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Prórroga clave en la causa YPF: el gobierno busca ganar tiempo ante la jueza Preska

El gobierno solicitó extender hasta el 21 de noviembre el vencimiento para aportar comunicaciones electrónicas en la causa que busca vincular al Estado con YPF. La decisión de la magistrada estadounidense aún está pendiente.

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El Argentino Diario-La jueza Loretta Preska, magistrada de Nueva York.

⬛ El gobierno argentino presentó una solicitud formal ante la jueza estadounidense Loretta Preska para que extienda hasta el 21 de noviembre el plazo de entrega de información sobre chats y comunicaciones electrónicas de funcionarios estatales. El pedido se enmarca en la causa judicial que busca establecer si el Estado argentino y la petrolera YPF constituyen una misma entidad, en el contexto de una sentencia por US$ 16.000 millones.

«La audiencia ya se había corrido para el 4 de noviembre. Lo que nosotros hicimos fue presentar una solicitud para que se extienda ese deadline hasta el 21 de noviembre, que puede suceder o no», señalaron fuentes oficiales consultadas por este medio.

Un proceso de «discovery» con 35 funcionarios involucrados

La orden de Preska responde a un pedido del fondo de inversión Burford Capital, beneficiario del fallo judicial, y forma parte del proceso de obtención de pruebas conocido como «discovery». El objetivo legal es demostrar que YPF y el Estado argentino operan como «alter ego», es decir, como una misma entidad bajo control directo del gobierno nacional.

Desde el Ejecutivo aclararon que su posición es «cooperar en obtener el consentimiento de estos 35 funcionarios y exfuncionarios en la entrega de comunicaciones». El listado incluye a integrantes actuales y anteriores de distintas áreas del Estado con posible injerencia en la gestión de la petrolera estatal.

Las consecuencias del «alter ego»

La sentencia original condenó a la República Argentina a pagar más de US$ 16.000 millones a Burford Capital, pero eximió explícitamente a YPF de responsabilidad en el fallo. Sin embargo, si la jueza Preska determina que existe una relación de «alter ego» entre el Estado y la empresa, los demandantes podrían habilitar el embargo de activos de YPF para asegurar el cobro de la condena.

Además, la doctrina del «alter ego» abriría la puerta al embargo de bienes de otras empresas públicas, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas o ENARSA, poniendo en riesgo activos estratégicos del país.

La búsqueda de «canales no oficiales»

La orden judicial apunta específicamente a mensajes en plataformas como WhatsApp y otras herramientas de comunicación electrónica. Según el planteo de Burford Capital, estos registros podrían demostrar que funcionarios del gobierno utilizaron canales no oficiales para emitir directivas, interferir en la fijación de precios de combustibles o controlar decisiones estratégicas de YPF, actuando en beneficio del Estado y no como corresponde a una sociedad anónima independiente.

La estrategia legal de los demandantes se enfoca en probar que, más allá de la estructura formal de YPF como empresa, en la práctica operaba bajo control directo del gobierno, sin autonomía de gestión.

Puntos clave:

• Argentina solicitó extender hasta el 21 de noviembre el plazo para entregar comunicaciones de 35 funcionarios y exfuncionarios.

• El proceso busca determinar si YPF y el Estado argentino son «alter ego», lo que habilitaría embargos sobre activos de la petrolera.

• La sentencia original condenó a la República a pagar US$ 16.000 millones, pero eximió a YPF de responsabilidad.

• Si se prueba el «alter ego», también podrían embargarse bienes de otras empresas públicas como el BCRA, Aerolíneas Argentinas o ENARSA.

• La jueza Preska busca mensajes de WhatsApp y otras plataformas que demuestren control estatal directo sobre YPF.

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Mendoza: detienen a la madre que mandó a su hijo al colegio con una réplica de arma

La mujer, que ya había sido imputada sin arresto el viernes 17 de abril por instigación a la intimidación pública, vio agravada su situación procesal tras un nuevo pedido fiscal que amplió el encuadre legal al artículo 211 del Código Penal.

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Mendoza: detienen a la madre que mandó a su hijo al colegio con una réplica de arma

★ La Justicia de Mendoza ordenó la detención preventiva de la madre de un adolescente de 17 años que ingresó a una escuela del Gran Mendoza con una réplica de arma de fuego. La mujer, que ya había sido imputada sin arresto el viernes 17 de abril por instigación a la intimidación pública, vio agravada su situación procesal tras un nuevo pedido fiscal que amplió el encuadre legal al artículo 211 del Código Penal, agravado por la participación de un menor según el artículo 41 quater del mismo cuerpo normativo. La pena prevista oscila entre tres y ocho años de prisión.

El argumento que la llevó presa

Según el escrito del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la mujer reconoció haberle recomendado a su hijo que llevara la réplica «para amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco», de acuerdo a fuentes judiciales. El fiscal a cargo de la investigación, Juan Manuel Sánchez, ordenó la detención preventiva y el traslado de la imputada a la Penitenciaría Provincial.

