Judiciales ⚖️
La Justicia procesó a Día Argentina por evasión previsional y le trabó un embargo de $800 millones
La maniobra investigada habría consistido en utilizar contratos de franquicia, concesión y consignación como pantalla para encubrir relaciones laborales directas y eludir el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de miles de trabajadores.
Procesaron a Día Argentina por evadir aportes de 13.690 trabajadores
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 procesó a la cadena de supermercados Día Argentina S.A. por presunta evasión previsional agravada y le trabó un embargo de $800 millones sobre sus bienes. La maniobra investigada habría consistido en utilizar contratos de franquicia, concesión y consignación como pantalla para encubrir relaciones laborales directas y eludir el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de miles de trabajadores.
Una causa que lleva años: de los allanamientos de la AFIP al procesamiento penal
La investigación no es nueva. En 2018, la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la empresa ante el mismo juzgado, luego de detectar una maniobra de evasión previsional agravada que en aquel momento superaba los $20 millones. La hipótesis de los investigadores era entonces la misma que hoy sostiene el procesamiento: la compañía habría designado a empleados propios como titulares de las franquicias para que figuraran formalmente como responsables del pago de cargas sociales, trasladando así una obligación que le corresponde a la empresa matriz.
Lo que durante años tramitó como investigación preliminar culminó el 20 de abril de 2026 con la resolución del juez Pablo Yadarola, que dispuso el procesamiento formal y la traba del embargo. La decisión fue notificada al día siguiente.
El fuero laboral, además, ya había dado señales en el mismo sentido: antes de llegar al procesamiento penal, Día Argentina fue condenada en sede laboral por el uso fraudulento del contrato de franquicia para enmascarar relaciones de dependencia encubiertas al momento de los allanamientos de 2019.
13.690 trabajadores y 1.072 supuestos franquiciados
La escala de la maniobra investigada es significativa. Según el expediente, la fiscalización alcanzó a 13.690 trabajadores: 993 identificados como franquiciados y 12.697 dependientes registrados formalmente por ellos. El relevamiento también identificó un universo de 1.072 supuestos franquiciados, muchos de los cuales habrían operado como empleados encubiertos de la compañía.
Un dato central del fallo refuerza esa hipótesis: el cruce de nóminas laborales detectó que 2.267 empleados prestaron servicios para más de un franquiciado, lo que para la acusación indica que no existía una autonomía real sino una dependencia técnica y jurídica directa con la empresa matriz.
Entre las pruebas valoradas figuran intervenciones telefónicas, declaraciones testimoniales, análisis de más de 20.000 correos electrónicos corporativos y cruces de información laboral y fiscal. El fallo también citó el uso del sistema interno denominado «llave 4», que habría permitido a supervisores de Día modificar stocks y precios de manera remota en las sucursales de los supuestos franquiciados, socavando cualquier pretensión de independencia comercial. A eso se sumó que la recaudación en efectivo era retirada por empresas de caudales contratadas por la propia compañía y que los pagos electrónicos se acreditaban en sus cuentas.
Evasión simple y agravada en 34 hechos
El procesamiento abarca 34 hechos distribuidos entre 2015 y 2018. Los delitos imputados combinan presunta evasión previsional simple, por períodos en que el monto no ingresado superó los $7 millones mensuales, y presunta evasión previsional agravada por la utilización de terceros interpuestos, en casos que superaron los $14 millones. Esta última figura, contemplada en la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario, prevé penas de entre tres años y medio y nueve años de prisión.
Para fijar el monto del embargo, el juzgado tomó en cuenta los importes ajustados de la fiscalización, descontados los pagos realizados en término, que arrojaron una cifra de $579.173.127,25, a la que se suman una eventual multa y los gastos del proceso.
La empresa niega y la defensa pide el sobreseimiento
Día Argentina S.A. negó los cargos y sostuvo que «cumple con todas sus obligaciones tributarias, previsionales y laborales conforme a la normativa vigente». La firma defendió la legitimidad de su modelo comercial y señaló que la causa «se encuentra en una etapa inicial de prueba». También indicó que cuenta con «sistemas de control interno, auditoría y cumplimiento» y que está «a total disposición de las autoridades competentes».
