Desregulación
Sturzenegger quiere eliminar los colegios inmobiliarios: el mercado libre como única ley
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado calificó de «aberración social» la fijación de honorarios mínimos por parte de los colegios profesionales del sector. Presentó un plan que incluye un paquete legislativo para eliminar barreras al mercado y proyectó un boom hipotecario en la próxima década.
Sturzenegger apuntó contra los colegios inmobiliarios y prometió más desregulación
★ Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, volvió a poner en el centro de la escena la agenda desreguladora del Gobierno de Javier Milei. Esta vez, el blanco fue el mercado inmobiliario y, en particular, los colegios profesionales del sector. «Que un colegio profesional ponga un precio mínimo es una aberración social», sentenció ante un auditorio de desarrolladores e inmobiliarios, en el evento «Real estate 2026: expectativas y realidad», organizado por Reporte Inmobiliario.
Las declaraciones del funcionario grafican el rumbo ideológico de una gestión que convirtió la desregulación en su bandera más visible, aunque los resultados concretos de esa agenda para los sectores más vulnerables de la sociedad siguen siendo materia de debate.
Los colegios profesionales en la mira
En su exposición, Sturzenegger distinguió entre la existencia de los colegios y el uso del poder estatal para fijar condiciones. «El problema no es la existencia de los colegios en sí, sino cuando usan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al mercado», planteó. En esa línea, cuestionó tres aspectos concretos: la imposición de honorarios mínimos, la obligatoriedad de matriculación y la existencia de barreras de entrada que, según su visión, limitan la competencia.
El ministro anunció que en los próximos meses el Gobierno enviará al Congreso un paquete legislativo de desregulación orientado a «eliminar los privilegios que hoy encarecen la construcción y la intermediación comercial». La meta declarada es avanzar hacia un mercado «más libre, dinámico y competitivo», donde los servicios se valoren por su calidad y no por imposiciones legales.
Lo que el ministro omitió en su diagnóstico es que los colegios profesionales no solo regulan precios: también garantizan estándares mínimos de idoneidad, habilitaciones y mecanismos de responsabilidad frente a los consumidores. La desregulación total de la intermediación inmobiliaria, sin un marco alternativo de protección al usuario, puede derivar en una mayor desprotección para quienes menos recursos tienen para litigar frente a una operación viciada.
La derogación de la ley de alquileres: un «éxito» con letra chica
Sturzenegger defendió con entusiasmo la eliminación de la ley de alquileres a través del DNU 70/2023, firmado por Milei a pocos días de asumir la presidencia. Según el ministro, la desregulación completa del mercado «permitió que el mercado vuelva a funcionar» y exhibió dos datos como evidencia: un aumento del 300% en la oferta de propiedades en alquiler y una caída real de precios cercana al 30%.
Lo que el funcionario no mencionó es que la derogación abrupta de la ley dejó a miles de inquilinos sin las protecciones mínimas que establecía la norma: plazos mínimos de contrato, mecanismos de actualización previsibles y limitaciones a los requisitos de garantía. El mercado efectivamente se movió, pero en condiciones donde los propietarios recuperaron todo el poder de negociación frente a inquilinos que, en la mayoría de los casos, no tienen margen para rechazar contratos desventajosos.
Crédito hipotecario: la promesa de una expansión que aún no llega
El funcionario proyectó una expansión significativa del crédito hipotecario en los próximos diez años. Señaló que hoy los bancos argentinos operan con recursos que representan apenas entre el 12% y el 15% del PBI, muy por debajo de países como Chile, donde ese ratio supera el 80%. El stock actual de hipotecas en Argentina ronda los 5.000 millones de dólares y, según Sturzenegger, podría multiplicarse por diez si los argentinos traen sus ahorros al sistema financiero local.
Para que eso ocurra, argumentó, los bancos deberán transformar su modelo de negocio: en un contexto de baja inflación, ya no podrán depender de instrumentos de corto plazo con tasas altas y tendrán que salir a captar el ahorro de largo plazo. El instrumento central seguirá siendo el crédito UVA, con tasas reales que podrían ubicarse en niveles similares a los internacionales, con un punto de partida de UVA + 8%.
Lo que la ecuación del ministro deja afuera es la situación de los trabajadores que hoy no califican para ningún crédito hipotecario, en un contexto donde el poder adquisitivo del salario real no recuperó los niveles previos a la gestión Milei y donde la informalidad laboral sigue siendo estructuralmente alta.
Costos de construcción y el modelo exportador
Sturzenegger completó su diagnóstico con dos ejes adicionales. Por un lado, afirmó que la construcción tiene margen para abaratarse por la vía de la apertura económica y la reducción de la carga impositiva y regulatoria sobre insumos. Por otro, trazó un horizonte macroeconómico basado en el crecimiento exportador, energético y minero, que en su lógica fortalecería el peso y elevaría los precios de los inmuebles medidos en dólares.
El funcionario mencionó a Neuquén y Vaca Muerta como ejemplo del tipo de geografía que podría atraer demanda inmobiliaria en el nuevo esquema. Cerró con una frase que sintetiza la filosofía del gabinete: «Lo ideal sería que no tengan ningún interés en escuchar a ningún funcionario porque hayamos sacado al Estado del medio.»
La declaración, más que una promesa técnica, es un programa político: el Estado como obstáculo a eliminar, no como garante de derechos. Una visión que choca frontalmente con la realidad de millones de argentinos que necesitan precisamente de ese Estado para acceder a una vivienda digna.
