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La amenaza de Pachelo: “Si tuve los huevos de matar a mi padre, matarte a vos no significa nada”

El testigo principal de la sexta jornada del debate, que se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro, complicó al principal acusado, ya que explicó que lo conoció de adolescente, por la relación que había entre sus padres.

Publicado hace

4 años

26.07.2022

ElArgentino.ar

Un comerciante de autos de Pilar aseguró hoy en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce que el principal imputado, Nicolás Pachelo, lo estafó con la compra de una camioneta y lo amenazó diciéndole que si ya había asesinado a su padre, matarlo a él y a su madre “no significa nada”, mientras que una empleada doméstica también complicó al acusado al afirmar que fue el autor del secuestro del perro de la socióloga muerta de seis balazos hace casi 20 años en el country Carmel de Pilar.

Mariano Maggi, dueño de una agencia de compra y venta de autos de Pilar, fue el testigo principal de esta sexta jornada del debate que se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro.

El testigo explicó que conoció a Pachelo de adolescente por la relación que había entre su padre y el del acusado, Roberto Pachelo, que se dedicaba al automovilismo.

Maggi afirmó que en 2000 Pachelo le compró una camioneta Jeep Grand Cherokee que tenía en consignación valuada en 25.000 dólares y que el problema se dio cuando advirtió que lo había estafado porque le pagó con cuatro cheques que vinieron rebotados porque al menos uno de ellos estaba denunciado como robado, lo que motivó que realizara la denuncia ante la justicia.

“A Nicolás lo inhiben y es ahí cuando empiezo a sufrir amenazas. Me rompe los vidrios de la agencia dos veces”, recordó Maggi.

El comerciante explicó que una de esas amenazas fue en forma telefónica, cuando él venía manejando por la ruta 8 desde San Antonio de Areco, de donde es oriundo, y recibió en su celular una llamada de Pachelo con una frase que, según declaró hoy, nunca pudo olvidar.

“Si yo tuve los huevos de matar a mi padre, imaginate que matarte a vos o a tu vieja para mí no significa nada”, le dijo Pachelo, según afirmó hoy el testigo.

La causa por la muerte de Roberto Pachelo, de un tiro en la sien en su tosquera de Pilar en 1996, fue archivada por la Justicia de San Isidro como un suicidio, pero siempre hubo dudas en torno a si el ahora acusado del homicidio de García Belsunce tuvo alguna relación con el episodio, algo que hoy los fiscales dejaron expuesto con la declaración de Maggi.

Interrogado por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, el comerciante se refirió a otro hecho intimidante que vivió con posterioridad a que Pachelo dañara a piedrazos los vidrios del local e incluso un costoso BMW que tenía a la venta.

“Una vez viene Nicolás, se sienta en el escritorio y me dice: ‘Yo te rompí los vidrios y no te prendí fuego la agencia porque te considero un buen tipo’. Y su pedido era que esto no trascienda”, afirmó Maggi y agregó que Pachelo luego comenzó a insultarlo y continuó con las amenazas.

“En ese momento es cuando me amenaza, sentado en el escritorio. Veía al diablo en sus ojos”, dijo Maggi, ante la mirada atenta de Pachelo, que detrás de sus abogados, en algunos momentos del testimonio sacudió la cabeza en señal de negación.

El primer fiscal de la causa, Diego Molina Pico, denunciado ayer por “encubrimiento agravado” por el abogado Gustavo Hechem, que representa como particulares damnificados al viudo Carlos Carrascosa y a la hermana de la víctima, María Laura García Belsunce, también fue mencionado hoy en dos ocasiones.

La primera, cuando el fiscal Ferrari exhibió que aquella denuncia penal que Maggi había hecho por amenazas y daños en su local también había sido investigada por Molina Pico cuando estaba en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de San Isidro y terminó archivada sin ninguna consecuencia para Pachelo.

Y luego, cuando el propio testigo Maggi le dijo a los jueces: “No entiendo por qué Molina Pico cerró tan rápido la hipótesis de Nicolás”, en referencia a la investigación por el crimen de María Marta, y luego de haber contado que sabía que Pachelo robaba en casas de conocidos y que en una estación de servicio Esso de Pilar los mozos lo escucharon preguntar por “el crimen” de la mujer en Carmel la mañana siguiente a la muerte de García Belsunce, cuando a esa altura solo se hablaba de un accidente en la bañera.

