La Cámara de Diputados volverá a sesionar este miércoles para debatir los proyectos de reforma de la Auditoría General de la Nación (AGN), que atraviesa una crisis institucional sin precedentes al mantenerse paralizada por la falta de designación de auditores desde marzo de 2024. La Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada para las 10 de la mañana en busca de consensos sobre iniciativas presentadas por La Libertad Avanza, el PRO, Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

La situación se volvió crítica tras el vencimiento de los mandatos de los auditores del Senado en marzo de 2025, dejando solo al presidente Juan Manuel Olmos en funciones. Sin embargo, cuatro exauditores decidieron formar un consejo consultivo que percibe unos 8 millones de pesos mensuales, generando cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos en un organismo que debería fiscalizar precisamente ese tipo de irregularidades.

Un organismo clave en acefalía por el juego político

El órgano de control constitucional se encuentra prácticamente desmantelado desde que en marzo de 2024 vencieron los mandatos de los auditores designados por Diputados: Juan Ignacio Forlón y Gabriel Mihura Estrada (ambos peronistas) y Jesús Rodríguez (radical). Un año antes, en marzo de 2023, habían culminado sus períodos Graciela Da Rosa y Javier Fernández (PJ) y Alejandro Nieva (UCR), todos nombrados por el Senado.

La parálisis no es casual. El Gobierno apunta a una reforma de la AGN que incremente la influencia del oficialismo dada su composición en las dos cámaras del Congreso, según fuentes parlamentarias. Mientras tanto, la oposición ejerce presión para nombrar a Forlón y Emilio Monzó como nuevos auditores, pero el oficialismo se resiste hasta no aprobar primero su propio proyecto de reforma.

Martín Menem impulsa cambios en la AGN para tener más poder

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, diseñó una iniciativa que modifica sustancialmente la estructura del organismo. Su proyecto propone aumentar de tres a cuatro los auditores designados por la Cámara baja y reducir de tres a dos los nombrados por el Senado, alterando el equilibrio bicameral histórico.

Los cambios también incluyen la reducción de mandatos de ocho a cuatro años, la limitación de reelecciones y el recorte salarial para que los auditores cobren lo mismo que un diputado nacional: aproximadamente 4,5 millones de pesos mensuales. Además, establece que el presidente del organismo será designado por el Senado a propuesta del principal bloque opositor.

La propuesta oficial busca además fijar plazos estrictos para las auditorías que debe realizar la AGN al finalizar cada gobierno, una demanda recurrente ante las demoras históricas en estos procesos de control.

Proyectos alternativos en pugna

El resto de los bloques presentó iniciativas propias que compiten con la del oficialismo. La diputada del PRO Silvana Guidici apoya los cambios de plazos para auditorías de fin de mandato, estableciendo 30 días antes del final de un gobierno para iniciar los procesos y 120 días para completarlos.

Por su parte, Carla Carrizo (Democracia para Siempre) mantiene la paridad de seis auditores pero propone criterios específicos de distribución política y garantías de paridad de género. Su proyecto estipula que nunca podrá haber más de un auditor de diferencia entre sexos, asegurando al menos dos mujeres en el organismo.

Los diputados de Unión por la Patria Ernesto Ali y Ricardo Herrera buscan ampliar las competencias de la AGN para incluir entidades públicas no estatales y empresas privadas que reciban fondos del Estado, extendiendo significativamente el alcance del control.

Un debate con trasfondo político

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, calificó la reforma de la AGN como «una deuda pendiente» tras la reforma constitucional de 1994. Sin embargo, el timing del debate revela intenciones políticas claras: el oficialismo busca controlar un organismo clave antes de designar nuevas autoridades.

La parálisis de la AGN implica la suspensión de facto del control externo sobre la administración pública nacional en un momento crucial, con un gobierno que impulsa reformas estructurales y un contexto económico complejo. Los mandatos vencidos desde abril de 2024 limitaron la capacidad del organismo de fiscalizar la gestión pública, justamente cuando más se necesita supervisión de las cuentas del Estado.

El costo de la acefalía institucional

Mientras se extiende el debate, la AGN permanece sin capacidad plena de funcionamiento, lo que implica un vacío en el control de las finanzas públicas. La situación se agrava por el mantenimiento de un consejo consultivo integrado por exauditores que perciben salarios millonarios sin mandato vigente, evidenciando las contradicciones de un sistema que se supone debe velar por el uso eficiente de los recursos del Estado.

La reforma de la Auditoría General trasciende lo técnico para convertirse en una disputa por el control de uno de los organismos más importantes del sistema republicano. El resultado del debate de este miércoles podría definir no solo la estructura futura del organismo, sino también el equilibrio de poder entre oficialismo y oposición en el control del Estado.

Puntos clave:

• La AGN está paralizada desde marzo de 2024 por falta de designación de auditores
• El oficialismo propone aumentar su representación de 3 a 4 auditores por Diputados
• Los proyectos incluyen reducción de mandatos de 8 a 4 años y límites a reelecciones
• Exauditores sin mandato vigente cobran 8 millones de pesos en un consejo consultivo
• La oposición presiona por nombrar a Forlón y Monzó como nuevos auditores
• Los proyectos buscan establecer plazos estrictos para auditorías de fin de gobierno