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Nuevo Plan Cóndor: Milei construye un “enemigo interno” con la SIDE, el FBI y los mismos métodos de la dictadura

Una investigación periodística reconstruye una arquitectura de vigilancia y propaganda que conecta Washington con Buenos Aires: contratos de lobby secretos firmados por la SIDE, un vuelo de carga con historial de transporte de armamento que aterrizó en Ezeiza desde Bakú, y un presidente que calificó de «terroristas» a estudiantes, periodistas y docentes con el mismo léxico que usó Jorge Rafael Videla durante la última dictadura cívico-militar.

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"Terroristas disfrazados de periodistas": la frase de Milei que suena igual a la de Videla y el entramado que la sostiene.

El 16 y 17 de julio pasado, Washington fue escenario de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, convocada por el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio. El contenido del encuentro y su resonancia inmediata en el discurso oficial argentino encienden una señal de alerta que el periodista Mauro Federico, de Data Clave, documentó con precisión quirúrgica: lo que empieza a tomar forma en 2026 tiene parecido de familia con el esquema que en 1975 se institucionalizó bajo el nombre de Plan Cóndor.

Rubio abrió la cumbre con una referencia al historial de violencia política latinoamericana de los años setenta, tupamaros, montoneros, FARC, ELN, Sendero Luminoso, para instalar desde ahí la idea de un «resurgimiento» de esa amenaza en el presente, sin precisar nunca contra quién ni dónde. El plan para combatirla, resumió, pasa por «desmantelar estas redes, ladrillo por ladrillo», con inteligencia compartida e «interrupción financiera». Por Argentina participaron el canciller Pablo Quirno, único extranjero invitado a disertar en el almuerzo oficial, y José Lago Rodríguez, subsecretario de la SIDE. En la sala también estaban el director del FBI, Kash Patel, y el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller.

El FBI en Buenos Aires y la caja negra del antiterrorismo

El 24 de julio, el subdirector del FBI, Andrew Bailey, viajó a Buenos Aires y se reunió con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, con el embajador norteamericano Peter Lamelas y con Michael Nader, el nuevo enlace del FBI en el país. La visita giró en torno al Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), creado por el Decreto 717/2025 el 7 de octubre de 2025, a dos años exactos del ataque de Hamás a Israel, e inaugurado el 16 de abril de 2026 también con presencia del FBI y de Lamelas.

El CNA depende directamente de la SIDE, se financia con fondos reservados del organismo (no sujetos a rendición de cuentas pública) y su función declarada es integrar y analizar información del «ciclo terrorista» junto a la UIF, ARCA, inteligencia criminal y militar y varios ministerios. El titular de la SIDE, Cristian Auguadra, lo definió como «la herramienta central del Estado argentino para prevenir el terrorismo» y «la única institución de sus características en América Latina». En paralelo a esa visita, el Gobierno sumó 7.500 millones de pesos a los fondos reservados del organismo.

No es el primer refuerzo. Desde diciembre de 2023, Milei engordó la caja de la SIDE en varias oportunidades: 100.000 millones de pesos en julio de 2024 (el Congreso los rechazó y en diciembre debió devolverlos), 1.600 millones más en marzo de 2025, otros 8.017 millones en mayo del mismo año, y los 7.500 millones de julio de 2026. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, hoy presidida por Sebastián Pareja, es el único órgano con facultad de control, aunque en la práctica ese control es nominal: los gastos reservados son la única partida del Estado sin rendición de cuentas detallada ante ningún organismo externo.

«Terroristas disfrazados de periodistas»: Milei habla como Videla

El eco de Washington llegó al discurso presidencial con rapidez. El 28 de julio, en Perú, Milei acusó a la oposición de haber impulsado «siete pedidos de juicio político» y hasta un intento de golpe de Estado, y lo sintetizó con una frase: «sembraban el terror en las calles». Pero la declaración más grave llegó el 3 de agosto, en una entrevista con el periodista oficialista Luis Majul en LN+: «Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores», dijo Milei. Majul le preguntó si venían «de Rusia, como parte de una conspiración internacional»; el Presidente respondió que no había conspiración, que simplemente estaba «describiendo lo que pasa».

