DDHH
Tensiones tras el Día de la Memoria: desalojaron un edificio cedido a Madres de Plaza de Mayo
El operativo policial en un inmueble del Ministerio de Justicia, ocupado por mujeres vulneradas y vinculado a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, reavivó debates sobre derechos humanos y políticas habitacionales. Lo llamativo de la medida es que fue ejecutada un día después del 24 de marzo.
Un desalojo con fuerte carga simbólica
El desalojo del edificio ubicado en la intersección de las avenidas Rivadavia y Pueyrredón, en la Ciudad de Buenos Aires, fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA) bajo la orden de la jueza María Romilda Servini. Según fuentes oficiales, la investigación que derivó en esta medida comenzó a fines del año pasado, cuando se buscó determinar si el inmueble, cedido en su momento a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, estaba siendo utilizado de manera irregular.
En el lugar residían cuatro mujeres en situación de vulnerabilidad, dos de las cuales no se encontraban presentes al momento del operativo. Las ocupantes no opusieron resistencia, y el procedimiento se realizó sin incidentes. Posteriormente, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno porteño ofreció asilo y subsidios habitacionales a las afectadas.

Sin embargo, el contexto del desalojo no pasó desapercibido. La medida se ejecutó apenas un día después del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, una fecha clave para la reflexión sobre los derechos humanos en Argentina. Este hecho fue interpretado por algunos sectores como una provocación simbólica, dada la histórica relación de las Madres de Plaza de Mayo con la lucha por la memoria y la justicia.
El trasfondo del conflicto: derechos humanos y políticas públicas
El edificio en cuestión había sido cedido a la Asociación Madres de Plaza de Mayo durante la gestión kirchnerista, en el marco de políticas de reparación histórica y apoyo a organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la asociación y la Universidad Madres de Plaza de Mayo ha enfrentado múltiples cuestionamientos, incluyendo investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
El desalojo también pone en evidencia la precariedad habitacional que afecta a miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires. Según datos del Observatorio del Derecho a la Ciudad, más de 7.000 personas viven en situación de calle en la capital, mientras que otras miles enfrentan desalojos o condiciones de vivienda inadecuadas. En este caso, las mujeres desalojadas fueron reubicadas con subsidios, pero la medida no resuelve el problema estructural de acceso a la vivienda.
Reacciones y críticas
Organismos de derechos humanos y sectores políticos cuestionaron el operativo, señalando que el desalojo de un espacio vinculado a las Madres de Plaza de Mayo, en una fecha tan cercana al 24 de marzo, resulta insensible y contradictorio con los valores que la democracia argentina busca preservar. «Es un golpe simbólico que no podemos ignorar», expresó un representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Por otro lado, el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cuneo Libarona, defendió la medida al argumentar que el inmueble debía ser restituido para su uso oficial y que se actuó conforme a la ley. «No se trata de un ataque a los derechos humanos, sino de garantizar el uso adecuado de los bienes del Estado», señalaron fuentes de la cartera.
Un debate que trasciende el caso puntual
El desalojo reabre el debate sobre el rol del Estado en la protección de los derechos humanos y la gestión de políticas habitacionales. Mientras algunos sectores interpretan la medida como un retroceso en el compromiso con la memoria histórica y la atención a los sectores más vulnerables, otros sectores más vinculados al discurso oficial ven en este hecho como un acto de justicia administrativa.
Es importante comprender que en un país donde la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia sigue siendo un pilar fundamental, acciones como esta no solo tienen implicancias legales, sino también un profundo impacto simbólico y social.
DDHH
Amnistía denunciará a Milei a nivel internacional por hostigar a periodistas
La ONG cerró los escritos para presentar la denuncia formal esta semana. Según FOPEA, en 2025 hubo 278 ataques contra la prensa y el Presidente fue autor de 119. La frase sobre la hoguera, dicha en la Fundación Faro, aceleró el reclamo.
El jefe de Estado argentino, Javier Milei, fue autor de 119 de los 278 ataques contra la prensa que se registraron durante 2025, y ahora Amnistía Internacional prepara una denuncia en su contra ante organismos internacionales. El dato surge del último informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que la organización utilizó como uno de los argumentos centrales de su presentación.
