El socio que incomoda: el FMI le exigió a Milei transparencia en pleno escándalo Adorni

★ El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió las críticas más severas en materia de corrupción y transparencia institucional contra la Argentina desde que el país retomó su relación con el organismo en 2018. Las advertencias quedaron plasmadas en el Box 9 del informe técnico «Argentina: 2026 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Fund Facility Arrangement, and Request for Modification of Performance Criteria», publicado tras la aprobación de un nuevo desembolso de USD 1.050 millones para el gobierno de Javier Milei, aprobado pese a que el Ejecutivo incumplió nuevamente con la meta de acumulación de reservas del Banco Central.

El «Box 9» y el diagnóstico institucional

El capítulo del informe titulado «Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks» («Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción») expone un diagnóstico contundente sobre las debilidades estructurales del sistema de control estatal en Argentina. El staff técnico del organismo sostuvo que los marcos preventivos anticorrupción «necesitan fortalecerse», ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por «verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual». Las normas sobre conflictos de intereses, además, «siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación», según el mismo documento.

El FMI también apuntó al Poder Judicial: la «percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación», afirmó el reporte, señalando que «las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios». El organismo recalcó la necesidad de «fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial».

El índice de corrupción y el contraste histórico

En respaldo de su diagnóstico, el FMI citó que Argentina obtuvo apenas 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por Transparencia Internacional. El dato resulta particularmente incómodo para un gobierno que llegó al poder agitando la bandera del combate a «la casta». La brecha entre el discurso libertario y los indicadores internacionales es difícil de disimular.

El contraste con los informes anteriores del propio FMI resulta revelador. En 2022, durante la gestión de Mauricio Macri, el organismo había destacado los «fuertes esfuerzos» desplegados para «mejorar la gobernanza, integridad financiera y marcos de transparencia». Ese tono elogioso desapareció por completo de la segunda revisión de 2026, reemplazado por una enumeración de deficiencias institucionales que el gobierno de Milei no puede ignorar.

El caso Adorni y la prórroga de las declaraciones juradas

Las advertencias del FMI se inscriben en un contexto político de alta sensibilidad. El escándalo por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza en el fuero federal bajo la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Según relevó este medio, el patrimonio investigado del funcionario supera los USD 840.000 y abarca refacciones de lujo pagadas en efectivo y sin factura por USD 245.000 en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz), propiedades cuya financiación no guarda coherencia con sus ingresos declarados, y vínculos bajo investigación con la denominada Causa Libra.

En ese contexto, el Ejecutivo nacional prorrogó el vencimiento del plazo para presentar las declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción: la fecha original era el 30 de mayo de 2026, pero fue extendida hasta el 31 de julio. Adorni, precisamente, aún no presentó su balance patrimonial actualizado, una omisión que el propio FMI, sin nombrarlo, señala como parte de un patrón sistémico de «publicación tardía» de este tipo de documentos.

Un desembolso con contradicciones

La aprobación del desembolso de USD 1.050 millones no estuvo exenta de tensiones internas. El directorio ejecutivo del FMI avaló la segunda revisión del acuerdo pese al incumplimiento de la meta de acumulación de reservas. En paralelo, el reporte advirtió sobre los riesgos emergentes en el sistema financiero local: la morosidad de los hogares alcanzó el 11,5% en marzo de 2026, un salto de más de 8 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2025, según datos del propio Banco Central.

El organismo también señaló la «creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión» y la necesidad de un monitoreo más estricto del crecimiento del sector fintech, donde los préstamos en mora son, según el reporte, «muy elevados».

La paradoja del acreedor exigente

El mismo documento que critica la opacidad patrimonial del gobierno de Milei reconoce que «la mejora en la capacidad de gobernanza desde las elecciones legislativas de octubre permitió avances legislativos clave», entre ellos la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral. La paradoja es reveladora: el organismo que financia al gobierno libertario con miles de millones de dólares, y que avaló la misma ley que economistas y movimientos sindicales identificaron como un mecanismo que vació de datos al fisco, le exige ahora a ese mismo gobierno que garantice la transparencia de sus funcionarios.

El FMI adoptó en 2018 un Marco de Gobernanza y Anticorrupción que le permite evaluar cómo las debilidades institucionales afectan la estabilidad económica de un país. Las advertencias del Box 9 marcan un punto de inflexión: por primera vez en este ciclo, el acreedor más importante de Argentina sale a cuestionar públicamente la calidad institucional de la gestión que financia.

Puntos clave:

• El FMI incluyó las críticas anticorrupción más severas desde 2018 en la segunda revisión del acuerdo con Argentina.
• Argentina obtuvo 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional.
• El organismo denunció «verificación limitada, escasa transparencia y publicación tardía» en las declaraciones juradas de funcionarios.
• El Ejecutivo extendió hasta el 31 de julio el plazo de entrega de las DDJJ; Adorni aún no presentó la suya.
• El FMI aprobó USD 1.050 millones pese al incumplimiento de la meta de reservas del Banco Central.