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Judiciales ⚖️

Graves denuncias y votaciones divididas: así avanzaron las causas en el Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura envió a Acusación las denuncias contra el juez Maraniello por abuso sexual y maltrato laboral.

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El Consejo de la Magistratura aprobó por nueve votos el envío de las denuncias contra el juez Patricio Maraniello a la comisión de Acusación. La resolución siguió el criterio de unificar los expedientes que lo señalan por presunto abuso sexual y maltrato laboral, según lo tratado en la comisión de Disciplina.

La causa había sido postergada la semana anterior, pero el giro a Acusación se concretó luego de que se valorara la gravedad de las imputaciones. Entre las declaraciones incorporadas figuran los testimonios de la denunciante, compañeros de trabajo y jueces camaristas, quienes describieron comportamientos que calificaron como inapropiados. Algunos relataron incluso la existencia de un “código de vestimenta” que incluía tacos y minifalda para las empleadas, lo que derivó en el mote de “las azafatas de Maraniello” en los pasillos judiciales.

La decisión fue acompañada por los consejeros César Grau —presidente de Disciplina—, Luis Juez —senador y presidente de Acusación—, Eduardo Vischi, Mariano Recalde, Inés Pilatti Vergara, el académico Hugo Galderisi y los jueces Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña. El único consejero que se abstuvo fue el juez Alberto Lugones, quien expresó su desacuerdo con la unificación de expedientes como precedente institucional.

Quedó excluida del pase a Acusación una denuncia reciente contra Maraniello por la demora en una habilitación de feria vinculada a un amparo de salud. Ese caso seguirá en Disciplina.

El sumario contra Capuchetti sigue adelante

La comisión también rechazó el pedido de nulidad presentado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, cuestionada en el Consejo por su actuación en la causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Capuchetti había solicitado anular el sumario al sostener que no fue notificada conforme al artículo 11 del reglamento. Sin embargo, la votación terminó empatada y fue definida por el voto doble de César Grau en su rol de presidente de la comisión de Disciplina, lo que dejó firme el avance de la investigación administrativa.

El debate por la actuación del juez Goggi

Otro punto central de la reunión fue el tratamiento de la denuncia contra el juez civil Carlos Goggi por haber declarado inconstitucional la ley 27.423 sobre honorarios profesionales de abogados. La controversia enfrentó a representantes de la abogacía y de la judicatura.

La consejera abogada Jimena Latorre solicitó investigar si existía un patrón de conducta del magistrado. En contraste, Alberto Lugones defendió la potestad de los jueces para declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando así lo consideren en un caso concreto.

Finalmente, el Consejo resolvió citar al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) para que exponga su posición en defensa de la dignidad profesional y los intereses colectivos del sector. Además, requirió a la Cámara Civil un relevamiento de los fallos en los que Goggi declaró la inconstitucionalidad de la ley 27.423, con detalle sobre si fueron confirmados o revocados y los fundamentos respectivos.

Análisis

Los audios de Spagnuolo vs los cuadernos de Centeno: la indignante doble vara de la Justicia

Mientras la Cámara Federal ordena investigar la autenticidad de los audios contra Spagnuolo por «procedencia incierta», los cuadernos de Centeno, con fotocopias, incendio del original y múltiples inconsistencias, fueron validados como prueba para sostener una causa que aún se encuentra en proceso judicial.

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★ La reciente decisión de la Cámara Federal que ordenó investigar el origen de los audios en la causa ANDIS contrasta de manera llamativa con el tratamiento judicial que recibió la llamada «causa Cuadernos», donde materiales con serias inconsistencias documentales fueron validados como prueba suficiente para sostener una investigación de magnitud. El análisis comparativo de ambos casos expone criterios diametralmente opuestos en tribunales que integran el mismo fuero federal.

Los audios de Spagnuolo: rigor extremo

En el caso ANDIS, la Cámara Federal porteña —con el voto de Martín Irurzun y Roberto Boico— consideró que no pueden ser admitidos como prueba audios de los cuales no está acreditado su origen, su cadena de custodia ni su autenticidad. Los camaristas señalaron que la investigación se activó a partir de publicaciones periodísticas que reproducen información surgida de los mismos audios cuestionados, sin verificación previa.

El tribunal advirtió sobre la posibilidad de que el material haya sido editado, manipulado o incluso generado mediante inteligencia artificial. Esta postura refleja un criterio garantista estricto: sin prueba pericial que avale la autenticidad del material, no puede sostenerse una investigación penal que afecte derechos fundamentales como la intimidad y el debido proceso.

