Cuatro policías de Tucumán fueron condenados hoy a prisión perpetua por el crimen de Luis Armando Espinoza, el trabajador rural asesinado en 2020 en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus tras un operativo en la localidad de Simoca, y también por la privación ilegítima de la libertad de su hermano, informaron fuentes judiciales.

En el mismo fallo, el Tribunal Oral Federal (TOF) tucumano fijó penas de entre 5 y 12 años de cárcel para otros cinco efectivos sometidos a juicio y absolvió a dos civiles.

Por mayoría, el tribunal condenó a perpetua al oficial auxiliar José Alberto Morales, al subcomisario Héctor Rubén Montenegro, al agente Gerardo González Rojas y al cabo Claudio Zelaya por el «homicidio agravado» de Luis Espinoza y la «privación ilegal de la libertad» de Juan Antonio, hermano del trabajador asesinado.

Por los mismos delitos, pero en carácter de «partícipe secundaria» del homicidio, fue condenada a 12 años de prisión la cabo primero Rosalba González.

En tanto, el sargento Víctor Manuel Salinas recibió 7 años de prisión por la privación ilegal de la libertad y «encubrimiento agravado».

A su vez, el agente Carlos Lisandro Romano, el cabo primero José María Paz y el sargento primero René Ardiles fueron condenados a 5 años de cárcel solo por el encubrimiento.

Mientras que Héctor Villavicencio y Álvaro Gonzalo González fueron absueltos por el beneficio de la duda, y el primero de ellos recuperó la libertad.

En el caso de los condenados ya detenidos, el tribunal resolvió rechazar el pedido de los defensores para hacer cesar la prisión preventiva.

«¡Asesinos! ¡¿Por qué, Dios?! ¿¡Por qué?!», exclamó entre lágrimas la madre de los hermanos Espinoza apenas terminó la lectura del fallo en una sala de audiencias colmada.

«¡Me lo mataron a mi hijo! ¡Me quitaron la vida!», exclamó la mujer, quien vestía una remera blanca con la imagen de su hijo Luis y con la leyenda de «justicia».

Las condenas impuestas para los principales acusados coincidieron con lo que había solicitado en su alegato el fiscal federal Pablo Camuña, quien consideró que se trató de «un caso grave de violencia institucional porque en su centro hay una ejecución sumaria o arbitraria o extrajudicial realizada por policías de la provincia de Tucumán».

«Abusando de sus funciones y sin demostrar un atisbo de humanidad, además de matar por la espalda a Espinoza, una persona indefensa, decidieron ocultar su cuerpo sin vida a las autoridades y a sus seres queridos, generando con ello un profundo daño en su familia y su entorno comunitario, además de una enorme conmoción social», indicó el fiscal.

El juicio oral y público, que comenzó el 24 de octubre pasado y estuvo a cargo de los jueces Enrique Liljedahll, Jorge Basbus y Carlos Jiménez Montilla, contó con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como observadora.

A lo largo de veintiuna audiencias declararon 72 testigos y se realizaron inspecciones oculares en los lugares en donde se produjeron los hechos.

Espinoza fue atacado el 15 de mayo de 2020, en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el Gobierno nacional por la pandemia de Covid-19, por la Policía durante un operativo realizado por un festival de caballos cuadreros en el paraje de Melcho, en la ciudad tucumana de Simoca, y su cadáver apareció una semana después en territorio catamarqueño, adonde fue arrojado por un barranco envuelto en bolsas de plástico.

Los resultados de los peritajes realizados en el Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) determinaron que la bala que impactó en uno de los omóplatos de la víctima salió de un arma reglamentaria Jericho calibre 9 milímetros que pertenece al oficial Morales y que fue secuestrada en el marco de la causa.