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Cuatro gobernadores rechazan la visión «centralista» de Rodríguez Larreta

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, acusó a Rodríguez Larreta, de haber enviado un mensaje en «porteño unitario básico» a la Corte Suprema, al prometer que «bajará los impuestos» si el máximo tribunal le devuelve los recursos que recibió por parte de Macri y que en 2020 la administración de Alberto Fernández redireccionó.

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Gobernadores de cuatro provincias coincidieron hoy en calificar de «centralista» al anuncio del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de bajar los impuestos si la Corte Suprema de Justicia le devuelve a su distrito los recursos que el gobierno de Mauricio Macri le otorgó para financiar el traspaso de la Policía Federal.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, acusó a Rodríguez Larreta, de haber enviado un mensaje en «porteño unitario básico» a la Corte Suprema, al prometer que «bajará los impuestos» si el máximo tribunal le devuelve los recursos que recibió por parte de Macri y que en 2020 la administración de Alberto Fernández redireccionó.

«Ah muy bien!! …Un hermoso y contundente mensaje a la CSJN y al resto del país, por parte del centralismo porteño», escribió Zamora en las redes sociales, al referirse a las declaraciones formuladas por Rodríguez Larreta, quien anticipó que «si la Corte nos devuelve la plata de la coparticipación, yo automáticamente bajo los impuestos».

«Querida Justicia, aunque esto implique un reconocimiento de que los recursos que estoy reclamando judicialmente no son para pagar la Policía (porque ya los estoy recibiendo por la ley que sancionó oportunamente el Congreso de la Nación) permítanme expresarles, en nombre de la ciudad más rica del país que esas macanas que vota el Congreso no tienen tanto valor como un decreto firmado por el ex presidente (Mauricio) Macri», señaló Zamora.

El mandatario afirmó que con esa decisión de Macri, la ciudad de Buenos Aires «saquea en perjuicio del resto unos 500.000 millones de pesos en moneda constante, por encima del costo que significó el traspaso de la policía».

En la misma tónica, el gobernador agregó: «Y cómo nosotros los porteños somos repiolas, si ustedes me dan esa manito y me dictan la medida cautelar que les pedí, les prometo que esa guita que seguiremos manoteando, la voy a usar para bajar los impuestos a todos nuestros votantes de Barrio Norte y zonas aledañas».

«Total, si se quejan las provincias, porque tienen que subir ellos impuestos, no pasa nada. Ellos representan al resto de los habitantes, son solo 44 o 45 millones que merecen vivir en el interior como habitantes de segunda, pobres giles que desde hace 200 años se creyeron el verso del federalismo, cuando dieron nacimiento al país», fustigó.

Al respeto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, adhirió hoy en su cuenta de Twitter a las palabras de Zamora y se sumó a «las razones» del pedido que formulan los mandatarios de «acabar 200 años de historia centralista en el país».

«Argentina somos todos y todas», afirmó por su parte en las redes sociales el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien se manifestó «apenado por la actitud centralista» del mandatario porteño.

«El desarrollo nacional solo se logrará a partir del crecimiento económico y humano de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires», apuntó Jalil.

En tanto, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia KIrchner consideró en las redes sociales y en el contexto de la conmemoración del 25 de Mayo que los argentinos «tendrían que hacer otro cabildo abierto para que los recursos se coparticipen equitativamente y con criterio federal en nuestras provincias».

Estas expresiones se dan en un contexto en el que se aguarda una definición de la Corte Suprema sobre el tema, luego de que el pasado 11 de mayo fracasara una instancia de negociación entre la Nación y la Ciudad fijada por el máximo tribunal.

El diferendo entre ambos distritos radica en el porcentaje de fondos transferidos a la Ciudad, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Mauricio Macri, luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.

Luego, el 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%.

Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.

La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, luego extendido, hasta el pasado 11 de mayo.

El lunes, gobernadores de 16 provincias anunciaron que trabajarán para conformar un proyecto de ley tendiente a que la conformación de una Corte Suprema de Justicia «más moderna y eficaz» y «que tenga un verdadero carácter federal», al tiempo que reclamaron que el Congreso debata «un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias» en materia de transporte público de pasajeros.

Los mandatarios provinciales dieron a conocer un documento elaborado ayer en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el que visibilizaron su disconformidad con el funcionamiento del máximo tribunal, en momentos en que ese organismo debe fallar en el caso que enfrenta al Gobierno nacional con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el reparto de fondos de coparticipación federal.

Además de Zamora, Quintela, Jalil y Alicia Kirchner, ese documento fue firmado por

Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucmán); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Uñac (San Juan); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Sáenz (Salta); Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut).

