Consumo
Precios Justos se extiende hasta diciembre de 2023
En la última semana, el programa incorporó productos para la mesa de Navidad y Año Nuevo al lanzar en los supermercados y mayoristas de todo el país una canasta de unos cincuenta alimentos y bebidas típicos para la celebración de las Fiestas.
El programa Precios Justos, que fija precios de unos dos mil productos de primera necesidad mediante acuerdos voluntarios entre el Gobierno y empresas productoras y comercializadoras, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.
En la Resolución 1077/2022, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se estableció el plazo de vigencia hasta el final del año próximo, al tiempo que se detallaron las normas a cumplir por parte de las empresas productoras de insumos difundidos.
La resolución original con la que se creo Precios Justos, publicada el 10 de noviembre, se ceñía a empresas proveedoras de Bienes de Consumo Masivo, supermercados minoristas y mayoristas, y no fijaba el plazo de vigencia del programa, más allá de establecer que los convenios con cada empresa se extendería desde noviembre de 2022 hasta fines de febrero de 2023.
Atento a esta situación, en los considerandos de la resolución 1077 se indica que “resulta necesario aclarar cuál es el plazo de vigencia del Programa Precios Justos” y facultar a la Secretaría de Comercio a “dictar las normas aclaratorias que fueran necesarias”.
Asimismo, se incorporó a las empresas productoras de insumos difundidos, consideradas como las «productoras de los productos estratégicos para la industria nacional que, resultado de un proceso industrial, forman parte de la cadena de producción de gran parte de los productos de consumo masivo, entre otros».
Esas empresas, si suscriben el convenio de adhesión al programa, «deberán vender, de forma constante e ininterrumpida, los productos que ellas comercialicen y que se detallarán al momento de la suscripción del referido convenio» entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
En caso de resultar imposible la provisión de algún producto por causas ajenas a las empresas, «deberán dar aviso fehaciente de ello a la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno» en un plazo de no más de 72 horas de tomado conocimiento de dicha imposibilidad.
En ese marco, se considerará que las empresas incurrieron en infracción cuando no respondan en tiempo y forma los requerimientos de información o se verifique el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la resolución y de las cláusulas del convenio que suscriban.
Días atrás, el ministro de Economía, Sergio Massa; junto con el secretario de Comercio, Matías Tombolini; firmó un acuerdo con las principales proveedoras de insumos industriales para la producción de alimentos y bienes de consumo masivo por el cual dichas empresas no podrán modificar sus precios por encima del 3,9% mensual en promedio respecto del mes de diciembre.
El objetivo de este acuerdo voluntario, que se mantendrá hasta marzo de 2023, es darle previsibilidad a la estructura de costos de las empresas que participan del programa Precios Justos debido a que uno de los factores fundamentales en la formación del precio de un producto son los costos de los llamados insumos de uso difundido.
En esa ocasión, Massa destacó que estos acuerdos «permiten que el entramado de más de 41.000 pymes que forman parte de la cadena de valor tenga la posibilidad de planificar».
Tombolini afirmó que «seguimos trabajando en la hoja de ruta propuesta por el ministro Massa para bajar la presión inflacionaria y llevarle orden y previsibilidad a todos los sectores».
Los insumos elaborados por las empresas que firmaron este acuerdo (vidrio, papel, aluminio, químicos, entre otros) son clave en las cadenas de valor de la industria, al constituir materias primas esenciales.
En la última semana, el programa incorporó productos para la mesa de Navidad y Año Nuevo al lanzar en los supermercados y mayoristas de todo el país una canasta de unos cincuenta alimentos y bebidas típicos para la celebración de las Fiestas.
Los consumidores y consumidoras de todo el país pueden verificar precios y si un producto en góndola forma parte de Precios Justos a través de la app del programa que puede descargarse tanto para Android como para IOS.
La app, además, permite realizar denuncias en caso de incumplimiento de precios o faltantes.
