Gremiales
Con la reforma laboral de Milei las empresas podrán pagar indemnizaciones en 12 cuotas
Según el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo, el beneficio es solo para la micro, pequeña y mediana empresa, las que podrán fraccionar el pago de condenas judiciales con ajuste por inflación más intereses.
⬛ El proyecto de «Ley de Promoción de Inversiones y Empleo» impulsado por el gobierno de Javier Milei introduce un cambio sustancial en el régimen de ejecución de sentencias laborales: habilita que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) paguen en hasta 12 cuotas mensuales las indemnizaciones u otras condenas monetarias derivadas de juicios laborales. El beneficio no alcanza a las grandes empresas, que deberán abonar las sentencias en un único pago.
Qué dice el artículo 17 del proyecto
Según la información a la que accedió Noticias Argentinas, el artículo 17 del proyecto modifica la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y establece que únicamente las PyMEs que enfrenten una «sentencia judicial condenatoria» podrán acogerse a este régimen de facilidades de pago.
El texto del proyecto determina que el total de la condena podrá abonarse en «hasta un máximo de doce (12) cuotas mensuales consecutivas», un plazo que busca aliviar el impacto financiero sobre empresas de menor tamaño que pierdan un litigio laboral.
Ajuste por inflación e intereses
Las cuotas no serán fijas. El proyecto establece que el monto de cada pago mensual se ajustará mediante el mecanismo previsto en el artículo 276 de la LCT: el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del tres por ciento anual.
Este sistema busca proteger el valor real de la deuda en un contexto inflacionario, evitando que el fraccionamiento implique una licuación de la condena para el trabajador afectado.
Las grandes empresas, excluidas del beneficio
El proyecto marca una diferencia clara según el tamaño de la empresa. Las grandes compañías quedan fuera de este régimen de facilidades y deberán cumplir con las sentencias condenatorias en un solo pago, tal como establece la normativa vigente hasta ahora.
La distinción entre PyMEs y grandes empresas responde, según la letra del proyecto, a la necesidad de considerar la capacidad de pago diferenciada entre distintos tipos de organizaciones empresariales.
Contexto de una reforma más amplia
Esta modificación se enmarca en un paquete más extenso de cambios laborales que impulsa el gobierno libertario. Entre otras medidas, el mismo proyecto habilita el fraccionamiento de vacaciones en períodos de una semana y otorga mayor discrecionalidad al empleador para definir las fechas de descanso anual, con un preaviso de 21 días.
La reforma laboral ha generado resistencia en sectores sindicales y organizaciones de trabajadores, que cuestionan el debilitamiento de derechos consolidados y advierten sobre el impacto en la litigiosidad laboral y el cumplimiento efectivo de las sentencias judiciales.
Puntos clave:
• Las PyMEs podrán pagar condenas laborales en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas
• El beneficio solo aplica a sentencias judiciales condenatorias contra micro, pequeñas y medianas empresas
• Las cuotas se ajustarán por IPC más una tasa de interés del 3% anual
• Las grandes empresas quedan excluidas y deberán pagar en un solo pago
• La medida forma parte del proyecto de «Ley de Promoción de Inversiones y Empleo» del gobierno de Milei
Energía
El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector
La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.
Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.
★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.
El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores
Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.
La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.
Precarización en un servicio esencial
El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.
La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.
Control regulatorio en crisis
El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.
Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.
En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.
Las exigencias del gremio
La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.
Puntos clave:
- La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
- El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
- Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
- El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
- La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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