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Identificaron a un adolescente desaparecido en 1984 en la casa que alquiló Cerati

El EAAF confirmó que se trata de Diego, un joven de 16 años buscado desde la dictadura. Los restos fueron hallados en una fosa poco profunda en una vivienda de Coghlan, durante tareas de demolición.

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A más de 40 años de su desaparición, los restos de Diego, un adolescente de 16 años que era buscado desde 1984, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La confirmación llegó luego de un análisis genético realizado sobre fragmentos óseos hallados a fines de mayo en una vivienda del barrio porteño de Coghlan, que había sido alquilada entre 2001 y 2003 por el músico Gustavo Cerati.

El hallazgo se produjo cuando un grupo de obreros demolía una pared en el fondo de una casa ubicada en Avenida Congreso al 3700. Allí encontraron unos 150 fragmentos de huesos humanos enterrados en una fosa precaria, junto a un reloj Casio con calculadora, un llavero y un corbatín. Estos objetos, junto con las características de los restos, permitieron inferir que pertenecían a un adolescente.

La vivienda en cuestión pertenecía a Marina Olmi —hermana del actor Boy Olmi— y, antes de ser alquilada por Cerati, había funcionado como geriátrico. La aparición del cuerpo en ese contexto abrió interrogantes sobre la historia del lugar, que ahora se vuelve escenario de una investigación penal por un crimen ocurrido hace más de cuatro décadas.

El rastro que nunca se abandonó

Según publicó el diario Clarín, fue un sobrino de Diego quien, tras enterarse del hallazgo en Coghlan, vinculó la descripción de los objetos encontrados con el adolescente desaparecido. A partir de esa sospecha, el EAAF cotejó el ADN de los restos con una muestra proporcionada por la madre del joven. El resultado fue concluyente: se trataba de Diego, desaparecido desde el 26 de julio de 1984.

Ese día, Diego almorzó en su casa tras volver de cursar en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 y pidió dinero para visitar a un amigo. Vestido con su uniforme, salió sin especificar a dónde iba. Fue visto por última vez en la esquina de Naón y Monroe, a pocas cuadras de su domicilio.

Esa misma noche, al ver que no regresaba, sus padres intentaron hacer la denuncia en la Comisaría 39, pero los agentes se negaron a tomarla: aseguraron que “seguramente se había ido por su cuenta”. La familia insistió con la búsqueda durante años, e incluso logró visibilizar el caso en una entrevista publicada por la revista ¡Esto! en 1986, donde se mencionaba la posibilidad de que el adolescente hubiese sido captado por una “secta”. Ninguna de esas hipótesis fue comprobada.

Juan, el padre de Diego, falleció años atrás en un accidente de tránsito. La noticia de la identificación fue comunicada por los hermanos del joven a su madre, quien —al igual que el resto de la familia— nunca dejó de buscarlo.

Restos, autopsia y una historia enterrada

Los huesos estaban en una fosa de apenas 1,20 metros de largo y 40 centímetros de ancho, a solo 60 centímetros de profundidad. Una dimensión notoriamente insuficiente para una persona de 1,77 metros de estatura, lo que sugiere que el cuerpo fue enterrado de forma apurada. Según reveló la autopsia realizada por el EAAF, el cadáver presentaba una herida punzocortante a la altura de la cuarta costilla derecha, compatible con una puñalada.

Además, los especialistas identificaron lesiones en las rodillas y los codos que corresponderían a un intento de descuartizamiento incompleto, “probablemente hecho con un serrucho o elemento similar”. La brutalidad del ataque y la ocultación del cuerpo colocan el caso en el terreno de los crímenes aberrantes, aunque —por el paso del tiempo— no podrá ser juzgado penalmente: el delito ya prescribió.

Justicia: más allá del tiempo

Aunque la causa no podrá avanzar hacia una imputación penal por el crimen, la Justicia intentará reconstruir los hechos y, en particular, establecer el contexto de la muerte. Quién lo mató, por qué y bajo qué circunstancias son ahora los interrogantes centrales.

La vivienda donde fue hallado el cuerpo cambió varias veces de uso y de manos desde la década del ’80. Entre 2001 y 2003 fue alquilada por Gustavo Cerati, pero en el momento de la desaparición del adolescente —en plena etapa democrática pero con estructuras represivas aún activas— funcionaba como un geriátrico, según información verificada.

Por ahora, no hay indicios públicos de que Cerati —fallecido en 2014— o sus allegados hayan tenido vínculo alguno con los hechos. Tampoco se ha informado que existan sospechosos activos en la causa, pero las características del entierro y las lesiones reactivan las preguntas sobre prácticas de violencia soterradas y, quizás, impunes.

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Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo

La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.

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Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.

En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.

Criminalizar la infancia, una respuesta ligera

Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?

  • Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
  • Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
  • Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.

El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.

El fantasma de las redes y la coartada perfecta

La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.

En la Ciudad, docentes vienen denunciando:

  • Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
  • Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
  • Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.

Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.

Protocolos sin comunidad

El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.

Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.

Lo que no se dice

Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:

  • ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
  • ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
  • ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?

La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.

Entre el control y el abandono

El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.

En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.

La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?

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