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El Gobierno de la Ciudad anunció subas en el transporte

Subas desde un 43% hasta un 82.5% en subtes, taxis, estacionamiento y multas en la Ciudad de Buenos Aires, serán aplicadas en el primer semestre de un 2021 aún atravesado por la pandemia.

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este martes que actualizará un 44% promedio las tarifas de subte y taxi a lo largo del primer semestre de 2021, al igual que el precio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), y que aplicará un aumento del 100% en el precio de la hora del estacionamiento medido.

Las audiencias públicas en las que se discutirán esta medidas fueron programadas para enero próximo, por lo que a partir de febrero podrían comenzar a aplicarse los aumentos aunque, dependiendo del caso, las subas tarifarias serán escalonadas hasta abril o mayo.

También dispuso una suba del 82,5% del valor de las multas por infracciones de tránsito, que comenzará a regir desde el lunes próximo, y estipula que el exceso de velocidad se penará con multas por hasta $156.000 y, para la violación de luz roja, por hasta $58.000.

En el caso de los subtes, de cumplirse con los plazos anunciados, el pasaje subirá de los actuales $21 a $30 (43%), mientras que el Premetro pasará de $7,50 a $10,70, aunque la implementación se terminará de definir en la audiencia pública.

Los aumentos de subte están programados en dos etapas: una primera en marzo, en la que el pasaje subirá a $25,50, y una segunda en abril o mayo en la que el boleto costará $30.

«Son adecuaciones que posibilitan el funcionamiento de los servicios, su mantenimiento y la operación bajo estándares de seguridad», aseguraron fuentes del Gobierno porteño.

Los aumentos no modificarán el sistema de tarifa escalonada, mediante el cual las tarjetas SUBE y Monedero tienen descuentos del 20%, 30% y 40% para los pasajes una vez que se superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente.

En el caso de los taxis, luego de una audiencia pública en enero, el aumento de la bajada de bandera y ficha será del 44%, en dos etapas. La primera etapa será en febrero, con un precio de la ficha diurna que pasará de $5,95 a $7,14 y una Bajada de bandera de $71,40, y una ficha nocturna de $8,57.

La segunda etapa está programada para abril, con un precio de la ficha diurna que pasará de $7,14 a $8,57, y la Bajada de bandera de $71,40 a $85,70, y una ficha nocturna de $10,28.

«El último aumento en el valor de la ficha de taxis fue en febrero de 2020, desde entonces el GNC aumentó 32%, y representa el 41% del costo de los taxistas», explicaron en el Ejecutivo municipal.

Por su parte, el estacionamiento medido subirá de $15 a $30 (100%) y la VTV un 45%, ambas a partir de febrero, de modo que el precio del tramite de verificación pasará de $1.838 a $2.665 para los autos y, para las motos, de $691 a $1.002.

En el Gobierno porteño argumentaron que el valor de la hora de estacionamiento en las calles «no se ajusta desde hace 18 meses» y está «desfasado respecto a otras ciudades, donde ya supera los $33».

Entre esos casos se mencionaron los sistemas de estacionamiento de las ciudades de Rosario, en Santa Fe, y Morón, en Buenos Aires, mientras que para el caso de la VTV responde a que «debe cubrir los costos de operación y los salarios de los trabajadores».

La suba del 82,5% en las infracciones de tránsito se explica, en rigor, a la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), que es la medida que se utiliza para penalizar las faltas que se cometen en la Ciudad, ya sea respecto de las normas de tránsito como de las que regulan la actividad comercial.

El costo de cada UF, fijado en el artículo 20 de la ley 451, sostiene que «tendrá un valor equivalente a medio litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino, sede Central, y se establecerá por períodos semestrales”.

«El valor actual de la unidad es $21,40 y no se actualiza desde el 8 de febrero de 2019», justificaron desde la Subsecretaría de Justicia porteña, por lo que la actualización elevó el monto a $39,05, ya que el costo actual del litro de nafta indicado fue $78,10.

Es importante aclarar que todas las multas impagas se ajustarán por el nuevo valor de la UF, que «correrá desde el primer día hábil de 2021», señalaron las fuentes porteñas.

Una multa por exceso de velocidad, infracción penada con 70 a 4000 UF, indica que el valor de la multa será de entre $2.733 a $156.200 y, en el caso de violación de luz roja -de 300 a 1.500 UF- será sancionado con penas de $ 11.715 a un máximo de $ 58.575.

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Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri

El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.

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El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.

Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.

Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.

El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.

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