Conectate con El Argentino

DDHH

Pietragalla dijo que se debe respetar el mandato de la Corte IDH sobre Milagro Sala

El funcionario nacional llegó a la provincia de Jujuy para conocer las condiciones de detención y el estado de salud de la dirigente social ante el pedido del organismo internacional a partir del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que convalidó la condena de 13 años de prisión en la causa conocida como «Pibes Villeros».

Publicado hace

#

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, visitó hoy a la dirigente social Milagro Sala en la capital jujeña, donde cumple prisión domiciliaria, y sostuvo que se debe respetar lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre su condición de arresto.

El funcionario nacional llegó a la provincia de Jujuy para conocer las condiciones de detención y el estado de salud de la dirigente social ante el pedido del organismo internacional a partir del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que convalidó la condena de 13 años de prisión en la causa conocida como «Pibes Villeros».

«La Corte IDH tiene una medida a favor de Milagro Sala en relación al arresto domiciliario por su situación de salud y que cese la persecución que estaba sufriendo. y ante un nuevo pedido de la CIDH estamos elaborando un informe sobre su situación y su estado de salud», refirió Pietragalla Corti en conferencia de prensa.

En ese marco, consideró que existe «una medida previsional de la Corte IDH que obliga al Estado argentino a cumplir lo que esa medida dicta, nosotros adherimos a los organismos de derechos humanos constitucionalmente, entonces tenemos que seguir manteniendo esa domiciliaria».

Más adelante se expresó sobre el pedido del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para que Sala cumpla la condena en una cárcel común.

«Hace ruido que el gobernador pida una cárcel común teniendo en cuenta que los poderes judiciales son independientes de los poderes ejecutivos», sostuvo.

Asimismo, recordó que el referente radical jujeño hace poco tiempo se pronunció a favor de un jugador de futbol de Irán y «obviamente repudiamos la pena de muerte en cualquier parte del mundo, hay que ser respetuosos de los derechos humanos en el exterior, pero también en el lugar donde se gobierna», expresó.

«Le pedimos (a Morales) que no intervenga obligando o presionando a la Justicia para que traslade a Milagro a una cárcel común porque la Corte IDH nos obliga a respetar ese mandato», reafirmó Pietragalla Corti.

Durante la jornada el funcionario nacional también encabezó una reunión con dirigentes de organizaciones de derechos humanos, con los cuales acordó conformar una comisión y así avanzar sobre las denuncias de persecución política detalladas por los activistas a través de causas judiciales y contravenciones contra los colectivos.

Entre ellas mostró su preocupación por el caso de Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda, adolescente asesinada en septiembre de 2020 en la ciudad de Palpalá, sobre quien pesa una causa contravencional por reclamar justicia en las calles de San Salvador.

«Creo que estamos llegando a un límite, los organismos están muy preocupados por esta situación», manifestó sobre casos de «violencia institucional», ligados también entre otros a pueblos originarios, familias campesinas sobre la «lucha por las tierras que habitan».

Sobre la comisión que se conformó buscará que a partir de enero realizar «un relevamiento sobre las denuncias» al tiempo que oficiará de «interlocutores ante la Justicia y autoridades políticas para que esto cese un poco», señaló.

DDHH

Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

Publicado hace

#

Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas