Cuatro mujeres que habían sido detenidas luego de ser acusadas de «acompañar» un «aborto clandestino» en Villa María fueron liberadas hoy por el Juzgado de Control de esa ciudad cordobesa, aunque advirtieron que seguirán vinculadas a la causa, en tanto que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sostuvo que la interrupción voluntaria del embarazo no puede «calificarse como delictivo» porque se trata de «una acción legal».

En tanto, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, expresó «preocupación por la privación de la libertad de cuatro integrantes de la red nacional Socorristas en Red» a través de una presentación judicial.

De acuerdo con el escrito presentado por el Ministerio ante el Juzgado de Control de Villa María, a cargo de la jueza María Soledad Dottori, estos hechos «no podrían calificarse como delictivos, por tratarse de acciones legales y socialmente valiosas vinculadas a la promoción de la salud reproductiva y al acompañamiento de abortos legales».

«Las detenciones son violatorias de los derechos establecidos en la ley 27610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto», sostuvo ante medios locales la abogada Mayca Balaguer, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de Córdoba.

De acuerdo a la información suministrada por fuentes de Socorristas en Red, cuatro mujeres fueron detenidas el miércoles pasado, dos de ellas integrantes de esa organización, cuando «acompañaban» un «aborto voluntario» domiciliario en Villa María.

Dos de las «socorristas» fueron imputadas por el delito de «ejercicio ilegal de la medicina» y otras dos por «encubrimiento», informó una fuente judicial.

La abogada Rocío García Garro, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), contó -en diálogo con Télam- que «el miércoles pasado detuvieron a las compañeras en el marco de un procedimiento que se inició ese día a las 5 de la tarde. Fueron allanados varios domicilios y se detuvieron a dos compañeras socorristas. Asimismo, también se libró un pedido de detención para dos compañeras que no se encontraban en el país».

«Los familiares de esas compañeras que se encontraban fuera del país le hicieron saber a la fiscalía que cuando estas regresaran al país automáticamente se iban a presentar», dijo.

Explicó que «la Fiscalía, haciendo caso omiso a lo que había manifestado la familia, directamente ordenó el pedido de captura».

Las dos mujeres quedaron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras su arribo al país, el 24 a la madrugada.

García Garro destacó que «la jueza de Control actuó con la celeridad del caso, resolvió la situación y ordenó la libertad de las cuatro compañeras».

«Ahora el proceso queda vigente, y no nos queda más que discutir justamente que es absolutamente legal la actividad que realizan las socorristas», explicó.

La miembro fundadora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, observó que «apenas se sancionó la ley (IVE) los sectores antiderechos pidieron su inconstitucionalidad. Durante el 2021 contabilizamos 37 acciones en contra de la ley».

«En 2022 la estrategia de los sectores antiderechos estuvo direccionada hacia la criminalización», dijo, y remarcó que «se criminalizaron a profesionales de la salud y a usuarios del servicio de salud».

«Lo que hizo la fiscal de Villa María viene en línea con todo este movimiento criminalizador con el objetivo de generar miedo para desalentar», agregó.

Por su parte, Socorristas en Red escribió en Twitter: «¡Las compañeras socorristas están libres y lo logramos colectivamente! La lucha siempre sirve».

«En el día de hoy más de 40 organizaciones presentaron ante el Juzgado de Control de Villa María, la preocupación por la detención de socorristas», recalcaron.

«A 2 años de la sanción de la ley 27.610 que abandonó el paradigma criminal, y reconoció el derecho de las mujeres, de otras personas gestantes, de niñas y adolescentes a interrumpir sus embarazos, repudiamos esta ofensiva judicial».

Desde la Red también afirmaron que «no son abortos clandestinos. Son abortos autogestionados», y lo que hacen los integrantes de esa organización es brindar «información, acompañamiento y contención» en ese proceso de «aborto voluntario».

En tanto, la ministra Mazzina, a través de una presentación judicial dirigida a la jueza María Soledad Dottori, del juzgado de Control de Villa María, expresó su preocupación por las detenciones «sucedidas los días 21 y 23 de diciembre de 2022».

En el documento, la funcionaria advirtió que «en la causa se acusa a las detenidas de ejercicio ilegal de la medicina, hasta donde ha trascendido en los medios de comunicación, delito excarcelable en su pena máxima imponible y que por tanto no debería ser objeto de prisión preventiva o privación alguna de la libertad».

En otro apartado de la misiva, la ministra apeló a la aplicación estricta del principio de juicio en libertad y presunción de inocencia: «Las integrantes de la red nacional Socorristas en Red que están siendo investigadas en esta causa, han pasado las fiestas navideñas privadas de su libertad sin una justificación adecuada».

En el escrito, la cartera a cargo de Mazzina manifestó su interés «en la incorporación de la perspectiva de género y diversidad en el proceso judicial, para un desarrollo respetuoso de los derechos humanos de las mujeres».

La policía provincial, por directivas del Ministerio Público Fiscal (MPF), realizó allanamientos domiciliarios, secuestró documentación y otros elementos que fueron puestos a disposición de la investigación.

Desde la Red también destacaron que a nivel internacional las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) «reconocen el papel fundamental que cumplen las redes de acompañantes en todo el mundo, y la importancia de la comunidad para la protección de la salud, tanto para la disminución de riesgos como para el alivio de la culpabilización que rodea la decisión de abortar».

Por su parte, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito publicó en su cuenta de Twitter que «entre enero y octubre de 2022 las @socenredarg acompañaron a 10.063 personas en sus abortos».