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El 24 de marzo de 1976 en la memoria arraigada de la desolación

«Y espero hasta último momento para ver si regresan esos militantes a los que tanto admiraba. La espera, en este casi medio siglo, siempre se asemeja a una pesadilla reiterada».

Publicado hace

5 años

24.03.2022

El Argentino

Por Jorge Elbaum

Yo era un adolescente que viajaba en el colectivo para entrar a las 12.30 al colegio Carlos Pellegrini.

En 1976 tenía 15 años y la velocidad de las palabras y las consignas me atravesaban como joven, como rebelde, como hijo de trabajadores que apostaban a la educación de sus hijos como su inversión vital más importante.

En mi secundaria los libros no eran sólo artefactos de cultura. Eran materiales de disputa, de debate, de “formación de cuadros”. La avidez por leer era un compromiso militante que iba de la mano de una construcción vital. De la necesidad de cambiar el mundo.

El golpe militar del 24 de marzo de 1976 me sorprendió en los rituales del enamoramiento adolescente y la sensación de ser parte de una mutación significativa: el mundo estaba revuelto y todas sus fallas de injusticia, carencias y sometimiento estaban siendo desafiadas por una generación a la que yo ingresaba como un pibe de barrio.

Los militantes que transitaban cuarto y quinto años eran pibes y pibas que yo escuchaba extasiado. Escuchaba sus voces en las asambleas y los reconocía como jóvenes que desafiaban –con un coraje inmenso– las reglas de juego de los preceptores, del colegio e incluso de los órganos represivos.

El inicio de las clases de 1976 fue oscuro. El miedo empezó a filtrarse por las alcantarillas. Los pupitres viejos, marcados de consignas políticas hechas a fuerza de tijeras y compases, empezaban a ser borroneados con tesón y apuro.

Los profesores y regentes que un año antes pasaban desapercibidos, casi cohibidos, por el empoderamiento de las agrupaciones estudiantiles, salían de sus tapaderas en versión de venganza. Nos advertían que “la política iba a desaparecer el colegio”, pero nosotrxs sólo entendíamos la palabra desaparecer en su acepción figurada. En su cuota de límite. En su pretendida ambigüedad de prohibición. Recién para fin de año o principios de 1977 la desaparición había adquirido su noción fantasmagórica de secuestro extraño a lo jurídico.

Pasaron los primeros meses posteriores al golpe y el miedo se construyó en la sombra interna y externa del colegio. Algunxs compañerxs de la Juventud Peronista quedaron escrachados porque venían militando a cara descubierta en el centro de estudiantes y terminaron siendo nombre de largas listas confeccionadas por las autoridades educativas. Para mitad de año había chicos y chicas que no venían más a clase. Los relatos eran contradictorios: que habían sido detenidos, que se habían ido del país…

Otros, entre los que me encontraba, cortamos nuestros nexos con determinados circuitos y visitas: ya no visitábamos otras escuelas para llevar revistas y abandonamos de un día para el otro el intercambio de fin de semana en las plazas y los barrios populares. Varios quemamos libros en la bañadera con la anuencia de padres. Otros sepultamos fascículos del Centro Editor de América Latina con la convicción de estar enterrando un tesoro.

Hubo algo semejante a la mudez. Pibes que eran extrovertidos pasaron al secretismo y después a la introspección. Chicas que lideraban los debates se había llamado a un mutismo espectral.

Cuando retrotraigo la mirada a ese hueco de terror cotidiano sólo recuerdo la sensación de dificultad para respirar. Tiempo después algo o alguien le puso nombre a ese síntoma y lo caratuló como angustia. Pero para mí era una indudable ausencia de oxígeno. Una puñalada de ahogo que se metía desde adentro hacia afuera, que inundaba el patio del colegio, que nos convertía de una vez y para siempre en los sujetos paranoicos que hoy seguimos –de alguna manera– siendo.

Es que todo parecía uniformarse. Las calles se habían convertido en espacios de miradas desconfiadas y de persecuciones. Los libros – que habían sido las plataformas de formación, debate y argumentación– se transformaron en dispositivos peligrosos. Se volvió al esquema de los manuales en los que un editor seleccionaba las secciones menos contaminadas de debate, cuestionamiento y espíritu crítico. Volvimos en 1976 a ser sujetos memorísticos en los que “estudiar” era sinónimo de refrendar lo que otros querían que repitiéramos. Todo se achicó de un año a otro: la perspectiva de los años anteriores nos lanzaba a ser protagonistas y lo que sobrevino al ‘76 nos empezó a señalar como amputados de un vuelo, como adolescentes reubicados en la obediencia y el silencio.

Me veo caminando por la calle Marcelo T. de Alvear a la salida del colegio y veo a esos pibes y pibas de mi edad como si se hubiesen convertido en víctimas. En condenados. Muchos caminan con la cabeza gacha. Sonríen apenas desde la comisura de los labios con un gesto atenuado. Con miedo a la carcajada. Con derrotas en las costillas.

Pasaron 46 años y logro divisar en esas biografías a los pibes que terminaron desapareciendo bajo las botas genocidas.

Muchas veces sueño con el sonido del timbre que anunciaba el ingreso a las aulas. Y espero hasta último momento para ver si regresan esos militantes a los que tanto admiraba. La espera, en este casi medio siglo, siempre se asemeja a una pesadilla reiterada.

¿Qué hubiesen querido ellxs, de cada uno de los que esperamos en la puerta, su regreso? Que sigamos su estela de signos, pasiones y asambleas interminables. Pero que nunca los abandonemos. Ni siquiera cuando el timbre se empecina en silenciar las conciencias.

