Por Valeria Azerrat

El colapso de una vivienda que alojaba a más de 150 personas en el barrio porteño de Floresta puso en evidencia esta semana las falencias de las políticas públicas en materia habitacional en la ciudad de Buenos Aires, distrito en el que uno de cada tres habitantes alquila, la mitad de esos hogares registra hacinamiento y hay unos 4.000 inmuebles con riesgo de derrumbe.

Así lo evaluaron distintas organizaciones que estudian las problemáticas urbanas en el territorio capitalino y en el área metropolitana de Buenos Aires, las que afirmaron que existe un «mercado informal» de alquileres al que recurren quienes no cuentan con las condiciones para un contrato legal y el cual «retroalimenta la precariedad habitacional».

Objetaron también la definición del Gobierno porteño de priorizar los «negocios inmobiliarios» por sobre el financiamiento de iniciativas estatales que tiendan a morigerar la situación y denunciaron que la administración local realiza «controles nulos o ligeros» en las casas usurpadas o con construcciones ilegales en su interior que representan peligro.

Según información oficial, para concretar la fiscalización de propiedades privadas tomadas, como la situada en Rivadavia al 8700 donde ocurrió el trágico derrumbe que provocó la muerte de tres personas y en la cual habitaban unas 35 familias, es necesaria una orden judicial de ingreso y para ello el requisito previo es la denuncia del dueño de la vivienda.

«Si no hay denuncia hecha ni está judicializado el tema, depende de la decisión de quien habite el inmueble permitir el ingreso de las autoridades municipales para constatar alguna irregularidad, ya sea vinculada con alguna construcción ilegal o la veracidad de los supuestos arrendatarios e inquilinos», señalaron fuentes del Gobierno porteño.

Desde la organización Defendamos Buenos Aires advirtieron que existen en la Ciudad unas 4.000 viviendas que registran un riesgo de colapso, las que están «representadas por una mayoría de casas tomadas o usurpadas, hoteles en pésimo estado y edificios carentes de mantenimiento».

Javier Miglino, director de la agrupación, dijo que «las casas usurpadas son una suerte de tierra de nadie donde el Estado nunca llega», cuestionó «la política de controles ligeros a nulos» en este tipo de propiedades y afirmó que «hay una impunidad del 100% porque el Gobierno de la Ciudad exige todo tipo de documentación y de datos para denunciar».

La situación irregular de este tipo de viviendas antiguas -en las que las familias sub alquilan habitaciones en condiciones de hacinamiento- predominó desde el siglo pasado en barrios como Monserrat, San Telmo y La Boca; no obstante en las últimas décadas el modelo habitacional de los inquilinatos apareció también en Almagro, Flores, Floresta, Liniers y Nueva Pompeya.

Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y urbanista, sostuvo que «la Ciudad está en un contexto de crisis habitacional donde uno de los grandes problemas que se está teniendo hace varias décadas es la imposibilidad del acceso a la vivienda de gran parte de la población».

«Ante la ausencia del Estado, se empiezan a desarrollar alternativas: las familias de más recursos alquilan formalmente, las de menos recursos construyen o compran en barrios populares y luego están las que acceden a un alquiler informal en situaciones muy precarias y empiezan a surgir esa especie de inquilinatos», precisó.

Baldiviezo, que preside el Observatorio del Derecho a la Ciudad, consideró que la fiscalización no es la única salida al tema para evitar que se repitan colapsos como el de Floresta, sino que demandó la implementación de «políticas habitacionales» de parte del Gobierno porteño.

«Tenemos un Gobierno que se concentró en estos 15 años en los emprendimientos inmobiliarios con el suelo público, pero no se preocupó en resolver la cuestión habitacional», remarcó.

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras organizaciones, reveló que «más de la mitad de los hogares inquilinos del Área Metropolitana Buenos Aires vive con hacinamiento»; en tanto que el 35% de los consultados respondió que no alquila una vivienda completa, sino una habitación.

«Hay una situación en donde existe un mercado de alquileres formal, que excluye a los hogares más vulnerables. Así, se produce una retroalimentación de la precariedad habitacional, en donde los hogares que más protección necesitan terminan alquilando de manera más precaria aceptando condiciones ilegales», sostiene la investigación.

En diálogo con Télam, Catalina Marino, coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de ACIJ, señaló que este tipo de encuestas «visibiliza una problemática que requiere de políticas integrales para el acceso a la vivienda y que la vivienda cumpla su función de uso y no como una reserva de valor o como un medio especulativo».

Por su parte, la legisladora porteña del Frente de Todos y vicepresidenta de la Comisión de Vivienda, Ofelia Fernández, manifestó que «la gravedad del hecho» ocurrido en Floresta «puso en evidencia la situación de emergencia habitacional que atraviesan miles de hogares en la Ciudad».

«Aunque no se conocen todavía los datos actualizados a la fecha, en la última década se ha hecho visible un incremento de las condiciones de vulnerabilidad habitacional, particularmente en la zona sur, donde ocurrió el derrumbe», consideró.

Y analizó que «una de las manifestaciones de tal situación son las modalidades de hábitat colectivo informal, así como los hoteles y pensiones en los que conviven miles de familias sin que, en la mayoría de los casos, el Ejecutivo local ejerza tareas de regulación y control para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable y el derecho a la vivienda digna de las familias que los habitan».