Amnistía Internacional, la organización de defensa de los derechos humanos, anunció a través de su cuenta oficial de X que denunciará al presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones contra periodistas, a las que calificó como una «escalada de hostilidad hacia la prensa y un ataque a la libertad de expresión en Argentina». La entidad aseguró que los dichos del mandatario «profundizan el hostigamiento a la prensa» y confirmó que «está cerrando los escritos» para que las presentaciones formales se realicen «esta semana».
El discurso en la Fundación Faro
El origen del reclamo es el discurso que Milei brindó en la Fundación Faro, el think tank libertario que encabeza Agustín Laje. Según Amnistía, allí el Presidente individualizó y agredió a periodistas que cubrieron el caso de la criptomoneda $LIBRA, una causa que compromete al propio Gobierno.
En ese mismo discurso, Milei afirmó que quienes considera sus adversarios «se tienen que quemar en la hoguera». Para Amnistía, la frase evoca «una violencia extrema» y constituye un motivo de preocupación por el impacto que tienen los mensajes presidenciales sobre el ejercicio de la libertad de expresión.
La directora ejecutiva de la organización, Mariela Belski, calificó el accionar del mandatario como «gravísimo» porque la máxima autoridad del país «naturalizó los insultos, las amenazas y el hostigamiento» contra quienes ejercen el periodismo. Y fue más allá: «La libertad de expresión también implica poder investigar, cuestionar y publicar información incómoda para el poder sin temor a represalias. El Presidente tiene la obligación de respetar ese derecho, incluso cuando las críticas le molestan. Cuando el discurso oficial busca intimidar a quienes informan, el mensaje alcanza a toda la sociedad: hay voces que es mejor callar. Y eso es inadmisible», sentenció.
Los números del hostigamiento
El informe de FOPEA que cita la ONG contabilizó 278 ataques contra la prensa durante 2025, un 55% más que en 2024. Más de cuatro de cada diez de esos episodios, 119 en total, tuvieron al propio Presidente como autor. Amnistía sostuvo que el objetivo de los insultos de Milei al periodismo es «silenciar para generar autocensura».
La denuncia también recuerda otras acciones ya documentadas: las restricciones que sufrieron los periodistas acreditados para acceder a la Casa Rosada y las demandas judiciales que el Poder Ejecutivo llevó adelante contra periodistas críticos del Gobierno nacional.
Un reclamo que no es nuevo
La preocupación de Amnistía por el trato del oficialismo hacia la prensa viene de lejos. En julio de 2024, a casi ocho meses del inicio de la gestión libertaria, la organización advirtió que cerca de 30 periodistas habían recibido hostigamiento en redes y medios de comunicación. Dos años después, el escenario no solo persiste sino que escala de la mano del propio jefe de Estado.
En septiembre de este año, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) también llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia formal por los ataques del Gobierno de Milei contra periodistas y trabajadores de prensa, y exigió explicaciones y el cese inmediato de esas prácticas.
Cuando la voz más poderosa del país convierte la crítica periodística en blanco de insultos y amenazas, el daño no se limita a los periodistas señalados: se extiende a todo el debate público. La presentación que Amnistía concretaría en los próximos días busca que la comunidad internacional tome nota de esa deriva.
Lo que tenés que saber
- Amnistía Internacional denunciará a Javier Milei ante organismos internacionales por sus ataques a periodistas; las presentaciones formales se harían esta semana.
- El detonante fue el discurso del Presidente en la Fundación Faro, donde agredió a periodistas que cubrieron el caso $LIBRA.
- Milei dijo que sus adversarios «se tienen que quemar en la hoguera»; la ONG advirtió que esa frase evoca «una violencia extrema».
- FOPEA registró 278 ataques a la prensa en 2025, un 55% más que en 2024, y señaló a Milei como autor de 119.
- La denuncia suma las restricciones de acceso a la Casa Rosada y las demandas judiciales del Ejecutivo contra periodistas críticos.
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