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Declaran testigos directos del crimen de Rafael Nahuel

Ocurrió el 25 de noviembre de 2017, y están procesados cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

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El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca escuchará esta semana tres testimonios claves en el marco del juicio oral por el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017, y en el cual están procesados cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

Los dos jóvenes mapuches que bajaron el cuerpo de Nahuel desde la montaña hasta la ruta 40 en busca de ayuda médica, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, declararán citados por las querellas del juicio. Ambos estaban junto a la víctima en el momento en que recibió el disparo.

También está previsto que dé su testimonio Johana Colhuan, integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que intentó ser desalojada de las tierras en la que se habían establecido en la zona de Villa Mascardi, y que el 25 de noviembre de 2017 también recibió un disparo por la espalda que la hirió en el hombro.

Se trata de tres testigos clave para los abogados de la familia de Nahuel, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de Bariloche, los tres querellantes de la causa. Se sumará además el testimonio de María Nahuel, tía de Rafael, quien forma parte de la comunidad y arribó al lugar minutos después que el cuerpo de su sobrino fuera dejado a la vera de la ruta 40.

El juicio que se desarrolla en la ciudad rionegrina de General Roca se estructura en dos audiencias semanales, los días martes y miércoles. Para esta semana está previsto que dos de los imputados amplíen su declaración indagatoria: son los agentes de la Prefectura Juan Ramón Obregón y Sergio García, ambos imputados como «partícipes necesarios» del delito de «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa».

Ambos darán su versión de lo sucedido. En las declaraciones que hicieron durante la instrucción del expediente sostuvieron la hipótesis de la «emboscada» por parte de los integrantes de la comunidad mapuche, versión que no se condice con el aporte probatorio y testimonios recogidos hasta el momento en el juicio oral. En relación a Jones Huala y González Curruhuinca, testigos directos de la muerte de Nahuel, esta semana darán su testimonio ante los jueces del TOF de General Roca.

El 25 de noviembre de 2017, los dos fueron apresados por efectivos del grupo Albatros de la Prefectura minutos después de que los propios prefectos dispararan montaña arriba entre 114 y 129 veces con munición de plomo -según consta en las pericias-, lo que provocó la muerte del joven mapuche.

Jones Huala y González Curruhuinca, en sus respectivas declaraciones indagatorias -a las que accedió Télam-, relataron cómo cayó herido Nahuel y por qué decidieron bajar su cuerpo desde la montaña, incluso exponiéndose a ser reprimidos o detenidos.

En su indagatoria del 28 de noviembre de 2017, Fausto Jones Huala dijo: «En un momento miro y veo que cae Rafael. Ahí empecé a gritar que dejen de disparar, pero siguieron disparando. De repente, no se escuchó más nada. Estaba Rafael en el suelo, me acerqué a verlo y vi que tenía un disparo del lado izquierdo».

«Le preguntaba cómo estaba y no podía hablar. Decidimos no dejarlo solo porque nosotros tuvimos otro suceso parecido en la comunidad de Cushamen», agregó en su declaración. Jones Huala se refirió así a Santiago Maldonado, quien desapareció el 1º de agosto de 2017 en la costa del río Chubut en el marco de un operativo de Gendarmería que, según la orden judicial, debía desalojar la ruta 40 pero que terminó incluyendo una persecución a los miembros de la comunidad de Cushamen por las tierras que ocupaban.

Maldonado estuvo 78 días desaparecido y su cuerpo fue encontrado el 17 de octubre del mismo año, en una zona del río que ya había sido rastrillada por lo menos en dos oportunidades. En el caso de González Curruhuinca, en la indagatoria declaró cómo vio morir a Rafael Nahuel delante suyo.

«Cuando Rafael recibe el disparo, nosotros les avisamos a los efectivos de Prefectura que había un herido. Yo me entregué debido a que Rafael necesitaba atención médica, pero no se pudo dar. (…) Nosotros vimos morir a Rafael en nuestras manos, pero yo me entregué para llevar el cuerpo de Rafael», reconstruyó González Curruhuinca en su declaración.

En tanto, durante la audiencias de pasado miércoles 20 declararon los dos profesionales médicos que llegaron a la zona de Villa Mascardi. Uno de ellos, el médico Víctor Parodi, fue quien certificó el fallecimiento de Nahuel. Parodi relató que en el hospital zonal Ramón Carrillo de Bariloche recibieron un llamado en el que «pedían ambulancia por dos o tres heridos», y que se trasladó hasta el lugar.

Al llegar observó cómo dos personas bajaban un cuerpo en una camilla improvisada. Se acercó y constató que Nahuel ya no tenía signos vitales. No intentó realizar maniobras de reanimación, ya que había certificado su fallecimiento. En tanto, la médica Carolina Zombory arribó al lugar unos minutos después, en una segunda ambulancia, y, según dijo al Tribunal, permaneció alejada hasta que el primer grupo de asistencia médica se retiro del lugar.

Fue convocada hasta la vera de la ruta como testigo de los procedimientos que realizó sobre el cuerpo el área de Criminalística de la Policía de Río Negro.

«Lo movieron bastante», dijo sobre el cuerpo de Nahuel, y se mostró sorprendida porque los policías de la provincia «lo dieron vuelta una y otra vez». «Fue bastante manoseado», agregó, y también señaló que le llamó la atención la demora en la colocación de las bolsas de papel en las manos de la víctima, para el resguardo de las huellas.

Zombory aseguró que en el lugar se vivieron «momentos de mucha tensión» y en su declaración incurrió en una contradicción que fue marcada por los abogados de la querella de la secretaría de Derechos Humanos. El miércoles, la profesional de la salud dijo ante los jueces que mientras estaba en el lugar «escuchó disparos» provenientes de la montaña.

