Judiciales ⚖️
La azafata se negó a declarar por la amenaza de bomba y fue trasladada nuevamente a Ezeiza
Fuentes judiciales aseguraron que su situación es «muy comprometida» y que, independientemente de que pueda seguir el proceso en libertad, deberá afrontar varios cargos penales y económicos, debido a los perjuicios ocasionados con su accionar.
La azafata de Aerolíneas Argentinas detenida como presunta autora de una llamada que alertó sobre la supuesta colocación de una bomba en un vuelo de la compañía del domingo 21, con destino a Miami, cuyo despegue quedó demorado más de 7 horas tras la amenaza, se negó hoy a declarar y fue trasladada nuevamente a Ezeiza.
La mujer llegó poco después de las 11.30 a los Tribunales de Lomas de Zamora para ser indagada por el juez Federico Villena, y tras casi cuatro horas fue llevada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a su lugar de detención, a la espera de la decisión del juez respecto al pedido de su abogado para que sea liberada, ya que los delitos de los que se la acusa son excarcelables.
No obstante, fuentes judiciales aseguraron que su situación es «muy comprometida» y que, independientemente de que pueda seguir el proceso en libertad, deberá afrontar varios cargos penales y económicos, debido a los perjuicios ocasionados con su accionar.
Si bien la causa se encuentra «bajo secreto de sumario», las fuentes advirtieron que «hay elementos de prueba suficientes» contra la mujer a quien se acusa de «coacción agravada al piloto» por «referencias a su familia», luego de haber intentado «hacer pasar la amenaza como una interna sindical».
La azafata fue apresada al arribar al país en su último vuelo y está acusada de ser la autora del llamado que recibieron tanto el comandante de a bordo en su teléfono celular personal, como otros integrantes de la empresa.
La llamada puso en alerta a la seguridad del aeropuerto, que implementó un operativo que demoró la salida del vuelo y generó complicaciones a los 270 pasajeros que viajaban en la aeronave.
En relación a la investigación que lleva adelante el juez Villena, fuentes de Aerolíneas indicaron que los delitos de «intimidación pública y entorpecimiento de los servicios públicos (art. 211 y 194 del Código Penal, respectivamente) son faltas graves, por ende, de comprobarse la acusación y el delito, la empresa sancionará a la persona investigada de forma proporcional a la gravedad del hecho».
El domingo 21 de mayo, el vuelo AR1304 de Aerolíneas debió ser evacuado en su totalidad cuando estaba por partir rumbo a la ciudad estadounidense de Miami, con 270 pasajeros y 12 tripulantes a las 07.35, al recibir, tanto el comandante del vuelo como personal de tierra, una amenaza asociada al vuelo.
Finalmente, tras corroborarse que se trataba de una falsa amenaza, el avión despegó a las 16.50, más de nueve horas después de lo previsto.
De acuerdo con fuentes vinculadas con la investigación, la amenaza consistió en un audio que decía: «Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos».
La voz fue distorsionada, pero los investigadores pudieron establecer primero que se trataba de una mujer y, luego, identificar el origen de la comunicación, lo que llevó a la detención de la azafata.
La justicia investiga si la mujer habría mantenido, hasta hace dos meses, una relación sentimental con un tripulante de cabina que se encontraba en el vuelo que debía despegar hacia Miami y habría utilizado la amenaza al comandante y al avión para desviar el verdadero motivo, que puede ser complicarle la vida a su expareja.
A tal fin, las fuentes indicaron que, para sostener esa línea, también habría mandado mensajes al piloto del vuelo, en el que le advertía que «sabía a qué colegio» iban «sus hijas».
Aerolíneas Argentinas sufrió una pérdida superior al millón de dólares entre el operativo de evacuación de los pasajeros y lo que implicó la reprogramación de la partida del vuelo hacia Miami y las demoras ocasionadas.
Buenos Aires
Mientras Milei recorta, Morón apuesta por el Estado presente frente a la violencia escolar
El municipio que conduce Lucas Ghi convocó a la Provincia, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud para articular respuestas frente a la ola de violencia que sacude las aulas de todo el país.
