Judiciales ⚖️
Caso García Belsunce: las claves de la fiscalía y la defensa para los alegatos
Momento decisivo en el juicio que se le sigue a Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta, cometido hace 20 años en el country Carmel de Pilar, cuando arranquen los alegatos el próximo lunes en los tribunales de San isidro.
Por Emmanuel Dalbessio
Los alegatos en el juicio que se le sigue a Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce, cometido hace 20 años en Pilar, se llevarán a cabo desde el próximo lunes en los tribunales de San isidro, donde la fiscalía argumentará que cometió el homicidio luego de que la socióloga lo acusara de robarle a su perro y que lo intentara echar del Carmel, mientras que la defensa buscará comprobar que no existió una denuncia contra el imputado por la sustracción de la mascota y que él nunca estuvo armado.
Los siguientes son los elementos que el Ministerio Público Fiscal, integrado por los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González; y la defensa de Pachelo, integrada por su histórico abogado Roberto Ribas, junto a Marcelo Rodríguez Jordán y Raquel Pérez Iglesias, sustentarán sus alegatos:
QUE HIZO PACHELO AQUEL 27 DE OCTUBRE DE 2002
Pachelo siempre consideró que el 27 de octubre del 2002 fue un domingo normal. En una de sus últimas declaraciones ante los jueces del tribunal, declaró que ese domingo se levantó, desayunó, se fue a jugar al fútbol y por la tarde fue a buscar a su hijo a la casa de un vecino. Regresó a Carmel 17.37, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad. Según él, se bañó y salió a buscar el auto de su mujer, que lo había dejado estacionado en el Club House.
Para la fiscalía Pachelo no fue nunca a buscar el auto de su mujer, sino que salió de su casa para cometer el robo en la vivienda de García Belsunce.
La clave de la imputación fiscal fue la nueva hora del asesinato de María Marta fijada por un forense alrededor de las 18.30. Ese 27 de octubre se ubicó a Pachelo en Carmel entre las 17.37 y las 18.59, es decir que se retiró 29 minutos después de cometido el homicidio.
PERRO «TOM»
Tal como expresó el fiscal Ferrari durante la primera jornada del debate oral, en los lineamientos para explicar las razones por las cuales se le adjudica a Pachelo el crimen de María Marta, la desaparición del perro labrador negro llamado «Tom» fue uno de los ejes centrales del juicio.
Para la parte acusadora, Pachelo le robó el perro a María Marta, «que era como un hijo para el matrimonio Carrascosa-García Belsunce», según explicó Ferrari.
Esto fue señalado también por varios familiares de la víctima, vecinos del Carmel y hasta por una empleada que dijo que la mucama de Pachelo le había dicho que lo tenía encerrado en su casa.
Para contrarrestar estos testimonios, la defensa presentó una serie de diskettes que contenían tres documentos en los que presuntamente María Marta describía cronológicamente los hechos ligados a la desaparición de Tom y en los cuales no mencionó a Pachelo como su principal sospechoso.
MODUS OPERANDI
Durante el debate también se juzgó una serie de robos que Pachelo cometió entre 2017 y 2018 en distintos countries del conurbano bonaerense, en donde asaltaba viviendas en las cuales previamente había hecho inteligencia para corroborar que sus moradores no estén presentes.
Según la acusación, Pachelo ingresaba a las viviendas generalmente los domingos entre las 18 y 19, cuando se producía el cambio de guardia de los empleados de seguridad privada del country y en el horario que las casas quedaban vacías, ya que sus propietarios regresaban, en su mayoría, a la Ciudad de Buenos Aires, luego de pasar el fin de semana.
Para la fiscalía, Pachelo ingresó a lo de María Marta con el propósito de robarle y dentro de la propiedad fue sorprendido por la socióloga, quien lo reconoció, se trenzaron en lucha y terminó matándola de seis disparos.
La defensa de Pachelo indicó que ninguno de esos robos fue bajo una modalidad violenta y que en ninguno ingresó con un arma de fuego.
REVÓLVER CALIBRE .32 LARGO
El arma con la que fue asesinada María Marta jamás fue encontrada. Por eso, uno de los ejes del presente juicio para la fiscalía fue demostrar que Pachelo manipuló un revólver .32 largo, mismo calibre con el que fue cometido el crimen.
Para ello, los fiscales exhibieron un video grabado con una cámara oculta en 2003 en el que un empleado de la tosquera de la familia Pachelo menciona que había acompañado a Nicolás «a comprar balas calibre .32 largo» a dos locales en Pilar días antes del crimen y que, luego, le había prometido que le iba a dejar el arma para que la tenga por seguridad en la tosquera.
