Judiciales ⚖️
La Corte prepara respuesta legal en rechazo al impuesto a las Ganancias
En respuesta a las iniciativas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, el máximo tribunal planteará como fundamento central la inconstitucionalidad de la aplicación de impuestos retroactivos.
La Corte Suprema nacional prepara, junto a las asociaciones de magistrados y funcionarios de la Justicia, una respuesta jurídica a la iniciativa del Congreso para que aquel poder del Estado pague el Impuesto a las Ganancias, informaron este lunes fuentes del máximo tribunal.
El fundamento central del rechazo será la inconstitucionalidad de aplicar impuestos retroactivos, en un marco de iniciativas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que los jueces consideran como avances y avasallamientos a sus atribuciones.
En este contexto, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, recibirá el miércoles a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), que le pidió una reunión para abordar la iniciativa del oficialismo en el Congreso de incluir en el Presupuesto 2023 un articulado para que jueces y demás integrantes del Poder Judicial paguen Ganancias, señalaron voceros de la Presidencia de la Cámara alta.
En tanto, la Corte se reunió hoy con la Amfjn para analizar lo que sus directivos consideran una afectación ilegal a la intangibilidad de los salarios.
Al encuentro concurrieron el presidente de la Amfjn, Marcelo Gallo Tagle, y parte de la comisión directiva, mientras por la Corte estuvieron su titular, Horacio Rosatti; el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En este sentido, las vocalías de los miembros de la Corte trabajan buscando jurisprudencia sobre el cobro de impuestos retroactivos y el listado de lo que el Alto Tribunal considera un «avance» sobre sus atribuciones.
Al tope de las presuntas evidencias del conflicto de poderes, la Corte y los magistrados agitarán la propuesta de reforma judicial que encargó el presidente Alberto Fernández a una comisión de juristas y expertos y la media sanción en Diputados a la ampliación del tribunal.
A la coordinación del máximo tribunal con los jueces, se suma como acción de resistencia a la medida el paro convocado para mañana por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato.
A fines de la semana pasada el gremio fijó postura y calificó la iniciativa como un «impuesto confiscatorio del salario» y anunció el paro para mañana.
«El banquero Heller (Carlos, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados), impulsor de esta ridícula medida, quien supo tener una AFJP para esquilmar a nuestros queridos/as jubilados/as ahora, pretende que el pueblo trabajador soporte los despilfarros económicos que generaron sus amigos especuladores financieros», atacó la UEJN.
También la Federación Judicial Argentina (FJA), conducida por Matías Fachal, anunció un paro nacional para mañana «contra la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los trabajadores judiciales» ya que consideraron que «implicaría una reducción de nuestros ingresos de entre el 30 al 35% aproximadamente», informaron desde la entidad que nuclea a 23 sindicatos y a más de 35 mil trabajadores afiliados en todo el país.
«La excesiva transferencia de nuestros ingresos del sector del trabajo al del capital concentrado a través de la inflación, aumento de tarifas y cartelización de precios es descomunal y se ve sumamente agravada a través de seguir sosteniendo el injusto ‘impuesto al salario’, se trata de una puja distributiva que nos quieren hacer perder por goleada», manifestaron desde la FJA.
Con la postura opuesta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, consideró hoy que la exención del pago del impuesto a las Ganancias que hoy beneficia a jueces designados antes de 2017 «es un privilegio que estamos en situación de corregir».
«Los jueces pagan sus impuestos en todos los países del mundo. Hoy en la Argentina un juez está ganando arriba de 2 millones de pesos, mucho más que un Presidente o una Vicepresidenta. La exención de Ganancias de los jueces no es un derecho adquirido; es un privilegio que estamos en situación de corregir», dijo Soria en declaraciones radiales.
En igual sentido se pronunció el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto, quien hoy defendió el artículo incluido en el proyecto de Presupuesto 2023 y sostuvo que la iniciativa «no es una ofensiva contra nadie».
«El artículo sobre el pago de Ganancias de los jueces se basa en el principio de que somos todos iguales ante la ley», remarcó Casaretto en declaraciones radiales y añadió: «Ya es un privilegio inaceptable a esta altura de la historia de la sociedad argentina».
Mañana el oficialismo buscará la media sanción del Presupuesto en una sesión especial convocada por el bloque del Frente de Todos, que confía en aprobarlo con los votos de los diputados aliados.
