Sociedad
En La Plata denunciaron a un médico por discriminación y homofobia
El profesional que dijo a un paciente que «Dios reprueba su homosexualidad» trabaja en el área de Infectología del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero
El activista por los derechos del colectivo LGTBQ+ y presidente de la organización Mateadas por la diversidad, Diego de Jesús Arias, denunció discriminación por parte de un médico del Hospital Alejandro Korn, de la localidad platense de Melchor Romero, quien al momento de atenderlo -por ser paciente VIH- se refirió a su persona de manera homofóbica.
De Jesús Arias explicó que el profesional, del que prefirió reservar su identidad, ya había tenido la misma conducta cuatro años atrás, cuando lo atendió tras decidir continuar su tratamiento contra el VIH en el área de infectología del establecimiento. El activista contó que: «transcurridos unos meses de iniciado el tratamiento, el médico que me atendía me dio a entender que mi situación de salud era producto de que Dios reprobaba mi homosexualidad y que dada esta acción impía, estaba viviendo la misma».
«el médico que me atendía me dio a entender que mi situación de salud era producto de que Dios reprobaba mi homosexualidad y que dada esta acción impía, estaba viviendo la misma»-relató De Jesús Arias
Ante estas expresiones, De Jesús Arias junto con su pareja, solicitó ser atendido por otro profesional, pero este año, a raíz de una afección de salud, volvió al área de infectología y fue nuevamente atendido por el mismo médico. El denunciante expresó que “Fue un Deja Vu”, ya que, nuevamente volvió a realizarle comentarios homofóbicos.
De Jesús denunció la situación ante las autoridades y el Inadi, y también intervino la Defensoría del Pueblo bonaerense que ofreció acompañamiento y asesoramiento jurídico, pero no hubo denuncia judicial.
“El Inadi interviene para garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas en igualdad y dignidad. Se ha constituido históricamente con el objetivo de diseñar e instituir políticas para construir un Estado que respete y proteja los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos, y asuma la responsabilidad de hacer que se cumplan; un Estado que promueva la libertad y la diversidad como fundamentos democráticos, y el derecho a una sexualidad libre de coerción, violencia y discriminación», dijo la delegada del instituto, Karina Vitaller. Y agregó que «la legislación de carácter antidiscriminatorio solo completa su sentido si existe una institucionalidad y una cultura que la respalde”.
De Jesús informó que tras el episodio, el médico continúa trabajando en el sector y se preguntó, “¿Hasta cuándo se van a seguir tolerando este tipo de situaciones?, ¿Cuándo y quiénes de una vez por todas pondrán real freno a estos actos?, ¿Cuándo las Facultades de Ciencias Médicas no solo formarán en conocimientos académicos sino también, y por sobre todo, en valores, respeto por las diversidades y un profundo sentido de la humanidad?”.
En tanto, desde el área de Salud dijeron que a partir de los medios se enteraron del hecho, por lo que la Dirección de Salud Mental, a cargo de Belén Maruelli, directora asociada de Salud Mental del Hospital Alejandro Korn, se puso en contacto con el denunciante.
«Se le ofreció un espacio de reunión con todo el equipo directivo para poder conversar e iniciar un proceso de reparación activa, de la misma forma nos pusimos en contacto con el profesional en cuestión, que actualmente se encuentra aislado con Covid, para llegar a fondo y dar una solución a esta situación», dijo la profesional.
Por otro lado, agregó que consideran «que es un tema institucional, por eso nos comprometemos al debate para garantizar el acceso al derecho y a la no discriminación».
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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