El escrito fiscal subrayó que al momento del hecho «ya era de público y notorio conocimiento, no solo en las comunidades educativas sino también en la sociedad en general, el temor y el alerta que se venía generando», en referencia a la ola de amenazas de tiroteos que sacude al sistema educativo argentino desde el crimen de Ian Cabrera en la Escuela Nº40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el 30 de marzo de 2026, caso que este medio cubrió desde su inicio.

Para los fiscales, la condición de progenitora agrava la responsabilidad: instó directamente a un menor bajo su cuidado a cometer un hecho intimidatorio en el marco de un contexto de pánico social que ella misma contribuyó a alimentar. Ese razonamiento fue determinante para elevar la calificación del delito y fundamentar el encierro preventivo.

50 denuncias en días en Mendoza

El caso de esta madre y su hijo no es un hecho aislado dentro de la provincia. El Ministerio Público Fiscal de Mendoza informó que, entre el miércoles 16 y el viernes 18 de abril, se recepcionaron más de 50 denuncias vinculadas a amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educativos mendocinos. Las intimidaciones se manifestaron a través de carteles pegados en los baños, inscripciones sobre las paredes y publicaciones en redes sociales que anunciaban fechas específicas para supuestos ataques.

El mismo viernes en que se ordenó la detención de la madre, el fiscal de la Fiscalía Penal Juvenil, Gustavo Farmache, ya había imputado a un adolescente de 16 años por publicar en redes sociales la fotografía de una réplica de arma acompañada de un mensaje intimidante. Otros tres menores no imputables, todos menores de 16 años, prestaron declaración informativa, y un adolescente de 15 años fue notificado por portar un objeto similar en su escuela. Vale destacar que la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, aún no está en vigencia (su artículo 52 establece un período de implementación de 180 días desde su promulgación), por lo que los menores de 16 años continúan siendo inimputables.

Un fenómeno que se expande por el país

La ola de amenazas no se circunscribe a Mendoza. Como informó este medio en su cobertura del 18 de abril, el fenómeno se extendió a al menos cinco provincias en el marco de lo que las autoridades educativas sospechan que comenzó como un reto viral en plataformas digitales.

En Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil acumula ocho adolescentes imputados por «amenaza agravada por anonimato» e investiga más de 100 episodios en la capital provincial, con actuaciones adicionales en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.

En Santa Fe, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un adolescente de 16 años en el departamento Rosario tras una serie de amenazas, con allanamiento y secuestro de elementos incluidos.

En Santiago del Estero, una pintada en la Escuela Normal Manuel Belgrano amenazó: «20/04 tiroteo, nadie se salva. Van a morir todos».

En Buenos Aires, un adolescente de 16 años fue identificado en San Miguel tras publicar en redes un mensaje donde anunciaba una «masacre» en su colegio.

Ante la proliferación de casos, la secretaria de Gestión Institucional de Santa Fe, Virginia Coudannes, fue tajante: realizar este tipo de amenazas «no es una broma, es un delito de intimidación que tiene consecuencias», según declaró a medios provinciales.

El Estado ausente, otra vez

Lo que estos hechos vuelven a exponer es la ausencia de una respuesta estructural del Estado nacional ante una crisis que desbordó a las jurisdicciones provinciales. El gobierno de Javier Milei no articuló hasta el momento ninguna política educativa de emergencia frente a la proliferación de amenazas que mantiene en vilo a miles de familias. La respuesta se limitó a reuniones interministeriales y declaraciones aisladas, mientras los fiscales provinciales debían procesar una avalancha de denuncias sin recursos adicionales.

La imputación y detención de una madre que mandó a su hijo al colegio con un arma de réplica por miedo a que le pasara algo es, también, el síntoma de un sistema educativo y de contención social que no está dando respuestas. El pánico que la llevó a tomar esa decisión equivocada fue, en parte, el mismo pánico que el Estado no supo desactivar.

Puntos clave:

  • La madre de un adolescente de 17 años fue detenida preventivamente y trasladada a la Penitenciaría Provincial de Mendoza por orden del fiscal Juan Manuel Sánchez
  • La imputación se encuadra en el artículo 211 del Código Penal (intimidación pública) agravado por participación de menor (artículo 41 quater), con una escala penal de tres a ocho años
  • La mujer había recomendado a su hijo llevar una réplica de arma al colegio «para amedrentar a los compañeros» en el contexto de la ola de amenazas de tiroteos
  • El Ministerio Público Fiscal de Mendoza registró más de 50 denuncias por amenazas escolares entre el miércoles y el viernes de la semana pasada
  • El fenómeno se extendió a Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Buenos Aires, con imputados y detenidos en múltiples jurisdicciones

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