Según los voceros parlamentarios del FdT, el oficialismo cuenta con 117 legisladores, 8 del Interbloque Federal, 4 de Provincias Unidas, 1 del Movimiento Popular Neuquino, y espera sumar 2 de la bancada Ser, con lo que tendría asegurados más de 130 votos.
El tratamiento del Presupuesto llegará al recinto de la Cámara baja luego de haber tenido una ronda de consultas donde participaron nueve ministros y más de 20 funcionarios del Poder Ejecutivo.
Judiciales ⚖️
Pity Álvarez: el fiscal pidió 18 años y 6 meses y su detención inmediata si es condenado
Sandro Abraldes descartó la legítima defensa, acusó al músico por la muerte de Cristian Díaz y la portación ilegal del arma, y pidió que quede detenido si lo condenan, al terminar la internación. La querella había pedido 11 años y 2 meses.
El fiscal general Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz y reclamó que, si hay condena, el tribunal ordene su detención inmediata, que quedará sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple por orden de un juzgado civil. Abraldes, titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.° 27, alegó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla.
El fiscal consideró a Álvarez responsable de dos delitos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. Díaz murió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. El acusado no se conectó a la audiencia. Está internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar y, según informó el director del lugar al tribunal, no quiso participar porque se consideraba bien representado. Sus defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, siguieron el alegato por vía remota.
Cuatro disparos y ninguna agresión previa
Según la reconstrucción de la Fiscalía, cerca de la 1.30 Álvarez y Díaz discutieron frente al acceso de una de las torres del complejo. El músico sacó una pistola del bolsillo derecho de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. Con la víctima en el piso, efectuó tres disparos más hacia la misma zona. Después huyó, descartó el arma en una alcantarilla y se entregó en una comisaría de Villa Lugano a la mañana siguiente.
Abraldes se apoyó en los peritos, que ubicaron los disparos a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros, y en la forense, que concluyó que todos fueron vitales. “Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo, se aseguró de que muriera”, sostuvo el fiscal. Recordó además que el amigo de Díaz, testigo presencial, aclaró que la víctima no estaba armada.
El fiscal descartó la legítima defensa porque, dijo, no hubo una agresión ilegítima contra el acusado. “Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”, afirmó. También rechazó la versión de la indagatoria, en la que el músico dijo haberse sentido “atrapado o acorralado”, y exhibió frases que Álvarez dio en entrevistas años antes del crimen, como “ando armado porque todos andan armados”. Recordó que no tenía permiso para tener ni portar armas. Proyectó, además, un video del músico en la entrada de un boliche de Ramos Mejía, donde camina con normalidad, contra los testimonios de allegados que dijeron que una operación de cadera se lo impedía.
Abraldes también descartó la inimputabilidad. Citó a los profesionales que lo examinaron en 2018, quienes no hallaron afectación de su capacidad para entender o dirigir sus acciones.
Una pena en la mitad de la escala
El homicidio con arma de fuego tiene en el Código Penal una escala de 10 años y 8 meses a 25 años de prisión, por la combinación de los artículos 79 y 41 bis. El pedido de la Fiscalía se ubica cerca de la mitad de ese rango; el de la querella, de 11 años y 2 meses, quedó apenas por encima del mínimo. Como agravantes, el fiscal valoró el escaso valor que el acusado le dio a la vida de Díaz, la reiteración de los disparos y su experiencia con armas. Como atenuantes, el arrepentimiento y el pedido de disculpas a la familia.
La diferencia con la querella también alcanza a la forma de cumplimiento. El 6 de noviembre, Fabián Améndola había pedido arresto domiciliario con salidas laborales. Abraldes, en cambio, reclamó la detención: “Sin afectar la presunción de inocencia, la condena modifica cualitativamente la situación del acusado”. Y cerró: “En un Estado de Derecho, la ley manda para todos”.
El viernes 13, al mediodía, alegarán Baños y Queijeiro. El veredicto todavía no tiene fecha confirmada. Hasta la sentencia, Álvarez conserva la presunción de inocencia.
Lo que tenés que saber:
- El fiscal general Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
- Reclamó su detención inmediata si es condenado, sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar.
- Descartó la legítima defensa: según los peritos, los cuatro disparos fueron a entre 60 y 80 centímetros y tres se efectuaron con Díaz en el piso.
- La querella había pedido el 6 de noviembre 11 años y 2 meses, con arresto domiciliario y salidas laborales; la escala va de 10 años y 8 meses a 25 años.
- La defensa alegará el viernes 13; el veredicto no tiene fecha confirmada.
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