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Judiciales ⚖️

Se presentaron al menos 10 amparos contra el decretazo de Milei

Gil Domínguez presentó una «acción declarativa de inconstitucionalidad» contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, con un pedido de medida cautelar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.

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El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal recibió al menos ocho amparos contra el decreto de necesidad y urgencia 70, de desregulación económica, con pedidos de medidas suspensivas hasta que se dicte sentencia de fondo en relación a planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma del gobierno de Javier Milei.

En una de ellas, la radicada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez quedó designado hoy nuevo juzgado, el Contencioso Administrativo Federal 7 luego que el letrado recusó al magistrado sorteado inicialmente, Juan Pablo Cayssials, informaron fuentes judiciales.

Gil Domínguez presentó una «acción declarativa de inconstitucionalidad» contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último con un pedido de medida cautelar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.

En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires se realizaron hasta el momento ocho presentaciones judiciales contra el DNU, que resultaron sorteadas en diferentes juzgados.

La primera fue la radicada la semana pasada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, en la cual el viernes último el juez Esteban Furnari admitió la acción como un «amparo colectivo» y dio vista a la fiscalía para que se determine si la causa es competencia de ese juzgado.

La acción judicial fue presentada por esa asociación civil y organizaciones como ATE y CTA contra el decreto de desregulación económica.

También ingresó una acción de amparo de la Asociación Civil por un Hogar en Argentina, que quedó radicada ante el Juzgado 12 de ese fuero.

Durante la jornada de hoy presentaron amparos el ex titular del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo y otros seis firmados por Betina Stein, Laura Golcman, Nancy Beatriz Mateos, María Reston, Mariana Fernández y Norma Castro.

En su demanda, el abogado Gil Domínguez sostuvo que el DNU es «contrario a los artículos 1, 29, 30, 77 a 84 y 99 inciso 3 de la Constitución argentina»

Gil Domínguez pidió que «oportunamente dicte sentencia declarando la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº70/2023».

Además reclamó el dictado de una medida cautelar que suspenda sus efectos hasta que haya sentencia definitiva.

«Vengo a solicitar en los términos previstos por el artículo 195 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y los artículos 13 y 15 de ley 26.854 el dictado de una medida cautelar de no innovar mediante la cual se suspendan los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº70/2023 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa», consignó.

El abogado reclamó que se declare la «inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº70/2023».

«El Poder Ejecutivo Nacional mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº70/2023 utiliza un mecanismo de legislación excepcional previsto por el art. 99.3 de la Constitución argentina -de interpretación y aplicación restrictiva- para sustituir integralmente la función legislativa a través del abuso de derecho público y el desvío de poder», denunció el constitucionalista.

También argumentó que el Ejecutivo dictó el instrumento «con el objeto de realizar una reforma constitucional indirecta o encubierta por fuera del mecanismo previsto por la Constitución argentina», advirtió.

«De esta manera, se verifica la existencia de una norma que pretende vulnerar el principio republicano, la división de poderes», sostiene la demanda presentada.

América Latina

Causa Cerimedo: las causas penales, la cuenta que no cierra y un nuevo perfil bajo

El exasesor de Javier Milei enfrenta en Bolivia acusaciones por tentativa de feminicidio, violencia familiar, legitimación de ganancias ilícitas y presunta cobertura al narcotráfico. Desde la cárcel de Palmasola ensaya su nueva estrategia: negar que actuó en nombre de nadie, aunque los documentos judiciales demuestran lo contrario.

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Fernando Cerimedo, el hombre que supo jactarse de operar en las sombras de los gobiernos de derecha latinoamericanos, ahora prefiere el anonimato.

Detenido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, publicó esta semana desde la cárcel: «Jamás actué en nombre de nadie». La frase es la síntesis de una estrategia defensiva que procura lo inverso de lo que alguna vez buscó; ya no quiere figurar como operador de presidentes, sino desaparecer del mapa político para no incomodar a quienes lo amparan. El problema es que los expedientes judiciales no cooperan con esa versión.

Cuatro causas y una declaración que no cierra

La justicia boliviana abrió al menos cuatro expedientes contra el exasesor del presidente boliviano Rodrigo Paz. El primero y más grave es la causa por tentativa de feminicidio, por la que ya cumple 180 días de prisión preventiva al ser señalado como el autor intelectual del ataque a balazos que sufrió Nadia Beller, su expareja, el 17 de agosto pasado. En su teléfono celular se encontraron anotaciones vinculadas a eliminar «la Nadia«.