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Imputabilidad a los 14: qué pasó con el chico que detuvieron en la marcha universitaria

Un adolescente de 14 años fue detenido en la desconcentración de la Marcha Federal Universitaria, a 40 días de la ley que bajó la edad de imputabilidad. Las versiones difieren sobre quién quedó imputado, y el Gobierno denunció atentado al orden constitucional pero los detenidos están acusados solo por resistencia.

Publicado hace

7 horas

21.10.2026

ElArgentino.ar

El Argentino Diario-Financiamiento Universitario-UBA-Universidades-Educación Superior.

A 40 días de la ley penal juvenil, utilizaron la legislación para detener a un chico de 14 años en la marcha universitaria.

Un adolescente de 14 años fue detenido en la desconcentración de la Marcha Federal Universitaria, 40 días después de que entrara en vigencia la ley que bajó de 16 a 14 la edad de imputabilidad.

Ocurrió el jueves 15 de octubre frente al Congreso, al cierre de la quinta marcha en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, informó 25 detenidos por fuerzas federales y ocho efectivos heridos; con los seis arrestos de la Policía de la Ciudad, el total llegó a 31. La referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, reconstruyó la jornada en La García, el programa de Cynthia García en AM 530.

Qué se sabe del adolescente

Según la Policía de la Ciudad, dos de sus seis detenidos eran menores, de 14 y 17 años, y todos quedaron imputados por atentado y resistencia a la autoridad; el de 14 fue entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. La versión oficial lo señala por haber arrojado piedras contra un móvil policial en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre, una acusación que deberá acreditarse en el expediente.

Verdú dijo que el chico de 14 años fue imputado por resistencia a la autoridad y liberado después, con la intervención de Correpi, autoridades escolares y familiares, y que los tres menores detenidos recuperaron la libertad ese mismo jueves. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informó, en cambio, que el de 14 permaneció retenido dos horas y que el de 17 fue imputado por resistencia. Las versiones difieren sobre cuál de los dos adolescentes quedó formalmente imputado y sobre cuántos menores fueron detenidos.

Verdú sostuvo que los efectivos lanzaron gases mientras el acto seguía y los manifestantes estaban frente al palco. “No tienen interés en disuadir hechos de violencia durante la marcha; el esquema es represivo”, afirmó, y planteó que “estamos viviendo un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías”.

La ley, a 40 días de su estreno

La Ley 27.801, sancionada el 27 de febrero y publicada el 9 de marzo de 2026, rige desde el 5 de septiembre y reemplazó el régimen de 1980. Fija la responsabilidad penal desde los 14 años, prevé respuestas que van de medidas educativas y reparación del daño hasta penas privativas de la libertad, con un máximo de 15 años, y prohíbe la prisión perpetua. Como los hechos de la marcha ocurrieron después de esa fecha, en principio ambos adolescentes quedan comprendidos por el nuevo régimen.

El día de su entrada en vigencia, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, escribió en X: “Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás”. Dos días después, una jueza de Lomas de Zamora suspendió por 60 días su aplicación en la Provincia de Buenos Aires, y el 15 de septiembre la Cámara de Apelación y Garantías de ese departamento judicial revocó la medida y la declaró inadmisible. Un chico de 14 años detenido en una marcha educativa es el tipo de caso que pone la ley a prueba, aunque su situación procesal todavía no está clara.

Los cargos y el relato oficial

Los cuatro adultos que seguían detenidos el viernes 16 están acusados por el artículo 239 del Código Penal, resistencia o desobediencia a un funcionario público, con penas de quince días a un año de prisión. Es un delito excarcelable y uno de los de menor escala del código. Verdú lo resumió así: “O sea, protestar porque los fueron a detener”.

El Ministerio de Seguridad, en cambio, denunció resistencia y atentado a la autoridad, daño agravado y atentado al orden constitucional, y sostuvo que los disturbios ocurrieron mientras el Congreso sesionaba. Según reconstruyó la prensa local, la sesión especial que pedía la oposición se cayó por falta de quórum a las 14.44, los primeros choques empezaron cerca de las 16 y la mayor parte de los incidentes se produjo después del acto de cierre. Hasta el viernes 16, los imputados lo estaban solo por resistencia o desobediencia, y no por atentado al orden constitucional ni por daño agravado.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dijo que no había que dar quórum para sostener el DNU 70/23, que definió como una de las columnas del Gobierno, y llamó “delincuentes, violentos y energúmenos” a quienes protagonizaron los incidentes. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, los describió como “grupos de tareas”, una expresión que remite a las patotas de la última dictadura. Monteoliva habló de “los mismos violentos de siempre”. Manifestantes denunciaron infiltrados, y Torrendell no respondió directamente cuando le preguntaron por esas versiones.

La CPM presentó una denuncia penal contra el Gobierno nacional y las autoridades del Comando Unificado de seguridad nacional y porteña por estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según su informe, 50 trabajadores de prensa y 15 integrantes de la propia comisión resultaron heridos.

Un patrón conocido

Tras la protesta del 12 de junio de 2024 por la Ley Bases hubo 33 detenidos acusados de delitos contra el orden constitucional; semanas después, la jueza María Servini dictó la falta de mérito para 28 por lo que describió como “orfandad probatoria”. En febrero de 2026, después de los incidentes en la marcha contra la reforma laboral, el Ministerio de Seguridad denunció hechos agravados por finalidad terrorista y difundió nombres y fotos de una veintena de personas. Ocho meses después, la causa quedó reducida a cuatro imputados, ninguno de los cuales figuraba en esa lista.