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¿Qué es el Índice de Crianza?

Es el «primer cálculo sobre el costo monetario de crianza para la primera infancia, la niñez y la adolescencia», un valor básico de referencia que apunta a medir cuánto dinero destinan las familias a alimentar, vestir, garantizar vivienda, trasladar y cuidar niños, niñas y adolescentes.

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Por Victoria Ávila

La directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto, afirmó que el futuro Índice Crianza, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tiene en proceso de elaboración, va a constituir en el futuro un dato central que permitirá contar con información certera sobre el costo de la provisión de bienes y servicios esenciales para la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el de los cuidados de niños y niñas, que podrá pasar a ser el indicador de referencia en los litigios por cuota alimentaria.

Se trata del «primer cálculo sobre el costo monetario de crianza para la primera infancia, la niñez y la adolescencia», un valor básico de referencia que apunta a medir cuánto dinero destinan las familias a alimentar, vestir, garantizar vivienda, trasladar y cuidar niños, niñas y adolescentes, lo que «contribuye a la organización y a la planificación de la vida familiar y, por lo tanto, a la gestión de los cuidados», destacó Prieto, respecto del indicador que fue presentado por ella y el ministro de Economía, Sergio Massa, en contexto del Día Internacional de la Mujer.

La funcionaria comentó que si bien el Indec tendrá a cargo su construcción, «lo que sí se puede adelantar es que va a medir una canasta básica de crianza que tendrá dos componentes”, y precisó que estos serán “por un lado, el costo de provisión de bienes y servicios esenciales para la primera infancia, la niñez y la adolescencia y, por otro lado, el costo de los cuidados de niños y niñas».

Destacó que el indicador busca «ser un insumo para la planificación económica familiar”, y remarcó que “esto también incluye, muy especialmente, a las familias en las cuales los progenitores están separados o separándose, tengan o no un proceso judicial de por medio, estén o no casados”.

“Pero en los casos en los cuales están en un proceso judicial, este indicador puede servir justamente como valor de referencia sobre el costo de criar, y por lo tanto puede ser útil para definir la obligación alimentaria», remarcó la directora.Prieto resaltó que «en el acto de lanzamiento del índice, Massa pidió a la Corte Suprema de Justicia que saque una acordada que establezca la obligatoriedad de la aplicación de toda la Justicia de familia, para dar certeza a las mujeres a cargo de hogares monomarentales, y que los progenitores cumplan con la obligación alimentaria».

«Esta fue una muestra de decisión política de altísima relevancia por parte del ministro», afirmó, la funcionaria.Asimismo indicó que «ya hay muchas juezas de familia que están queriendo aplicar la Canasta Básica de Crianza a sus fallos, y desde el Ministerio de Economía contamos con un espacio que es la Mesa Federal de Políticas Económicas con perspectiva de Género, que reúne a funcionarias representantes de todo el país, quienes también están interesadas en que los hogares monomarentales de sus provincias reciban la obligación alimentaria en tiempo y forma».

«Estoy segura que podremos coordinar una estrategia conjunta que abarca varios frentes, para que esta herramienta sea utilizada en toda la Argentina», sostuvo Prieto.

La funcionaria destacó que “el instrumento también podrá ser utilizado por organismos tanto estatales como de la sociedad civil como herramienta para informarse para tomar decisiones».

Por otro lado, explicó que si bien las definiciones metodológicas serán responsabilidad del Indec, la Dirección trabaja en permanente colaboración para incorporar al sistema estadístico este valor de referencia, pero también en el desarrollo de la Canasta Básica de Crianza, cuya variación mensual será captada por el Índice de Crianza.

En ese sentido, señaló que el Índice, al igual que la Canasta, «será una estimación mensual que desde la Dirección seguiremos”.“Desde la Dirección publicamos trimestralmente informes sobre brechas de género en la economía argentina, que justamente lo que hacen es reportar el seguimiento de indicadores como las brechas laborales (de empleo, actividad, desocupación, ramas de inserción, entre otras), de ingresos y de tiempo y cuidados», puntualizó la funcionaria.

Sostuvo que «cualquier herramienta que permita visibilizar estas desigualdades es de suma relevancia para cerrar las brechas por motivos de género”.

De todos modos afirmó que «de ninguna manera este indicador es un techo”, y subrayó que “el Índice Crianza medirá la variación de la Canasta Básica de Crianza, que como indica su título es eso, un valor básico”.

“Luego, las decisiones de cada juez o jueza seguirán siendo lo que son: decisiones para cada caso particular basadas en los consumos, los ingresos y las características de cada familia. Solo que ahora, para tomar decisiones, van a contar con un valor de referencia», concluyó Prieto.

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Los servicios públicos en el AMBA subieron 17,5% en mayo y treparon 800% desde que asumió Milei

Un hogar sin subsidios en el Área Metropolitana necesita $249.834 mensuales solo para pagar electricidad, gas, agua y transporte. El gas subió 53% en un mes. El ajuste tarifario supera en más de tres veces la inflación general del período.