Puntos clave
- Sturzenegger calificó de «aberración social» la fijación de honorarios mínimos por colegios inmobiliarios y anunció un paquete legislativo desregulador para los próximos meses.
- Defendió la derogación de la ley de alquileres vía DNU 70/2023, atribuyéndole un aumento del 300% en la oferta y una caída real del 30% en los precios.
- Proyectó que el crédito hipotecario podría multiplicarse por diez en diez años, con créditos UVA como instrumento central desde una tasa de UVA + 8%.
- Afirmó que la construcción tiene márgenes para bajar sus costos por vía de apertura económica y reducción impositiva.
- El discurso oficial omite sistemáticamente el impacto sobre los sectores con menor poder de negociación: inquilinos, trabajadores informales y familias sin acceso al crédito.
Desregulación
AySA: el 13 de noviembre el consorcio comprador se sienta en el directorio
La empresa convocó a tres asambleas para el mismo día en que vence el plazo para firmar la venta del 90%. Se tratará la renuncia de los directores estatales, el nombramiento de sus reemplazantes y una reforma de 11 artículos del estatuto.
El mismo día en que vence el plazo para firmar la venta del 90% de AySA, la empresa convocó a tres asambleas para tratar la renuncia de los directores designados por el Estado y el nombramiento de sus reemplazantes, que definirá el consorcio comprador.
La convocatoria, publicada el 27 de octubre en el Boletín Oficial, fija las asambleas Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas Clase A para el 13 de noviembre en Tucumán 752, Ciudad de Buenos Aires, a las 10, 11 y 12; si no hay quórum, los segundos llamados serán a las 13, 14 y 15. La fecha coincide con el plazo que la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, estableció para suscribir el contrato de compraventa de acciones.
Qué se vota
La Asamblea Especial Clase A, que agrupa las 135.000 acciones del Estado nacional equivalentes al 90% del capital y de los votos, tratará la renuncia de los directores y síndicos designados por esa clase y el nombramiento de sus reemplazantes, cuyos nombres todavía no son públicos. El directorio que responde al Gobierno de Javier Milei está encabezado por Alejo Maxit, como presidente, y Oscar Pedro Ernesto Ferrari, como vicepresidente. José Luis Lingeri integra el directorio en representación del 10% de los trabajadores, que no forma parte de la venta.
La Asamblea Extraordinaria considerará la reforma de los artículos 1, 4, 8, 11, 15, 25, 26, 27, 28, 32 y 33 del estatuto para incorporar las disposiciones que exige el Pliego Único de Bases y Condiciones, aprobado por la Resolución 704/2026 de Economía. La Ordinaria analizará la gestión de los directores y síndicos designados por la Clase A durante 2026, sus honorarios y la designación de presidente y vicepresidente.
Quién compra
La Resolución 1818/2026, publicada el 22 de octubre en el Boletín Oficial, adjudicó el 90% de AySA por USD 340,2 millones, sin IVA, al consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX AQUA AR BV y Transclor SA. En segundo lugar quedó el grupo integrado por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre, que ofertó USD 285 millones, es decir USD 55,2 millones menos. La resolución consigna que el dictamen de evaluación no recibió impugnaciones y que las ofertas resultan razonables respecto de la tasación del BICE.
La resolución de adjudicación no detalla cómo se reparten las acciones entre los socios ni identifica a los beneficiarios finales de PHX Aqua. Según trascendió, PHX Aqua tendría el 55% del consorcio, Rowing el 20%, Arcos Saneamento el 15% y Transclor el 10%. La prensa local señaló que Rowing está vinculada con el empresario Walter Román y que Transclor, una compañía del negocio químico que abastece productos usados en el tratamiento de agua, es controlada por Mauricio Filiberti, conocido como el “Rey del Cloro”. PHX Aqua AR BV, en tanto, es un vehículo financiero creado este año en Londres.
Qué cambia con el nuevo dueño
El Plan de Acción de la Concesionaria 2027 a 2031, aprobado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mediante la Resolución 30/2026, prevé inversiones por $2.892.111 millones sin IVA, a valores de diciembre de 2025. El contrato de concesión establece que durante ese primer ciclo tarifario no habrá Revisión Tarifaria Ordinaria, y el ERAS fijó la tasa de costo de capital en 8,90% real y 11,36% nominal. La resolución también consigna que AySA no tiene endeudamiento proyectado para 2027 a 2031 y que su salida al mercado de deuda será progresiva, con una meta de 50% de deuda en el último año del ciclo.
El propio ERAS admitió que la ausencia de los auditores independientes técnico y contable impidió contar con certificaciones independientes durante la evaluación del plan. El sistema de agua y saneamiento alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
Leé también: AySA: Michel pidió a la AGN auditar la privatización antes de marzo de 2027
Lo que tenés que saber:
- AySA convocó a tres asambleas para el 13 de noviembre, en Tucumán 752.
- Se tratará la renuncia de los directores y síndicos estatales y el nombramiento de sus reemplazantes.
- La Asamblea Extraordinaria reformará 11 artículos del estatuto para adecuarlo al pliego aprobado por la Resolución 704/2026.
- Ese día vence el plazo para firmar la venta del 90% por USD 340,2 millones, fijado por la Resolución 1818/2026.
- Según el contrato de concesión, no habrá Revisión Tarifaria Ordinaria entre 2027 y 2031.
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