Judiciales ⚖️
Graves denuncias y votaciones divididas: así avanzaron las causas en el Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura envió a Acusación las denuncias contra el juez Maraniello por abuso sexual y maltrato laboral.
El Consejo de la Magistratura aprobó por nueve votos el envío de las denuncias contra el juez Patricio Maraniello a la comisión de Acusación. La resolución siguió el criterio de unificar los expedientes que lo señalan por presunto abuso sexual y maltrato laboral, según lo tratado en la comisión de Disciplina.
La causa había sido postergada la semana anterior, pero el giro a Acusación se concretó luego de que se valorara la gravedad de las imputaciones. Entre las declaraciones incorporadas figuran los testimonios de la denunciante, compañeros de trabajo y jueces camaristas, quienes describieron comportamientos que calificaron como inapropiados. Algunos relataron incluso la existencia de un “código de vestimenta” que incluía tacos y minifalda para las empleadas, lo que derivó en el mote de “las azafatas de Maraniello” en los pasillos judiciales.
La decisión fue acompañada por los consejeros César Grau —presidente de Disciplina—, Luis Juez —senador y presidente de Acusación—, Eduardo Vischi, Mariano Recalde, Inés Pilatti Vergara, el académico Hugo Galderisi y los jueces Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña. El único consejero que se abstuvo fue el juez Alberto Lugones, quien expresó su desacuerdo con la unificación de expedientes como precedente institucional.
Quedó excluida del pase a Acusación una denuncia reciente contra Maraniello por la demora en una habilitación de feria vinculada a un amparo de salud. Ese caso seguirá en Disciplina.
El sumario contra Capuchetti sigue adelante
La comisión también rechazó el pedido de nulidad presentado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, cuestionada en el Consejo por su actuación en la causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Capuchetti había solicitado anular el sumario al sostener que no fue notificada conforme al artículo 11 del reglamento. Sin embargo, la votación terminó empatada y fue definida por el voto doble de César Grau en su rol de presidente de la comisión de Disciplina, lo que dejó firme el avance de la investigación administrativa.
El debate por la actuación del juez Goggi
Otro punto central de la reunión fue el tratamiento de la denuncia contra el juez civil Carlos Goggi por haber declarado inconstitucional la ley 27.423 sobre honorarios profesionales de abogados. La controversia enfrentó a representantes de la abogacía y de la judicatura.
La consejera abogada Jimena Latorre solicitó investigar si existía un patrón de conducta del magistrado. En contraste, Alberto Lugones defendió la potestad de los jueces para declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando así lo consideren en un caso concreto.
Finalmente, el Consejo resolvió citar al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) para que exponga su posición en defensa de la dignidad profesional y los intereses colectivos del sector. Además, requirió a la Cámara Civil un relevamiento de los fallos en los que Goggi declaró la inconstitucionalidad de la ley 27.423, con detalle sobre si fueron confirmados o revocados y los fundamentos respectivos.
Mundo 🌐
Meloni elige la represión: soldados en la calle, cárcel para manifestantes y detención preventiva de menores
El decreto crea el delito de «participación violenta en una manifestación», con hasta cinco años de cárcel, y hace responsables a los padres por los daños de sus hijos. El Gobierno italiano lo aprobó tras los saqueos del fin de semana en Milán.
Italia tendrá un nuevo delito penal por «participación violenta en una manifestación», con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros (unos 22.500 dólares). El Gobierno también ampliará la detención preventiva de menores sospechosos de representar una amenaza antes de las marchas.
La primera ministra, Giorgia Meloni, anunció el martes 20 de octubre, en un video difundido en redes sociales tras el Consejo de Ministros, que el gabinete aprobó un decreto de seguridad después de los disturbios del fin de semana en Milán y otras ciudades del país. La norma incluye además el despliegue de 500 soldados en la capital lombarda hasta fin de año. El lunes 19, el vicepresidente Matteo Salvini ya había adelantado el envío de las tropas en sus redes sociales.
Qué incluye el decreto
El texto endurece las sanciones para quienes se cubran el rostro, lesionen a otras personas o cometan actos de destrucción en grupo. Amplía las medidas de detención preventiva para menores sospechosos de representar una amenaza antes de manifestaciones e incorpora cláusulas que permiten atribuir responsabilidad financiera a los padres por los daños causados por sus hijos.
«Protestar es un derecho, devastar nuestras ciudades no», afirmó Meloni, quien condenó los ataques contra comercios y fuerzas de seguridad. La primera ministra sostuvo que se denunciaron saqueos, rotura de escaparates y agresiones a policías, y habló de «escenas inaceptables que no pueden ser minimizadas ni justificadas».
Una marcha por el costo de vida y una respuesta penal
Según consignó la prensa local, los incidentes ocurrieron al margen de una manifestación pacífica contra el encarecimiento de la vida. La policía de Milán estimó que 2.000 jóvenes participaron en los disturbios de la noche del sábado, y Meloni calificó de dolorosa y aterradora la presencia de tantos chicos en los hechos.
Las medidas conocidas hasta ahora se concentran en el castigo y el control: penas de prisión, soldados en las calles y detenciones. Ninguna de ellas apunta al malestar económico que, según se informó, había motivado la marcha original.
Un antecedente reciente
No es la primera vez que el Gobierno de Meloni responde con mano dura a la protesta. En febrero, tras disturbios en Turín, aprobó un paquete de seguridad urbana que permite la retención preventiva de personas «de riesgo» antes de una manifestación, por hasta 12 horas. Pocos días después, luego de los choques en Milán durante una marcha contra los Juegos Olímpicos de Invierno, Meloni tachó de «enemigos de Italia» a los responsables de los disturbios.
El nuevo decreto profundiza esa línea: cada episodio de violencia callejera se responde con una vuelta de tuerca penal, ahora con foco en los menores y en sus familias. La medida reabre el debate sobre dónde termina la prevención y dónde empieza la sanción anticipada, ya que alcanza a jóvenes sospechosos de ser una amenaza antes de que ocurra cualquier hecho.
Lo que tenés que saber
- El decreto crea el delito de participación violenta en una manifestación, con hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros.
- Se desplegarán 500 soldados en Milán hasta fin de año.
- Se amplía la detención preventiva para menores sospechosos de representar una amenaza antes de manifestaciones.
- Los padres podrán ser responsabilizados financieramente por los daños causados por sus hijos.
- Meloni lo anunció tras los saqueos y las agresiones a policías del fin de semana en Milán y otras ciudades.
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