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La Justicia revocó la autorización para que Sofía Clerici blanqueara casi 600 mil dólares del “Yategate”

La Cámara Federal de La Plata anuló la decisión que permitía a la modelo regularizar el dinero secuestrado tras el escándalo con Martín Insaurralde y ordenó mantener los fondos en cuenta judicial hasta determinar su origen.

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El Argentino Diario-Martín Insaurralde y Sofía Clerici en Marbella.

La Cámara Federal de La Plata dio un golpe judicial a Sofía Clerici y revocó la autorización que le permitía blanquear 569.911 dólares secuestrados en su casa de Nordelta en el marco del escándalo del «Yategate». Los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias consideraron que la modelo no puede acogerse al régimen de regularización fiscal mientras permanezca investigada por delitos contra la administración pública.

La decisión del tribunal de apelaciones bonaerense anuló una resolución previa del juez federal Ernesto Kreplak, quien en septiembre de 2024 había autorizado a Clerici a transferir los fondos a una cuenta destinada al blanqueo de capitales promovido por el gobierno de Javier Milei.

UIF logró revertir la decisión judicial

El fallo favorable a Clerici duró apenas unas semanas. La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló el fallo de la Justicia Federal de Lomas de Zamora que había autorizado a la modelo a blanquear los US$569 mil que tenía incautados.

Los magistrados hicieron lugar al planteo de la UIF y pusieron de relieve la necesidad de «estricta preservación de bienes que pueden estar ligados a presuntos hechos de corrupción». La decisión se basó en que Clerici permanece bajo investigación como presunta partícipe del esquema de lavado de dinero que habría operado junto al ex jefe de gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora.

«No puede perderse de vista que se la investiga en autos como interviniente, en algún grado, de la puesta en circulación en el mercado de fondos de origen ilícito con posible apariencia de licitud que habría llevado a cabo Martín Insaurralde», remarcaron los jueces en la resolución.

Las exclusiones del blanqueo para investigados por corrupción

El tribunal señaló que la ley 27.743 sobre «Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes» -norma que regula el actual régimen de regularización fiscal- «establece exclusiones expresas y absolutas del Régimen de Regularización» y no contempla la posibilidad de un acogimiento provisorio para personas investigadas por delitos contra la administración pública.

La UIF había sostenido como «elemento relevante» que Clerici viajó al exterior con Insaurralde antes del secuestro de ese dinero en su casa. El organismo agregó que «existen claros indicios de que la nombrada realizaba pagos en nombre de Insaurralde y con dinero provisto por él» y advirtió que «no se ha logrado acreditar que la suma sea propiedad de ella, y tampoco la licitud de su origen».

Los fondos permanecerán depositados en una cuenta judicial hasta que se determine de manera fehaciente su origen y si efectivamente pertenecen a la modelo, más allá de las explicaciones que ella brindó vinculadas a su actividad como «acompañante de viajes».

El contexto del «Yategate» y sus derivaciones judiciales

El escándalo estalló en 2023 cuando se difundieron las fotografías de Clerici junto a Insaurralde navegando en un yate de lujo en las costas de Marbella, España. Las imágenes generaron una crisis política que derivó en la renuncia del funcionario bonaerense a todos sus cargos y abrió múltiples investigaciones judiciales.

En octubre del año pasado, durante un allanamiento, a Sofía Clerici se le encontró 569.911 dólares, dos millones de pesos y miles de pesos uruguayos, también objetos de valor. La operación se realizó en su residencia de Nordelta por orden del juez federal Ernesto Kreplak.

Actualmente, la causa está a cargo del juez federal Luis Armella, quien investiga a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito. En la investigación también figura su ex esposa, la conductora Jésica Cirio, y la propia Clerici, quien aún no fue citada a declaración indagatoria pero se rechazó dictarle un sobreseimiento.

Los magistrados subrayaron que Insaurralde habría obtenido «un incremento patrimonial que, en principio, no encontraría justificación en los ingresos legítimos obtenidos en los distintos cargos de la función pública que desempeñó el nombrado de manera ininterrumpida en nuestro país desde el año 2009».

