Soberanía 🇦🇷
Tensión con Bolivia: el gobierno instalará un cerco fronterizo en Salta
La Cancillería boliviana instó al diálogo para abordar las cuestiones fronterizas.
En la localidad de Aguas Blancas, en Salta, el gobierno implementará un cerco de alambre olímpico de 200 metros como parte del Plan Güemes. Este proyecto del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, busca reforzar las fronteras del norte del país para combatir el ingreso ilegal de personas y el contrabando.
Una obra financiada por Salta y supervisada por Nación
El cerco, que se extenderá desde la terminal de colectivos hasta la oficina de Migraciones local, contará con financiamiento provincial. Según el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, “el presupuesto fue aprobado por la provincia, que luego gestionará el reintegro con Nación”. El proceso de licitación se iniciará una vez acreditados los fondos, y se estima que la obra estará finalizada para fines de febrero.
El alambrado, fabricado con acero calibre 14 y equipado con alambre concertina y púas, incluirá postes de hormigón armado para garantizar su resistencia. Además, se habilitarán tres puertas de acceso exclusivas para las fuerzas de seguridad, facilitando el monitoreo constante.
Coordinación binacional: Bolivia ya implementó controles similares
Mientras del lado boliviano se instalaron controles estrictos para concentrar el flujo migratorio en puntos determinados, Argentina no había implementado medidas equivalentes. Según Virginia Cornejo, directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, “la falta de delimitación clara en la frontera había generado caos en el tránsito de personas y mercancías”.
El cerco busca dirigir el paso hacia la oficina de Migraciones, optimizando la supervisión del flujo fronterizo y combatiendo cruces no autorizados.
Detalles técnicos de la construcción
- Longitud: 200 metros lineales.
- Materiales: Alambre romboidal de acero con rombos de 5 cm, alambre de púas y concertina.
- Postes: Hormigón armado de 3,5 metros de altura, con puntales de refuerzo.
- Accesibilidad: Tres puertas exclusivas para fuerzas de seguridad.
- Inicio estimado: En 30 a 45 días tras la acreditación de los fondos.
Bolivia cuestiona el cerco fronterizo que instalará Argentina en Salta
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia manifestó ayer su preocupación por el anuncio del gobierno argentino de construir un cerco de 200 metros en la localidad de Aguas Blancas, Salta, como parte del Plan Güemes. En un comunicado oficial, la Cancillería boliviana destacó que las cuestiones fronterizas deben resolverse mediante «mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados».
Advertencia sobre posibles tensiones diplomáticas
El comunicado expresó que cualquier medida unilateral, como la anunciada por Argentina, “puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”. Bolivia afirmó que solicitará información oficial a través de los canales diplomáticos para tomar las medidas correspondientes, reafirmando su compromiso con “el diálogo constructivo como vía para solucionar los asuntos de interés común”.
Historial de tensiones entre ambos países
Las relaciones entre Bolivia y Argentina atraviesan un momento tenso, agudizado desde que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, denunció en abril de 2024 la supuesta presencia de ramas armadas de origen iraní operando en territorio boliviano, cerca de la frontera. Este antecedente marcó un deterioro en la cooperación bilateral y subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos diplomáticos.
Pedido de diálogo ante la implementación del cerco
La instalación del cerco, según el gobierno argentino, busca ordenar el flujo migratorio y combatir el contrabando, dirigiendo el paso hacia la oficina de Migraciones en Aguas Blancas. No obstante, Bolivia instó a que estas decisiones sean consensuadas para evitar conflictos y preservar la integración entre ambos pueblos.
Legislativo
Tierras sin límite: avanza el proyecto que pone en jaque nuestra soberanía territorial
El oficialismo impulsa la derogación de los topes a la extranjerización mientras la Patagonia sigue bajo fuego; la iniciativa genera fuertes cruces con los bloques aliados en el Congreso por el control de recursos estratégicos.
Soberanía en remate: el impacto de la reforma que libera el mercado el territorio argentino
★ El bloque de La Libertad Avanza profundizó esta semana su ofensiva legislativa para eliminar las restricciones a la venta de campos a ciudadanos de otros países; una medida que busca derogar la Ley de Tierras Rurales (26.737). La iniciativa; que apunta a borrar el límite del 15 por ciento de titularidad foránea sobre el territorio nacional; provocó una fractura expuesta con sectores de la oposición aliada que advierten sobre el riesgo de entregar el control de reservorios de agua y zonas de seguridad de fronteras.
El fin de la protección territorial
La propuesta oficialista pretende desmantelar el andamiaje legal que desde 2011 regula la concentración de tierras en manos extranjeras. Según confirmaron fuentes legislativas consultadas por este medio; el proyecto elimina no solo los topes provinciales y municipales; sino también la prohibición de que personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad superen el 30 por ciento del total de las hectáreas permitidas. Esta desregulación total se presenta bajo la premisa de atraer inversiones (una retórica que choca con la realidad de los recursos estratégicos en disputa).
Un escenario de cenizas y especulación
El debate parlamentario ocurre en un contexto crítico para el sur argentino. Mientras los legisladores discuten la propiedad privada; la Patagonia atraviesa una emergencia por incendios que ya afectaron más de 3.500 hectáreas en zonas como Puerto Patriada y El Hoyo. Investigaciones previas documentaron que la devaluación de las tierras quemadas facilita su adquisición por capitales concentrados; un patrón que se repite en áreas linderas a los glaciares y nacientes de ríos. La fiscalía a cargo de Carlos Díaz Mayer confirmó en peritajes recientes el hallazgo de combustibles en los focos; lo que ratifica la intencionalidad en el inicio del fuego.
El agua en el centro de la disputa
La preocupación central de las organizaciones sociales y los especialistas en soberanía territorial radica en el control del agua dulce. La derogación de la Ley 26.737 permitiría que enclaves estratégicos (como el ya paradigmático caso de Lago Escondido controlado por el magnate Joe Lewis) se multipliquen sin fiscalización estatal. Al privatizar la tierra en zonas de cordillera; se privatiza de hecho el acceso a los recursos hídricos; vitales para la supervivencia humana y el desarrollo productivo local.
Divisiones en el bloque aliado
No todo es consenso para el Poder Ejecutivo. Algunos sectores del PRO y bloques provinciales manifestaron su resistencia a una apertura irrestricta. El punto de conflicto principal es la Zona de Seguridad de Fronteras; donde la presencia de capitales extranjeros genera suspicacias en términos de seguridad nacional. Según trascendidos de las últimas reuniones de comisión; los aliados exigen mantener salvaguardas mínimas para evitar que áreas sensibles queden bajo control de potencias externas o fondos de inversión opacos.
Puntos clave:
- El oficialismo busca derogar la ley que limita la venta de tierras a extranjeros.
- La medida elimina el tope del 15 por ciento de territorio nacional en manos foráneas.
- El debate coincide con incendios intencionales en zonas estratégicas de la Patagonia.
- Hay fuertes cruces con aliados por la seguridad en zonas de frontera y recursos hídricos.
- Organizaciones sociales denuncian un modelo de saqueo y especulación inmobiliaria.
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