DDHH
Tensiones tras el Día de la Memoria: desalojaron un edificio cedido a Madres de Plaza de Mayo
El operativo policial en un inmueble del Ministerio de Justicia, ocupado por mujeres vulneradas y vinculado a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, reavivó debates sobre derechos humanos y políticas habitacionales. Lo llamativo de la medida es que fue ejecutada un día después del 24 de marzo.
Un desalojo con fuerte carga simbólica
El desalojo del edificio ubicado en la intersección de las avenidas Rivadavia y Pueyrredón, en la Ciudad de Buenos Aires, fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA) bajo la orden de la jueza María Romilda Servini. Según fuentes oficiales, la investigación que derivó en esta medida comenzó a fines del año pasado, cuando se buscó determinar si el inmueble, cedido en su momento a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, estaba siendo utilizado de manera irregular.
En el lugar residían cuatro mujeres en situación de vulnerabilidad, dos de las cuales no se encontraban presentes al momento del operativo. Las ocupantes no opusieron resistencia, y el procedimiento se realizó sin incidentes. Posteriormente, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno porteño ofreció asilo y subsidios habitacionales a las afectadas.

Sin embargo, el contexto del desalojo no pasó desapercibido. La medida se ejecutó apenas un día después del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, una fecha clave para la reflexión sobre los derechos humanos en Argentina. Este hecho fue interpretado por algunos sectores como una provocación simbólica, dada la histórica relación de las Madres de Plaza de Mayo con la lucha por la memoria y la justicia.
El trasfondo del conflicto: derechos humanos y políticas públicas
El edificio en cuestión había sido cedido a la Asociación Madres de Plaza de Mayo durante la gestión kirchnerista, en el marco de políticas de reparación histórica y apoyo a organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la asociación y la Universidad Madres de Plaza de Mayo ha enfrentado múltiples cuestionamientos, incluyendo investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
El desalojo también pone en evidencia la precariedad habitacional que afecta a miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires. Según datos del Observatorio del Derecho a la Ciudad, más de 7.000 personas viven en situación de calle en la capital, mientras que otras miles enfrentan desalojos o condiciones de vivienda inadecuadas. En este caso, las mujeres desalojadas fueron reubicadas con subsidios, pero la medida no resuelve el problema estructural de acceso a la vivienda.
Reacciones y críticas
Organismos de derechos humanos y sectores políticos cuestionaron el operativo, señalando que el desalojo de un espacio vinculado a las Madres de Plaza de Mayo, en una fecha tan cercana al 24 de marzo, resulta insensible y contradictorio con los valores que la democracia argentina busca preservar. «Es un golpe simbólico que no podemos ignorar», expresó un representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Por otro lado, el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cuneo Libarona, defendió la medida al argumentar que el inmueble debía ser restituido para su uso oficial y que se actuó conforme a la ley. «No se trata de un ataque a los derechos humanos, sino de garantizar el uso adecuado de los bienes del Estado», señalaron fuentes de la cartera.
Un debate que trasciende el caso puntual
El desalojo reabre el debate sobre el rol del Estado en la protección de los derechos humanos y la gestión de políticas habitacionales. Mientras algunos sectores interpretan la medida como un retroceso en el compromiso con la memoria histórica y la atención a los sectores más vulnerables, otros sectores más vinculados al discurso oficial ven en este hecho como un acto de justicia administrativa.
Es importante comprender que en un país donde la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia sigue siendo un pilar fundamental, acciones como esta no solo tienen implicancias legales, sino también un profundo impacto simbólico y social.
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
-
Fútbol & Goles!2 días“Vos sos el sucesor de mi hijo”: el emotivo mensaje de Celia Messi a Nico Paz
-
Goles! ⚽2 díasTévez arma una despedida de lujo con Messi, Riquelme y Ferdinand
-
Fútbol & Goles!7 díasArgentina dominó, remató 18 veces y perdió 2-1 con Uruguay en la era post Messi
-
Salud 🩺5 díasSolo el 1,5% de los argentinos dona sangre, lejos del 3% al 5% necesario
-
CABA1 díaPatos de Palermo: el robo destapó 60 animales hacinados en Billinghurst
-
América Latina2 díasA diez meses de la captura de Maduro, Caracas y EE.UU. sellan un pacto militar
-
Deportes7 díasFox Sports se despide de la Argentina el 31 de enero y la F1 queda en suspenso
-
Deportes4 díasBeligoy compró un departamento a US$1.650 el metro; la constructora pide 4.000