Más temprano, la primera testigo en declarar frente a los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin fue Cristina Barrientos, quien explicó que en aquel año 2002 trabajaba como empleada en la casa de la familia Pfister, que vivía en el Carmel, y que a María Marta la conocía porque la socióloga tenía una relación “de amistad” con su empleadora.

El punto central de su declaración estuvo vinculado al secuestro extorsivo que ese año sufrió el matrimonio de Carlos Carrascosa y María Marta con su mascota, un perro labrador llamado “Tom”.

Interrogada por el fiscal Federico González, Barrientos explicó que una de las noches en las que tras sus labores solía salir a caminar por Carmel con otras empleadas de casas de familia del barrio, la mujer que trabajaba en lo de Pachelo -cuyo nombre dijo no recordar-, le confesó que el acusado había secuestrado al perro de la socióloga.

“Comentó que este señor tenía secuestrado el perro de María Marta y quería rescate”, afirmó la testigo, mientras el propio Pachelo, desde su silla, le clavaba la mirada.

El secuestro del perro “Tom” fue uno de los puntos que mencionó el fiscal Ferrari, en su exposición inicial de los lineamientos de la acusación.

Ferrari dijo que ese perro “fue el hijo que María Marta y Carrascosa no pudieron tener», que “María Marta odiaba a Pachelo” por esa situación y que “Pachelo odiaba a María Marta” por haber denunciado el tema en las reuniones del comité de seguridad del country para que lo echen de Carmel.

La jornada de hoy comenzó con la novedad de que Pachelo sumó a su defensa a dos nuevos abogados, Raquel Perez Iglesias y Daniel Dinuchi, que se incorporan a la defensa que ya ejercen su histórico letrado, Roberto Ribas, y el ex defensor oficial de San Isidro, Marcelo Rodríguez Jordán.

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Corrientes

El juicio por Loan Danilo Peña suma unos 120 testigos y la búsqueda sigue abierta

Este jueves declaran gendarmes, peritos de la PFA y un testigo del allanamiento a la comisaría de 9 de Julio. El Tribunal Oral Federal de Corrientes juzga a 17 acusados y no hay fecha para los alegatos ni para el veredicto.

Publicado hace

49 minutos

12.11.2026

ElArgentino.ar

Retrato de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dedica este jueves, última audiencia de la semana, a las declaraciones de gendarmes, peritos de la Policía Federal, un testigo del allanamiento a la comisaría de 9 de Julio y una psicóloga, en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña. El niño sigue desaparecido desde el 13 de junio de 2024, en el paraje Algarrobal de esa localidad correntina, y la búsqueda sigue abierta. En el debate ya declararon alrededor de 120 personas, según se informó.

El juicio arrancó el 16 de junio de 2026, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes. El tribunal lo integran los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, con Enrique Jorge Bosch como suplente. El Ministerio Público Fiscal interviene a través del fiscal general Carlos Schaefer y de la fiscal general subrogante Tamara Pourcel.

En qué etapa está el debate

Al inicio, la fiscalía previó más de 170 testigos. Con unos 120 escuchados, el juicio sigue en la etapa de prueba testimonial: faltan los testigos restantes, los alegatos y el veredicto, y no hay una fecha oficial para ninguno de los dos últimos. El tribunal fijó dos audiencias semanales, los miércoles y los jueves, al menos hasta el 1 de diciembre, cuando se hace efectivo el retiro de Ceroleni, que se jubila. Schaefer afirmó en septiembre que el juicio continúa y que Bosch, que ya integra la sala, puede reemplazarlo.

Quiénes declaran este jueves

Están citados los gendarmes Gustavo Adrián Castillo y Teodoro Duarte, que participaron del rastrillaje y de un allanamiento a fines de junio de 2024. También declara Abril Pizarro, perito química de la Policía Federal Argentina, que inspeccionó la camioneta Ford Ranger del matrimonio acusado, formado por la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el exmarino Carlos Guido Pérez. Junto a ella exponen Paula Antonella Altamirano, de la sección Rastros de esa fuerza, y Diego Terry. De la inspección ocular de la misma camioneta declaran el gendarme Omar Ramón Acuña y el subcomisario de la Federal Leandro Simón.

Jorge Luis Rómulo es el testigo convocado por lo que observó en el allanamiento a la Comisaría de 9 de Julio, en julio de 2024. Por último, la psicóloga María Daniela Balbi debe dar cuenta del acompañamiento y de las entrevistas que realizó a menores. Al cierre de esta nota, no había un parte oficial sobre el contenido de esas declaraciones.