Consumo
Los remedios en nuestro país triplican los precios internacionales
Un informe oficial revela que el 90% de los medicamentos de uso frecuente son más caros en Argentina que en el exterior, con un sobreprecio mediano de 3,1 a 1. Frente a India, la brecha trepa a 6,7 veces; frente a España, a 5,3 veces. Los datos surgen de un relevamiento de 17 principios activos esenciales comparados en cinco mercados internacionales.
En nuestro país se paga, en promedio, más del triple por medicamentos de lo que abonan los ciudadanos de otros países por los mismos principios activos. Así lo revela un informe reservado que circula entre funcionariosla que analizó una canasta de 17 medicamentos de uso frecuente y comparó sus precios de venta al público en farmacias argentinas con los de Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India. El resultado es contundente: en el 90% de las comparaciones, Argentina sale perdiendo.
Para garantizar la validez de la comparación y evitar distorsiones por diferencias en el tamaño de los envases o las concentraciones, el estudio adoptó la Dosis Diaria Definida (DDD), la unidad de medida estandarizada recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El sobreprecio mediano registrado fue de 3,1 a 1 frente al conjunto de mercados analizados.
La brecha más brutal: India y España
Las diferencias más pronunciadas se registran frente a India, donde los remedios en Argentina resultan 6,7 veces más caros. Le siguen España, con una brecha de 5,3 veces, y Francia, con 3,4 veces. Incluso frente a Estados Unidos, habitualmente identificado como un mercado de precios elevados, la brecha es de 1,8 veces, y frente a Brasil, de 1,6 veces.
Los datos ilustran con precisión el impacto sobre tres tratamientos crónicos de altísimo consumo popular, que forman parte de la canasta básica de millones de hogares argentinos.
Tres tratamientos que radiografían la crisis
La levotiroxina, utilizada para el tratamiento del hipotiroidismo, es uno de los medicamentos más prescriptos del país. En Argentina, su costo mensual asciende a US$ 19,3, frente a una mediana internacional de apenas US$ 3,1. La dosis diaria local se ubica en US$ 0,644 contra US$ 0,08 en España, US$ 0,14 en Estados Unidos y US$ 0,02 en India. La brecha frente a ese último país es de 26,2 veces.
La atorvastatina, indicada para el control del colesterol, presenta un costo mensual de US$ 43,1 en Argentina contra US$ 8 de mediana internacional. La dosis diaria local cotiza a US$ 1,437, más de cinco veces por encima de los US$ 0,267 de referencia, y más de catorce veces por encima de los US$ 0,10 que cuesta en India.
La metformina, de uso extendido para la diabetes tipo 2, tiene un costo mensual de US$ 26,1 en el país contra US$ 5,3 de mediana. La dosis diaria en farmacias argentinas se ubica en US$ 0,871, frente a US$ 0,55 en Brasil, US$ 0,28 en Estados Unidos, US$ 0,08 en España y US$ 0,07 en India.
El contexto: desregulación como respuesta oficial
Según la información oficial, el diagnóstico que surge del informe sirve de sustento a la estrategia del Gobierno nacional orientada a desregular el mercado farmacéutico, promover la importación directa por parte de las provincias e impulsar la prescripción por nombre genérico para abaratar el acceso a los tratamientos. Como experiencia concreta en ese sentido, el documento menciona la compra de medicamentos a India realizada por la provincia de Mendoza.
Sin embargo, la propuesta de desregulación genera tensiones que el informe no resuelve. La estructura de precios del mercado farmacéutico argentino combina márgenes de distribución y dispensación, patentes, poder de mercado de laboratorios concentrados y ausencia de políticas de acceso efectivas. La importación directa y la genérica son herramientas válidas, pero insuficientes si no van acompañadas de una política de medicamentos esenciales que garantice cobertura universal, advierten desde sectores del campo sanitario público.
La paradoja central que emerge del informe es que los sobreprecios más altos recaen sobre tratamientos crónicos, es decir, sobre los pacientes que más dependen del sistema y que menos pueden prescindir de su medicación. Hipotiroidismo, colesterol alto y diabetes tipo 2 son condiciones que afectan de manera desproporcionada a sectores de menores ingresos, para quienes el gasto en medicamentos representa una proporción significativa de su presupuesto mensual.
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