El sistema penal argentino evidenció un deterioro sostenido en la última década, con un dato alarmante: entre 2016 y 2023, la cantidad de personas detenidas en comisarías, alcaidías y dependencias policiales aumentó un 145%. El crecimiento duplicó con creces al registrado en las cárceles formales, que fue del 48,5% en el mismo período.

El informe anual 2024 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) expuso que, a fines de diciembre pasado, 13.287 personas permanecían privadas de libertad en comisarías, frente a las 5.422 de 2016. La explicación central, según el organismo, reside en el colapso estructural del sistema penitenciario, que empuja a las provincias a utilizar instalaciones policiales —precarias y saturadas— como lugares de alojamiento prolongado.

Alan Iud, secretario ejecutivo del CNPT, lo expresó con crudeza: “Hay presos que pasan detenidos meses, años o incluso toda su condena en lugares diseñados para las primeras horas de detención”.

Hacinamiento crónico y condiciones degradantes

Las cifras de sobrepoblación que presenta el informe revelan un drama extendido en todo el país:

Tucumán: 426,6%

Santa Fe: 205,7%

Provincia de Buenos Aires: 188,2%

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 174,3%

Neuquén: 152,9%

La Pampa: 151,9%

Chaco: 144,1%

En este contexto, muchas comisarías adaptaron pasillos, patios, cocinas y oficinas para alojar personas, sin baños ni luz natural, con deficiencias sanitarias graves y escaso control judicial. “Muchos calabozos no tienen baños, por lo que los presos hacen sus necesidades en botellas”, denunció Iud.

Las inspecciones del Comité registraron personas con cuadros infecciosos por humedad, plagas y falta de ventilación. Se documentaron también situaciones de aislamiento prolongado sin contacto con el exterior y sin notificación a los jueces ni a las defensas.

Prácticas que configuran tortura

El informe también incluyó testimonios y documentación sobre hechos que podrían ser calificados como tortura o trato cruel, inhumano o degradante, prohibidos por el derecho internacional y la Constitución Nacional.

Entre las prácticas señaladas figuran:

Golpizas en interrogatorios realizados en celdas o espacios cerrados.

Requisas con gas pimienta y balas de goma dentro de los calabozos.

Desnudos forzados y posiciones humillantes durante requisas corporales.

En la mayoría de los casos, no existen registros formales, lo que dificulta la denuncia y refuerza el círculo de impunidad.

El sistema penal como máquina de encierro

El Comité advirtió que el crecimiento de las detenciones en comisarías no se debe a un único factor, pero remarcó la incidencia de los programas de flagrancia y la implementación del sistema adversarial, que llevaron a una mayor prisión preventiva, incluso por delitos leves.

“Se está utilizando la prisión como respuesta automática a cualquier conflicto social. Y eso tiene consecuencias devastadoras”, sostuvo Iud. En efecto, muchas de las personas alojadas en comisarías no acceden a educación, trabajo ni atención médica, ni tampoco a visitas familiares regulares.

La solución, insistió el Comité, no es construir más cárceles. La evidencia indica que la expansión de plazas no resuelve la lógica punitiva que alimenta la sobrepoblación, sino que la acompaña. Por el contrario, se propone revisar la política criminal y promover alternativas al encierro, como la prisión domiciliaria o los mecanismos de resolución alternativa de conflictos.

Un comité para prevenir lo que ya es sistemático

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se creó en 2013 mediante la Ley N.º 26.827, en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura. Está en funcionamiento desde 2017 y depende del Congreso de la Nación.

Su misión es supervisar los lugares donde haya personas privadas de libertad —cárceles, comisarías, institutos para adolescentes, hospitales psiquiátricos y hogares— y emitir recomendaciones que sirvan de base para políticas públicas respetuosas de los derechos humanos.

A pesar de su tarea sistemática, el informe 2024 confirma un patrón de deterioro estructural, con violaciones generalizadas al derecho a la integridad y la dignidad. Un problema que, más allá de los colores partidarios, se profundizó en los últimos años.

“Necesitamos frenar esta lógica de encierro como única respuesta posible. No solo es ilegal, es inhumana”, concluyó Iud.