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El FMI criticó al gobierno de Milei por la corrupción y falta de transparencia
El organismo incluyó advertencias sobre debilidades en controles institucionales en su segunda revisión técnica. Las críticas apuntan directamente a las declaraciones juradas de los funcionarios, los conflictos de interés y la independencia judicial, en pleno escándalo por el dudoso patrimonio de Adorni.
El socio que incomoda: el FMI le exigió a Milei transparencia en pleno escándalo Adorni
★ El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió las críticas más severas en materia de corrupción y transparencia institucional contra la Argentina desde que el país retomó su relación con el organismo en 2018. Las advertencias quedaron plasmadas en el Box 9 del informe técnico «Argentina: 2026 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Fund Facility Arrangement, and Request for Modification of Performance Criteria», publicado tras la aprobación de un nuevo desembolso de USD 1.050 millones para el gobierno de Javier Milei, aprobado pese a que el Ejecutivo incumplió nuevamente con la meta de acumulación de reservas del Banco Central.
El «Box 9» y el diagnóstico institucional
El capítulo del informe titulado «Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks» («Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción») expone un diagnóstico contundente sobre las debilidades estructurales del sistema de control estatal en Argentina. El staff técnico del organismo sostuvo que los marcos preventivos anticorrupción «necesitan fortalecerse», ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por «verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual». Las normas sobre conflictos de intereses, además, «siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación», según el mismo documento.
El FMI también apuntó al Poder Judicial: la «percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación», afirmó el reporte, señalando que «las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios». El organismo recalcó la necesidad de «fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial».
El índice de corrupción y el contraste histórico
En respaldo de su diagnóstico, el FMI citó que Argentina obtuvo apenas 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por Transparencia Internacional. El dato resulta particularmente incómodo para un gobierno que llegó al poder agitando la bandera del combate a «la casta». La brecha entre el discurso libertario y los indicadores internacionales es difícil de disimular.
El contraste con los informes anteriores del propio FMI resulta revelador. En 2022, durante la gestión de Mauricio Macri, el organismo había destacado los «fuertes esfuerzos» desplegados para «mejorar la gobernanza, integridad financiera y marcos de transparencia». Ese tono elogioso desapareció por completo de la segunda revisión de 2026, reemplazado por una enumeración de deficiencias institucionales que el gobierno de Milei no puede ignorar.
El caso Adorni y la prórroga de las declaraciones juradas
Las advertencias del FMI se inscriben en un contexto político de alta sensibilidad. El escándalo por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza en el fuero federal bajo la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Según relevó este medio, el patrimonio investigado del funcionario supera los USD 840.000 y abarca refacciones de lujo pagadas en efectivo y sin factura por USD 245.000 en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz), propiedades cuya financiación no guarda coherencia con sus ingresos declarados, y vínculos bajo investigación con la denominada Causa Libra.
En ese contexto, el Ejecutivo nacional prorrogó el vencimiento del plazo para presentar las declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción: la fecha original era el 30 de mayo de 2026, pero fue extendida hasta el 31 de julio. Adorni, precisamente, aún no presentó su balance patrimonial actualizado, una omisión que el propio FMI, sin nombrarlo, señala como parte de un patrón sistémico de «publicación tardía» de este tipo de documentos.
Un desembolso con contradicciones
La aprobación del desembolso de USD 1.050 millones no estuvo exenta de tensiones internas. El directorio ejecutivo del FMI avaló la segunda revisión del acuerdo pese al incumplimiento de la meta de acumulación de reservas. En paralelo, el reporte advirtió sobre los riesgos emergentes en el sistema financiero local: la morosidad de los hogares alcanzó el 11,5% en marzo de 2026, un salto de más de 8 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2025, según datos del propio Banco Central.
El organismo también señaló la «creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión» y la necesidad de un monitoreo más estricto del crecimiento del sector fintech, donde los préstamos en mora son, según el reporte, «muy elevados».
La paradoja del acreedor exigente
El mismo documento que critica la opacidad patrimonial del gobierno de Milei reconoce que «la mejora en la capacidad de gobernanza desde las elecciones legislativas de octubre permitió avances legislativos clave», entre ellos la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral. La paradoja es reveladora: el organismo que financia al gobierno libertario con miles de millones de dólares, y que avaló la misma ley que economistas y movimientos sindicales identificaron como un mecanismo que vació de datos al fisco, le exige ahora a ese mismo gobierno que garantice la transparencia de sus funcionarios.
El FMI adoptó en 2018 un Marco de Gobernanza y Anticorrupción que le permite evaluar cómo las debilidades institucionales afectan la estabilidad económica de un país. Las advertencias del Box 9 marcan un punto de inflexión: por primera vez en este ciclo, el acreedor más importante de Argentina sale a cuestionar públicamente la calidad institucional de la gestión que financia.
Puntos clave:
- El FMI incluyó las críticas anticorrupción más severas desde 2018 en la segunda revisión del acuerdo con Argentina.
- Argentina obtuvo 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional.
- El organismo denunció «verificación limitada, escasa transparencia y publicación tardía» en las declaraciones juradas de funcionarios.
- El Ejecutivo extendió hasta el 31 de julio el plazo de entrega de las DDJJ; Adorni aún no presentó la suya.
- El FMI aprobó USD 1.050 millones pese al incumplimiento de la meta de reservas del Banco Central.