La frase se conoció a días de cumplirse el 60º aniversario de la Noche de los Bastones Largos. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, la calificó como «el mismo discurso de Onganía y de Videla» y señaló que algo así «no pasó nunca en tiempos de democracia». La Facultad emitió un comunicado de repudio. La comparación no es antojadiza: en 2010, ante el tribunal que lo juzgaba en Córdoba por delitos de lesa humanidad, Jorge Rafael Videla apeló explícitamente a Antonio Gramsci para calificar al kirchnerismo como amenaza marxista. Milei usó exactamente la misma referencia teórica para señalar a los mismos sectores: universidades, prensa, cultura.

El mecanismo es el mismo que documentó el investigador Peter Kornbluh al estudiar la «fase psicológica» del Plan Cóndor original: tomar un caso puntual, real o construido, y estirarlo hasta convertirlo en una amenaza difusa que alcance a cualquiera que incomode. En abril de 2026 se conoció «La Compañía», una filtración que mostró que agentes rusos habían financiado artículos en un grupo acotado de sitios digitales argentinos. Milei lo calificó en X como «espionaje de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia» y sumó, sin evidencia nueva, que «los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande». Esa frase, no la filtración en sí, fue la que habilitó señalar en bloque a periodistas críticos sin ningún vínculo comprobado con la operación documentada.

El contrato de lobby que la SIDE nunca pagó

El 12 de febrero de 2025, la SIDE firmó un contrato de 10.000 dólares mensuales con la consultora de lobby Tactic Global. Lo firmó por el lado argentino Sergio Neiffert, entonces titular del organismo. El objeto declarado: «asesoramiento estratégico» y coordinación de reuniones con contrapartes estadounidenses. En junio de 2026, Tactic dio de baja formalmente esa representación ante la Justicia norteamericana sin haber cobrado un solo dólar de los montos pactados, el mismo día en que también dejó de representar a la República Srpska, la entidad serbobosnia prorrusa dentro de Bosnia.

Los movimientos en torno al contrato, según la investigación de Data Clave, no fueron casuales ni aislados. El 24 de enero de 2025, el jet privado del empresario Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, aterrizó por primera vez en Buenos Aires; el 6 de febrero partió hacia Estados Unidos con Laura Arrieta, la «valijera» que semanas después llegó a Ezeiza con quince valijas que no pasaron por Aduana, y con Víctor Du Plooy, oficial de negocios de Tactic. El mismo día de la firma del contrato con la SIDE, Scatturice contrató a la consultora Forward Global de José Mallea para gestionar ante la FAA rutas de Flybondi hacia Estados Unidos, también por 10.000 dólares mensuales.

Tactic Global tiene un perfil peculiar. La crearon Scatturice y Barry Bennett, operador del círculo de Trump, junto a Matt y Mercedes Schlapp, dueños de la CPAC estadounidense; Maria Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina; Ryan Coyne; y Caroline Wren. Bennett llegó al acuerdo con Tactic con condena reciente: en enero de 2024 llegó a un «procesamiento diferido» con el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras ser acusado de «falsificar, ocultar y encubrir» información para trabar una investigación vinculada a lobby extranjero no declarado para el gobierno de Catar. Pagó una multa de 100.000 dólares y se comprometió a no realizar actividad de lobby extranjero durante 18 meses. Con ese historial vigente, Bennett se reunió en Buenos Aires con legisladores como Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo. El nexo más directo con el Gobierno es Santiago Caputo, quien lo recibe en la Casa Rosada y le abre el despacho presidencial.

En 2026 apareció en Arlington, Virginia, una firma llamada CRB Global LLC que representa a los mismos clientes que Tactic (República Srpska, Serbia) con los mismos montos y el mismo ministro de contacto. No hay documento que confirme formalmente que CRB Global es Tactic con otro nombre, pero la coincidencia de cliente, monto, ministro y calendario resulta demasiado exacta para ser fortuita.