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La canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó 17,5% en mayo y acumula 800% desde diciembre de 2023

★ Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios estatales debió destinar $249.834 en mayo de 2026 para cubrir sus necesidades básicas de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público. Esa cifra representa un incremento del 17,5% respecto a abril, según el último Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET).

El informe, elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, constituye la referencia técnica más precisa disponible sobre el impacto de las políticas tarifarias en el presupuesto de los hogares metropolitanos. Sus datos confirman que la presión sobre los ingresos de las familias trabajadoras no solo no cede, sino que se agudiza con cada actualización de cuadros tarifarios.

El gas lidera la suba: 53% en un solo mes

El rubro que concentró el mayor golpe en mayo fue el gas natural. La factura promedio para un usuario del segmento N1 sin subsidios alcanzó los $49.972, luego de una suba del 53,3% respecto al mes anterior. El propio reporte del IIEP explicita que ese salto resulta de la combinación de dos factores simultáneos: el aumento de los cargos fijos y variables dispuesto por las distribuidoras, y el incremento estacional del consumo ante la proximidad del invierno, que en esta época del año puede llegar a duplicar la demanda.

Le siguió la energía eléctrica, cuya factura promedio para un hogar representativo sin subsidios se ubicó en $52.811, con una suba mensual del 37,8%. Según el documento, «el mayor consumo de cara al invierno se combina con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidio».

El transporte: el ítem más pesado, aunque con menor suba mensual

El transporte público se mantiene como el componente de mayor peso absoluto dentro de la canasta, con un costo mensual de $110.438, aunque en mayo registró el incremento más moderado del período: apenas el 3%. Esta aparente calma no debe interpretarse como alivio estructural, sino como la consecuencia de ajustes escalonados que el gobierno fue implementando en distintos tramos del año.

El servicio de agua potable completó el cuadro con un gasto promedio de $36.612 y una suba del 5,9% mensual, atribuida a ajustes tarifarios y a la existencia de un día adicional de consumo en el calendario de mayo.

Salario vs. tarifas: la brecha que no cierra

El informe del IIEP proyecta estas cifras sobre el ingreso de los trabajadores registrados. La canasta de servicios básicos representa actualmente el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799. Se trata de una proporción históricamente alta, que erosiona el poder adquisitivo y reduce el margen disponible para alimentación, salud y educación.

La perspectiva interanual es aún más elocuente: comparada con mayo de 2025, la canasta de servicios acumula una suba del 50%, por encima de la evolución general de los precios en el mismo período.

800% desde diciembre de 2023: el dato que el Gobierno no muestra

El dato estructural más contundente del informe es también el que más incomoda al oficialismo: desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó un 800%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en un 231%. La diferencia, de casi 570 puntos porcentuales, traduce con precisión matemática el alcance del denominado «sinceramiento tarifario» impulsado por la gestión de Javier Milei bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionó los sucesivos desembolsos del acuerdo por USD 20.000 millones suscripto en abril de 2025 a la reducción progresiva del gasto en subsidios.

Esta política fue documentada y cuestionada por el Foro Economía y Trabajo, un colectivo de economistas y profesionales vinculados al movimiento sindical, que en su documento del 4 de mayo de 2026 advirtió que el gasto en subsidios a la energía retrocedió un 58% en términos reales desde el inicio de la gestión, mientras que el gasto primario total cayó un 31% y el de capital se desplomó un 86%.

Subsidios: el Estado paga el 41% del costo real

Un elemento que el reporte del IIEP aporta como dato de contexto: en la actualidad, las tarifas que abonan los hogares del AMBA cubren en promedio el 58% de los costos reales de los servicios. El Estado nacional financia el 41% restante a través de subsidios. Este porcentaje se mantuvo sin cambios significativos respecto a abril, lo que indica que el traslado de costos al usuario se produjo de manera gradual pero sostenida a lo largo de los últimos meses.

La distancia entre el discurso de la «quita de subsidios a los que más tienen» y la realidad de una canasta que consume el 14% del salario promedio registrado, en un país con alta informalidad laboral y salarios reales deprimidos, configura una de las contradicciones más evidentes del modelo económico libertario.

Puntos clave

  • La canasta de servicios públicos para un hogar sin subsidios en el AMBA alcanzó $249.834 en mayo de 2026, un 17,5% más que en abril.
  • El gas natural registró la mayor suba mensual, con un incremento del 53,3% y una factura promedio de $49.972.
  • La canasta acumula una suba del 800% desde diciembre de 2023, frente a una inflación general del 231% en el mismo período.
  • Los servicios básicos representan el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799.
  • El Estado financia el 41% del costo real de los servicios vía subsidios, con cobertura estable respecto a abril.
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