero con patrulleros y no con políticas de inclusión, regularización y trabajo, ¿qué modelo de Ciudad se está construyendo?
Puntos clave
- Ariel, cafetero con permisos habilitantes, fue hostigado por la Policía de la Ciudad en la esquina de Pueyrredón y Perón, en Once, el 3 de junio de 2026.
- La UVAO, organización de trabajadores informales creada en abril de 2026, difundió el video y denunció una «persecución sistemática» y «violencia institucional».
- El episodio se suma a un patrón documentado: en julio de 2025, la policía le volcó el café a otro vendedor ambulante frente a la estación Once.
- El CELS y organizaciones sociales denunciaron que el megaoperativo «Tormenta Negra» (14 de mayo de 2026) afectó a trabajadores informales de barrios populares en toda la Ciudad.
- La «Ley Beatriz», que buscaba regularizar el trabajo ambulante en el espacio público, nunca fue aprobada por la Legislatura porteña.
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