Judiciales ⚖️
Amplían una denuncia por “traición a la Patria” contra Macri por el escándalo Foradori-Duncan
Es por el acuerdo sellado por su ex vicecanciller por el cual Argentina se comprometía a «remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico» de las islas Malvinas.
La abogada Valeria Carreras amplió la denuncia por «traición a la patria» contra el expresidente Mauricio Macri por el acuerdo por el cual Argentina se comprometía a «remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico» de las islas Malvinas, luego de las revelaciones sobre el entendimiento conocidas ayer a partir del testimonio del excanciller británico a cargo de las negociaciones.
«Amplié la denuncia porque hay un hecho nuevo en este acuerdo aberrante que no se podía firmar ni borracho», señaló la abogada en declaraciones a Radio 10, en las que se refirió a las memorias del exministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan, quien dijo que el entonces vicecanciller Carlos Foradori «estaba borracho» cuando se firmó un acuerdo para levantar las sanciones argentinas sobre las empresas británicas que operan en las aguas que circundan a las Malvinas.
Según reveló el sitió Declassified, en ese acuerdo, alcanzado en septiembre de 2016, se otorgaban por parte de la Argentina concesiones para frecuencias de vuelos que llegarían a las islas desde distintos puntos del continente haciendo escala en Argentina.
Según Duncan, el trato se cerró en una bodega que tiene la Embajada británica en Buenos Aires, en cuyas paredes reposaban varias botellas de vino merlot, y que en ese escenario se llevó a cabo una reunión con Foradori, en representación del Gobierno que encabezaba Macri.
«A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general», indicó el excanciller británico.
Al día siguiente, el 13 de septiembre, Duncan indicó que Mark Kent (entonces embajador del Reino Unido» le contó que Foradori lo había llamado por teléfono para decir que «estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles» de ese acuerdo que había rubricado.
«Como un auténtico británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin adornos. Así que creo que seguimos bien encaminados», remarcó Duncan.
Y agregó: «En la reunión del Foro de Inversiones de Argentina (celebrada por esos día en Buenos Aires) tuve un breve encuentro con el presidente Macri, quien dio su bendición a nuestros esfuerzos».
Para Carreras, ese hecho le da más gravedad a la firma de un acuerdo que era perjudicial para el reclamo de soberanía que Argentina sostiene sobre la Malvinas, y recordó que la firma de ese entendimiento «fue ordenada» por Macri.
«Macri le dio a Theresa May (entonces primera ministra británica) todo lo que le había pedido. Era una locura dar frecuencias de vuelos a Malvinas, donde no sólo no podían trabajar argentinos, sino que se daban esos permisos para que quienes estaban usurpando el territorio fueran y vinieran, en momentos además en que se estaba armando una base militar», añadió Carreras.
La letrada, que representa además la querella mayoritaria que siguen los familiares de los marinos del ARA San Juan en una causa por espionaje ilegal, presentó en 2019 una denuncia por «traición a la patria» contra Macri y varios funcionarios de su gobierno, que quedó a cargo del fiscal federal Jorge Di Lello, quien imputó al expresidente.
En base a estas revelaciones, la abogada decidió presentar una ampliación, en una causa que en la actualidad es tramitada por la fiscalía de Ramiro González.
En tanto ayer, el canciller Santiago Cafiero dispuso iniciar una investigación interna para determinar la veracidad de las expresiones vertidas por Duncan para determinar «posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20957 en la firma del acuerdo «durante la gestión de Susana Malcorra como canciller de la administración de Macri»`.
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El periodista que creó la causa Cuadernos declaró y se hundió: habló de “licencias literarias” y “ficción”
Diego Cabot reconoció ante el TOF 7 que parte del material de su libro sobre la causa corresponde a “hechos ficticios”, encuadrados bajo el concepto de “licencias literarias”. Carlos Beraldi denunció que Cabot hizo la presentación del su “investigación” directamente en la oficina del fiscal Stornelli, eludiendo el sorteo que correspondía en la Cámara Federal.
El periodista que inventó la causa Cuadernos declaró y se hundió: habló de “licencias literarias” y “hechos ficticios”
★ Diego Cabot, el periodista de La Nación que “destapó” la causa Cuadernos en 2018, prestó declaración ante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) con un resultado que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner calificó como devastador para la acusación. Entre contradicciones sobre el origen de su denuncia y el reconocimiento de que parte del material que publicó en un libro corresponde a «hechos ficticios», la jornada expuso las grietas más profundas del andamiaje judicial que sostiene el proceso contra la expresidenta y otros 86 imputados.