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El BCRA interviene en la crisis de mora, pero del lado de los bancos y fintech: no se salvarán ni las cuentas sueldo
En plena crisis de endeudamiento que afecta a millones de familias, el Banco Central reactivó una herramienta de débito automático que permite a bancos y billeteras virtuales extraer fondos directamente de las cuentas de los deudores, incluida la cuenta sueldo, a partir del 1° de septiembre. La norma, aprobada en marzo, no apunta a proteger a los hogares sino a resolver la guerra de mercado entre bancos y fintech.
Seis millones de personas atrapadas en la mora, una morosidad familiar que trepó al 9,3% en diciembre de 2025, con un ritmo de crecimiento del 0,5% mensual. Ese era el cuadro cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en marzo de este año, decidió intervenir, no para aliviar a los deudores, sino para facilitar el cobro a los acreedores. La medida, que entra en vigencia el 1° de septiembre, habilita una nueva modalidad llamada Cobro con Transferencia (CCT), que permite a bancos y fintech deducir automáticamente, vía transferencia, el dinero adeudado directamente desde las cuentas de sus clientes.
El DEBIN resucitado con otro nombre
El CCT es, en esencia, la resurrección del DEBIN (Débito Inmediato), un sistema que el propio BCRA había cancelado tras una serie de estafas reiteradas que dañaron a miles de usuarios. La mecánica es casi idéntica: requiere una única autorización del deudor para que el acreedor pueda extraer fondos de su cuenta en forma recurrente. La diferencia nominal es el nombre. La diferencia real es que ahora el sistema está diseñado expresamente para que bancos y fintech lo utilicen en el cobro de préstamos, con la cuenta sueldo incluida en el universo de cuentas alcanzadas.
El dato sobre la cuenta sueldo no es menor. Ese instrumento, hasta ahora monopolio de la banca tradicional, quedaba fuera del alcance de las billeteras virtuales como Mercado Pago. Con el CCT, la fintech podrá acceder indirectamente a esos fondos en caso de mora de sus deudores, lo que representa una expansión real de su poder de cobro sobre un segmento que hasta hoy tenía vedado.
La guerra entre bancos y fintech, con los deudores como campo de batalla
El trasfondo de la medida no es la protección de los deudores, sino el conflicto entre actores del sistema financiero por el mercado del crédito. El BCRA diseñó el CCT de modo tal que los saldos en cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión quedan excluidos del mecanismo. Esa exclusión no es inocente: según estimaciones de Mercado Pago, aproximadamente el 65% del dinero total que sus usuarios tienen depositado se encuentra invertido en su fondo común de inversión, lo que lo blindaría frente a intentos de cobro por parte de bancos competidores.
El esquema funciona en un solo sentido: los bancos no podrán ejecutar el CCT contra las cuentas de Mercado Pago donde el dinero esté invertido, pero Mercado Pago sí podrá ejecutarlo contra las cajas de ahorro bancarias de sus deudores morosos, incluidas las cuentas sueldo. El sector bancario busca frenar la resolución; el BCRA, de acuerdo a lo informado, está decidido a sostenerla.
El ajuste que se cobra en cuotas
La medida llega en un contexto de deterioro acelerado del crédito al consumo. El informe sobre bancos publicado por el BCRA a mediados de febrero reveló que la morosidad familiar alcanzó el 9,3% del total del dinero involucrado en créditos al consumo en diciembre de 2025, con un crecimiento mensual del 0,5%, récord para ese momento. La tendencia no se detuvo y el impacto social supera con creces los seis millones de personas afectadas.
Pese a ese diagnóstico, los funcionarios del gobierno de Javier Milei repiten que la crisis de morosidad «es un problema entre privados» en el que el Estado no debe intervenir. Sin embargo, el BCRA intervino, y lo hizo para fortalecer la posición de los acreedores. La cuenta sueldo, última trinchera del trabajador endeudado, quedó en la mira del nuevo mecanismo.
Sin red de contención para los deudores
Ninguna de las medidas anunciadas hasta ahora contempla alivio para los deudores. No hay reprogramación compulsiva de cuotas, no hay topes a las tasas de interés aplicadas en mora, no hay suspensión de los cargos por refinanciación que, en muchos casos, duplican o triplican el capital original adeudado. El único movimiento regulatorio concreto va en sentido contrario: amplía los instrumentos disponibles para que los acreedores cobren más fácil y más rápido.
El cuadro que emerge es el de un sistema financiero con creciente poder de extracción sobre los ingresos de los trabajadores endeudados, respaldado por una regulación que se dice neutral pero que elige, en los hechos, de qué lado del mostrador pararse.
Puntos clave
- La morosidad familiar llegó al 9,3% en diciembre de 2025, con crecimiento mensual del 0,5%, según datos del BCRA.
- El CCT (Cobro con Transferencia) permitirá a bancos y fintech debitar fondos directamente de cuentas de deudores, incluida la cuenta sueldo, desde el 1° de septiembre.
- La norma fue resuelta en marzo de 2026, cuando la crisis de endeudamiento ya había estallado.
- El diseño del mecanismo favorece asimétricamente a Mercado Pago, que podrá cobrar en cuentas bancarias pero blindar sus propias cuentas ante la competencia.
- El gobierno no anunció ninguna medida de alivio para los deudores afectados por la crisis de morosidad.
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