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La Ciudad adhiere al Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo

«Pese a quienes hablan ‘en nombre de la vida’ cada momento que pasa sin que se aprueben este tipo de leyes se paga con salud y vida de muchas mujeres».

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El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó este lunes la adhesión de la Ciudad al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, aunque impulsó medidas adicionales, como un plan de prevención del embarazo no deseado y otro de asistencia a la mujer gestante.

En su anuncio, Rodríguez Larreta recordó que «el 16 de julio la Legislatura porteña sancionó con amplia mayoría (50 votos a favor, 3 abstenciones y 7 en contra) la ley de adhesión al protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo (ILE) por causas justificadas».

«Respetando esa decisión, el Poder Ejecutivo de la Ciudad impulsará un conjunto de medidas para fortalecer la prevención del embarazo no deseado y brindar información y opciones de acompañamiento que garanticen el pleno discernimiento de la elección que enfrenta una embarazada», agrega.

De esta manera, el Gobierno porteño determinó no avanzar en el veto de la ley, como lo reclamaron organizaciones «anti derechos» en las últimas semanas, ya que hoy vencía el plazo legal para hacerlo; y anunciar medidas complementarias para evitar, por ejemplo, embarazos no deseados y agilizar el sistema de adopciones.

«el 16 de julio se sancionó con amplia mayoría (50 votos a favor, 3 abstenciones y 7 en contra) la ley de adhesión al protocolo nacional ILE por causas justificadas».

El protocolo nacional establecido por el ministro de Salud, Ginés González García, en diciembre de 2019, se basa en las causales previstas por el Código Penal argentino desde 1921 -y confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2012-, según las cuales la interrupción del embarazo es legal si el mismo proviene de una violación o representa riesgos para la vida o la salud de la mujer gestante.

Vale decir, que este protocolo no «legaliza» la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier caso, sino solamente en las tres situaciones ya mencionadas del Código Penal, siendo que esta práctica debía realizarse de oficio en los hospitales, pero, muchas veces por la «objeción de conciencia» de algunos médicos no se garantizaba la interrupción para las mujeres que así lo requirieran.

Respecto al anuncio, el diputado Claudio Romero, del bloque oficialista Vamos Juntos (VJ), consideró un «acierto» la decisión de generar el programa «A la par», destinado a fortalecer la prevención de embarazos no deseados y acompañar a mujeres que podrían acceder a la ILE pero deciden no hacerlo.

«en principio es bueno que el Jefe de Gobierno respete la decisión del poder legislativo porteño y no vete la adhesión al protocolo nacional», afirmó LAURA VELASCO.

Además, definió como «oportunas» las medidas tendientes a garantizar el funcionamiento efectivo del Registro único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos.

Por otro lado, el legislador coincidió con el compromiso del Gobierno porteño con la «plena vigencia del derecho a la libertad de conciencia» por parte de los médicos respecto del ejercicio de la ILE, y con la instrucción dada al Ministerio de Salud para crear un programa de derivación «con garantía de acceso a una práctica segura».

En la votación del 16 de julio último, Romero se manifestó en contra de la adhesión, y hoy expresó su «respeto por el funcionamiento democrático de las instituciones».

«con la pandemia, se recrudecieron los problemas de las mujeres particularmente de los barrios más humildes» remarcaron desde el Frente de Izquierda.

Por su parte, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Laura Velasco, quien preside la comisión parlamentaria de Mujer, infancia, adolescencia y juventud, expresó que «en principio es bueno que el Jefe de Gobierno respete la decisión del poder legislativo porteño y no vete la adhesión al protocolo nacional».

Y agregó: «Estamos de acuerdo en la necesidad de fortalecer las políticas públicas en pos de la educación sexual integral para decidir, el acceso a anticonceptivos, el acompañamiento de mujeres y personas gestantes y las políticas de adopción».

Sin embargo, en referencia a la vigencia del derecho a la libertad de conciencia, advirtió: «Lo que sí nos preocupa del anuncio oficial es la posibilidad de que se restrinja la aplicación del protocolo; veremos que plantea la reglamentación, esperando que no se altere el espíritu de lo que votamos con amplísima mayoría y la participación de todos los bloques».

Alejandrina Barry, del Frente de Izquierda, expresó por su parte que «el movimiento de mujeres y la diversidad hemos logrado la sanción favorable al protocolo de ILE en la Legislatura, ahora necesitamos la aprobación urgente del proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo en el Congreso Nacional».

Por otro lado advirtió que «con la pandemia, se recrudecieron los problemas de las mujeres, el aumento enorme de la violencia de género y la imposibilidad de muchas, particularmente de los barrios más humildes, para acceder a métodos anticonceptivos».

Barry también se refirió a la postura de algunas organizaciones que se oponen al aborto y que se manifestaron en los últimos días: «Hablan en nombre de la vida pero la realidad es que cada momento que pasa, que no se aprueban estos derechos se paga con la salud y la vida de muchas mujeres. No lograron que se derogara la ley de ILE por la fuerza de nuestra pelea. Seguiremos peleando porque haya educación sexual en todas las escuelas y por la separación de la Iglesia del Estado».

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Con permisos y todo: la policía de Jorge Macri hostigó a un cafetero en pleno Once

Un vendedor de café identificado como Ariel fue interceptado por efectivos porteños en la esquina de Pueyrredón y Perón a pesar de contar con documentación habilitante. El episodio, registrado en video y difundido por la flamante Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), reaviva el debate sobre la criminalización del trabajo informal en la Ciudad gobernada por Jorge Macri.