El vuelo que vino de Bakú: Silk Way y el historial de armas

El 31 de julio, un carguero Ilyushin Il-76TD-90VD con matrícula 4K-AZ101, de la aerolínea azerbaiyana Silk Way Airlines, aterrizó en Ezeiza tras un recorrido de siete tramos: Bakú, Leipzig, Casablanca, Dakar, Recife, São Paulo y finalmente Buenos Aires. Lo excepcional no es solo la ruta, cuatro continentes con una escala en Dakar sin explicación operativa evidente, sino el historial de la aeronave: opera casi exclusivamente en un corredor corto entre el Cáucaso, Medio Oriente y Europa. Sudamérica no figura en su patrón habitual, con un único antecedente un año antes, cuando hizo escala en Ecuador diez días después de que el presidente Daniel Noboa firmara un decreto reconociendo la «persistencia del conflicto armado interno» en ese país.

Silk Way no es una aerolínea convencional. Según la investigación de Data Clave, transporta armamento israelí hacia Azerbaiyán a través de la base militar de Ovda, con una exención especial firmada en 2013 y renovada en 2016. Sus picos de actividad preceden sistemáticamente a las ofensivas militares azerbaiyanas contra Armenia: antes de la ofensiva final sobre Nagorno-Karabaj en septiembre de 2023 se registraron al menos seis vuelos a Ovda en dos semanas. La Organized Crime and Corruption Reporting Project documentó que la aerolínea transportó armamento por más de 1.000 millones de dólares con subcontratistas estadounidenses. El Banco de Exportación e Importación (EXIM) del gobierno norteamericano le otorgó garantías y préstamos, incluida una nueva aprobación de 339 millones de dólares en abril de 2025, pese a ese historial documentado. El Gobierno argentino no dio ninguna explicación pública sobre el vuelo.

El antecedente del Plan Cóndor y la «fase psicológica»

El Plan Cóndor se formalizó el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, convocado por la DINA de Pinochet, y coordinó secuestros, torturas y asesinatos entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos. Los «Archivos del Terror» hallados en Paraguay en 1992 registran unos 50.000 asesinados, 30.000 desaparecidos y 400.000 detenidos en toda la región. Videla firmó personalmente el compromiso argentino de sostener el intercambio de inteligencia.

Uno de sus mecanismos menos conocidos fue lo que Kornbluh llamó la «fase psicológica»: insertar noticias falsas en la prensa para hacer creer que las víctimas habían muerto en enfrentamientos internos. El caso más documentado es el de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, secuestradas en 1977, torturadas en la ESMA y asesinadas en los vuelos de la muerte. Para encubrir el crimen, los militares las fotografiaron con una bandera de Montoneros y armaron una declaración falsa. Revistas de tirada masiva reprodujeron sin cuestionar la versión oficial. El operativo lo comandó, entre otros, el capitán Alfredo Astiz. La mentira está hoy probada judicialmente.

Un episodio reciente completa el cuadro. En mayo de 2026 se filtraron 37 audios atribuidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Nueva York e indultado luego por Trump, en los que explicaría un plan para crear «una célula» de noticias operada desde Estados Unidos para golpear mediáticamente a Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, y en los que habría mencionado que Javier Milei comprometió 350.000 dólares para esa operación. El mecanismo que describen esos audios, propaganda financiada de forma cruzada entre gobiernos aliados con el origen deliberadamente oculto, es estructuralmente idéntico al que el Plan Cóndor institucionalizó hace medio siglo.

Puntos clave:

  • El 16 y 17 de julio, la Reunión Ministerial convocada por Marco Rubio en Washington instaló la idea de un «resurgimiento» del terrorismo de izquierda en América Latina sin identificar ninguna organización concreta actual.
  • El 3 de agosto, Milei calificó de «terroristas» a estudiantes, periodistas, profesores e investigadores, en una construcción del enemigo interno que el decano de Exactas-UBA comparó explícitamente con el discurso de Videla y Onganía.
  • La SIDE firmó un contrato de lobby por 10.000 dólares mensuales con Tactic Global en febrero de 2025; la consultora cerró esa representación en junio de 2026 sin haber cobrado un solo dólar, mientras los fondos reservados del organismo acumularon refuerzos por más de 100.000 millones de pesos desde 2024.
  • El 31 de julio aterrizó en Ezeiza un carguero de Silk Way Airlines, aerolínea azerbaiyana con historial documentado de transporte de armamento israelí, proveniente de Bakú con escala en Dakar y sin explicación oficial.
  • Audios filtrados atribuidos al expresidente hondureño Hernández describen un esquema de propaganda transnacional financiada entre gobiernos con mención de Milei; el mecanismo replica estructuralmente la «fase psicológica» del Plan Cóndor documentada por Peter Kornbluh.

