El Consejo de la Magistratura aprobó por nueve votos el envío de las denuncias contra el juez Patricio Maraniello a la comisión de Acusación. La resolución siguió el criterio de unificar los expedientes que lo señalan por presunto abuso sexual y maltrato laboral, según lo tratado en la comisión de Disciplina.

La causa había sido postergada la semana anterior, pero el giro a Acusación se concretó luego de que se valorara la gravedad de las imputaciones. Entre las declaraciones incorporadas figuran los testimonios de la denunciante, compañeros de trabajo y jueces camaristas, quienes describieron comportamientos que calificaron como inapropiados. Algunos relataron incluso la existencia de un “código de vestimenta” que incluía tacos y minifalda para las empleadas, lo que derivó en el mote de “las azafatas de Maraniello” en los pasillos judiciales.

La decisión fue acompañada por los consejeros César Grau —presidente de Disciplina—, Luis Juez —senador y presidente de Acusación—, Eduardo Vischi, Mariano Recalde, Inés Pilatti Vergara, el académico Hugo Galderisi y los jueces Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña. El único consejero que se abstuvo fue el juez Alberto Lugones, quien expresó su desacuerdo con la unificación de expedientes como precedente institucional.

Quedó excluida del pase a Acusación una denuncia reciente contra Maraniello por la demora en una habilitación de feria vinculada a un amparo de salud. Ese caso seguirá en Disciplina.

El sumario contra Capuchetti sigue adelante

La comisión también rechazó el pedido de nulidad presentado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, cuestionada en el Consejo por su actuación en la causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Capuchetti había solicitado anular el sumario al sostener que no fue notificada conforme al artículo 11 del reglamento. Sin embargo, la votación terminó empatada y fue definida por el voto doble de César Grau en su rol de presidente de la comisión de Disciplina, lo que dejó firme el avance de la investigación administrativa.

El debate por la actuación del juez Goggi

Otro punto central de la reunión fue el tratamiento de la denuncia contra el juez civil Carlos Goggi por haber declarado inconstitucional la ley 27.423 sobre honorarios profesionales de abogados. La controversia enfrentó a representantes de la abogacía y de la judicatura.

La consejera abogada Jimena Latorre solicitó investigar si existía un patrón de conducta del magistrado. En contraste, Alberto Lugones defendió la potestad de los jueces para declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando así lo consideren en un caso concreto.

Finalmente, el Consejo resolvió citar al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) para que exponga su posición en defensa de la dignidad profesional y los intereses colectivos del sector. Además, requirió a la Cámara Civil un relevamiento de los fallos en los que Goggi declaró la inconstitucionalidad de la ley 27.423, con detalle sobre si fueron confirmados o revocados y los fundamentos respectivos.