El juicio por la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar de una escuela primaria de Moreno que fallecieron en 2018 como consecuencia de una explosión de gas dentro del edificio, que ocurrió 25 minutos antes del ingreso de los alumnos, comenzó esta mañana en los tribunales bonaerenses de Mercedes con tres acusados y los familiares de los fallecidos expresaron que «esperamos encontrar a los culpables y que paguen por sus muertes, que es lo que venimos esperando desde hace cinco años.

“Lo que esperamos con respecto al juicio es que se pueda encontrar a los culpables y que paguen por la muerte de Sandra y Rubén, que es lo que venimos esperando hace cinco años”, dijo Diego Rodríguez, uno de los hermanos del auxiliar fallecido, quien agregó que los familiares vienen «buscando justicia, aunque sabemos que los imputados que están ahora no son todos, creemos que faltan los responsables políticos”, agregó Rodríguez.

Familiares de las víctimas lamentaron que hayan quedado afuera del expediente los «responsables políticos» de la tragedia, grupo en el que incluyen al exdirector provincial de consejos escolares, Marcelo Di Mario; el exdirector general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny; la exgobernadora María Eugenia Vidal y el exministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro.

«Más allá de quienes están imputados, vamos a ir por los funcionarios porque ellos fueron los que abandonaron a esta escuela a pesar de los ‘Carpetazos Educativos’ previos realizados por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, donde se reclamaba por los problemas de infraestructura y se denunciaban los incumplimientos del Estado», dijo a Rosa Merlo, abogada de las familias de Sandra y Rubén.

«La tragedia de Moreno para nosotros fue la corroboración brutal de que el ajuste, la desidia y el abandono, matan», agregó Mariana Cattaneo, secretaria de formación político sindical de Suteba que en 2018 era secretaria general de ese gremio en Moreno.

El Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes está compuesto por los jueces Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel.

En el banquillo de los acusados se encontraban el gasista Cristian Ricobene, imputado de “homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública”, el interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian por “incumplimiento de los deberes del funcionario público”, todos ellos se mantienen en libertad.

El 2 de agosto de 2018 a las 8.06 una pérdida de gas en la Escuela Primaria N°49 «Nicolás Avellaneda» de Moreno produjo una explosión que le costó la vida a la vicedirectora Sandra Calamano y al auxiliar Rubén Rodríguez en momentos en que estaban preparando el desayuno para los alumnos que tenían que ingresar 25 minutos después.

Durante los lineamientos preliminares, la fiscalía acusó a Ricobene por tener, al momento del hecho, su matrícula de gasista vencida desde 2015.

Pablo Roa, el abogado defensor de Ricobene, aseveró que «es inocente, no tiene responsabilidad en el evento”.

Y sobre la acusación de que disponía de su matrícula vencida aclaró, que “Ricobene es gasista, el pago de la matrícula no lo inhabilita para el ejercicio profesional”.

Roa consideró que en el caso de su defendido «se ha hecho un reduccionismo. Buscan un chivo expiatorio para una situación generalizada en la que el estado de los establecimientos educativos públicos ha quedado en el olvido”, agregó el letrado.

En la jornada de hoy declararon los primeros 15 testigos de una lista de 129 que serán convocados en audiencias (lunes, miércoles y viernes) que se estima que se extenderán hasta el 22 de septiembre.