Los 17 acusados y lo que se les imputa

Siete personas están acusadas de la sustracción y el ocultamiento de un menor de 10 años, previsto en el artículo 146 del Código Penal, con penas de 5 a 15 años de prisión. En calidad de coautores, el requerimiento incluye a Bernardino Antonio Benítez, a su pareja Laudelina Peña (tía de Loan), a María Victoria Caillava, a Carlos Guido Pérez, a Daniel Oscar Ramírez y a su pareja Mónica del Carmen Millapi. El entonces comisario de 9 de Julio, Walter Adrián Maciel, está acusado como partícipe necesario. Ninguno tiene condena: rige la presunción de inocencia. Al inicio del debate, en junio, la fiscalía informó que esos siete acusados estaban detenidos con prisión preventiva.

La acusación sostiene que Benítez, Ramírez, Millapi y Laudelina Peña apartaron al niño de la custodia de su padre, José Peña, con la excusa de ir a buscar naranjas a un monte alejado de la casa de la abuela, Catalina Peña, donde el resto de la familia hacía la sobremesa con Pérez y Caillava. Los fiscales afirmaron que, para concretar la sustracción y el posterior ocultamiento, se contó con la participación de Maciel, “quien valiéndose de su cargo montó un falso escenario de búsqueda” e impartió medidas para entorpecer el hallazgo. En el requerimiento sostuvieron que el niño fue sustraído y que esa situación “perdura al día de la fecha”.

Los otros diez imputados llegaron a juicio acusados de maniobras destinadas a frustrar, alterar o entorpecer la investigación. Son Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio. Se les atribuyen, en distinta medida, delitos como encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación de secreto profesional. Según la acusación, el grupo se presentó como integrante de la “Fundación Dupuy”.

Qué sostiene cada parte

En una entrevista de septiembre, Schaefer dijo que la acusación debe demostrar “quién se lo llevó”, que tiene pruebas para la sustracción y el ocultamiento, y que el delito es permanente porque se ignora el paradero del niño. Citó la prueba odorológica entre los elementos centrales y afirmó que “el entorpecimiento comenzó en el minuto uno”. Reconoció que siguen sin respuesta el motivo de la sustracción y el destino de Loan, que se investigan por separado.

Las defensas no coinciden entre sí. Ernesto González, abogado de Pérez y Caillava, afirmó en septiembre que “no hay nada objetivamente demostrable respecto de un accidente de tránsito”, una versión que ubicó en la estrategia de la defensa de Maciel, y cuestionó cómo se hicieron las pericias odorológicas. Según las coberturas locales, Laudelina Peña declaró ante el tribunal que la historia del accidente fue inventada y se la atribuyó a un abogado. Son planteos de las partes en el juicio, que todavía no fueron resueltos.

Una de las líneas de la causa quedó cerrada en primera instancia. El 25 de agosto, la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo sobreseyó a ocho personas por trata de personas, al concluir que no hubo finalidad de explotación. Schaefer aclaró que esa decisión no afecta al juicio y, en septiembre, informó que la fiscalía la apeló, por lo que no está firme.

La desaparición y una búsqueda que no se cerró

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024, después de un almuerzo en la casa de su abuela, en 9 de Julio. Tenía 5 años. La última fotografía lo registró a las 13.52, cuando se dirigía a una zona de monte con naranjales junto a otras personas. El juicio evalúa las responsabilidades penales de los 17 acusados, pero el niño no apareció y la búsqueda sigue abierta. Al inicio del debate, el Ministerio Público Fiscal recordó que la Alerta Sofía permanecía vigente y que “la familia espera justicia”.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece 20 millones de pesos por datos útiles que permitan dar con el paradero de Loan, una suma que fijó en enero la Resolución 51/2026. La recompensa figura vigente en la página oficial de búsqueda de personas del organismo. Pozzer Penzo ordenó en agosto renovar las alertas de Interpol y volver a difundir la foto del niño y la recompensa.

Lo que deja la investigación

La causa se inició en la Justicia provincial y pasó al fuero federal. Más de dos años después, la acusación sostiene que parte de la pesquisa se desvió desde adentro, por la actuación del entonces comisario, y desde afuera, por las maniobras de otros diez imputados. Schaefer dijo que nunca vio algo así en una causa. Si esas hipótesis se confirman o no es algo que decidirá el tribunal en su sentencia; hasta entonces, el dato firme es que Loan no apareció y que las preguntas centrales siguen abiertas.