DDHH
Declaran testigos directos del crimen de Rafael Nahuel
Ocurrió el 25 de noviembre de 2017, y están procesados cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca escuchará esta semana tres testimonios claves en el marco del juicio oral por el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017, y en el cual están procesados cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
Los dos jóvenes mapuches que bajaron el cuerpo de Nahuel desde la montaña hasta la ruta 40 en busca de ayuda médica, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, declararán citados por las querellas del juicio. Ambos estaban junto a la víctima en el momento en que recibió el disparo.
También está previsto que dé su testimonio Johana Colhuan, integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que intentó ser desalojada de las tierras en la que se habían establecido en la zona de Villa Mascardi, y que el 25 de noviembre de 2017 también recibió un disparo por la espalda que la hirió en el hombro.
Se trata de tres testigos clave para los abogados de la familia de Nahuel, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de Bariloche, los tres querellantes de la causa. Se sumará además el testimonio de María Nahuel, tía de Rafael, quien forma parte de la comunidad y arribó al lugar minutos después que el cuerpo de su sobrino fuera dejado a la vera de la ruta 40.
El juicio que se desarrolla en la ciudad rionegrina de General Roca se estructura en dos audiencias semanales, los días martes y miércoles. Para esta semana está previsto que dos de los imputados amplíen su declaración indagatoria: son los agentes de la Prefectura Juan Ramón Obregón y Sergio García, ambos imputados como «partícipes necesarios» del delito de «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa».
Ambos darán su versión de lo sucedido. En las declaraciones que hicieron durante la instrucción del expediente sostuvieron la hipótesis de la «emboscada» por parte de los integrantes de la comunidad mapuche, versión que no se condice con el aporte probatorio y testimonios recogidos hasta el momento en el juicio oral. En relación a Jones Huala y González Curruhuinca, testigos directos de la muerte de Nahuel, esta semana darán su testimonio ante los jueces del TOF de General Roca.
El 25 de noviembre de 2017, los dos fueron apresados por efectivos del grupo Albatros de la Prefectura minutos después de que los propios prefectos dispararan montaña arriba entre 114 y 129 veces con munición de plomo -según consta en las pericias-, lo que provocó la muerte del joven mapuche.
Jones Huala y González Curruhuinca, en sus respectivas declaraciones indagatorias -a las que accedió Télam-, relataron cómo cayó herido Nahuel y por qué decidieron bajar su cuerpo desde la montaña, incluso exponiéndose a ser reprimidos o detenidos.
En su indagatoria del 28 de noviembre de 2017, Fausto Jones Huala dijo: «En un momento miro y veo que cae Rafael. Ahí empecé a gritar que dejen de disparar, pero siguieron disparando. De repente, no se escuchó más nada. Estaba Rafael en el suelo, me acerqué a verlo y vi que tenía un disparo del lado izquierdo».
«Le preguntaba cómo estaba y no podía hablar. Decidimos no dejarlo solo porque nosotros tuvimos otro suceso parecido en la comunidad de Cushamen», agregó en su declaración. Jones Huala se refirió así a Santiago Maldonado, quien desapareció el 1º de agosto de 2017 en la costa del río Chubut en el marco de un operativo de Gendarmería que, según la orden judicial, debía desalojar la ruta 40 pero que terminó incluyendo una persecución a los miembros de la comunidad de Cushamen por las tierras que ocupaban.
Maldonado estuvo 78 días desaparecido y su cuerpo fue encontrado el 17 de octubre del mismo año, en una zona del río que ya había sido rastrillada por lo menos en dos oportunidades. En el caso de González Curruhuinca, en la indagatoria declaró cómo vio morir a Rafael Nahuel delante suyo.
«Cuando Rafael recibe el disparo, nosotros les avisamos a los efectivos de Prefectura que había un herido. Yo me entregué debido a que Rafael necesitaba atención médica, pero no se pudo dar. (…) Nosotros vimos morir a Rafael en nuestras manos, pero yo me entregué para llevar el cuerpo de Rafael», reconstruyó González Curruhuinca en su declaración.
En tanto, durante la audiencias de pasado miércoles 20 declararon los dos profesionales médicos que llegaron a la zona de Villa Mascardi. Uno de ellos, el médico Víctor Parodi, fue quien certificó el fallecimiento de Nahuel. Parodi relató que en el hospital zonal Ramón Carrillo de Bariloche recibieron un llamado en el que «pedían ambulancia por dos o tres heridos», y que se trasladó hasta el lugar.
Al llegar observó cómo dos personas bajaban un cuerpo en una camilla improvisada. Se acercó y constató que Nahuel ya no tenía signos vitales. No intentó realizar maniobras de reanimación, ya que había certificado su fallecimiento. En tanto, la médica Carolina Zombory arribó al lugar unos minutos después, en una segunda ambulancia, y, según dijo al Tribunal, permaneció alejada hasta que el primer grupo de asistencia médica se retiro del lugar.
Fue convocada hasta la vera de la ruta como testigo de los procedimientos que realizó sobre el cuerpo el área de Criminalística de la Policía de Río Negro.
«Lo movieron bastante», dijo sobre el cuerpo de Nahuel, y se mostró sorprendida porque los policías de la provincia «lo dieron vuelta una y otra vez». «Fue bastante manoseado», agregó, y también señaló que le llamó la atención la demora en la colocación de las bolsas de papel en las manos de la víctima, para el resguardo de las huellas.
Zombory aseguró que en el lugar se vivieron «momentos de mucha tensión» y en su declaración incurrió en una contradicción que fue marcada por los abogados de la querella de la secretaría de Derechos Humanos. El miércoles, la profesional de la salud dijo ante los jueces que mientras estaba en el lugar «escuchó disparos» provenientes de la montaña.
El abogado Mariano Przybylski le recordó que durante la instrucción y ante una pregunta puntual sobre esa cuestión de la fiscal Sylvia Little había respondido que no escuchó detonaciones de ningún tipo durante su estadía en Villa Mascardi. «Yo tengo el recuerdo de haber escuchado dos o tres ruidos distintos que me sonaban a disparos», insistió entonces la médica. En el expediente judicial no existe ningún testimonio que dé cuenta de disparos de armas de fuego con posterioridad al descenso del cuerpo de Nahuel.
DDHH
Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo
Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.
El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».
Una estrategia construida desde antes de la condena firme
El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.
Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.
Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina
Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.
En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.
Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea
El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.
La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme
La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.
A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.
El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo
La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.
Puntos clave
- Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
- Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
- Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
- La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
- El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
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