La fiscalía también aportó audios en los que Pachelo mencionaba tener «un fusil» en su vivienda de Pilar con el que «le tirás a un árbol y lo partís».
La defensa tiene a su favor que jamás se encontró el arma utilizada en el crimen de María Marta y no se comprobó durante todo el debate que Pachelo hubiese tenido un revólver calibre .32 largo.
LOS TRES ADOLESCENTES QUE VIERON PASAR A PACHELO Y A MARÍA MARTA
Santiago Asorey, Marcos Cristiani y Pedro Aspiroz Achaval eran tres adolescentes que vieron pasar trotando a Nicolás Pachelo aquella tarde lluviosa de octubre detrás de María Marta, yendo en la misma dirección, quien regresaba a su casa en bicicleta.
Al declarar como testigo en este nuevo juicio, Aspiroz Achaval, la última persona que vio con vida a la socióloga, aseguró que «primero dobló Pachelo y luego María Marta» y que él no siguió ese camino «porque le tenía miedo» al acusado.
La defensa de Pachelo sostuvo que este testimonio no es claro ya que los tres adolescentes no coinciden en recordar cómo lo vieron a Pachelo vestido y que, en base a los lugares dónde señaló haberlos cruzado, no vinculan con el que haya ingresado a la vivienda.
EL DÍA DESPUÉS
Los testimonios más fuertes que hubo en el juicio fueron los de dos mozos, Walter Mantovani y Miguel Ángel Monzón, quienes trabajaban en una estación de servicio de Pilar y señalaron que el lunes posterior al crimen, entre las 6 y 7 de la mañana, Pachelo se acercó y les preguntó «si escucharon algo sobre la mujer que mataron ayer en Carmel».
Para contrarrestar estos testimonios, Pachelo añadió por escrito la declaración de su exempleada (fallecida hace unos meses), en la que señaló que siempre se levantaba «entre las 9 y 9.30», además de unos registros de antenas de telefonía celular que indicaron que la primera vez que activó el teléfono aquel 28 de octubre fue minutos antes de las 8 de la mañana en su casa de Carmel.
Además, los testimonios de empleados de la empresa de seguridad privada Cazadores, encargada en Carmel, aseguraron que durante esa madrugada no lo vieron salir del barrio privado.
LAS LLAMADAS A INMOBILIARIAS
Los fiscales introdujeron un listado de llamados que Pachelo recibió y realizó los días siguientes al hecho, demostrando que triplicó su actividad con relación a la semana previa al crimen y que la mayoría de esas llamadas eran a inmobiliarias, evidenciando que «quería irse» del Carmel tras el crimen.
La defensa mostró que Pachelo ya venía hablando con distintos agentes inmobiliarios para vender su casa porque quería irse a vivir a la Capital Federal cerca de su madre, Silvia Ryan, ya que, según las palabras del propio imputado, «era padre, tenía tres hijos y toda mi vida en Capital».
LOS VIGILADORES Y «ROMEO Y JULIETA»
El testimonio del vigilador Carlos Villalba, un hombre encargado de seguir de cerca los movimientos de Pachelo y su esposa Inés Dávalos Cornejo, fue una de las sorpresas del juicio. El hombre le dijo a los jueces que al matrimonio le habían puesto en clave los apodos de «Romero y Julieta» para comunicar sus movimientos y que Pachelo, al conocer esa orden, se escondía y salía por otras casas para despistarlos.
Villalba, quien a pesar de ser vigilador sufría una disminución visual y dijo que solo «veía bultos», afirmó que el día del crimen no estuvo asignado al seguimiento de «Romeo y Julieta» y agregó que ese domingo ninguno de los vigiladores dijo haber visto a Pachelo en toda la jornada.
Este punto es importante para la defensa porque, según dicen, indicaría que Pachelo entonces no ingresó a la casa de María Marta para asesinarla.
Educación
Milei lleva la Ley de Financiamiento Universitario a la Corte para intentar frenarla
Luego de acumular dos derrotas judiciales consecutivas, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal para intentar que el máximo tribunal suspenda la norma. Si el tribunal rechaza el pedido, el Gobierno tiene previsto recurrir en queja directamente ante la Corte Suprema.
El Gobierno busca llegar a la Corte para suspender la Ley de Financiamiento Universitario
El gobierno de Javier Milei presentó un recurso extraordinario federal ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que el expediente sea elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795), según confirmaron fuentes oficiales.
