Legislativo
Diputados emite dictamen de consenso por la ley de violencia digital
La ley Olimpia es originalmente una ley mexicana impulsada por la activista Olimpia Coral Melo, que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, que preside Mónica Macha (Frente de Todos), avanzó este martes en un dictamen de consenso que reúne dos proyectos que buscan modificar la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres con el fin de incorporar la figura de la «violencia digital» como una modalidad de violencia.
En la reunión, los diputados firmaron un dictamen de consenso sobre el proyecto denominado ley Olimpia, en reconocimiento a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, que propone reformar la ley de Género y contempla además una iniciativa similar presentada en ese sentido por la diputada de Evolución Radical, Danya Tavela,
De todos modos, el proyecto debe pasar aún por la comisión de Comunicaciones, que preside el diputado del FDT, Pablo Carro, que había sido convocada para hoy pero se suspendió por razones de agenda.
Durante el encuentro, Macha puso de relieve que se trata de una «estrategia regional» y sostuvo que «es fundamental incluir este tema en nuestra legislación. La violencia virtual es real y cada vez tiene más efectos en las vidas reales».
“Cuando una mujer se ve obligada a abandonar el uso de una red social, obligada a abandonar su participación en determinados grupos sociales o públicos, cuando se ve afectada en su capacidad laboral o de desarrollo de su carrera o en sus vínculos familiares se está restringiendo su libertad. Por eso me parece importante que podamos avanzar en el dictamen de esta norma. Ser víctimas de algún tipo de violencia requiere la intervención del Congreso», aseguró Tavela.
La diputada del FDT Florencia Lampreabe advirtió sobre el «caldo de cultivo» que se generó a través de las redes y que provocó el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner «con discursos de odio y sexistas».
A su turno, la diputada del oficialismo María Rosa Martínez indicó que esos ataques provocaron «la enfermedad de Florencia Kirchner» y puso de relieve que la violencia digital «afecta la intimidad, la acción pública y la pérdida de acción en la justicia».
El proyecto de violencia digital plantea que se entiende por violencia contra las mujeres «toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal».
La iniciativa establece la implementación de «un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible, en forma articulada con las provincias, a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinado a dar contención, información y asesoramiento sobre recursos en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen, incluida la modalidad de “violencia contra las mujeres en el espacio público” conocida como “acoso callejero”.
La iniciativa plantea la obligación de promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de identificación de las violencias digitales en las clases de educación sexual integral como en el resto de los contenidos educativo y en la formación docente.
La iniciativa fue presentada en julio pasado en un encuentro que contó con la presencia de la exministra de Mujeres y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, el espacio de víctimas «Ley Olimpia Argentina» y la organización Género y TIC.
La ley Olimpia es originalmente una ley mexicana impulsada por la activista Olimpia Coral Melo, que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.
En paralelo, la comisión de Legislación Penal buscará avanzar con la ley Belén, con el objetivo de incorporar al Código Penal argentino los delitos de este tipo, al establecer prisión de tres meses a dos años y multas para quienes sean encontrados culpables.
Legislativo
Emergencia en discapacidad: Milei impulsa una reforma que recorta derechos y pensiones
Este miércoles a las 11, organizaciones convocaron a una marcha bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”. La protesta apunta directamente al Ministerio de Salud y busca frenar el avance legislativo. Organizaciones, familias y especialistas denuncian un retroceso que pone en riesgo derechos adquiridos.
El ajuste libertario: Desregulación y supuesto fin de la emergencia
El proyecto que el gobierno de Milei envió al Congreso encendió las alarmas en el colectivo de personas con discapacidad. Bajo el título “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, la iniciativa propone cambios de fondo en el sistema de protección vigente y ya generó una convocatoria a movilizarse frente al Ministerio de Salud.
Con Mario Lugones al frente de la cartera, la reforma apunta a modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad y redefinir tanto el acceso como el financiamiento de las prestaciones. Organizaciones, familias y especialistas denuncian un retroceso que pone en riesgo derechos adquiridos.
Empadronamiento obligatorio y amenaza de baja automática
El eje central del proyecto es un reempadronamiento masivo de todas las personas que perciben pensiones por discapacidad. La medida implica:
- Revalidar condición médica, situación económica y antecedentes laborales.
- Someter la información a cruces de datos con organismos estatales.
- Enfrentar suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia.
El punto más cuestionado: si no se cumple con los plazos, la pensión se suspende automáticamente y puede darse de baja sin mayores instancias de revisión.
Pensiones más bajas y sin adicionales
La iniciativa fija el haber en el 70% de la jubilación mínima, pero elimina herramientas de compensación que hoy permiten contemplar situaciones particulares:
- Se suprimen adicionales por invalidez laboral.
- Se eliminan plus por zona desfavorable.
- Se limita la capacidad del Ejecutivo de otorgar aumentos extraordinarios.
Además, la actualización deja de ser mensual por inflación y pasa a un esquema trimestral, lo que implica una pérdida frente a la suba de precios.
Uno de los puntos más regresivos del proyecto es la prohibición absoluta de compatibilizar pensión con empleo formal.
- Quienes tengan trabajo registrado perderán automáticamente el beneficio.
- Se eliminan programas de inclusión laboral.
- Se desincentiva la contratación en empresas.
El mensaje es claro: trabajar implica quedar fuera del sistema de protección.
Desregulación y supuesto fin de la emergencia
El texto también propone derogar artículos clave de la Ley 27.793, lo que en la práctica vacía de contenido la Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada este año y es gobierno libertario insiste es incumplir.
- Se habilita a Nación, provincias y CABA a negociar fondos sin un esquema unificado.
- Se desarma el nomenclador nacional de prestaciones.
- Se abre la puerta a mayor discrecionalidad de obras sociales y prepagas.
La respuesta no tardó en llegar. Referentes del sector, familias y figuras públicas expresaron su repudio. La actriz Lola Berthet fue una de las voces más duras: advirtió que la orientación del proyecto “atenta contra la dignidad y los derechos básicos”.
Este miércoles a las 11, organizaciones convocaron a una marcha bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”. La protesta apunta directamente al Ministerio de Salud y busca frenar el avance legislativo.
El ajuste de Milei
Más allá de los detalles técnicos, el proyecto marca un giro en la concepción del sistema: de un enfoque de derechos hacia uno de control, ajuste y restricción del acceso.
En ese marco, la discusión en el Congreso no será sólo sobre números, sino sobre el lugar que el Estado decide ocupar frente a uno de los sectores más vulnerados.
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