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Causa ANDIS: Spagnuolo llegó a Comodoro Py y se negó a declarar hasta que se periten los audios

El exfuncionario dejó en claro que no realizará ninguna manifestación hasta que se concrete la pericia técnica sobre los audios que en agosto de 2025 dispararon su remoción del organismo y dieron inicio a la investigación.

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Causa ANDIS: Spagnuolo llegó a Comodoro Py y cerró la boca para proteger a Karina

★ El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, ingresó poco antes de las 9 de la mañana a los tribunales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, pero finalmente se negó a responder preguntas.

A través de su abogado, el mediático Mauricio D’Alessandro, el exfuncionario dejó en claro que no realizará ninguna manifestación hasta que se concrete la pericia técnica sobre los audios que en agosto de 2025 dispararon su remoción del organismo y dieron inicio a la investigación.

La postura de Spagnuolo se encuadra en una estrategia jurídica más amplia: junto a otros imputados, su defensa solicitó la nulidad de toda la causa, bajo el argumento de que la presunta falsedad de aquellas grabaciones contaminaría el conjunto de la investigación.

La «estrategia del peritaje» y el pedido de nulidad

La maniobra defensiva de Spagnuolo tiene una historia que precede a esta jornada. En noviembre de 2025, ante la Sala II de la Cámara Federal, D’Alessandro ya había pedido que se declarara nula la investigación, desconociendo la autenticidad de los audios en los que una voz que sería la de su cliente describía el esquema de coimas.

En esas grabaciones, quien sería Spagnuolo involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo «Lule» Menem en un supuesto circuito de sobreprecios y retornos, en el que se quedarían con un 3% del valor de los contratos celebrados entre droguerías proveedoras y el Estado.

El fiscal Franco Picardi rechazó de plano ese argumento. Según su criterio, los audios son accesorios al expediente y no constituyen la prueba angular de la acusación: la causa se sostiene sobre un volumen amplio de evidencia reunida en los meses siguientes, que incluye allanamientos, intervenciones telefónicas, peritajes sobre dispositivos electrónicos, documentación secuestrada y declaraciones testimoniales. Entre estas últimas, resulta especialmente relevante la del consultor Fernando Cerimedo, exasesor libertario, quien declaró bajo juramento que Spagnuolo le relató personalmente el mismo esquema que consta en los audios, y que incluso lo había conversado con el propio presidente Javier Milei.

Otra prueba que el fiscal destacó ante la Cámara es el Decreto 599/2025, firmado por el propio Milei para remover a Spagnuolo y a su segundo, Daniel María Garbellini, de sus cargos en la ANDIS. En los fundamentos de ese decreto, el Poder Ejecutivo explicitó que la decisión se tomaba «para que el Poder Judicial de la Nación efectúe las investigaciones que resulten necesarias», lo que para Picardi implica que fue el propio Gobierno quien admitió la existencia de hechos a investigar antes de que la Justicia actuara de oficio.

Garbellini declara y el cronograma sigue

También este martes estaba prevista la indagatoria del exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, señalado en la investigación como el operador central del mecanismo de retornos dentro del organismo. Según informó el portal MDZ Online, Spagnuolo no declaró pero sí presentó escritos ante el juzgado.

El cronograma de indagatorias, que abarca a un total de 35 personas entre exfuncionarios y empresarios se extenderá hasta el 26 de mayo. Entre los citados figura también Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías ante las autoridades del organismo, y Andrés Horacio Arnaudo.

El sistema SIIPFIS y los $75.000 millones

En el centro de la acusación permanece el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), el mecanismo de compras especiales para insumos médicos de alto costo del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad sin cobertura médica. Según el fiscal Picardi, ese sistema fue manipulado sistemáticamente por funcionarios y operadores externos en favor de un grupo selecto de empresas proveedoras, con simulación de competencia, sobreprecios, direccionamiento de adjudicaciones y retornos ilegales.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones del erario público hacia un reducido grupo empresarial, según concluyó la investigación. El juez Ariel Lijo fue categórico al fundar su resolución: «La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público». Como medida cautelar, el juzgado decretó la inhibición general de bienes sobre todos los imputados para impedir el posible desprendimiento de activos producto de los delitos investigados.

Tal como informó este medio oportunamente, la causa se inició en agosto de 2025 a partir de la filtración de los audios de Spagnuolo y cobró una dimensión inédita con los allanamientos que le siguieron, entre ellos el operativo en Nordelta donde se secuestraron aproximadamente USD 200.000 en efectivo del vehículo de Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina.

Puntos clave

  • Spagnuolo se presentó en Comodoro Py pero se negó a declarar; condicionó su testimonio a la realización de una pericia sobre los audios.
  • Su defensa, a cargo de Mauricio D’Alessandro, pidió la nulidad de la causa alegando la falsedad de las grabaciones que dieron origen a la investigación.
  • El fiscal Franco Picardi sostiene que los audios son prueba accesoria y que la causa se apoya en allanamientos, pericias, intervenciones telefónicas y declaraciones testimoniales.
  • El cronograma de indagatorias abarca a 35 personas y se extiende hasta el 26 de mayo; este martes también declara Daniel Garbellini.
  • Las maniobras investigadas implicaron el desvío de más de $75.000 millones del erario público a través del Programa Incluir Salud.

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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión

La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.

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La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión

★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.

La nueva causa y el fiscal que la lleva

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.

En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».

Las cifras bajo la lupa fiscal

Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.

Una segunda causa que se monta sobre la primera

Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.

Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.

La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación

El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.

El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.

Doble estándar en la cima del fisco

La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.

Puntos clave:

– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

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