Puntos clave:

  • La Cámara Federal de La Plata revocó la autorización para que Sofía Clerici blanqueara 569.911 dólares secuestrados tras el «Yategate»
  • Los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias consideraron que no puede acogerse al régimen mientras esté investigada por delitos contra la administración pública
  • La UIF apeló exitosamente la decisión previa del juez Kreplak que había autorizado el blanqueo en septiembre de 2024
  • Los fondos permanecerán en cuenta judicial hasta determinar su origen y propiedad legítima
  • La ley de blanqueo excluye expresamente a personas investigadas por corrupción del régimen de regularización fiscal
  • Clerici permanece bajo investigación junto a Martín Insaurralde y Jésica Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito

Defensa

Fraude en la Armada: nueve militares apartados por una estafa millonaria en sueldos

Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron pasados a disponibilidad tras detectarse irregularidades en la acreditación de haberes por casi 1.000 millones de pesos entre 2022 y 2026. La denuncia penal apunta a 23 personas, incluyendo civiles que cobraron sumas millonarias sin ningún vínculo con la fuerza.

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Nueve militares (ocho capitanes de corbeta y un suboficial) fueron pasados a disponibilidad por la Armada Argentina.

Cerca de 1.000 millones de pesos acreditados de forma irregular en cuentas de personal ajeno a la fuerza y de familiares de oficiales. Esa es la magnitud del fraude que sacude a la Armada Argentina y que derivó en el apartamiento inmediato de nueve militares de sus funciones, mientras la justicia federal avanza sobre una trama que involucra a 23 personas.

El almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina, dispuso el pase a disponibilidad de ocho capitanes de corbeta y un suboficial como primera medida disciplinaria ante las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto cercano a los 938 millones de pesos. La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, y la denuncia penal apunta a una maniobra de adulteración de recibos de sueldo con la inclusión de viáticos falsos por supuestos viajes al exterior.

La ingeniería del fraude

Según informó la propia Armada mediante un comunicado oficial, el esquema consistía en adulterar los recibos de haberes e incluir viáticos de personal que supuestamente viajaba al exterior, liquidando gastos que nunca se produjeron. Las irregularidades fueron detectadas en el marco de una investigación interna impulsada por la propia fuerza, que posteriormente derivó en la denuncia penal.

Entre los militares apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. Su esposa, María del Carmen Prieto, figura entre las beneficiarias de los pagos irregulares: recibió 152,2 millones de pesos distribuidos en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria personal.

Civiles sin vínculo con la fuerza cobraron millones

La denuncia también incluye a tres personas sin ninguna relación con la Armada que percibieron sumas de dinero provenientes del mismo circuito irregular. Andrés Santana cobró 99,4 millones de pesos; Amalia Cristina Díaz recibió 91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia percibió 90,4 millones. La participación de civiles externos a la estructura castrense revela que la maniobra no fue improvisada ni acotada: requirió articulación con personas ajenas a la cadena de mandos para dispersar los fondos sustraídos.

En total, la estafa asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos si se consideran todos los montos denunciados, aunque la investigación interna de la Armada acota en 938 millones el período comprendido entre 2022 y 2026.

La respuesta institucional y sus límites

El comunicado oficial de la Armada remarca la «política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética». Sin embargo, el apartamiento del personal tendrá vigencia solo hasta que se determine la eventual responsabilidad disciplinaria, lo que deja abierta la posibilidad de reincorporación según el resultado de las actuaciones. A los militares involucrados se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, en paralelo a la causa penal federal en curso.

El caso expone una vez más las vulnerabilidades del sistema de control interno de las fuerzas de seguridad y el riesgo de captura institucional cuando los mecanismos de auditoría son insuficientes o tardíos. Que la irregularidad haya podido sostenerse durante más de tres años sin ser detectada por los controles ordinarios es, en sí mismo, un dato que merece respuesta institucional más allá de los apartamientos.

Lo que tenés que saber

  • Nueve militares (ocho capitanes de corbeta y un suboficial) fueron pasados a disponibilidad por la Armada Argentina.
  • La maniobra irregular involucra la acreditación de haberes y viáticos falsos por cerca de 938 millones de pesos entre julio de 2022 y enero de 2026.
  • La denuncia penal apunta a 23 personas en total, incluyendo civiles sin vínculo con la fuerza que cobraron sumas millonarias.
  • El capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista, fue apartado porque su esposa percibió 152,2 millones de pesos en 46 acreditaciones irregulares.
  • La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2.

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