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Seguridad 🚨

Rosario: un juez impedirá el acceso a teléfonos en las cárceles a narco criminales

El pedido fue formulado por el juez Nicolás Foppiani durante una audiencia en la que imputó con prisión preventiva a Alan Elio Funes, miembro de una familia vinculada al delito en Rosario, y a otras 15 personas, como parte de una banda narco criminal.

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Un juez de la ciudad Rosario requirió al Servicio Penitenciario Federal y al de Santa Fe “impedir” el acceso a comunicaciones telefónicas en prisión a 16 detenidos que fueron imputados como miembros de una asociación ilícita narco criminal, liderada por un joven que cumple una condena de 35 años por homicidio y otros delitos, informaron este miércoles fuentes judiciales.

El pedido fue formulado por el juez Nicolás Foppiani durante una audiencia en la que imputó con prisión preventiva a Alan Elio Funes, miembro de una familia vinculada al delito en Rosario, y a otras 15 personas, como parte de una banda narco criminal.

En la resolución, requirió a la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, María Laura Garrigós, y al secretario de Asuntos Penales y Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Walter Gálvez, que “dispongan las medidas que correspondan a fin de impedir que las personas imputadas (…) obtengan, posean y/o utilicen teléfonos celulares y/o cualquier dispositivo no autorizado de comunicaciones”.

Además, les pidió “informar dentro del término de 15 días las medidas de seguridad adoptadas a tal efecto”.

La medida responde a que 9 de los 16 imputados como integrantes de la presunta asociación ilícita estaban detenidos al momento de los 11 hechos atribuidos en la nueva acusación.

Según la fiscal del caso, Valeria Haurigot, los imputados conformaron una banda narco criminal al menos entre el 29 de septiembre del año pasado y la actualidad.

De acuerdo a la investigación, la organización es liderada desde la cárcel federal de Ezeiza por Alan Elio Funes, condenado al año pasado a 35 años de prisión por un homicidio y como jefe de una asociación ilícita narco criminal.

Para la fiscal, “esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas”.

Según la acusación, “para llevar a cabo ese objetivo, los integrantes de la asociación cometieron diversos delitos, entre otros, homicidios, lesiones, robos, encubrimientos, amenazas, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y venta ilegal de estupefacientes, siendo esta numeración meramente enumerativa y no taxativa”.

Entre los imputados se encuentra la novia de Alan Funes, Jorgelina “Chipi” Selerpe, una joven también condenada en una causa por narcotráfico e imputada junto a su pareja por un homicidio.

Según la investigación, también forman parte del entramado narcocriminal que opera en el sur de Rosario la abuela de Alan Funes, y una tía y dos primos de Selerpe.

La acusación de la fiscal Haurigot describe a lo largo de 11 hechos registrados en los últimos seis meses los roles de cada miembro de la banda, que van desde los “gatilleros” que cometen asesinatos o balaceras, a quienes guardan las armas o conducen los vehículos de la organización, así como los vendedores de drogas al menudeo.

El juez Foppiani aceptó la imputación de la fiscal y dictó prisión preventiva para los acusados, detallaron fuentes judiciales.

Judiciales ⚖️

Mendoza: detienen a la madre que mandó a su hijo al colegio con una réplica de arma

La mujer, que ya había sido imputada sin arresto el viernes 17 de abril por instigación a la intimidación pública, vio agravada su situación procesal tras un nuevo pedido fiscal que amplió el encuadre legal al artículo 211 del Código Penal.

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Mendoza: detienen a la madre que mandó a su hijo al colegio con una réplica de arma

★ La Justicia de Mendoza ordenó la detención preventiva de la madre de un adolescente de 17 años que ingresó a una escuela del Gran Mendoza con una réplica de arma de fuego. La mujer, que ya había sido imputada sin arresto el viernes 17 de abril por instigación a la intimidación pública, vio agravada su situación procesal tras un nuevo pedido fiscal que amplió el encuadre legal al artículo 211 del Código Penal, agravado por la participación de un menor según el artículo 41 quater del mismo cuerpo normativo. La pena prevista oscila entre tres y ocho años de prisión.

El argumento que la llevó presa

Según el escrito del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la mujer reconoció haberle recomendado a su hijo que llevara la réplica «para amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco», de acuerdo a fuentes judiciales. El fiscal a cargo de la investigación, Juan Manuel Sánchez, ordenó la detención preventiva y el traslado de la imputada a la Penitenciaría Provincial.

