⬛ El gobierno argentino presentó una solicitud formal ante la jueza estadounidense Loretta Preska para que extienda hasta el 21 de noviembre el plazo de entrega de información sobre chats y comunicaciones electrónicas de funcionarios estatales. El pedido se enmarca en la causa judicial que busca establecer si el Estado argentino y la petrolera YPF constituyen una misma entidad, en el contexto de una sentencia por US$ 16.000 millones.

«La audiencia ya se había corrido para el 4 de noviembre. Lo que nosotros hicimos fue presentar una solicitud para que se extienda ese deadline hasta el 21 de noviembre, que puede suceder o no», señalaron fuentes oficiales consultadas por este medio.

Un proceso de «discovery» con 35 funcionarios involucrados

La orden de Preska responde a un pedido del fondo de inversión Burford Capital, beneficiario del fallo judicial, y forma parte del proceso de obtención de pruebas conocido como «discovery». El objetivo legal es demostrar que YPF y el Estado argentino operan como «alter ego», es decir, como una misma entidad bajo control directo del gobierno nacional.

Desde el Ejecutivo aclararon que su posición es «cooperar en obtener el consentimiento de estos 35 funcionarios y exfuncionarios en la entrega de comunicaciones». El listado incluye a integrantes actuales y anteriores de distintas áreas del Estado con posible injerencia en la gestión de la petrolera estatal.

Las consecuencias del «alter ego»

La sentencia original condenó a la República Argentina a pagar más de US$ 16.000 millones a Burford Capital, pero eximió explícitamente a YPF de responsabilidad en el fallo. Sin embargo, si la jueza Preska determina que existe una relación de «alter ego» entre el Estado y la empresa, los demandantes podrían habilitar el embargo de activos de YPF para asegurar el cobro de la condena.

Además, la doctrina del «alter ego» abriría la puerta al embargo de bienes de otras empresas públicas, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas o ENARSA, poniendo en riesgo activos estratégicos del país.

La búsqueda de «canales no oficiales»

La orden judicial apunta específicamente a mensajes en plataformas como WhatsApp y otras herramientas de comunicación electrónica. Según el planteo de Burford Capital, estos registros podrían demostrar que funcionarios del gobierno utilizaron canales no oficiales para emitir directivas, interferir en la fijación de precios de combustibles o controlar decisiones estratégicas de YPF, actuando en beneficio del Estado y no como corresponde a una sociedad anónima independiente.

La estrategia legal de los demandantes se enfoca en probar que, más allá de la estructura formal de YPF como empresa, en la práctica operaba bajo control directo del gobierno, sin autonomía de gestión.

Puntos clave:

• Argentina solicitó extender hasta el 21 de noviembre el plazo para entregar comunicaciones de 35 funcionarios y exfuncionarios.

• El proceso busca determinar si YPF y el Estado argentino son «alter ego», lo que habilitaría embargos sobre activos de la petrolera.

• La sentencia original condenó a la República a pagar US$ 16.000 millones, pero eximió a YPF de responsabilidad.

• Si se prueba el «alter ego», también podrían embargarse bienes de otras empresas públicas como el BCRA, Aerolíneas Argentinas o ENARSA.

• La jueza Preska busca mensajes de WhatsApp y otras plataformas que demuestren control estatal directo sobre YPF.