Espionaje

La bicameral de Inteligencia citará a Auguadra por el DNU que convirtió a la SIDE en una policía secreta

La comisión bicameral que fiscaliza los organismos de inteligencia, ahora presidida por el kirchnerista Sebastián Pareja, acordó citar al secretario Cristian Auguadra para fines de agosto. La convocatoria llega tras meses de silencio oficial sobre el DNU 941/2025, que habilitó a los agentes de la SIDE a detener personas y declaró «encubiertas» todas sus actividades. El caso del ex titular de ARSAT Facundo Leal, aprehendido con una valija de espionaje profesional y más de 2,5 millones de dólares, profundiza las preguntas que el oficialismo se niega a responder.

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Seis meses de silencio: el Congreso recién ahora exige explicaciones sobre el decreto que convirtió a la SIDE en policía secreta.

La Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia se reunió este martes a puertas cerradas en el Congreso y acordó citar al secretario de Inteligencia de Estado (SIDE), Cristian Auguadra, para fines de agosto. La sesión inaugural se realizó bajo la presidencia de Sebastián Pareja, el hombre de confianza de Karina Milei que desplazó al PRO del control del organismo en mayo pasado. El objetivo de la citación es que Auguadra explique una serie de hechos ocurridos bajo su conducción, comenzando por el DNU 941/2025: el decreto que reformuló la Ley de Inteligencia Nacional, le otorgó a los agentes de la SIDE facultades para aprehender personas y declaró de carácter encubierto la totalidad de sus actividades.

Un decreto que nunca respondió y que casi nadie apoyó

El DNU 941/2025 fue firmado el 31 de diciembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026. Con 41 artículos, reorganizó por completo el Sistema de Inteligencia Nacional: concentró la conducción estratégica en la SIDE, creó la Agencia Federal de Ciberinteligencia y habilitó a los organismos del sistema a solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas. El artículo más cuestionado incorporó la facultad de que el personal de inteligencia «proceda a la aprehensión de personas» en casos de flagrancia o requerimiento judicial, sin contemplar ningún control judicial previo. El decreto también declaró que «todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto», transformando el secreto en regla y no en excepción.

Organizaciones de derechos humanos, colegios de abogados y especialistas en derecho constitucional coincidieron en que el decreto viola el artículo 18 de la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al habilitar detenciones sin orden judicial. La entonces comisión bicameral, encabezada por el senador Martín Lousteau, rechazó el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) de la SIDE y cursó planteos escritos que Auguadra nunca respondió. Casi todas las fuerzas políticas, incluido el PRO de Mauricio Macri, emitieron comunicados críticos. Se presentaron decenas de recursos de amparo, que la Justicia rechazó al no encontrar amenazas concretas a las libertades individuales. El decreto nunca fue impugnado por el Congreso.

Desde Unión por la Patria, legisladores advirtieron que el decreto habilitaría incluso la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior: «Incluso el decreto habilitaría a las Fuerzas Armadas a intervenir. Queremos saber qué están haciendo», señalaron voceros del bloque. Cristian Auguadra fue designado al frente de la SIDE el 2 de diciembre de 2025, en reemplazo de Sergio Neiffert. El organismo es conducido en los hechos por el asesor presidencial Santiago Caputo, y la designación de Auguadra, hombre de estrecha relación con el padre de Caputo, no fue considerada casual por los analistas parlamentarios.