Los cuadernos de Centeno: laxitud extraordinaria

La causa conocida como «Cuadernos de la corrupción K», en cambio, avanzó sobre pilares probatorios considerablemente más endebles, según señalaron repetidamente las defensas de los acusados. Los llamados «cuadernos» atribuidos al chofer Oscar Centeno presentaron múltiples irregularidades que nunca fueron obstáculo para que la Justicia los validara como prueba central:

El incendio y las fotocopias: El material original de los cuadernos sufrió un incendio en la casa de Centeno en circunstancias nunca esclarecidas. Lo que llegó a la Justicia fueron fotocopias de fotocopias, sin que existiera posibilidad de cotejar con los originales la autenticidad de lo transcripto.

Múltiples autores: Pericias caligráficas determinaron que los cuadernos no fueron escritos por una sola persona. Se detectaron diferentes caligrafías, lo que puso en duda la versión de que Centeno había llevado ese registro de manera personal y continua durante años.

Cadena de custodia inexistente: A diferencia del rigor que ahora reclama la Cámara para los audios de ANDIS, en la causa Cuadernos no se exigió documentación sobre cómo, cuándo y en qué condiciones Centeno habría guardado ese material durante más de una década, ni cómo llegó a manos de la Justicia.

Inconsistencias temporales y fácticas: Las defensas señalaron contradicciones entre fechas, lugares y circunstancias descriptas en los cuadernos y la realidad verificable de agendas públicas y registros oficiales.

El rol de los medios: prueba en un caso, indicio en otro

Un dato revelador de la disparidad de criterios es el tratamiento del origen mediático de ambas causas. En ANDIS, la Cámara objetó que la investigación se haya activado a partir de publicaciones periodísticas sin verificación previa de la autenticidad del material.

Sin embargo, en la causa Cuadernos, las revelaciones periodísticas del diario La Nación fueron el motor de la investigación y la prueba periodística fue considerada válida para iniciar y sostener la causa, pese a que el material también había sido filtrado a los medios antes que a la Justicia.

Jueces diferentes, estándares opuestos

La causa Cuadernos tramitó inicialmente ante el juez Claudio Bonadio, conocido por su línea dura contra el kirchnerismo, quien validó las pruebas sin mayores reparos. Tras su fallecimiento, la causa continuó con ese mismo criterio. El juicio oral por esta causa aún se encuentra en curso, sin sentencia definitiva, aunque el material cuestionado sigue siendo admitido como prueba válida.

Vale recordar que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de prisión en la causa Vialidad, un expediente diferente aunque vinculado temporal y políticamente al mismo clima de persecución judicial. La causa Cuadernos, en cambio, continúa su trámite con decenas de imputados y sin resolución final.

En contraste, la causa ANDIS tramita ante el juez Sebastián Casanello, quien había rechazado inicialmente los planteos de nulidad, pero fue corregido por la Cámara Federal que ahora exige estándares de verificación que nunca se aplicaron en Cuadernos.

Implicancias políticas y lawfare

La disparidad en los criterios judiciales alimenta la percepción de lo que organizaciones de derechos humanos y juristas han denominado «lawfare» o uso político de la justicia. Mientras que en casos vinculados al kirchnerismo se admitieron pruebas con inconsistencias notorias, en casos que involucran a funcionarios del gobierno actual se aplican estándares de rigurosidad extrema.

Esta doble vara no solo afecta la credibilidad del sistema judicial, sino que pone en evidencia la selectividad en la aplicación de garantías procesales básicas. El derecho a la intimidad, la cadena de custodia, la autenticidad de las pruebas y el debido proceso parecen tener pesos diferentes según quién sea el investigado.

El silencio cómplice de los formalismos

Cabe preguntarse por qué los mismos criterios garantistas que hoy se aplican para proteger a los imputados en ANDIS no fueron aplicados cuando las víctimas del proceso judicial eran dirigentes del peronismo. La respuesta, aunque incómoda, parece estar más cerca de la voluntad política que de la técnica jurídica.

Los cuadernos de Centeno sostuvieron procesamientos, prisiones preventivas y una causa que lleva años sin que jamás se acreditara fehacientemente su autenticidad. Los audios de Spagnuolo, en cambio, son sometidos a un escrutinio exhaustivo antes siquiera de ser admitidos como indicio de investigación.

Esta asimetría no es un detalle técnico: es la evidencia de un sistema judicial que aplica la ley con distintos niveles de exigencia según el color político del investigado.

Puntos clave:

• La Cámara exige verificación exhaustiva de los audios en ANDIS, criterio que nunca se aplicó en la causa Cuadernos
• Los cuadernos de Centeno presentaron fotocopias, múltiples autores e inconsistencias, pero fueron validados como prueba central
• El incendio de los originales y la ausencia de cadena de custodia no impidieron que la causa Cuadernos avanzara
• La causa Cuadernos continúa en proceso judicial sin sentencia definitiva, a diferencia de la causa Vialidad que condenó a CFK
• La disparidad de criterios evidencia un tratamiento judicial diferenciado según el perfil político de los investigados

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