La maniobra llega luego de dos fallos adversos consecutivos: en primera instancia, el juez federal Enrique Cormick declaró que el Decreto 759/2025, con el cual el Ejecutivo había suspendido la ejecución de la norma, tenía rasgos de «arbitrariedad e ilegalidad manifiesta»; y el 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, integrada por los magistrados Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó la medida cautelar y rechazó la apelación del Gobierno al calificar sus argumentos de «poco serios».
Si la Cámara Federal acepta el recurso extraordinario, el expediente pasará a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. En caso contrario, el oficialismo no descarta presentar un recurso en queja directamente ante el máximo tribunal para forzar su intervención.
La historia de una ley vetada, insistida y aun incumplida
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto de 2025 y vetada de manera total por el presidente Milei el 11 de septiembre. Sin embargo, el Senado y la Cámara de Diputados insistieron en su sanción, dejando sin efecto el veto con los dos tercios requeridos constitucionalmente. En el último día del plazo legal, en octubre de 2025, el Ejecutivo se vio obligado a promulgarla; pero en lugar de aplicarla, dictó el Decreto 759/2025, que subordinó su implementación a la previa definición de fuentes presupuestarias específicas, apoyándose en la Ley de Administración Financiera 24.629.
La norma obliga al Gobierno a actualizar retroactivamente los sueldos de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023, según la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor), y a recomponer los programas de becas estudiantiles. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios docentes crecieron un 158% mientras la inflación acumulada alcanzó el 280%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo del 32%, equivalente a la pérdida de más de siete salarios mensuales.
El argumento fiscal versus el mandato constitucional
La estrategia del oficialismo se asienta en un único argumento: la aplicación de la ley pondría en riesgo el equilibrio fiscal, que el Gobierno presenta como su principal logro de gestión. Estiman que el costo de cumplir la norma asciende a 2,5 billones de pesos, en línea con lo que el sindicato docente de la UBA calculó en 2,734 billones.
Sin embargo, la Justicia ya rechazó ese razonamiento en dos instancias. La Cámara subrayó que el impacto fiscal de la medida ronda apenas el 0,23% del PBI, que la ley fue ratificada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional obliga al Ejecutivo a ejecutar la norma sin margen para suspenderla mediante un decreto. El tribunal también estableció un principio clave: una ley posterior aprobada por el Congreso puede desplazar válidamente a una anterior, lo que derrumba el escudo jurídico del Decreto 759/2025.
En este contexto, la estrategia de recurrir a la Corte por vía del recurso extraordinario es la última carta disponible. Según fuentes del ámbito constitucional citadas por La Nación, es poco probable que el tribunal acceda a conceder el recurso, ya que uno de los requisitos es que exista una sentencia definitiva o equiparable, condición que una medida cautelar no cumple. Los propios especialistas advirtieron que la Corte tiene antecedentes de no expedirse sobre cautelares por no constituir sentencias definitivas.
Una táctica judicial que se vuelve patrón
El recurso por el financiamiento universitario no es un hecho aislado en la estrategia judicial del Ejecutivo libertario. Como informó este medio el 17 de abril de 2026, el mismo día en que se conoció esta presentación, el Gobierno acudió a la Corte Suprema a través de un per saltum para intentar destrabar la Ley de Reforma Laboral (Nº 27.802), cuya aplicación también fue frenada judicialmente luego de una demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT). En ambos casos, el patrón es idéntico: el Ejecutivo aprueba o aplica normas que generan rechazo judicial o social, y cuando la Justicia ordena su suspensión o su cumplimiento, escala el conflicto hacia la Corte en lugar de acatar los fallos de las instancias inferiores.
La diferencia es que en el caso universitario el Gobierno no quiere que se aplique una ley que le ordenan cumplir; en el laboral, quiere que se aplique una ley que le ordenaron suspender. En los dos escenarios, el Ejecutivo convierte a la Corte Suprema en la arena donde dilata el cumplimiento del ordenamiento jurídico.
Puntos clave
- El Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal para intentar que la Corte Suprema suspenda la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795).
- Dos fallos judiciales consecutivos ya ordenaron al Ejecutivo cumplir la norma; la Cámara calificó los argumentos del Estado de «poco serios».
- La ley fue aprobada por el Congreso, vetada por Milei, insistida con dos tercios y promulgada en octubre de 2025; pero nunca fue aplicada.
- El Gobierno estima el costo de cumplimiento en 2,5 billones de pesos; la Justicia lo redujo a un impacto del 0,23% del PBI.
- Si la Cámara rechaza el recurso extraordinario, el oficialismo prevé ir en queja ante la Corte Suprema para forzar su intervención.
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