El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, visitó hoy a la dirigente social Milagro Sala en la capital jujeña, donde cumple prisión domiciliaria, y sostuvo que se debe respetar lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre su condición de arresto.

El funcionario nacional llegó a la provincia de Jujuy para conocer las condiciones de detención y el estado de salud de la dirigente social ante el pedido del organismo internacional a partir del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que convalidó la condena de 13 años de prisión en la causa conocida como «Pibes Villeros».

«La Corte IDH tiene una medida a favor de Milagro Sala en relación al arresto domiciliario por su situación de salud y que cese la persecución que estaba sufriendo. y ante un nuevo pedido de la CIDH estamos elaborando un informe sobre su situación y su estado de salud», refirió Pietragalla Corti en conferencia de prensa.

En ese marco, consideró que existe «una medida previsional de la Corte IDH que obliga al Estado argentino a cumplir lo que esa medida dicta, nosotros adherimos a los organismos de derechos humanos constitucionalmente, entonces tenemos que seguir manteniendo esa domiciliaria».

Más adelante se expresó sobre el pedido del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para que Sala cumpla la condena en una cárcel común.

«Hace ruido que el gobernador pida una cárcel común teniendo en cuenta que los poderes judiciales son independientes de los poderes ejecutivos», sostuvo.

Asimismo, recordó que el referente radical jujeño hace poco tiempo se pronunció a favor de un jugador de futbol de Irán y «obviamente repudiamos la pena de muerte en cualquier parte del mundo, hay que ser respetuosos de los derechos humanos en el exterior, pero también en el lugar donde se gobierna», expresó.

«Le pedimos (a Morales) que no intervenga obligando o presionando a la Justicia para que traslade a Milagro a una cárcel común porque la Corte IDH nos obliga a respetar ese mandato», reafirmó Pietragalla Corti.

Durante la jornada el funcionario nacional también encabezó una reunión con dirigentes de organizaciones de derechos humanos, con los cuales acordó conformar una comisión y así avanzar sobre las denuncias de persecución política detalladas por los activistas a través de causas judiciales y contravenciones contra los colectivos.

Entre ellas mostró su preocupación por el caso de Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda, adolescente asesinada en septiembre de 2020 en la ciudad de Palpalá, sobre quien pesa una causa contravencional por reclamar justicia en las calles de San Salvador.

«Creo que estamos llegando a un límite, los organismos están muy preocupados por esta situación», manifestó sobre casos de «violencia institucional», ligados también entre otros a pueblos originarios, familias campesinas sobre la «lucha por las tierras que habitan».

Sobre la comisión que se conformó buscará que a partir de enero realizar «un relevamiento sobre las denuncias» al tiempo que oficiará de «interlocutores ante la Justicia y autoridades políticas para que esto cese un poco», señaló.