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Investigación 🔎

Tiroteo en San Cristóbal: un chico inimputable y un caso que revela la violencia cuando ya es tarde

Ian Cabrera tenía 13 años y llevaba apenas unos días en el secundario cuando fue asesinado por un compañero que entró al colegio con una escopeta. A casi una semana del hecho, la causa judicial avanza pero el acusado no puede ser juzgado. La nueva ley penal juvenil existe, pero no rige todavía.

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★ El lunes 30 de marzo, en el patio de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, un adolescente de 15 años extrajo una escopeta de su mochila durante el acto de izamiento de bandera y abrió fuego contra sus compañeros. Ian Cabrera, de 13 años, que cursaba primer año desde hacía apenas unos días, murió como consecuencia de los disparos. Otros ocho estudiantes resultaron heridos, uno de ellos trasladado en código rojo a Rafaela con perdigones en cara y cuello. Un asistente escolar logró reducir al agresor y quitarle el arma antes de la llegada de la Policía.

El crimen no tiene precedentes en la historia reciente del sistema educativo argentino. Y sin embargo, llegó acompañado de una constatación que debería incomodar profundamente: las instituciones que debían proteger a Ian fallaron mucho antes de que sonara el primer disparo.

Lo que se sabe de la causa

La investigación está en manos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. El fiscal regional Carlos Vottero confirmó que se ordenaron múltiples diligencias: la autopsia del estudiante fallecido, la toma de testimonios de víctimas, compañeros y docentes, y pericias dentro del establecimiento para reconstruir la secuencia del ataque. Los fiscales sostienen que las pruebas indicarían una planificación previa y que el trasfondo del caso «está atravesado por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales y familiares», según trascendidos de la investigación.

En cuanto al presunto agresor, identificado con las iniciales G.C., permanece alojado en un instituto de menores en la ciudad de Santa Fe, acompañado por su padre. Su madre, Mabel, regresó a San Cristóbal. En un mensaje enviado a la periodista Mariela López Brown, quien cubre el caso en Santa Fe, la mujer rechazó las versiones que circularon: «No tengo nada que decir. Dijeron todo por todos lados y muchas mentiras.» La frase dejó abierta la disputa por el relato en torno a la tragedia, pero no aportó datos que modifiquen el estado de la causa.

Se concretó la audiencia de atribución de cargos en los Tribunales de Santa Fe: allí el adolescente tomó conocimiento formal de la acusación en su contra por el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, el resultado fue el que la ley vigente obligaba a dar: fue declarado no punible.

La ley nueva que todavía no rige

El Congreso Nacional aprobó la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años. La norma fue publicada en el Boletín Oficial a principios de marzo de 2026. Pero su artículo 52 establece que el nuevo régimen «entrará en vigencia a los 180 días» de esa publicación, un plazo que a la fecha del crimen no se había cumplido.

La consecuencia es concreta: bajo el régimen legal vigente al momento del ataque, el adolescente de 15 años no puede ser imputado penalmente. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, lo confirmó en conferencia de prensa el mismo día del hecho: «No es punible por la edad. La nueva norma aún no entró en vigencia.»

Quienes aprovecharon el caso para reclamar más punición adolescente omitieron este detalle central: incluso con la nueva ley aprobada, la tragedia de San Cristóbal no hubiera tenido otro desenlace judicial. La ley que se votó no estaba en vigor y no podía aplicarse retroactivamente. El debate sobre la imputabilidad, legítimo en sus términos, llega de todas formas tarde a explicar lo que pasó en ese patio escolar.

El perfil del agresor y las alarmas que nadie vio

El ministro de Educación santafesino, José Goity, confirmó que el acusado no registraba antecedentes dentro del sistema educativo, pero que atravesaba «una problemática intrafamiliar importante». También indicó que, en principio, el hecho no respondió a un conflicto escolar directo, aunque no descartó que el adolescente pudiera haber sido víctima de situaciones de violencia o bullying.

Según trascendidos del expediente, los fiscales investigan la existencia de un intento de suicidio previo del adolescente y vínculos familiares que habrían incidido en su estado emocional. Estas líneas todavía no fueron confirmadas de manera oficial y forman parte de la investigación en curso.

La pregunta que el sistema educativo y el Estado provincial no pueden eludir es precisa: ¿cómo un chico de 15 años con señales de crisis emocional documentadas pudo ingresar a su escuela con una escopeta sin que nadie lo advirtiera?

El dolor que no se politiza

Ian Cabrera fue velado el martes 31 de marzo en la Asociación Mutual de San Cristóbal. A las 10.30, sus restos fueron trasladados al cementerio municipal. Desde la tarde del lunes, vecinos se habían acercado espontáneamente a la puerta de la escuela con velas y carteles con pedidos de justicia para el chico que había entrado al secundario hacía apenas unos días.

El Gobierno de Santa Fe dispuso la suspensión de clases en el establecimiento y la intervención de equipos territoriales de contención para estudiantes, docentes y familias. Es lo mínimo que corresponde. Lo que corresponde además, y que todavía no tiene respuesta, es dar cuenta de la cadena de omisiones que permitió que una escopeta llegara a ese patio.

La escuela pública no es el problema. Es el lugar donde se hacen visibles los problemas que el Estado no resuelve.

Puntos clave:

  • Ian Cabrera, de 13 años, fue asesinado el 30 de marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, Santa Fe, durante el acto de izamiento de bandera.
  • El acusado, G.C., de 15 años, fue declarado no punible bajo la legislación vigente; la nueva Ley 27.801 que baja la edad de imputabilidad a 14 años no había entrado en vigor al momento del hecho.
  • El fiscal regional Carlos Vottero confirmó diligencias en curso: autopsia, testimonios y pericias en el establecimiento.
  • El ministerio de Educación reconoció que el acusado atravesaba una «problemática intrafamiliar importante» y no descartó situaciones de bullying.
  • Un asistente escolar redujo al agresor y evitó una masacre mayor; el heroísmo individual no reemplaza las políticas de contención que faltaron.

DDHH

Identificaron al policía que le disparó en el ojo a Rodrigo Troncoso en la marcha de jubilados

La organización Mapa de la Policía reconstruyó con video forense el momento exacto del disparo del 12 de marzo de 2025. Dos efectivos de la PFA realizaron diez disparos irregulares en menos de dos minutos, con el jefe operativo Gerardo Perillo Scampini presente y dando órdenes. La pericia ya fue presentada en la justicia.

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Tienen su cara: identificaron al policía que le disparó en el ojo a Troncoso mientras Perillo Scampini daba órdenes.

La organización Mapa de la Policía, una red de cuidado ciudadano especializada en documentar y contrarrestar la violencia policial en la Ciudad de Buenos Aires, logró identificar al efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que disparó contra Rodrigo Troncoso durante la represión a la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025, la misma jornada en que fue herido el fotógrafo Pablo Grillo por efectivos de Gendarmería Nacional.

La pieza que faltaba: el video de frente

La pericia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que analizó las imágenes de las cámaras ubicadas en las avenidas Rivadavia y Entre Ríos, había señalado al efectivo de la PFA identificado como L.L. Núñez como el autor material del disparo que impactó en el ojo izquierdo de Troncoso. Sin embargo, un nuevo video aportado por un fotorreportero que no formaba parte del expediente judicial alteró esa conclusión.

«Un fotoreportero nos acercó un video que no estaba en la causa: el momento exacto, de frente y con sonido ambiente. La pieza que faltaba: cuando Rodrigo gira el cuerpo, el arma señalada en el informe no tiene humo ni fogonazo. El disparo real sale del arma de al lado«, comunicó Mapa de la Policía al difundir la nueva evidencia.

La organización identificó al verdadero tirador como «Tirador PFA B», un efectivo cuya inscripción no es visible en las imágenes pero cuyo rostro quedó registrado. «Al autor material lo nombramos ‘Tirador PFA B’ porque no tiene inscripción visible, pero tenemos su cara», precisaron desde Mapa de la Policía, que publicó un video con el paso a paso de la reconstrucción forense.

Diez disparos irregulares en menos de dos minutos

El análisis forense de la organización determinó que entre Núñez y el Tirador PFA B «dispararon irregularmente diez veces en menos de dos minutos, con Gerardo Perillo Scampini, el jefe del operativo en calle, presente y dando órdenes». La cifra desnuda la magnitud del operativo represivo: no fue un disparo aislado ni un error de procedimiento, sino una conducta sistemática ante la presencia del mando operativo.