Pedidos de informes: la valija de espionaje y una designación no publicada

En la misma reunión, la comisión recibió dos pedidos de informes impulsados por legisladores de Unión por la Patria, firmados por los diputados Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi. El primero tiene vinculación directa con el escándalo del ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, aprehendido luego de que la Policía Federal allanara su departamento en el barrio porteño de Palermo Chico. En ese domicilio, los agentes secuestraron una valija de caja estanca con 19 dispositivos profesionales de espionaje, entre ellos cámaras y micrófonos ocultos en objetos cotidianos como anteojos, llaves de auto y lapiceras, un teléfono satelital Iridium 9555, un inhibidor de señal y un detector de radiofrecuencia capaz de localizar cámaras y rastreadores GPS. En ese mismo y otros domicilios de Leal, también se encontraron más de 2,5 millones de dólares en efectivo y diversas drogas sintéticas.

Los diputados de Unión por la Patria subrayaron la gravedad institucional del hallazgo: «Un equipo de vigilancia encubierta no se acumula por casualidad ni por afición de coleccionista: se tiene para vigilar personas. La pregunta que esta Comisión no puede esquivar es elemental: ¿a quién se vigilaba, con qué información y para quién?», indicaron en la presentación. La pregunta cobra especial relevancia porque Leal fue funcionario de ambos gobiernos: presidió ARSAT entre 2022 y 2024 durante la gestión de Alberto Fernández, y en 2025 el gobierno de Milei lo designó al frente del ORSNA, cargo que ejerció hasta enero de este año. Su acceso a infraestructura crítica del Estado, que incluye redes de fibra óptica, capacidad satelital y centros de datos, hace que la tenencia de ese arsenal de espionaje resulte, según los legisladores, «un asunto que esta Comisión no puede esquivar».

Los diputados solicitaron que la comisión libre oficio al juez federal Lino Mirabelli para obtener copias certificadas de las constancias vinculadas al secuestro, peritaje e informe de los equipos encontrados. El segundo pedido de informes apunta a la presunta incorporación de Miguel Gómez Goldin como director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), en reemplazo de Marcelo Romero. Los legisladores advirtieron que, a la fecha, esa designación no se encuentra formalizada mediante publicación en el Boletín Oficial, lo que implicaría una irregularidad en el procedimiento de nombramiento.

El control parlamentario que el Poder Ejecutivo evitó durante seis meses

La citación de Auguadra llega con medio año de demora. Desde que el DNU 941/2025 fue publicado en enero de 2026, la comisión bicameral recibió los cuestionamientos de casi todas las fuerzas políticas, presentó planteos por escrito y no obtuvo respuesta. Durante ese período, el organismo operó sin rendir cuentas al Congreso sobre sus nuevas atribuciones, sus fondos reservados ni la aplicación concreta del decreto. El escándalo de la valija de espionaje en poder de un ex funcionario que manejó infraestructura sensible del Estado obligó a que la agenda parlamentaria, por ahora controlada por el oficialismo a través de Pareja, incorpore el tema.

La pregunta de fondo que atraviesa ambos expedientes, el del DNU y el de Leal, es la misma: quién controla a los que controlan. El DNU 941/2025 construyó un sistema de inteligencia donde el secreto es la norma, las detenciones son posibles sin control judicial previo y los fondos reservados son auditados por el propio organismo auditado. En ese marco, la figura de un ex funcionario con una valija cargada de dispositivos de vigilancia profesional en su departamento plantea una pregunta que el Congreso, esta vez, no parece dispuesto a dejar sin respuesta.

Puntos clave

  • La bicameral de Inteligencia, presidida por Sebastián Pareja, acordó citar al secretario Cristian Auguadra para fines de agosto, con el DNU 941/2025 como eje central del interrogatorio.
  • El DNU 941/2025 habilitó a la SIDE a detener personas y declaró «encubiertas» todas las actividades del organismo; Auguadra nunca respondió los cuestionamientos de la comisión ni del Congreso.
  • En el domicilio del ex titular de ARSAT y ORSNA Facundo Leal se secuestraron 19 dispositivos profesionales de espionaje, más de 2,5 millones de dólares en efectivo y drogas.
  • Legisladores de Unión por la Patria presentaron dos pedidos de informes: uno sobre los equipos de espionaje de Leal y otro sobre una designación en la DNIC que no está publicada en el Boletín Oficial.
  • El organismo operó seis meses sin rendir cuentas al Congreso sobre sus nuevas atribuciones, sus fondos reservados ni la aplicación concreta del decreto.
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