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Pobreza: la UCA desinfla el dato oficial y confirma que la baja es solo un “efecto estadístico”

La corrección metodológica de la Universidad Católica indica que la caída real de la pobreza es de solo 2,1%. Mientras que el 48,8% de la población en hogares con niños se encuentra actualmente en situación de pobreza. Sin programas sociales, la pobreza alcanzaría el 41,8% y la indigencia el 12,8%. Conocé todos los datos del informe.

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★ El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA informó que la pobreza por ingresos se ubicó en 36,3% y la indigencia en 6,8% al cierre del tercer trimestre de 2025. Si bien el dato muestra una caída de 9,3 puntos respecto al mismo período de 2024, el propio informe subraya que la mayor parte de esa baja es un “efecto estadístico” por la medición de ingresos y no una mejora estructural de las condiciones de vida.

​El estudio, proveniente de las estimaciones de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), confirma que la reducción de la pobreza monetaria respecto al pico de la crisis de 2024 es más bien relativa, alcanzando niveles similares a 2022/2023.

La corrección que desarma la baja oficial

​El dato más contundente del análisis se centra en la corrección metodológica aplicada a las estimaciones oficiales de pobreza. Según el informe, la tasa de pobreza que habría proyectado el INDEC (EPH) para el segundo trimestre de 2025 se situaba en 31,8%, implicando una baja de 9,5 puntos porcentuales desde el segundo trimestre de 2023.

​Sin embargo, el ODSA de la UCA señaló que aproximadamente tres cuartas partes de esa supuesta caída oficial se deberían a un «sesgo en la medición monetaria» por el subregistro de ingresos en la EPH. Al corregir este cálculo por la mejora en la captación, la caída real de la pobreza monetaria bajo la gestión actual sería de “solo” 2,1 puntos porcentuales, ubicando la pobreza corregida en torno al 35% al cierre del segundo trimestre.

​Una pobreza que sigue atrapando a la mitad de la niñez

​Aun con la baja, el drama de la pobreza estructural persiste con fuerza en los sectores más vulnerables. La pobreza es significativamente mayor en hogares con niños: el 48,8% de la población en hogares con niños se encontraba en situación de pobreza en 2025, mientras que este porcentaje desciende al 10,8% en los hogares sin niños.

​Asimismo, la población que padece pobreza crónica (la que permaneció en esa situación por ingresos entre 2024 y 2025) representa un 27,6% del total. Esta cronicidad es dramática en el estrato social «Muy Bajo», donde el 60,9% de la población quedó atrapada en la pobreza en el mismo período. El informe recordó que la pobreza por ingresos ha mantenido un piso estructural cercano al 25% de la población durante los últimos 20 años.

​Estrés, hambre y la importancia de las transferencias

​El análisis del ODSA va más allá de los ingresos y midió indicadores directos de privación:

  • ​Estrés Económico: En 2025, el 46,8% de la población reportó que los ingresos de su hogar no son suficientes para cubrir los gastos básicos, un valor superior al piso histórico de 35%. Casi 7 de cada 10 hogares de nivel socioeconómico bajo padece esta situación.
  • ​Inseguridad Alimentaria: El 18,7% de los hogares se encontró en situación de inseguridad alimentaria total, mientras que el 7,8% padece inseguridad alimentaria severa, reflejando experiencias de hambre o reducción involuntaria de porciones por motivos económicos.

Finalmente, el informe confirma la dependencia vital de los programas sociales: las simulaciones indican que si se eliminaran las transferencias públicas, la indigencia se duplicaría, pasando del 6,8% al 12,8%, y la pobreza se elevaría a un 41,8% (un 20% más que la cifra observada).

En su conclusión, la UCA sentenció que: “Estas mejoras relativas se deben, en parte, a la estabilización inflacionaria y al refuerzo de transferencias sociales, pero no implican un cambio estructural en las condiciones de vida ni en la alta desigualdad”.

Puntos clave

  • ​Pobreza (Q3 2025): 36,3% de la población (UCA-ODSA).
  • ​Indigencia (Q3 2025): 6,8% de la población (UCA-ODSA).
    ​* Corrección Metodológica: La caída real de la pobreza es de solo 2,1 p.p. por el sesgo estadístico de la medición de ingresos oficial.
    ​* Pobreza Infantil: El 48,8% de la población en hogares con niños está en situación de pobreza.
    ​* Efecto Transferencias: Sin programas sociales, la pobreza alcanzaría el 41,8% y la indigencia el 12,8%.

Desregulación

AySA privatizada: el agua del AMBA ya tiene nuevo dueño

El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, en el que participa el empresario Mauricio Filiberti, se quedó con el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos por US$340,2 millones, monto que quedó por debajo de los US$500 millones que pretendía el Gobierno. La operación, amparada en la Ley Bases, consumó la segunda privatización de la empresa que brinda agua potable y saneamiento a 14 millones de personas en la Ciudad y el conurbano.

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De proveedor a dueño del agua: Filiberti se queda con AySA y consolida un negocio sin competencia real.