Mapa de la Policía informó que su «metodología forense complementa la pericia de la PSA y ya fue presentada por la Asociación Contra la Violencia Institucional (que representa a Troncoso) en la justicia». La organización también pidió que la ciudadanía aporte material registrado en ese horario, con el objetivo de identificar plenamente al Tirador PFA B: los registros pueden enviarse a registrocolectivo.mapa@gmail.com.

Un trabajador de farmacia que perdió el ojo por defender a los jubilados

Rodrigo Troncoso tenía 23 años cuando asistió por primera vez en su vida a una manifestación, el 12 de marzo de 2025, en su franco laboral. Trabajaba en una farmacia en Avellaneda y describió haber visto con frecuencia a jubilados que se retiraban sin sus medicamentos por no poder costearlos, producto de los recortes del gobierno de Javier Milei en el PAMI. «Cada vez más seguido, veía que se iban directamente sin remedios, algunos se iban llorando», relató. Esa realidad lo impulsó a marchar junto a su padre, su hermano y un amigo.

Pasadas las 16.30 de ese miércoles, en la avenida Rivadavia cerca de la intersección con Rodríguez Peña, un efectivo de las fuerzas federales le disparó directamente al ojo izquierdo. «El efectivo me miró, fueron dos segundos, que ni siquiera me dio tiempo a reaccionar, y ni lo dudó, me tiró directamente», describió Troncoso. Fue retirado de la escena por dos hinchas de Independiente y Chacarita que no conocía, y luego rechazado en cuatro clínicas antes de ser atendido en el Hospital Santa Lucía.

El impacto destruyó su proyecto de vida en múltiples dimensiones: dejó su trabajo en la farmacia porque la presión intracraneal le impedía cargar cajas, debió separarse temporalmente de su hija Nina, de dos años y medio, y su carrera como boxeador amateur, que venía de ganar entre ocho y nueve combates en 2024, quedó truncada. «El 2025 iba a ser el año de mi salto al profesionalismo», dijo. La cirugía reparadora requiere tres sesiones de 2.000 dólares cada una, un monto que Troncoso no pudo costear.

Una causa judicial y un patrón de disparos a zonas vitales

Troncoso realizó una denuncia penal contra el efectivo que le disparó, contra la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y contra el responsable del operativo por «delitos graves» agravados por abuso de la función pública. La causa fue solicitada como conexa a otras que también investigan lesiones oculares en el marco de la misma represión, entre ellas la de Jonathan Navarro, hincha de Chacarita que también perdió un ojo por un disparo ese mismo día.

La coincidencia de lesiones en zonas vitales no es casual: los manuales de uso de armas denominadas «menos letales» prohíben apuntar a la cabeza, el torso o la espalda precisamente porque pueden provocar heridas graves o la muerte. Que tres personas, entre ellas el fotógrafo Pablo Grillo (que lleva ocho operaciones), hayan sufrido lesiones oculares en la misma jornada demuestra que los disparos fueron deliberadamente dirigidos a zonas de alto riesgo.

El viernes anterior a la publicación de este informe, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas emitió un duro documento sobre Argentina por violaciones a los derechos humanos, en el que alertó sobre el uso arbitrario de armas menos letales en movilizaciones sociales y requirió al Estado argentino que precise los criterios con que aplica el denominado «protocolo antipiquetes».

Puntos clave

  • La organización Mapa de la Policía identificó al «Tirador PFA B» como el autor real del disparo que dejó ciego a Rodrigo Troncoso, a partir de un video inédito aportado por un fotorreportero.
  • Entre ese efectivo y L.L. Núñez realizaron diez disparos irregulares en menos de dos minutos, con el jefe operativo Gerardo Perillo Scampini presente en la escena.
  • La pericia forense fue presentada en la justicia por la Asociación Contra la Violencia Institucional, que representa a Troncoso.
  • La misma represión del 12 de marzo dejó también sin un ojo al fotógrafo Pablo Grillo y al hincha Jonathan Navarro, un patrón que indica disparos deliberados a zonas vitales.
  • El Comité contra la Tortura de la ONU alertó sobre el uso arbitrario de armas menos letales en manifestaciones sociales en Argentina.
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