El escrito fiscal subrayó que al momento del hecho «ya era de público y notorio conocimiento, no solo en las comunidades educativas sino también en la sociedad en general, el temor y el alerta que se venía generando», en referencia a la ola de amenazas de tiroteos que sacude al sistema educativo argentino desde el crimen de Ian Cabrera en la Escuela Nº40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el 30 de marzo de 2026, caso que este medio cubrió desde su inicio.

Para los fiscales, la condición de progenitora agrava la responsabilidad: instó directamente a un menor bajo su cuidado a cometer un hecho intimidatorio en el marco de un contexto de pánico social que ella misma contribuyó a alimentar. Ese razonamiento fue determinante para elevar la calificación del delito y fundamentar el encierro preventivo.

50 denuncias en días en Mendoza

El caso de esta madre y su hijo no es un hecho aislado dentro de la provincia. El Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que, entre el miércoles 16 y el viernes 18 de abril, se recepcionaron más de 50 denuncias vinculadas a amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educativos mendocinos. Las intimidaciones se manifestaron a través de carteles pegados en los baños, inscripciones sobre las paredes y publicaciones en redes sociales que anunciaban fechas específicas para supuestos ataques.

El mismo viernes en que se ordenó la detención de la madre, el fiscal de la Fiscalía Penal Juvenil, Gustavo Farmache, ya había imputado a un adolescente de 16 años por publicar en redes sociales la fotografía de una réplica de arma acompañada de un mensaje intimidante. Otros tres menores no imputables, todos menores de 16 años, prestaron declaración informativa, y un adolescente de 15 años fue notificado por portar un objeto similar en su escuela. Vale destacar que la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, aún no está en vigencia (su artículo 52 establece un período de implementación de 180 días desde su promulgación), por lo que los menores de 16 años continúan siendo inimputables.

Un fenómeno que se expande por el país

La ola de amenazas no se circunscribe a Mendoza. Como informó este medio en su cobertura del 18 de abril, el fenómeno se extendió a al menos cinco provincias en el marco de lo que las autoridades educativas sospechan que comenzó como un reto viral en plataformas digitales.

En Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil acumula ocho adolescentes imputados por «amenaza agravada por anonimato» e investiga más de 100 episodios en la capital provincial, con actuaciones adicionales en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.

En Santa Fe, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un adolescente de 16 años en el departamento Rosario tras una serie de amenazas, con allanamiento y secuestro de elementos incluidos.

En Santiago del Estero, una pintada en la Escuela Normal Manuel Belgrano amenazó: «20/04 tiroteo, nadie se salva. Van a morir todos».

En Buenos Aires, un adolescente de 16 años fue identificado en San Miguel tras publicar en redes un mensaje donde anunciaba una «masacre» en su colegio.

Ante la proliferación de casos, la secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, fue tajante: realizar este tipo de amenazas «no es una broma, es un delito de intimidación que tiene consecuencias», según declaró a medios provinciales.

El Estado ausente, otra vez

Lo que estos hechos vuelven a exponer es la ausencia de una respuesta estructural del Estado nacional ante una crisis que desbordó a las jurisdicciones provinciales. El gobierno de Javier Milei no articuló hasta el momento ninguna política educativa de emergencia frente a la proliferación de amenazas que mantiene en vilo a miles de familias. La respuesta se limitó a reuniones interministeriales y declaraciones aisladas, mientras los fiscales provinciales debían procesar una avalancha de denuncias sin recursos adicionales.

La imputación y detención de una madre que mandó a su hijo al colegio con un arma de réplica por miedo a que le pasara algo es, también, el síntoma de un sistema educativo y de contención social que no está dando respuestas. El pánico que la llevó a tomar esa decisión equivocada fue, en parte, el mismo pánico que el Estado no supo desactivar.

Puntos clave:

  • La madre de un adolescente de 17 años fue detenida preventivamente y trasladada a la Penitenciaría Provincial de Mendoza por orden del fiscal Juan Manuel Sánchez
  • La imputación se encuadra en el artículo 211 del Código Penal (intimidación pública) agravado por participación de menor (artículo 41 quater), con una escala penal de tres a ocho años
  • La mujer había recomendado a su hijo llevar una réplica de arma al colegio «para amedrentar a los compañeros» en el contexto de la ola de amenazas de tiroteos
  • El Ministerio Público Fiscal de Mendoza registró más de 50 denuncias por amenazas escolares entre el miércoles y el viernes de la semana pasada
  • El fenómeno se extendió a Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Buenos Aires, con imputados y detenidos en múltiples jurisdicciones

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