No formó parte del pronunciamiento el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por encontrarse en Kuwait como parte de una misión comercial para la financiación de obras.

No obstante, el gobernador santafesino suscribió otras declaraciones conjuntas formuladas por mandatarios provinciales referidos a este diferendo planteado entre Nación y CABA y que debe ser resuelto por la Corte.

Buenos Aires

Mientras Milei recorta, Morón apuesta por el Estado presente frente a la violencia escolar

El municipio que conduce Lucas Ghi convocó a la Provincia, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud para articular respuestas frente a la ola de violencia que sacude las aulas de todo el país.

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Morón toma la iniciativa: acción conjunta con la Provincia para blindar las escuelas

★ En un contexto marcado por una preocupante escalada de amenazas y hechos de violencia en escuelas de todo el país, el municipio de Morón tomó la iniciativa y convocó una reunión de trabajo junto a representantes del área de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad bonaerenses y distintas áreas del gabinete local, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y abordaje en el ámbito escolar.

La jornada, impulsada por el intendente Lucas Ghi, fue encabezada por la inspectora jefa regional Eliana González Di Martino; la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Elva Pereira; y la inspectora jefa distrital Natalia Díaz. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad Damián Cardoso, el secretario de Salud Jacobo Netel, el concejal José María Ghi y la subsecretaria de Educación municipal Lorelei Arnaudin, junto a otros miembros del gabinete.

El Estado municipal frente a una crisis que el Gobierno nacional ignora

La reunión se inscribe en un momento de alta tensión en las escuelas argentinas. El tiroteo del 3 de abril en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a su compañero Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes, abrió una crisis que desde entonces se propagó como un reguero de pólvora: en las semanas siguientes, se multiplicaron las amenazas en escuelas de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y otras provincias.

Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof instruyó a las autoridades escolares bonaerenses para que intervengan ante hechos graves y pidió a estudiantes y docentes que no viralicen los mensajes intimidatorios. La Dirección General de Cultura y Educación provincial reconoció la existencia de una comunidad digital que exalta este tipo de ataques y señaló que el Ministerio de Seguridad la mantiene bajo monitoreo.

En Morón, la respuesta fue dar un paso más: en lugar de limitarse a instrucciones protocolares, el municipio convocó una mesa de articulación interinstitucional con actores concretos, capaz de generar «respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de conflicto», según informó el propio municipio.

«Mi Escuela Segura»: convivencia, diálogo y responsabilidad comunitaria

El encuentro se enmarca en la campaña municipal «Mi Escuela Segura», una iniciativa que apunta a generar conciencia sobre la importancia de la convivencia, el diálogo y la responsabilidad en la comunidad educativa, y que busca dotar a docentes, familias y estudiantes de herramientas concretas de intervención ante situaciones de conflicto.

Durante la jornada se compartieron recursos de intervención y se avanzó en la articulación de acciones conjuntas entre el nivel municipal y el provincial. El enfoque adoptado contrasta con las propuestas que circularon desde el Gobierno nacional, que en los últimos años privilegió el recorte presupuestario en áreas de contención escolar por sobre la inversión en equipos de salud mental, orientación y acompañamiento en las aulas.

El gremio docente SUTEBA ya había alertado, en el pico de la crisis posterior al tiroteo de San Cristóbal, que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias». La articulación que pone en marcha Morón responde, al menos en el plano local, exactamente a ese reclamo.

Un municipio que apuesta por el Estado presente

La iniciativa de Morón refuerza una concepción de la gestión pública que privilegia la intervención temprana y el trabajo conjunto sobre la respuesta punitiva. Mientras el debate nacional oscila entre propuestas de mayor seguridad física en los edificios escolares y proyectos que elevan penas para delitos cometidos en instituciones educativas, el municipio del oeste bonaerense elige el camino de la prevención con base comunitaria.

La articulación con la Provincia, la presencia de fuerzas de seguridad con un rol de coordinación y no solo de control, y la incorporación del área de salud como parte de la respuesta dan cuenta de un abordaje integral que reconoce la complejidad del problema.

Puntos clave:

  • El municipio de Morón convocó una reunión interinstitucional con la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad y áreas de salud para fortalecer la prevención de la violencia escolar.
  • La iniciativa fue impulsada por el intendente Lucas Ghi y se enmarca en la campaña «Mi Escuela Segura».
  • El encuentro se produce en un contexto de ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, tras el trágico caso de San Cristóbal, Santa Fe.
  • El gobierno de Kicillof instruyó a autoridades bonaerenses para actuar ante hechos graves y monitorear comunidades digitales que exaltan este tipo de ataques.
  • El SUTEBA denunció que la violencia escolar es consecuencia del «corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades» en materia de niñeces y adolescencias.

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