La Iglesia salió del Ministerio de Salud con una mesa de trabajo bajo el brazo, pero sin las respuestas que esperan las familias y las instituciones que sostienen a las personas con discapacidad. “Una respuesta concreta en una reunión de una hora es muy difícil”, reconoció ante la prensa María Baya Casal, y fue más allá: “Es un gesto, pero los gestos solos no alcanzan. Los gestos se traducen en realidades”.

La reunión había sido convocada por invitación del Gobierno nacional, según informó el Episcopado antes del encuentro. Baya Casal coordina la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y formó parte de la delegación que se reunió este lunes en la cartera que conduce Mario Lugones, junto con el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti, y el padre Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione. Del lado oficial estuvieron Roberto Olivieri Pinto, titular de la Unidad Gabinete de Asesores (el jefe de Gabinete de la cartera); Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa, y Roberto Moro, secretario de la SEDRONAR.

Un reclamo con fecha de vencimiento

La delegación llevó un documento con sus inquietudes y propuestas. Según ese texto, al que accedió el canal de noticias TN, la Iglesia pidió prorrogar la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad hasta que se sancione y reglamente una nueva norma, porque la emergencia vence a fin de año y existe “un serio riesgo” de que el sistema quede sin marco legal mientras ya se planifican las prestaciones de 2027.

El planteo cae en medio de la pelea en Diputados: el oficialismo consiguió un dictamen de mayoría, con 42 firmas, para reemplazar la emergencia por un esquema permanente, mientras que la oposición reunió 36 firmas para prorrogarla. La Iglesia reconoce mejoras en el proyecto oficial, pero rechaza que una ley permanente “se apruebe a costa de cerrar anticipadamente la emergencia o de reducir derechos adquiridos”.

El documento también enumera deudas de la ley vigente. Reclama la compensación por el período que va de diciembre de 2023 a diciembre de 2024, una actualización del 30,67% que debía convertirse en la base de los aranceles desde el 1° de enero de 2025 y que no se trasladó al sistema, por lo que las prestaciones siguen atrasadas frente a los costos reales. Suma el estudio de costos que prevé la norma, las medidas para que ARCA condone intereses y multas a los prestadores y cuestiona una resolución que dejó afuera de la compensación a algunas obras sociales sindicales, prepagas y obras sociales no sindicales.

En pensiones, el panorama es todavía más crudo: más de 200.000 trámites pendientes frente a menos de 10.000 pensiones otorgadas en los últimos tres años, según el texto eclesiástico. “Los tiempos administrativos no son neutros”, advirtió el Episcopado, que además pidió revisar los artículos 36 a 41 del Presupuesto 2027 porque “podrían afectar de manera sustancial el sistema de derechos” de las personas con discapacidad.

“Un desamparo ético intolerable”

El reclamo no es nuevo. El 25 de septiembre, el Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social difundió el documento “La fragilidad que nos humaniza”, en el que apuntó directamente contra el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que propone derogar normas centrales de la emergencia.

“Advertimos que pretender eliminar la cobertura médica obligatoria, fragmentar los aranceles únicos que universalizan el sistema o restringir el acceso a pensiones no constituye un simple ajuste fiscal, sino un desamparo ético intolerable”, sostuvo ese texto. Y agregó: “Evaluar la discapacidad únicamente desde una métrica financiera es una práctica de deshumanización que degrada la dignidad de la vida”.

Al ser consultada sobre a quién le corresponde dar la respuesta, Baya Casal marcó la cancha: “La Iglesia acompaña a las personas con discapacidad porque eso es la Iglesia. Nosotros no estamos para dar soluciones políticas, sí tenemos una mirada sobre la situación que la emitimos en un documento que sacamos la semana pasada”.

Qué salió de la reunión

Según la coordinadora, “la primera conclusión es que se abrió un espacio de diálogo entre la Conferencia Episcopal, el área de discapacidad, que representamos a las familias y a las organizaciones y el Ministerio de Salud”. Contó que llevaron un escrito con sus inquietudes y que “se plantearon posibles soluciones, se abrieron caminos para rectificar algunos actos”, y adelantó que habrá una nueva reunión, a la que la Iglesia pidió sumar más referentes. “Es un camino que recién empieza”, resumió.

El comunicado posterior del área de discapacidad de la Pastoral Social describió un “clima de diálogo respetuoso y constructivo” e informó que “se conformó una mesa de trabajo que permitirá dar continuidad al intercambio y avanzar progresivamente en la búsqueda de respuestas y soluciones a las distintas problemáticas que atraviesa el sector, especialmente en aquellos temas que correspondan al ámbito de competencia del Ministerio de Salud”. La letra chica deja una pregunta abierta: qué pasa con los reclamos que exceden a esa cartera, mientras el Presupuesto avanza en el Congreso.

Una relación agrietada, a un mes de León XIV

La reunión llegó en la previa de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, que incluye una parada en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, uno de los principales centros de atención de personas con discapacidad que sostiene la Iglesia. En el documento de septiembre, la Pastoral Social definió esa elección como “un gesto de profundo contenido simbólico”.

El vínculo entre la Casa Rosada y la Iglesia viene áspero. El domingo, en la homilía en la basílica de Luján, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, le pidió a la Virgen “curar los vínculos entre nosotros” porque “las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal ya supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo argentino”. Desde el oficialismo, la respuesta llegó por X: el asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez escribió “Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”, y el ministro Luis Caputo compartió el posteo.

Para miles de familias que dependen de terapias, traslados y prestadores al día, la discusión no es simbólica: la emergencia se termina el 31 de diciembre y todavía no hay una ley que la reemplace.

Lo que tenés que saber:

• La Conferencia Episcopal Argentina se reunió este lunes con funcionarios del Ministerio de Salud y se conformó una mesa de trabajo sobre discapacidad.
• La Iglesia pidió prorrogar la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año, hasta que haya una nueva ley sancionada y reglamentada.
• También reclamó revisar los artículos 36 a 41 del Presupuesto 2027 y cumplir deudas de la ley vigente, como la actualización del 30,67% de los aranceles.
• El documento eclesiástico señala más de 200.000 trámites de pensiones pendientes frente a menos de 10.000 otorgadas en tres años.
• La reunión se dio a poco más de un mes de la visita de León XIV, que irá al Cottolengo Don Orione de Claypole.