Morón toma la iniciativa: acción conjunta con la Provincia para blindar las escuelas
★ En un contexto marcado por una preocupante escalada de amenazas y hechos de violencia en escuelas de todo el país, el municipio de Morón tomó la iniciativa y convocó una reunión de trabajo junto a representantes del área de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad bonaerenses y distintas áreas del gabinete local, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y abordaje en el ámbito escolar.
La jornada, impulsada por el intendente Lucas Ghi, fue encabezada por la inspectora jefa regional Eliana González Di Martino; la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Elva Pereira; y la inspectora jefa distrital Natalia Díaz. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad Damián Cardoso, el secretario de Salud Jacobo Netel, el concejal José María Ghi y la subsecretaria de Educación municipal Lorelei Arnaudin, junto a otros miembros del gabinete.
El Estado municipal frente a una crisis que el Gobierno nacional ignora
La reunión se inscribe en un momento de alta tensión en las escuelas argentinas. El tiroteo del 3 de abril en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a su compañero Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes, abrió una crisis que desde entonces se propagó como un reguero de pólvora: en las semanas siguientes, se multiplicaron las amenazas en escuelas de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y otras provincias.
Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof instruyó a las autoridades escolares bonaerenses para que intervengan ante hechos graves y pidió a estudiantes y docentes que no viralicen los mensajes intimidatorios. La Dirección General de Cultura y Educación provincial reconoció la existencia de una comunidad digital que exalta este tipo de ataques y señaló que el Ministerio de Seguridad la mantiene bajo monitoreo.
En Morón, la respuesta fue dar un paso más: en lugar de limitarse a instrucciones protocolares, el municipio convocó una mesa de articulación interinstitucional con actores concretos, capaz de generar «respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de conflicto», según informó el propio municipio.
«Mi Escuela Segura»: convivencia, diálogo y responsabilidad comunitaria
El encuentro se enmarca en la campaña municipal «Mi Escuela Segura», una iniciativa que apunta a generar conciencia sobre la importancia de la convivencia, el diálogo y la responsabilidad en la comunidad educativa, y que busca dotar a docentes, familias y estudiantes de herramientas concretas de intervención ante situaciones de conflicto.
Durante la jornada se compartieron recursos de intervención y se avanzó en la articulación de acciones conjuntas entre el nivel municipal y el provincial. El enfoque adoptado contrasta con las propuestas que circularon desde el Gobierno nacional, que en los últimos años privilegió el recorte presupuestario en áreas de contención escolar por sobre la inversión en equipos de salud mental, orientación y acompañamiento en las aulas.
El gremio docente SUTEBA ya había alertado, en el pico de la crisis posterior al tiroteo de San Cristóbal, que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias». La articulación que pone en marcha Morón responde, al menos en el plano local, exactamente a ese reclamo.
Un municipio que apuesta por el Estado presente
La iniciativa de Morón refuerza una concepción de la gestión pública que privilegia la intervención temprana y el trabajo conjunto sobre la respuesta punitiva. Mientras el debate nacional oscila entre propuestas de mayor seguridad física en los edificios escolares y proyectos que elevan penas para delitos cometidos en instituciones educativas, el municipio del oeste bonaerense elige el camino de la prevención con base comunitaria.
La articulación con la Provincia, la presencia de fuerzas de seguridad con un rol de coordinación y no solo de control, y la incorporación del área de salud como parte de la respuesta dan cuenta de un abordaje integral que reconoce la complejidad del problema.
Puntos clave:
- El municipio de Morón convocó una reunión interinstitucional con la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad y áreas de salud para fortalecer la prevención de la violencia escolar.
- La iniciativa fue impulsada por el intendente Lucas Ghi y se enmarca en la campaña «Mi Escuela Segura».
- El encuentro se produce en un contexto de ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, tras el trágico caso de San Cristóbal, Santa Fe.
- El gobierno de Kicillof instruyó a autoridades bonaerenses para actuar ante hechos graves y monitorear comunidades digitales que exaltan este tipo de ataques.
- El SUTEBA denunció que la violencia escolar es consecuencia del «corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades» en materia de niñeces y adolescencias.
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