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La Justicia revocó la autorización para que Sofía Clerici blanqueara casi 600 mil dólares del “Yategate”

La Cámara Federal de La Plata anuló la decisión que permitía a la modelo regularizar el dinero secuestrado tras el escándalo con Martín Insaurralde y ordenó mantener los fondos en cuenta judicial hasta determinar su origen.

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El Argentino Diario-Martín Insaurralde y Sofía Clerici en Marbella.

La Cámara Federal de La Plata dio un golpe judicial a Sofía Clerici y revocó la autorización que le permitía blanquear 569.911 dólares secuestrados en su casa de Nordelta en el marco del escándalo del «Yategate». Los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias consideraron que la modelo no puede acogerse al régimen de regularización fiscal mientras permanezca investigada por delitos contra la administración pública.

La decisión del tribunal de apelaciones bonaerense anuló una resolución previa del juez federal Ernesto Kreplak, quien en septiembre de 2024 había autorizado a Clerici a transferir los fondos a una cuenta destinada al blanqueo de capitales promovido por el gobierno de Javier Milei.

UIF logró revertir la decisión judicial

El fallo favorable a Clerici duró apenas unas semanas. La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló el fallo de la Justicia Federal de Lomas de Zamora que había autorizado a la modelo a blanquear los US$569 mil que tenía incautados.

Los magistrados hicieron lugar al planteo de la UIF y pusieron de relieve la necesidad de «estricta preservación de bienes que pueden estar ligados a presuntos hechos de corrupción». La decisión se basó en que Clerici permanece bajo investigación como presunta partícipe del esquema de lavado de dinero que habría operado junto al ex jefe de gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora.

«No puede perderse de vista que se la investiga en autos como interviniente, en algún grado, de la puesta en circulación en el mercado de fondos de origen ilícito con posible apariencia de licitud que habría llevado a cabo Martín Insaurralde», remarcaron los jueces en la resolución.

Las exclusiones del blanqueo para investigados por corrupción

El tribunal señaló que la ley 27.743 sobre «Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes» -norma que regula el actual régimen de regularización fiscal- «establece exclusiones expresas y absolutas del Régimen de Regularización» y no contempla la posibilidad de un acogimiento provisorio para personas investigadas por delitos contra la administración pública.

La UIF había sostenido como «elemento relevante» que Clerici viajó al exterior con Insaurralde antes del secuestro de ese dinero en su casa. El organismo agregó que «existen claros indicios de que la nombrada realizaba pagos en nombre de Insaurralde y con dinero provisto por él» y advirtió que «no se ha logrado acreditar que la suma sea propiedad de ella, y tampoco la licitud de su origen».

Los fondos permanecerán depositados en una cuenta judicial hasta que se determine de manera fehaciente su origen y si efectivamente pertenecen a la modelo, más allá de las explicaciones que ella brindó vinculadas a su actividad como «acompañante de viajes».

El contexto del «Yategate» y sus derivaciones judiciales

El escándalo estalló en 2023 cuando se difundieron las fotografías de Clerici junto a Insaurralde navegando en un yate de lujo en las costas de Marbella, España. Las imágenes generaron una crisis política que derivó en la renuncia del funcionario bonaerense a todos sus cargos y abrió múltiples investigaciones judiciales.

En octubre del año pasado, durante un allanamiento, a Sofía Clerici se le encontró 569.911 dólares, dos millones de pesos y miles de pesos uruguayos, también objetos de valor. La operación se realizó en su residencia de Nordelta por orden del juez federal Ernesto Kreplak.

Actualmente, la causa está a cargo del juez federal Luis Armella, quien investiga a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito. En la investigación también figura su ex esposa, la conductora Jésica Cirio, y la propia Clerici, quien aún no fue citada a declaración indagatoria pero se rechazó dictarle un sobreseimiento.

Los magistrados subrayaron que Insaurralde habría obtenido «un incremento patrimonial que, en principio, no encontraría justificación en los ingresos legítimos obtenidos en los distintos cargos de la función pública que desempeñó el nombrado de manera ininterrumpida en nuestro país desde el año 2009».

Puntos clave:

  • La Cámara Federal de La Plata revocó la autorización para que Sofía Clerici blanqueara 569.911 dólares secuestrados tras el «Yategate»
  • Los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias consideraron que no puede acogerse al régimen mientras esté investigada por delitos contra la administración pública
  • La UIF apeló exitosamente la decisión previa del juez Kreplak que había autorizado el blanqueo en septiembre de 2024
  • Los fondos permanecerán en cuenta judicial hasta determinar su origen y propiedad legítima
  • La ley de blanqueo excluye expresamente a personas investigadas por corrupción del régimen de regularización fiscal
  • Clerici permanece bajo investigación junto a Martín Insaurralde y Jésica Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito

Investigación 🔎

“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.

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El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo (ex de Jesica Cirio), dejaron al descubierto el "sistema paralelo".

Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones

★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.

Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.

«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan

La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.

«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.

«Pipo» y los nexos en el interior del sistema

Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.

La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
  • Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
  • El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
  • Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
  • Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.

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