El agua que beben 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense quedó, a partir de este 8 de octubre de 2026, bajo control privado por primera vez en dos décadas. El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX superó en la licitación al grupo Roggio y se quedó con el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$340,2 millones, casi un 20% más que la oferta rival de US$285 millones, pero muy lejos de los US$500 millones que el Ministerio de Economía esperaba recaudar.

El proceso, encuadrado en la Resolución 704/2026, se inició con la Ley Bases 27.742 aprobada en 2024, que incluyó a AySA en el listado de empresas sujetas a privatización. El 10% restante de las acciones permanecerá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada, cuyo referente sindical es Omar Lingeri. La adjudicación definitiva aún aguarda la revisión final de la Comisión de Evaluación.

Un proveedor que ahora será el dueño

El consorcio ganador está encabezado por Rowing S.A., firma de ingeniería e infraestructura fundada por Walter Román, cuyas empresas aportaron $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza en 2023. Lo integran también Transclor, del empresario Mauricio Filiberti; la brasileña Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav; y el fondo de inversión PHX AQUA AR BV, con sede en los Países Bajos. Arcos opera agua y cloacas en 15 estados y más de 890 municipios de Brasil, y fue designada como Operador Técnico de la concesión.

La figura de Filiberti merece una lectura aparte. Transclor es proveedora exclusiva de AySA desde 2009 del policloruro de aluminio, el insumo más importante para la potabilización del agua. Al ganar la concesión, Filiberti pasa de proveedor a controlante de la misma empresa a la que le vende su principal insumo. Además, es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor, distribuidora eléctrica que tiene a AySA entre sus mayores clientes. El encadenamiento de negocios regulados en torno a un mismo grupo concentrado no es un detalle menor: es la radiografía de cómo funciona el llamado «círculo rojo» empresarial cuando el Estado decide soltar activos estratégicos.

Historia de ida y vuelta: de Menem a Kirchner, de Kirchner a Milei

AySA no siempre se llamó así ni siempre fue estatal. Su historia condensa cinco décadas de disputas sobre quién debe controlar el agua. La empresa se llamó Obras Sanitarias de la Nación (OSN), fundada en 1912, hasta que Carlos Menem la privatizó en 1993 y la concesionó al consorcio Aguas Argentinas, operado mayoritariamente por el grupo francés Suez. Ese proceso judicial derivó en la determinación de que la empresa había sido vendida a menos de una quinta parte de su valor real.

En 2006, Néstor Kirchner rescindió el contrato con Suez por incumplimientos en las inversiones de infraestructura comprometidas, creó AySA y colocó el 90% del capital bajo control estatal. Desde entonces y hasta 2022, la cobertura de agua potable en el área original de concesión subió del 76% al 85%, y la de cloacas del 57% al 72,6%, según datos de Chequeado. El Gobierno de Milei eligió destacar otro ángulo: desde la reestatización, la empresa requirió aportes del Tesoro por más de US$13.400 millones.

El contrato y los compromisos de inversión

El holding ganador confirmó un compromiso de inversión de US$1.940 millones en los primeros cinco años de concesión y de US$15.040 millones a lo largo de los 30 años del contrato. El nuevo pliego establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El programa contempla aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones destinados a la operación.

Las metas de cobertura también quedaron fijadas: para 2031 se prevé alcanzar el 75,3% en agua y el 63,9% en cloacas; al finalizar el período inicial de concesión, los pisos suben al 90% y 75% respectivamente. El Gobierno asumió además la deuda de la empresa por US$70 millones, que será transferida a los adjudicatarios. Los que paguen las tarifas también pagarán esa deuda.

Un negocio que sale debajo del precio de reserva

La oferta ganadora de US$340,2 millones equivale, considerando el 10% en manos del sindicato, a un precio implícito de US$378 millones por el 100% de la empresa. El Ministerio de Economía había proyectado recaudar US$500 millones. La diferencia de US$160 millones entre lo esperado y lo obtenido es la brecha entre el discurso de eficiencia del mercado y la realidad de una licitación con apenas dos oferentes, de un proceso que comenzó con 17 grupos interesados y terminó con solo dos dispuestos a presentarse.

Así funciona la privatización de servicios esenciales en mercados cautivos: sin competencia real, el precio lo pone el comprador. Los 14 millones de usuarios no eligieron al nuevo concesionario ni votaron la Ley Bases que lo habilitó.

Lo que tenés que saber:

  • El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX se adjudicó el 90% de AySA por US$340,2 millones, por debajo de los US$500 millones esperados por el Gobierno.
  • Mauricio Filiberti, a través de Transclor, era el proveedor exclusivo de cloro para potabilización de AySA desde 2009 y ahora pasará a ser parte del grupo controlante.
  • La empresa brinda agua potable y saneamiento a 14 millones de personas en CABA y 26 municipios del conurbano.
  • AySA fue creada en 2006 por Néstor Kirchner tras rescindir el contrato con el grupo francés Suez; su privatización es la segunda en la historia de la empresa.
  • El grupo controlante asumirá una deuda de US$70 millones de la empresa y se comprometió a invertir US$15.040 millones a lo largo de los 30 años de concesión.
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