La defensa había solicitado el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Ambos planteos fueron rechazados. El procesamiento no implica una condena sino que el juzgado consideró reunidos elementos suficientes para avanzar con la causa penal.
Vale aclarar que el impacto de este tipo de maniobras no se limita a la empresa y sus trabajadores directos. Como señaló oportunamente la AFIP, los aportes evadidos alimentan el Sistema Único de la Seguridad Social, que financia jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo, seguros de desempleo y pensiones por discapacidad, entre otras prestaciones del Estado que sostienen a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Puntos clave:
- El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 procesó a Día Argentina S.A. por presunta evasión previsional y le trabó un embargo de $800 millones.
- La maniobra investigada habría consistido en usar contratos de franquicia para encubrir relaciones laborales y eludir el pago de aportes a la seguridad social de 13.690 trabajadores.
- La investigación se inició con una denuncia de la AFIP en 2018 y el fuero laboral ya había condenado a la empresa por uso fraudulento del sistema de franquicias.
- El fallo abarca 34 hechos entre 2015 y 2018, con montos que superan los $7 millones mensuales en los casos simples y los $14 millones en los agravados.
- La defensa solicitó el sobreseimiento, que fue rechazado; la empresa niega los cargos y dice estar «a disposición» de la Justicia.
Femicidio
Cuatro femicidios en un día: el horror que no paró mientras Argentina miraba la final
Mientras millones de argentinos seguían la final del Mundial 2026, cuatro mujeres fueron asesinadas en Córdoba, Rosario, Catamarca y Misiones. Sus nombres son Rocío Gómez, Lara Caraballo, Norma Tula y Sandra Beatriz Bilau. El observatorio «Ahora que sí nos ven» encendió la alarma: en la mayoría de los casos, los asesinos eran parejas o exparejas con antecedentes de violencia.
El domingo pasado quedará marcado en la historia argentina por dos razones irreconciliables: la final del Mundial de fútbol y cuatro femicidios consumados en menos de 24 horas. La organización feminista «Ahora que sí nos ven» fue la que puso en palabras lo que los grandes titulares omitieron: mientras el país festejaba o lloraba en las calles, cuatro mujeres eran asesinadas por hombres que les eran cercanos, en sus hogares, sin que el Estado hubiera podido o querido detenerlo a tiempo.
No se trata de confrontar una tragedia colectiva con otra. Se trata de entender que la violencia de género no hace tregua, no reconoce fines de semana ni grandes eventos, no espera a que el país tenga la cabeza libre. Ocurre en el hogar, a manos de conocidos, con antecedentes previos que el sistema judicial y las fuerzas de seguridad muchas veces ignoraron o minimizaron. Ese es el patrón que se repitió, una vez más, en cada uno de estos cuatro crímenes.
Rocío Gómez: la condena previa que no alcanzó
Rocío Belén Gómez tenía 27 años y era madre de tres hijas. Vivía en Santa María de Punilla, Córdoba. El domingo a la noche se reunió con su expareja, Maximiliano Braudaco, de 40 años, para ver juntos la final del Mundial. Lo que comenzó como un encuentro terminó en un ataque con arma blanca. Braudaco la apuñaló repetidas veces mientras familiares intentaban intervenir para detenerlo. Fue detenido pocas cuadras del lugar, alcoholizado, y admitió el crimen ante los vecinos.
El dato que más indignó a quienes reclaman justicia es que Braudaco había sido condenado en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional, por los delitos de coacción y daño calificado contra la misma víctima.
La sentencia incluía medidas de restricción que el agresor incumplió sistemáticamente; familiares de Rocío declararon que continuaba acercándose a su domicilio pese a las disposiciones judiciales. La causa quedó bajo la responsabilidad de la fiscal Silvana Pen, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.