La denuncia que no entró por la ventanilla
El núcleo más explosivo de la declaración giró en torno al modo en que Cabot formalizó su denuncia. Según advirtió el abogado defensor de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, el procedimiento utilizado por el periodista habría vulnerado las reglas básicas del sorteo judicial.
«En lugar de hacer la denuncia como correspondía, a través de la mesa de entradas en la Cámara Federal y que se sorteara, Cabot terminó presentando la misma directamente en la oficina de Stornelli. Lo que demuestra, como primera cuestión, que hubo una manipulación en las reglas del concurso, en la elección de los magistrados», sentenció Beraldi. La consecuencia de ese procedimiento irregular fue que la causa quedara en manos del fallecido juez Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli, dos magistrados cuya actuación en causas de sensibilidad política ha sido objeto de cuestionamientos reiterados.
Esta revelación cobra especial relevancia si se recuerda que, tal como este medio documentó en noviembre de 2025, durante los meses más intensos de la causa los medios cercanos al poder económico publicaban filtraciones que llegaban a las redacciones antes que a las propias defensas, violando el secreto de sumario.
«Licencias literarias» y hechos que el propio periodista reconoció como ficticios
El otro gran flanco que quedó expuesto durante la declaración de Cabot fue su propio libro sobre la causa. El periodista utilizó en reiteradas oportunidades el concepto de «licencias literarias» para referirse a parte del material que él mismo publicó.
«Dijo que no todo lo que estaba publicado ahí era cierto. Que se trata de hechos ficticios. Hizo agua por todos lados», describió Beraldi. El reconocimiento resulta de una gravedad procesal difícil de soslayar: Cabot es quien detonó pública y judicialmente la causa; si parte de su relato publicado corresponde a ficción, la pregunta que se instala de forma inevitable es cuánto de esa misma lógica narrativa permeó la investigación.
El trasfondo de una causa frágil
La declaración de Cabot no ocurre en el vacío. El juicio oral ante el TOF 7 (integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli) transita sobre una causa que desde su origen acumula señales de debilidad estructural. Como este medio informó en noviembre de 2025, la investigación se construyó sobre fotocopias de cuadernos que el propio Oscar Centeno admitió haber quemado, sin posibilidad alguna de realizar pericias sobre los originales. La cadena de custodia quedó rota desde el primer día.
En marzo de 2026, el mismo tribunal aceptó la reproducción de un video de Centeno declarando ante la justicia española, donde el exchofer afirmó no conocer a los directivos de la empresa Isolux y desconocer entregas de dinero a funcionarios públicos, contradiciendo así sus propias anotaciones en los cuadernos. La fiscal Fabiana León se opuso a la incorporación de ese material por desconocerse su cadena de custodia. La justicia española ya había descartado en 2022 las imputaciones contra directivos de la misma empresa, al considerar las pruebas insuficientes.
El patrón se reitera. En noviembre de 2025, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció que los llamados «arrepentidos» de la causa fueron en realidad «extorsionados» y sometidos a condiciones de aislamiento y vigilancia permanente que el abogado defensor Roberto Herrera describió ante TN como técnicas propias de la «tortura blanca»: su cliente estuvo un mes sin contacto, con un reflector encendido las 24 horas y filmación constante.
El «Partido Judicial» y la selección de magistrados
La denuncia de Beraldi sobre la forma en que se eligió a Bonadío y Stornelli encaja con precisión en lo que las defensas, y en particular la de Fernández de Kirchner, denominan el «Partido Judicial»: un entramado de coordinación entre magistrados, fiscales y medios de comunicación que habría operado con fines políticos. El mismo Stornelli fue procesado en una causa por extorsión y espionaje ilegal, aunque posteriormente resultó sobreseído por la Corte Suprema de Justicia.
El juicio continúa ante el TOF 7 con 87 imputados. Cada jornada, sin embargo, suma nuevos elementos que erosionan la solidez de la acusación y alimentan la tesis de la defensa sobre un proceso construido con más espectáculo mediático que sustancia probatoria.
Puntos clave:
- Carlos Beraldi denunció que Cabot presentó la denuncia directamente en la oficina del fiscal Stornelli, eludiendo el sorteo que correspondía en la Cámara Federal.
- Cabot reconoció ante el TOF 7 que parte del material de su libro sobre la causa corresponde a «hechos ficticios», encuadrados bajo el concepto de «licencias literarias».
- La causa se sustenta en fotocopias de cuadernos que el propio Oscar Centeno admitió haber quemado, sin posibilidad de pericias sobre los originales.
- En marzo de 2026, Centeno contradijo ante la justicia española sus propias anotaciones sobre la empresa Isolux.
- La justicia española descartó en 2022 las imputaciones contra directivos de Isolux por considerar las pruebas insuficientes.
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