Seguridad social
Desde este martes, los bancos dejan de exigir la fe de vida a jubilados
De esta manera, 7,3 millones de beneficiarios pasan a estar en igualdad de condiciones que los 3,2 millones que ya estaban eximidos de este trámite.
Cerca de cuatro millones de jubilados y pensionados que tenían que realizar periódicamente el trámite de supervivencia o fe de vida dejarán de hacerlo a partir hoy con la entada en vigencia de la Ley 27.721 que elimina ese requisito para el cobro de sus haberes y otros beneficios previsionales.
De esta manera, los 7,3 millones de jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los beneficiarios de pensiones no contributivas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pasan a estar en igualdad de condiciones, ya que unos 3,2 millones estaban eximidos del trámite por sucesivas decisiones de los bancos donde cobran sus haberes.
La primera entidad que dejó sin efecto el requisito de fe de vida fue el Banco Provincia desde setiembre de 2019.
La fe de vida había sido suspendida transitoriamente en el primer tramo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), al irrumpir en marzo de 2020 la pandemia de coronavirus en la Argentina.
Pero volvió a ser pedida a partir del 17 de febrero de 2022, aunque con algunas excepciones que tomaron las entidades por razones de edad o disponibilidad de información.
Tal fue el caso de algunos bancos que solamente exigían la fe de vida para los jubilados y pensionados mayores de 74 años o, como en el caso del Supervielle, en enero de este año dejaron el trámite sin efecto para quienes cobrasen beneficios de la Anses en Córdoba, debido a la integración de la información con el Registro Civil Digital de esa provincia, con las defunciones actualizadas en todo su territorio.
La Ley 27.721 fue publicada el 17 de julio en el Boletín Oficial y, tal como establece el Código Civil, si las leyes no especifican en su articulado una fecha de entrada en vigencia, «rigen después del octavo día de su publicación oficial», es decir este martes 25 de julio.
Los bancos Nación, Provincia, de Córdoba, de La Pampa, de San Juan, de Entre Ríos, de Santa Cruz y de Santa Fe ya no pedían el trámite de supervivencia, un lote al que en los últimos meses se sumaron el Piano, Supervielle y Santander.
Seguridad social
Parche oficial: el 38% de aumento en la Alimentar no frena la indigencia
El Gobierno oficializó el aumento del beneficio pero los indicadores de indigencia exponen las fallas del modelo económico.
Prestación Alimentar: un parche del 38% ante una crisis social sin contención
★ Mediante la Resolución 161/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano incrementó los montos de la Prestación Alimentar en un 38%. La medida, que entró en vigencia este jueves, intenta contener el deterioro del poder adquisitivo en un escenario donde la canasta básica continúa marcando el ritmo de la vulnerabilidad social en Argentina.
Los nuevos montos y el alcance de la medida
La normativa, que llevó la firma de la ministra Sandra Pettovello, estableció que las familias con un hijo de hasta 17 años percibirán $72.250; mientras que aquellas con dos hijos cobrarán $113.299. Para los grupos familiares con tres o más hijos, el importe se fijó en $149.425. Hasta el mes de abril, los valores oscilaban entre los $52.250 y los $108.062, lo que evidencia la magnitud del ajuste necesario para intentar alcanzar el costo de los alimentos.
El beneficio mantiene su carácter de acreditación mensual y automática para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignación por Hijo con Discapacidad y la Pensión No Contributiva para Madres de 7 o más hijos.
Contradicciones en el discurso oficial
En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo destacó que la Prestación Alimentar junto a la AUH resultaron pilares para mejorar indicadores sociales. Según datos del INDEC citados en el documento, la pobreza se redujo del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en el mismo periodo de 2025; mientras que la indigencia descendió al 6,3%.
Sin embargo, esta narrativa oficial colisiona con el seguimiento sistemático del deterioro económico que este medio realiza sobre la gestión libertaria. Informes previos de la Universidad Católica Argentina (UCA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revelaron una caída constante del consumo y un impacto severo del ajuste sobre los sectores productivos y populares (según el documento interno CONTEXTO | Serie Inflación y Economía Milei).
Un contexto de ajuste y desfinanciamiento
A pesar de la propaganda gubernamental sobre la estabilización macroeconómica, la realidad en los barrios populares muestra otra cara. El aumento del 38% se presenta como una fortaleza de las acciones de asistencia, pero ocurre en un marco de achicamiento del Estado y subordinación a los condicionamientos del FMI. Notas anteriores de este diario ya advirtieron que la inflación de 2026 podría triplicar los cálculos iniciales, dejando a las prestaciones sociales siempre por detrás de la góndola.
La decisión de actualizar los montos mediante resolución administrativa y no por ley de movilidad deja a los sectores más desprotegidos a merced de la discrecionalidad política de una cartera, la de Capital Humano, que fue señalada por organizaciones sociales debido a la subejecución de partidas alimentarias y el cierre de comedores comunitarios.
Puntos clave:
- El Gobierno aumentó un 38% la Prestación Alimentar mediante la Resolución 161/2026.
- Los nuevos montos van desde los $72.250 hasta los $149.425 según la cantidad de hijos.
- El Ejecutivo utiliza datos del INDEC de 2025 para justificar una supuesta mejora social.
- El beneficio se acredita de forma automática a titulares de AUH y otras asignaciones.
- Críticas de sectores sociales apuntan a la insuficiencia del monto frente a la inflación proyectada.
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