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El 24 de marzo de 1976 en la memoria arraigada de la desolación

«Y espero hasta último momento para ver si regresan esos militantes a los que tanto admiraba. La espera, en este casi medio siglo, siempre se asemeja a una pesadilla reiterada».

Publicado hace

5 años

24.03.2022

El Argentino

Por Jorge Elbaum

Yo era un adolescente que viajaba en el colectivo para entrar a las 12.30 al colegio Carlos Pellegrini.

En 1976 tenía 15 años y la velocidad de las palabras y las consignas me atravesaban como joven, como rebelde, como hijo de trabajadores que apostaban a la educación de sus hijos como su inversión vital más importante.

En mi secundaria los libros no eran sólo artefactos de cultura. Eran materiales de disputa, de debate, de “formación de cuadros”. La avidez por leer era un compromiso militante que iba de la mano de una construcción vital. De la necesidad de cambiar el mundo.

El golpe militar del 24 de marzo de 1976 me sorprendió en los rituales del enamoramiento adolescente y la sensación de ser parte de una mutación significativa: el mundo estaba revuelto y todas sus fallas de injusticia, carencias y sometimiento estaban siendo desafiadas por una generación a la que yo ingresaba como un pibe de barrio.

Los militantes que transitaban cuarto y quinto años eran pibes y pibas que yo escuchaba extasiado. Escuchaba sus voces en las asambleas y los reconocía como jóvenes que desafiaban –con un coraje inmenso– las reglas de juego de los preceptores, del colegio e incluso de los órganos represivos.

El inicio de las clases de 1976 fue oscuro. El miedo empezó a filtrarse por las alcantarillas. Los pupitres viejos, marcados de consignas políticas hechas a fuerza de tijeras y compases, empezaban a ser borroneados con tesón y apuro.

Los profesores y regentes que un año antes pasaban desapercibidos, casi cohibidos, por el empoderamiento de las agrupaciones estudiantiles, salían de sus tapaderas en versión de venganza. Nos advertían que “la política iba a desaparecer el colegio”, pero nosotrxs sólo entendíamos la palabra desaparecer en su acepción figurada. En su cuota de límite. En su pretendida ambigüedad de prohibición. Recién para fin de año o principios de 1977 la desaparición había adquirido su noción fantasmagórica de secuestro extraño a lo jurídico.

Pasaron los primeros meses posteriores al golpe y el miedo se construyó en la sombra interna y externa del colegio. Algunxs compañerxs de la Juventud Peronista quedaron escrachados porque venían militando a cara descubierta en el centro de estudiantes y terminaron siendo nombre de largas listas confeccionadas por las autoridades educativas. Para mitad de año había chicos y chicas que no venían más a clase. Los relatos eran contradictorios: que habían sido detenidos, que se habían ido del país…

Otros, entre los que me encontraba, cortamos nuestros nexos con determinados circuitos y visitas: ya no visitábamos otras escuelas para llevar revistas y abandonamos de un día para el otro el intercambio de fin de semana en las plazas y los barrios populares. Varios quemamos libros en la bañadera con la anuencia de padres. Otros sepultamos fascículos del Centro Editor de América Latina con la convicción de estar enterrando un tesoro.

Hubo algo semejante a la mudez. Pibes que eran extrovertidos pasaron al secretismo y después a la introspección. Chicas que lideraban los debates se había llamado a un mutismo espectral.

Cuando retrotraigo la mirada a ese hueco de terror cotidiano sólo recuerdo la sensación de dificultad para respirar. Tiempo después algo o alguien le puso nombre a ese síntoma y lo caratuló como angustia. Pero para mí era una indudable ausencia de oxígeno. Una puñalada de ahogo que se metía desde adentro hacia afuera, que inundaba el patio del colegio, que nos convertía de una vez y para siempre en los sujetos paranoicos que hoy seguimos –de alguna manera– siendo.

Es que todo parecía uniformarse. Las calles se habían convertido en espacios de miradas desconfiadas y de persecuciones. Los libros – que habían sido las plataformas de formación, debate y argumentación– se transformaron en dispositivos peligrosos. Se volvió al esquema de los manuales en los que un editor seleccionaba las secciones menos contaminadas de debate, cuestionamiento y espíritu crítico. Volvimos en 1976 a ser sujetos memorísticos en los que “estudiar” era sinónimo de refrendar lo que otros querían que repitiéramos. Todo se achicó de un año a otro: la perspectiva de los años anteriores nos lanzaba a ser protagonistas y lo que sobrevino al ‘76 nos empezó a señalar como amputados de un vuelo, como adolescentes reubicados en la obediencia y el silencio.

Me veo caminando por la calle Marcelo T. de Alvear a la salida del colegio y veo a esos pibes y pibas de mi edad como si se hubiesen convertido en víctimas. En condenados. Muchos caminan con la cabeza gacha. Sonríen apenas desde la comisura de los labios con un gesto atenuado. Con miedo a la carcajada. Con derrotas en las costillas.

Pasaron 46 años y logro divisar en esas biografías a los pibes que terminaron desapareciendo bajo las botas genocidas.

Muchas veces sueño con el sonido del timbre que anunciaba el ingreso a las aulas. Y espero hasta último momento para ver si regresan esos militantes a los que tanto admiraba. La espera, en este casi medio siglo, siempre se asemeja a una pesadilla reiterada.

¿Qué hubiesen querido ellxs, de cada uno de los que esperamos en la puerta, su regreso? Que sigamos su estela de signos, pasiones y asambleas interminables. Pero que nunca los abandonemos. Ni siquiera cuando el timbre se empecina en silenciar las conciencias.