El segundo expediente, por violencia familiar, analiza conductas previas al intento de asesinato; en las conversaciones de WhatsApp halladas en el dispositivo de Cerimedo quedaron registradas referencias a episodios de violencia física, que Beller también relató públicamente en distintas entrevistas. En esa causa se abstuvo de declarar esta semana.

El tercer expediente es por legitimación de ganancias ilícitas, iniciado a partir de hallazgos de dinero en efectivo en los allanamientos. Ante la fiscalía, Cerimedo sostuvo que no cobraba dinero del Estado y que vivía de lo que facturaban sus empresas de consultoría y comunicación radicadas en Argentina y Estados Unidos, con ingresos de alrededor de un millón de dólares mensuales durante 2025 y 2026.

La cuarta causa, iniciada de oficio por el fiscal Alexander Mendoza, investiga una presunta cobertura al narcotráfico en el Departamento de Beni, zona amazónica fronteriza con Brasil, donde también se detectaron pistas de aterrizaje ilegales. La maniobra habría incluido la colocación de GPS en aeronaves para monitorearlas mientras sobrevolaban suelo boliviano.

El auto con sirena y los contactos en inteligencia policial

Los allanamientos realizados en La Paz aportaron elementos que refuerzan las sospechas sobre los vínculos institucionales del asesor. Entre los objetos secuestrados se encontró un automóvil equipado con sirena y una placa de la policía boliviana.

Además, el senador boliviano Leonardo Roca afirmó esta semana en Radio 10 que Cerimedo participaba habitualmente de reuniones con altos mandos policiales y militares. En consonancia con eso, en su teléfono celular se hallaron intercambios por WhatsApp con una persona agendada como ECG, que se investiga si podría ser Érik Correa González, un teniente coronel que se desempeña como jefe de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, quien además habría estado vinculado a los movimientos en torno al Swiss Hotel la noche del ataque contra Beller.

Paz lo desautoriza; Beller lo desmiente con fotos

El presidente Rodrigo Paz publicó un video en el que intentó reducir el perfil de Cerimedo: lo describió como un contacto de campaña que nunca tuvo un vínculo formal con su gobierno. La respuesta llegó de inmediato desde la cuenta de Facebook de Nadia Beller, quien publicó fotografías de Cerimedo participando de reuniones de alto nivel junto al mandatario. La imagen más elocuente lo muestra en un encuentro con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que el propio Departamento de Estado difundió en marzo pasado. La contradicción entre el relato presidencial y la evidencia fotográfica es el nudo central del caso político que se teje alrededor de la causa judicial.

En paralelo, Beller continúa aportando información a la justicia boliviana. Tras sobrevivir al ataque y recibir el alta médica, denunció un nuevo intento de atentado en su contra. Embarazada, sostuvo que está dispuesta a declarar también en Argentina y que ya no encuentra motivos para proteger a quien intentó asesinarla.

El operador que ahora niega haber operado

La paradoja de Cerimedo es que su defensa se apoya en negar aquello de lo que antes hacía gala. El hombre que fue responsable tecnológico de la campaña de La Libertad Avanza en las primarias de agosto de 2023 y que firmó documentos en nombre del equipo de Milei para designar a la empresa Latin American Advisory Group como agente de lobby en los Estados Unidos ahora sostiene que jamás actuó en nombre de nadie. Eso surge de documentos judiciales revelados por el periodista Andrés Lerner en el programa Minuto Uno por C5N. Su caso demuestra, precisamente, que no hacen falta firma ni cargo para tener poder; algo que Cerimedo, especialista en manipulación a través de redes sociales y lobbying, sabe mejor que nadie.

Lo que tienes que saber sobre Cerimedo

  • Cerimedo cumple 180 días de prisión preventiva en Palmasola acusado de ser el autor intelectual del intento de asesinato de Nadia Beller.
  • Se investigan cuatro causas penales en Bolivia: tentativa de feminicidio, violencia familiar, legitimación de ganancias y cobertura al narcotráfico.
  • En los allanamientos se secuestró un auto con sirena y placa policial; su celular registra contactos con inteligencia antinarcóticos.
  • Beller refutó con fotos el relato del presidente Paz, quien intentó minimizar el vínculo con el asesor argentino.
  • Documentos judiciales lo identifican como responsable tecnológico de la campaña de LLA en 2023 y firmante de contratos de lobby en nombre del equipo Milei.

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