La Libertad Avanza quiere que un municipio bonaerense no pueda cobrar una tasa si no presta un servicio concreto, y que los funcionarios que autoricen cobros irregulares puedan ser sancionados. La iniciativa llega a la Legislatura con el aval de un fallo de la Corte Suprema que el Gobierno nacional celebró, en medio de una disputa abierta con los intendentes por la recaudación local.

A fines de septiembre, el bloque libertario presentó dos proyectos para modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades: uno del diputado provincial Pablo Morillo, que representa a la Segunda Sección electoral, y otro del senador Carlos Curestis, presidente del bloque de LLA en el Senado bonaerense. La estrategia en el territorio es coordinada por Sebastián Pareja, presidente del partido en la provincia de Buenos Aires.

Qué proponen los proyectos

Los textos plantean que cada tasa tenga como fundamento un servicio efectivo, directo e individualizado, con una relación razonable entre su costo y el monto que se cobra a los vecinos. Toda ordenanza que cree o modifique una tasa debería incluir una memoria técnica de costos aprobada por el Concejo Deliberante, y si el servicio no se presta efectivamente, el tributo sería inexigible.

El proyecto de Morillo incorpora además un artículo 226 bis, que faculta al Tribunal de Cuentas a controlar esos requisitos y a sancionar a los funcionarios que autoricen tributos irregulares. También obliga a cada municipio a publicar en su sitio web, de manera gratuita y accesible, el detalle de las tasas, sus fundamentos y los parámetros de cálculo.

Morillo afirmó que “se le está metiendo la mano en el bolsillo de la gente”. Como ejemplos, mencionó el cobro de alumbrado, barrido y limpieza en barrios privados donde, según dijo, el servicio no se presta, y una tasa que, según planteó, se paga al cargar combustible en algunas localidades sin motivo alguno. Aclaró que no busca desfinanciar a los municipios sino evitar litigios futuros cuyas pérdidas, advirtió, terminarían pagando los vecinos, y reclamó administraciones responsables que no gasten en pauta y shows. Agregó que, sin tantas tasas, habría más consumo y producción, una hipótesis para la que no trascendieron estimaciones.

El fallo en el que se apoyan

El respaldo es la sentencia que la Corte Suprema dictó el 10 de septiembre en la causa “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Municipalidad de Córdoba”. Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal revocó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que había avalado el cobro de una contribución municipal al banco, y determinó que una tasa solo puede exigirse cuando existe una prestación municipal concreta, efectiva e individualizada, a la que el fallo calificó de “clave de bóveda” del sistema de distribución de competencias tributarias. También rechazó el criterio que obligaba al contribuyente a probar que no recibió el servicio.

La Corte no prohibió las tasas municipales: elevó la exigencia sobre los municipios, que deben definir con precisión los servicios que las justifican y acreditar que los prestan. El conflicto se originó en 2008, cuando la Municipalidad de Córdoba determinó una deuda del banco por una contribución sobre la actividad comercial, industrial y de servicios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la sentencia con un “Excelente fallo”. El criterio, además, ya había alcanzado a la provincia de Buenos Aires: en otro fallo reciente, la Corte dejó sin efecto una sentencia de la Suprema Corte bonaerense que había convalidado el cobro de una tasa del municipio de Pergamino.

Una pelea que viene de antes

El proyecto se inscribe en un conflicto que el Gobierno de Javier Milei sostiene con los municipios por sus ingresos propios. En noviembre de 2024 imputó a 95 empresas por incluir tasas municipales en sus facturas, y en febrero de 2026 la Jefatura de Gabinete habilitó un sitio para reportar tributos locales, lo que provocó un fuerte cruce con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que denunció un ataque al federalismo. La Justicia, sin embargo, no siempre le dio la razón a Nación: en agosto de 2025, el juez federal de Campana Adrián González Charvay dictó una cautelar que habilitó a Escobar a seguir cobrando la tasa de alumbrado en las facturas de Edenor.

En ese marco, LLA informó que durante el primer semestre presentó 123 pedidos de baja de tasas en concejos deliberantes, de los cuales 114 siguen en comisión, y que en casi el 10% de los municipios involucrados logró eliminar tributos que considera abusivos, según datos difundidos por el propio espacio. La ofensiva comenzó en marzo, con proyectos presentados en forma simultánea en 116 distritos. Pareja sostuvo que en la gran mayoría de los municipios las tasas no tienen contraprestación y terminan siendo “cajas encubiertas de la casta política”.

Lo que el proyecto no responde

El reclamo de transparencia sobre qué servicio financia cada tasa tiene sustento, y la propia Corte lo respalda; la pregunta abierta es con qué se pagarían los servicios que sí se prestan si la recaudación cae. Hasta ahora no trascendió una estimación del impacto fiscal que tendría la medida sobre las cuentas municipales, y el debate se da en un contexto de fuerte recorte de fondos nacionales: según un documento del Foro Economía y Trabajo, un espacio de economistas vinculados al movimiento sindical, las transferencias de Nación a las provincias cayeron 66% en términos reales desde 2023.

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Lo que tenés que saber:

• LLA presentó a fines de septiembre dos proyectos en la Legislatura bonaerense, de Pablo Morillo y Carlos Curestis, para exigir una contraprestación efectiva por cada tasa municipal.
• Los textos exigen una memoria técnica de costos aprobada por el Concejo Deliberante, y el de Morillo suma sanciones del Tribunal de Cuentas a funcionarios.
• La Corte Suprema determinó el 10 de septiembre que una tasa solo puede exigirse con una prestación concreta, efectiva e individualizada, pero no prohibió las tasas.
• El criterio de la Corte ya alcanzó a Pergamino, en la provincia de Buenos Aires.
• Según datos del propio espacio, LLA presentó 123 pedidos de baja de tasas en concejos deliberantes durante el primer semestre.