La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo informó este viernes la resolución de cuatro nuevos casos de mujeres asesinadas antes de dar a luz durante la última dictadura cívico militar, a partir del cruce de información con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y el Poder Judicial, y remarcó que ya «son 137 casos resueltos».

Las cuatro mujeres identificadas son Dora Elena Vargas, Olga Liliana Vaccarini, Hilda Margarita Farías y Liliana Beatriz Girardi, informó la Asociación de Abuelas en un comunicado.

«Lamentablemente, no es la primera vez que debemos concluir una búsqueda con este espantoso final. A lo largo de estos casi 46 años de lucha dimos por cerrados 15 casos de mujeres asesinadas antes de dar a luz y hoy debemos sumar a esa lista cuatro más», expresaron desde el organismo de derechos humanos que restituyó la identidad de 133 nietos hijos de desaparecidos.

También indicaron que se trató de casos que implicaron «años de investigación, trámites y reconstrucción», así como «tiempo de asimilación por parte de las familias que, en muchos casos han decidido hacer el duelo en la intimidad».

Abuelas de Plaza de Mayo recordó que el terrorismo de Estado cometió «los crímenes más horrendos: desapariciones forzadas, secuestros, torturas, asesinatos, delitos sexuales».

Además, señalaron que durante la dictadura no sólo personas vivas fueron arrojadas al mar, si no que mujeres embarazadas fueron mantenidas en cautiverio hasta dar a luz «para quedarse con sus bebés y luego asesinarlas».

«También acribillaron a mujeres embarazadas, algunas con panzas incipientes, como los casos de Dora Elena Vargas, Olga Liliana Vaccarini e Hilda Margarita Farías. Y otras con panzas más notorias, como Liliana Beatriz Girardi, embarazada de seis meses», denunciaron.

Para realizar la identificación de estas cuatro mujeres se realizaron investigaciones documentales, exhumación de fosas comunes, comparación de huellas dactiloscópicas y decadactilares, entre otras pericias.

La institución valoró el trabajo realizado por diversas instituciones y organismos que trabajaron de manera mancomunada para reconstruir lo que ocurrió con los detenidos desaparecidos víctimas de la dictadura, en tanto, «los genocidas siguen callando tras más de 40 años».

Detalles de los cuatro

Los restos de Vaccarini, Farías y Girardi fueron identificados por el EAAF en 2022, 2019 y 2012, respectivamente.

Abuelas de Plaza de Mayo señaló que en el caso de Vargas, fue un proceso «más complejo», puesto que no fue a través de restos óseos que se pudo dar con su identificación sino que demandó pericias en las que «el cruce de datos de archivos, prontuarios policiales y datos de contexto permitieron concluir que su muerte se produjo antes de la fecha probable de parto».

«Los tiempos de los trámites judiciales, más el impacto emocional que significa para las familias afrontar la noticia sobre el destino final de sus seres queridos, hacen que todo este proceso haya tomado años», explicaron.

En el mismo comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo compartió la historia de cada una de estas cuatro mujeres.

Olga Vaccarini, de 22 años embarazada de tres meses, y su compañero Gustavo Adrián Rodríguez militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) y fueron secuestrados el 16 de mayo de 1977.

En mayo de 2022, el EAAF confirmó la identificación de restos óseos recuperados del Cementerio de La Piedad en Rosario, entre los que se encontraban los de Olga. Según la resolución del Juzgado Federal N 4 de Rosario, el 13 de octubre de 2022 pudo establecerse que fue asesinada antes de dar a luz y con esa información, se dio por cerrado el caso y se notificó a familiares.

Hilda Margarita Farías tenía 23 años, integraba Montoneros, estudiaba la carrera de Asistente Social en Cáritas y cursaba un embarazo incipiente al momento de ser secuestrada en la vía pública el 20 de diciembre de 1976.

En diciembre de 2019, la Conadi tomó conocimiento de que los restos de Hilda habían sido inhumados como NN el 3 de febrero de 1977 en el Cementerio Municipal de San Martín, y como causa de muerte «se consignaba disparos de arma de fuego».

Liliana Beatriz Girardi, militante del PRT-ERP de 20 años al momento de ser secuestrada de su domicilio en Rosario, se encontraba cursando un embarazo «de cuatro a seis meses» y gracias al testimonio de sobrevivientes se puedo saber que permaneció detenida en el centro clandestino «Quinta de Fisherton» de esa localidad santafesina.

En mayo de 2012, sus restos fueron identificados por comparación decadactilar y por la fecha de inhumación, pudo constatarse que fue asesinada antes de dar a luz.

Dora Vargas militante de Montoneros de 24 años fue secuestrada embarazada tras asistir a «una cita cantada» en la vía pública el 12 de noviembre de 1977 en San Francisco Solano, del partido bonaerense de Quilmes.

Una comparación dactiloscópica entre las huellas impresas de un prontuario policial perteneciente a una persona no identificada -del mismo día del secuestro de la joven- y las impresiones decadactilares de Dora del Registro Nacional de las Personas, determinó que se trataba de la misma mujer.

«Los genocidas son quienes tienen la información, pero no la comparten»

«El terrorismo de Estado no solo cometió crímenes atroces, también los ocultó, por eso seguimos reclamando saber qué pasó con nuestros hijos e hijas; cuál fue el destino de los cientos de mujeres embarazadas secuestradas; y dónde están nuestros nietas y nietos apropiados», remarcó la institución y sostuvo que «los genocidas son quienes tienen la información, pero no la comparten».

Ante este contexto, la organización volvió a pedir a la sociedad que «siga aportando información, que se rompan los pactos de silencio y que se comprenda que por cada nieta o nieto apropiado hay decenas de personas que saben, y por tanto podrían contribuir a resolver los casos y así concluir con la búsqueda de más de cuatro décadas» y para que, finalmente, «las familias puedan hacer su duelo».

«Seguimos reclamando justicia y saber dónde están los cientos de nietos y nietas apropiadas, por las familias, pero también por la sociedad, que a 40 años de democracia sigue sin saber la verdad sobre los crímenes del terrorismo de Estado y con esta deuda que se hereda en los hijos de nuestros nietos y nietas, nuestros bisnietos», completaron.