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Seguridad 🚨

Rosario: un juez impedirá el acceso a teléfonos en las cárceles a narco criminales

El pedido fue formulado por el juez Nicolás Foppiani durante una audiencia en la que imputó con prisión preventiva a Alan Elio Funes, miembro de una familia vinculada al delito en Rosario, y a otras 15 personas, como parte de una banda narco criminal.

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Un juez de la ciudad Rosario requirió al Servicio Penitenciario Federal y al de Santa Fe “impedir” el acceso a comunicaciones telefónicas en prisión a 16 detenidos que fueron imputados como miembros de una asociación ilícita narco criminal, liderada por un joven que cumple una condena de 35 años por homicidio y otros delitos, informaron este miércoles fuentes judiciales.

El pedido fue formulado por el juez Nicolás Foppiani durante una audiencia en la que imputó con prisión preventiva a Alan Elio Funes, miembro de una familia vinculada al delito en Rosario, y a otras 15 personas, como parte de una banda narco criminal.

En la resolución, requirió a la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, María Laura Garrigós, y al secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Walter Gálvez, que “dispongan las medidas que correspondan a fin de impedir que las personas imputadas (…) obtengan, posean y/o utilicen teléfonos celulares y/o cualquier dispositivo no autorizado de comunicaciones”.

Además, les pidió “informar dentro del término de 15 días las medidas de seguridad adoptadas a tal efecto”.

La medida responde a que 9 de los 16 imputados como integrantes de la presunta asociación ilícita estaban detenidos al momento de los 11 hechos atribuidos en la nueva acusación.

Según la fiscal del caso, Valeria Haurigot, los imputados conformaron una banda narco criminal al menos entre el 29 de septiembre del año pasado y la actualidad.

De acuerdo a la investigación, la organización es liderada desde la cárcel federal de Ezeiza por Alan Elio Funes, condenado al año pasado a 35 años de prisión por un homicidio y como jefe de una asociación ilícita narco criminal.

Para la fiscal, “esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas”.

Según la acusación, “para llevar a cabo ese objetivo, los integrantes de la asociación cometieron diversos delitos, entre otros, homicidios, lesiones, robos, encubrimientos, amenazas, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y venta ilegal de estupefacientes, siendo esta numeración meramente enumerativa y no taxativa”.

Entre los imputados se encuentra la novia de Alan Funes, Jorgelina “Chipi” Selerpe, una joven también condenada en una causa por narcotráfico e imputada junto a su pareja por un homicidio.

Según la investigación, también forman parte del entramado narcocriminal que opera en el sur de Rosario la abuela de Alan Funes, y una tía y dos primos de Selerpe.

La acusación de la fiscal Haurigot describe a lo largo de 11 hechos registrados en los últimos seis meses los roles de cada miembro de la banda, que van desde los “gatilleros” que cometen asesinatos o balaceras, a quienes guardan las armas o conducen los vehículos de la organización, así como los vendedores de drogas al menudeo.

El juez Foppiani aceptó la imputación de la fiscal y dictó prisión preventiva para los acusados, detallaron fuentes judiciales.

Judiciales ⚖️

Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.

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Sin habilitación, sin cuerdas y sin Estado: la cadena de negligencias que mató a María Eduarda.

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.

Más arrestos en una causa que suma imputados

La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.

El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.

Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva

Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.

Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.

La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación

La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.

María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.

Un negocio sin habilitación y sin controles

La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.

La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.

Puntos clave

  • La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
  • Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
  • La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
  • El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
  • La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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