El abogado Mariano Przybylski le recordó que durante la instrucción y ante una pregunta puntual sobre esa cuestión de la fiscal Sylvia Little había respondido que no escuchó detonaciones de ningún tipo durante su estadía en Villa Mascardi. «Yo tengo el recuerdo de haber escuchado dos o tres ruidos distintos que me sonaban a disparos», insistió entonces la médica. En el expediente judicial no existe ningún testimonio que dé cuenta de disparos de armas de fuego con posterioridad al descenso del cuerpo de Nahuel.

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Palantir, el gran hermano de Trump: la empresa que rastrea migrantes enfrenta una rebelión interna

Empleados de la compañía tecnológica cuestionaron públicamente, en canales internos, los contratos con el ICE y el rol de la firma en operaciones militares. La dirección respondió borrando mensajes y exigiendo acuerdos de confidencialidad.

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Palantir: la empresa de vigilancia masiva que enfrenta una rebelión ética interna

★ La empresa de análisis de datos e inteligencia artificial Palantir Technologies atraviesa una profunda crisis interna. Empleados actuales y exfuncionarios cuestionaron el rumbo ético de la compañía tras conocerse su participación activa en la política migratoria de la administración Donald Trump y su posible involucramiento en operaciones militares con víctimas civiles, según informó la revista especializada Wired.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, Palantir se convirtió en una pieza clave del aparato represivo del gobierno estadounidense. La empresa firmó contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y su tecnología, en particular la aplicación denominada ELITE, se usa para identificar, rastrear y deportar a inmigrantes en situación irregular, según reveló en febrero el portal especializado Hipertextual en base a material interno del ICE.

La chispa que encendió el debate

Las tensiones escalaron en enero de 2026, tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero abatido por agentes federales durante una protesta contra el ICE en Minneapolis, según reportó DiarioBitcoin en base a fuentes internas de la empresa. A partir de ese hecho, trabajadores de distintos equipos empezaron a exigir explicaciones a la dirección sobre el alcance real del vínculo de Palantir con esa agencia.

En un canal interno de Slack, un empleado escribió que la relación con el ICE había sido ocultada durante la era de «Trump2» y reclamó transparencia sobre el uso del software en tareas de identificación y apoyo a deportaciones. Otro trabajador fue más directo: «En mi opinión, ICE son los malos. No me enorgullece que la empresa para la que tanto disfruto trabajando forme parte de esto», declaró según reprodujo Wired.

La respuesta de la empresa fue reveladora: Palantir eliminó los mensajes varios días después, bajo el argumento de evitar filtraciones. Luego organizó sesiones de preguntas y respuestas, pero condicionó el acceso a información sensible a la firma de contratos de confidencialidad. Según los propios empleados consultados por Wired, la medida fue percibida como un intento de silenciar las críticas, no de afrontarlas.

De socialista a ideólogo del autoritarismo

El giro de la empresa es inseparable del giro ideológico de su CEO. Alex Karp, cofundador de Palantir, se definía hasta hace pocos años como socialista y apoyó candidatos demócratas como Joe Biden. Sin embargo, desde 2024 se convirtió en un aliado estratégico de Trump y comenzó a defender públicamente políticas de corte autoritario y militarista.

En los últimos días, Karp publicó un manifiesto de 22 puntos en X (ex Twitter) desde la cuenta oficial de la empresa, con un fuerte contenido nacionalista y militarizado, que volvió a generar malestar interno. Varios empleados expresaron vergüenza en canales de Slack y relataron que conocidos les preguntaban al respecto, según Wired.

Un historial que no engaña

La crítica interna llegó tarde, aunque no deja de ser significativa. Palantir fue fundada en 2003, en el contexto posterior a los atentados del 11 de septiembre, bajo la narrativa del antiterrorismo. Desde entonces acumuló denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Ya en 2020, Amnistía Internacional alertó sobre las prácticas de la empresa. La consultora MSCI le otorgó una puntuación de 2 sobre 10 en libertades civiles. Y su fundador, Peter Thiel, declaró abiertamente que no cree que «la libertad y la democracia sean compatibles», según reportó El País.

La tecnología de Palantir también fue señalada como parte de operaciones militares en las que murieron civiles. La firma tuvo participación en acciones bélicas con víctimas mortales, entre ellas niños.

La pregunta que no debería sorprender

Que los empleados de Palantir se pregunten hoy si son «los malos de la película» revela, antes que una crisis de conciencia colectiva, la profundidad del autoengaño que sostiene a ciertas corporaciones tecnológicas. La empresa eligió su nombre, palantir, de las piedras videntes que en El Señor de los Anillos usa el villano Saruman para comunicarse con Sauron. Esa elección, lejos de ser inocente, fue siempre una declaración de intenciones.

La pregunta relevante no es si son los malos. La pregunta es cuánto tiempo más podrán seguir haciéndose esa pregunta sin responderla con hechos.

Puntos clave

  • Palantir firmó contratos con el ICE y su tecnología se usa activamente para rastrear y deportar migrantes en Estados Unidos.
  • Empleados cuestionaron internamente la relación de la empresa con el ICE; la dirección eliminó los mensajes y exigió acuerdos de confidencialidad.
  • El CEO Alex Karp publicó un manifiesto de 22 puntos con contenido nacionalista y militarista desde la cuenta oficial de Palantir.
  • Amnistía Internacional ya alertó en 2020 sobre las prácticas de la empresa; la consultora MSCI le dio 2 sobre 10 en libertades civiles.
  • El fundador Peter Thiel declaró que no cree que «la libertad y la democracia sean compatibles».

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