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Seguridad

Rosario: un juez impedirá el acceso a teléfonos en las cárceles a narco criminales

El pedido fue formulado por el juez Nicolás Foppiani durante una audiencia en la que imputó con prisión preventiva a Alan Elio Funes, miembro de una familia vinculada al delito en Rosario, y a otras 15 personas, como parte de una banda narco criminal.

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Un juez de la ciudad Rosario requirió al Servicio Penitenciario Federal y al de Santa Fe “impedir” el acceso a comunicaciones telefónicas en prisión a 16 detenidos que fueron imputados como miembros de una asociación ilícita narco criminal, liderada por un joven que cumple una condena de 35 años por homicidio y otros delitos, informaron este miércoles fuentes judiciales.

El pedido fue formulado por el juez Nicolás Foppiani durante una audiencia en la que imputó con prisión preventiva a Alan Elio Funes, miembro de una familia vinculada al delito en Rosario, y a otras 15 personas, como parte de una banda narco criminal.

En la resolución, requirió a la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, María Laura Garrigós, y al secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Walter Gálvez, que “dispongan las medidas que correspondan a fin de impedir que las personas imputadas (…) obtengan, posean y/o utilicen teléfonos celulares y/o cualquier dispositivo no autorizado de comunicaciones”.

Además, les pidió “informar dentro del término de 15 días las medidas de seguridad adoptadas a tal efecto”.

La medida responde a que 9 de los 16 imputados como integrantes de la presunta asociación ilícita estaban detenidos al momento de los 11 hechos atribuidos en la nueva acusación.

Según la fiscal del caso, Valeria Haurigot, los imputados conformaron una banda narco criminal al menos entre el 29 de septiembre del año pasado y la actualidad.

De acuerdo a la investigación, la organización es liderada desde la cárcel federal de Ezeiza por Alan Elio Funes, condenado al año pasado a 35 años de prisión por un homicidio y como jefe de una asociación ilícita narco criminal.

Para la fiscal, “esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas”.

Según la acusación, “para llevar a cabo ese objetivo, los integrantes de la asociación cometieron diversos delitos, entre otros, homicidios, lesiones, robos, encubrimientos, amenazas, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y venta ilegal de estupefacientes, siendo esta numeración meramente enumerativa y no taxativa”.

Entre los imputados se encuentra la novia de Alan Funes, Jorgelina “Chipi” Selerpe, una joven también condenada en una causa por narcotráfico e imputada junto a su pareja por un homicidio.

Según la investigación, también forman parte del entramado narcocriminal que opera en el sur de Rosario la abuela de Alan Funes, y una tía y dos primos de Selerpe.

La acusación de la fiscal Haurigot describe a lo largo de 11 hechos registrados en los últimos seis meses los roles de cada miembro de la banda, que van desde los “gatilleros” que cometen asesinatos o balaceras, a quienes guardan las armas o conducen los vehículos de la organización, así como los vendedores de drogas al menudeo.

El juez Foppiani aceptó la imputación de la fiscal y dictó prisión preventiva para los acusados, detallaron fuentes judiciales.

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Seguridad

Tras la tragedia de Texas, Trump abrió la reunión de la Asociación del Rifle

Mientras cientos de manifestantes opuestos a la organización gritaban a las afueras del recinto, el ex mandatario reclamó «una revisión de arriba a abajo en la seguridad de las escuelas”.

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La Asociación Nacional del Rifle (ANR), la principal organización que impulsa el libre uso de armas en Estados Unidos, abrió este viernes tres días de discusiones en Houston, en un encuentro marcado por la cercanía del tiroteo en una escuela en Texas que dejó 19 niños y dos maestras muertas, que hizo que desistieran de participar varios dirigentes.

La primera jornada del encuentro generó especial expectativa por la anunciada presencia del expresidente Donald Trump, quien, se descontaba, volvería a defender los derechos de los dueños de armas reunidos en esta convención anual.

Mientras cientos de manifestantes opuestos a la organización gritaban a las afueras del recinto, Trump se aprestaba a reclamar “una revisión de arriba a abajo en la seguridad de las escuelas”.

“La existencia del mal en nuestro mundo no es una razón para desarmar a los ciudadanos respetuosos de la ley; la existencia del mal es una de las mejores razones para armar a los ciudadanos respetuosos de la ley”, señaló Trump.

Y dio por hecho que «las diversas políticas de control de armas impulsadas por la izquierda no habrían hecho nada para evitar el horror ocurrido».

Trump leyó los nombres de los 19 niños muertos en Uvalde, a quienes describió como víctimas de un «lunático» fuera de control, y advirtió que los esfuerzos para imponer controles más estrictos al acceso a las armas eran «grotescos».

En lo que pareció una frase dirigida a quienes manifestaban afuera, el director ejecutivo de la ANR, Wayne LaPierre, señaló que “todos los miembros” de la organización y “todos los estadounidenses decentes están de luto en este momento”.

“Veintiuna hermosas vidas extinguidas sin piedad e indiscriminadamente por un monstruo criminal”, lamentó, sobre lo ocurrido en la escuela de Uvalde, que también motivó un minuto de silencio en la convención. Con todo, LaPierre evaluó que “restringir los derechos humanos fundamentales de los estadounidenses respetuosos de la ley para defenderse no es la respuesta”.

Entre quienes protestaban afuera estaba el demócrata Beto O’Rourke, que pretende pelearle la gobernación al mandatario de Texas, Greg Abbott. Abbott anunció que finalmente no participará en la convención, aunque sí se difundirá un video con sus palabras.

La reunión es la primera de la organización desde 2019, porque la pandemia obligó a suspender algunos encuentros. La ANR busca recuperar después de problemas legales y financieros, que incluyeron una demanda colectiva y una investigación de fraude por parte del fiscal general de Nueva York.

Dentro del salón de convenciones, miles de personas se pasearon entre los puestos que mostraban pistolas, rifles, armas de fuego estilo AR, cuchillos, ropa y estantes para armas. Ayer cancelaron sus actuaciones en la convención de la NRA los artistas de música country Don McAlean, Larry Gatlin y Larry Stewart.

McLean, autor de la canción «American Pie», explicó en un comunicado que «a la luz de los eventos recientes en Texas» decidió que sería «irrespetuoso e hiriente» para sí mismo actuar en la convención de la NRA.

Estos artistas formaban parte del cartel de músicos que iban a actuar este fin de semana en la reunión, donde por el momento se mantienen otros artistas como Lee Greenwood, Jacob Bryant y Danielle Peck.

Creada en 1871 por dos veteranos de la Guerra Civil, la ANR conformó en 1975 el Instituto para la Acción Legislativa, desde donde buscó ejercer un fuerte lobby para defender la Segunda Enmienda de la Constitución, que permite la posesión de armas de fuego, un derecho que data de 1791 y que deja mucho margen de interpretación.

A pesar de reveses en los últimos años, la NRA todavía conserva una influencia dominante entre funcionarios y legisladores.

En las elecciones presidenciales de 2016, la NRA gastó 20 millones de dólares en una campaña de publicidad negativa contra la candidata demócrata Hillary Clinton y 10 millones de dólares a favor de Trump.

Estados Unidos registra anualmente decenas de miles de muertes por armas de fuego, con un alza «histórica» de los asesinatos en 2020, según estimaciones de las autoridades.

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La NRA afirma tener más de cinco millones de miembros, pero hay indicios de que la cifra está disminuyendo, incluida una declaración de 2021 de LaPierre en la que dijo que el número estaba «por debajo de los 4,9 millones».

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