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Primero la ley, después el plan: el Gobierno recién ahora creó el programa para aplicar la baja de imputabilidad

Veinte días después de que entrara en vigencia la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, el Ministerio de Justicia creó por resolución el programa para implementarla. Su conducción, igual que la del nuevo plan contra la ciberdelincuencia, quedó en manos de asesores designados ad honorem.

Publicado hace

1 día

25.09.2026

ElArgentino.ar

El Argentino Diario-Ministro de Justicia-Juan Bautista Mahiques.

Régimen Penal Juvenil: rige desde el 5 de septiembre pero recién ahora tiene programa de implementación.

La ley que permite juzgar penalmente a chicos y chicas de 14 años rige desde el 5 de septiembre, pero recién este viernes el Gobierno nacional creó el programa encargado de ponerla en marcha. El Estado habilitó primero el castigo y recién ahora empieza a construir la estructura que debía acompañarlo. Y lo hizo con una coordinación que no cobra por su tarea.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó las Resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas en el Boletín Oficial. La segunda creó el Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil en el ámbito de la Dirección de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, que depende de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia. La primera creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). En ambos casos, la conducción quedó a cargo de asesores designados «ad honorem».

Un programa que llega cuando la ley ya se aplica

Según la Resolución 484/2026, el programa «estará a cargo de un Coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco». Esas funciones fueron asignadas, sin remuneración, a la asesora Débora Eliana Di Girolamo.

Entre sus objetivos, la norma enumera «concertar la implementación integral del Régimen Penal Juvenil en el ámbito de la competencia nacional ordinaria y federal», impulsar la «centralidad y tutela efectiva de las víctimas en el proceso», contribuir a la formación especializada de los operadores judiciales y fortalecer la articulación entre ministerios, instituciones y jurisdicciones.

El texto también fija como meta «promover el diseño y gestión de un sistema de producción, compilación y sistematización de información estadística e institucional, para la evaluación de resultados de política criminal juvenil». Dicho de otro modo, las herramientas para medir si la reforma sirve para algo todavía están por diseñarse, cuando la ley ya lleva tres semanas en vigencia.

Las líneas de acción previstas son tres: la gestión del Cuerpo de Supervisores, con la «coordinación, supervisión técnica y estandarización de los protocolos de intervención» del personal que seguirá las medidas dispuestas; la atención y protección integral de las víctimas; y la formación y capacitación especializada de quienes intervienen en el sistema penal juvenil.

Otro de los objetivos declarados es promover intervenciones «basadas en evidencia orientadas a la reducción de la reincidencia delictiva». La paradoja salta a la vista: durante el debate legislativo, especialistas y organismos internacionales advirtieron que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito y que puede profundizar la exclusión y la propia reincidencia. El Gobierno invoca ahora la evidencia para gestionar una ley que se sancionó a contramano de ella.

De la sanción en el Senado a los tribunales

La Ley 27.801 fue aprobada de manera definitiva por el Senado el 27 de febrero, con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, y se publicó en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Reemplazó al decreto ley 22.278, el Régimen Penal de la Minoridad dictado en 1980, durante la última dictadura, y bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con penas de hasta 15 años de privación de la libertad. La propia norma fijó su entrada en vigencia a los 180 días de su publicación, plazo que se cumplió el 5 de septiembre.

Luego, el Poder Ejecutivo la reglamentó mediante el Decreto 875/2026, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal y lo facultó a dictar las normas complementarias para instrumentar el régimen. Las resoluciones de este viernes son la traducción administrativa de esa delegación.

El día que la ley empezó a regir, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, celebró en sus redes: «Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás». El eslogan llegó a tiempo; el programa para aplicar la ley, tres semanas tarde.

La implementación ya generó choques en la Justicia. En Lomas de Zamora, la jueza de Responsabilidad Juvenil Marta Pascual había hecho lugar a un habeas corpus que suspendía la aplicación del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires, al considerar que no estaban dadas las condiciones para ponerlo en marcha. El 15 de septiembre, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de ese departamento judicial revocó ese fallo tras una apelación fiscal. En la Ciudad de Buenos Aires, la jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1° de la Ley 27.801 y sobreseyó a un chico de 14 años acusado de un intento de robo; la decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal porteño.

Ciberdelito y evidencia digital, con puertas abiertas a privados

La Resolución 483/2026 creó el PRONACIB en la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal. Según el texto oficial, el programa «estará a cargo de un Coordinador, quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas» en su marco. Para ese rol fue designado, también «ad honorem», el asesor de la Subsecretaría Mariano Tomás Rivas.

La norma habilita al PRONACIB a «constituir mesas interinstitucionales de articulación, de carácter general o especializado, con organismos, autoridades y actores públicos o privados». En un terreno tan sensible como la evidencia digital, la participación de actores privados abre preguntas sobre límites y controles que las resoluciones no responden.

Gestión ad honorem, castigo a tiempo completo

Las dos resoluciones comparten un rasgo: programas de alcance nacional, con objetivos ambiciosos, cuya coordinación descansa en asesores que no perciben remuneración por esa función. En el caso del Régimen Penal Juvenil, esa estructura deberá supervisar al cuerpo de profesionales que seguirá a los adolescentes sometidos a proceso, capacitar a los operadores y asistir a las víctimas.

La baja de la edad de imputabilidad se vendió como una respuesta inmediata a la inseguridad, pero su puesta en marcha revela improvisación. Mientras el oficialismo celebró la vigencia de la ley con consignas, la arquitectura institucional para aplicarla se arma por resolución, con la norma ya en funcionamiento y jueces que advirtieron que las condiciones no estaban dadas. Los que quedan en el medio son chicos y chicas de 14 y 15 años.