Lara Caraballo: un disparo en la casa del novio
Lara Valentina Caraballo tenía 20 años. Murió en la madrugada del domingo en una vivienda del barrio Ludueña Norte, Rosario, de un disparo en el rostro que le provocó la muerte instantánea. Su novio, Axel A., de la misma edad, abandonó el lugar en bicicleta llevándose el arma, que no estaba registrada a su nombre. Se entregó horas después en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) acompañado por su abogado, y alegó que el disparo «se le escapó».
La causa quedó a cargo de la Brigada de Femicidios de la PDI y de la fiscal Noelia Navone, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL). Se evalúa imputarlo por femicidio y portación ilegal de arma de fuego. La Justicia avanza en la reconstrucción del vínculo de pareja para determinar si existían antecedentes de violencia.
Norma Tula: más de 60 puñaladas en Catamarca
Norma Varela Tula tenía 61 años. Fue hallada muerta en su domicilio del barrio La Chacarita, en la ciudad de Catamarca, cuando su sobrina llegó a visitarla y encontró el cuerpo. La autopsia confirmó que presentaba más de 60 puñaladas; la causa de muerte fue un shock hipovolémico. Su hijo, de 22 años, fue detenido tras ser visto saliendo corriendo de la casa momentos antes. El hombre, que tiene antecedentes de violencia familiar, está detenido. La investigación está a cargo de la fiscal Yésica Miranda.
Sandra Beatriz Bilau: su hija de 17 años encontró el cuerpo
Sandra Beatriz Bilau tenía 40 años. Fue asesinada a escopetazos en su vivienda del paraje 20 de Junio, en Piñalito Norte, Misiones. Cerca de las 20 del domingo, su hija Leila, de 17 años, regresó al hogar y encontró a su madre tendida sobre una cama, sin signos vitales y con heridas sangrantes. Dio aviso a la Policía de inmediato. Al inspeccionar el predio, los efectivos hallaron en un galpón el cuerpo de Edgardo Luis Schott, de 45 años, pareja de Sandra y padre de la joven, colgado de una soga. Las pericias secuestraron una escopeta y dos vainas servidas. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú. Con este crimen, ya son cinco los femicidios registrados en Misiones en lo que va de 2026.
El patrón que no cambia: la violencia ocurre en el hogar
Los cuatro casos tienen un denominador común que los datos confirman desde hace años: la violencia de género es, en su enorme mayoría, doméstica e intrafamiliar. Según datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, entre el 65% y el 70% de los femicidios son perpetrados por parejas o exparejas, y en la mayoría de los casos ocurren dentro de la vivienda de la víctima. El 17% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa; en el caso de Rocío Gómez, esa denuncia incluso llegó a una condena que el agresor ignoró con total impunidad.
La organización «Ahora que sí nos ven» fue la encargada de visibilizar estos cuatro crímenes mientras la agenda mediática estaba monopolizada por el resultado futbolístico. Su mensaje fue claro: nombrarlas no es «mezclar» una noticia con otra, sino reconocer que hay realidades que no se detienen cuando el mundo mira hacia otro lado. Rocío Gómez. Lara Caraballo. Norma Tula. Sandra Beatriz Bilau. Sus nombres merecen ser recordados.
Una crisis de respuestas, no de denuncias
El caso de Rocío Gómez ilustra con brutalidad la falla sistémica: había condena, había restricciones, había una familia que alertaba sobre el incumplimiento. Y sin embargo el femicida tuvo acceso a su víctima. La pregunta que el Estado argentino no logra responder es cómo se garantiza la protección efectiva cuando el agresor ya fue identificado y juzgado. La respuesta, por ahora, es que no se garantiza.
Mientras el Gobierno de Javier Milei avanza en el desmantelamiento de programas de asistencia a víctimas de violencia de género y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich celebra estadísticas que los observatorios independientes cuestionan, cuatro mujeres más quedaron fuera de cualquier estadística de recuperación posible. Para ellas, el Estado llegó demasiado tarde, o no llegó.
Si estás en una situación de violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita y las 24 horas al 144.
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