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El modelo Macri en Once: operativos contra laburantes mientras la "Ley Beatriz" sigue cajoneada.

Criminalización del trabajo informal: la Policía de la Ciudad hostigó a un cafetero habilitado y con permisos en pleno Once

★ En el corazón del barrio de Balvanera, sobre la concurrida esquina de la avenida Pueyrredón y Perón, a metros de la Plaza Miserere, la Policía de la Ciudad interceptó el miércoles 3 de junio a Ariel, un cafetero ambulante que desarrollaba su jornada laboral habitual con todos los permisos en regla. El hecho fue registrado en video y difundido por la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), organización que denunció el procedimiento como un nuevo episodio de «persecución sistemática» y «violencia institucional» contra los trabajadores de la vía pública.

Según el relato de la UVAO, dos efectivos de la fuerza porteña comenzaron a fotografiar a Ariel sin identificarse ni explicar el motivo. Minutos después, le exigieron detenerse y solicitaron refuerzos. Ante la exhibición de los permisos de trabajo correspondientes, la situación no se detuvo, sino que escaló, generando la indignación de transeúntes que presenciaron el procedimiento.

Una organización que nació de la resistencia

La UVAO se constituyó en abril de 2026, en respuesta directa a la intensificación de los operativos policiales en la zona comercial de Once, coordinados entre la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de Jorge Macri. La agrupación surgió bajo la consigna de «respeto y diálogo» y viene documentando y denunciando decomisos de mercadería, detenciones y lo que sus integrantes describen como un despliegue estatal desproporcionado.

«Patrulleros, motos y efectivos para arrestar a un laburante como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. No somos delincuentes; pedimos una solución justa para quienes solo buscan el sustento diario», declararon desde la entidad en sus comunicaciones públicas.

El episodio del cafetero Ariel no es un caso aislado. En julio de 2025, efectivos de la Policía de la Ciudad y del área de Espacio Público vaciaron a la alcantarilla el café de otro vendedor ambulante apostado al pie de la estación Once del tren Sarmiento, sobre la calle Mitre, en la misma zona de Balvanera. El video de ese procedimiento se viralizó en redes sociales, y los peatones que pasaban gritaron: «A los laburantes le hacen eso, vergüenza les tiene que dar».

El patrón: más fuerza, menos derechos

El caso de Once se inscribe en un fenómeno más amplio que Tiempo Argentino documentó el 27 de mayo de 2026: una política sistemática del Gobierno porteño que despliega operativos de control masivo sobre trabajadores informales en barrios populares de toda la Ciudad. El megaoperativo «Tormenta Negra», ejecutado el 14 de mayo con más de 1.500 efectivos, drones y amplia cobertura mediática, se presentó como una acción contra el narcotráfico, pero organizaciones sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que el despliegue funcionó en la práctica como una avanzada sobre vecinos, comerciantes y trabajadores de la economía popular.

Silvana Olivera, integrante de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, describió el operativo como «un desfile de ley y orden para la televisión», y alertó que en numerosos procedimientos la mercadería y las herramientas de trabajo son secuestradas sin actas ni documentación formal que permita luego recuperarlas.

Una «Ley Beatriz» que nunca llegó

El conflicto en Once tiene historia. Años atrás, una agrupación predecesora, los Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), impulsó la llamada «Ley Beatriz», un proyecto para regularizar el trabajo en el espacio público. La denominación recuerda a una vendedora que murió atropellada durante un operativo policial. La iniciativa nunca prosperó en la Legislatura porteña, y la política de «tolerancia cero» hacia la venta no autorizada se consolidó como norma, incluso cuando, como en el caso de Ariel, el trabajador cuenta con los permisos que la propia ley exige.

El contrapunto institucional existe: la agrupación Buenos Vecinos BA, con presencia en foros de seguridad del barrio, respaldó los operativos argumentando que «el espacio público es de todos» y que la venta ambulante equivale a una «usurpación de la vía pública». Esa postura refleja la tensión real que atraviesa el barrio de Once, uno de los polos comerciales más activos y populares de Buenos Aires, entre el derecho al trabajo y las políticas de ordenamiento urbano.

Pero la pregunta que se repite en los barrios de la Ciudad sigue sin respuesta institucional: cuando el Estado llega primero con patrulleros y no con políticas de inclusión, regularización y trabajo, ¿qué modelo de Ciudad se está construyendo?

Puntos clave

  • Ariel, cafetero con permisos habilitantes, fue hostigado por la Policía de la Ciudad en la esquina de Pueyrredón y Perón, en Once, el 3 de junio de 2026.
  • La UVAO, organización de trabajadores informales creada en abril de 2026, difundió el video y denunció una «persecución sistemática» y «violencia institucional».
  • El episodio se suma a un patrón documentado: en julio de 2025, la policía le volcó el café a otro vendedor ambulante frente a la estación Once.
  • El CELS y organizaciones sociales denunciaron que el megaoperativo «Tormenta Negra» (14 de mayo de 2026) afectó a trabajadores informales de barrios populares en toda la Ciudad.
  • La «Ley Beatriz», que buscaba regularizar el trabajo ambulante en el espacio público, nunca fue aprobada por la Legislatura porteña.
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