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El 24 de marzo de 1976 en la memoria arraigada de la desolación

«Y espero hasta último momento para ver si regresan esos militantes a los que tanto admiraba. La espera, en este casi medio siglo, siempre se asemeja a una pesadilla reiterada».

Publicado hace

5 años

24.03.2022

El Argentino

Por Jorge Elbaum

Yo era un adolescente que viajaba en el colectivo para entrar a las 12.30 al colegio Carlos Pellegrini.

En 1976 tenía 15 años y la velocidad de las palabras y las consignas me atravesaban como joven, como rebelde, como hijo de trabajadores que apostaban a la educación de sus hijos como su inversión vital más importante.

En mi secundaria los libros no eran sólo artefactos de cultura. Eran materiales de disputa, de debate, de “formación de cuadros”. La avidez por leer era un compromiso militante que iba de la mano de una construcción vital. De la necesidad de cambiar el mundo.

El golpe militar del 24 de marzo de 1976 me sorprendió en los rituales del enamoramiento adolescente y la sensación de ser parte de una mutación significativa: el mundo estaba revuelto y todas sus fallas de injusticia, carencias y sometimiento estaban siendo desafiadas por una generación a la que yo ingresaba como un pibe de barrio.

Los militantes que transitaban cuarto y quinto años eran pibes y pibas que yo escuchaba extasiado. Escuchaba sus voces en las asambleas y los reconocía como jóvenes que desafiaban –con un coraje inmenso– las reglas de juego de los preceptores, del colegio e incluso de los órganos represivos.

El inicio de las clases de 1976 fue oscuro. El miedo empezó a filtrarse por las alcantarillas. Los pupitres viejos, marcados de consignas políticas hechas a fuerza de tijeras y compases, empezaban a ser borroneados con tesón y apuro.

Los profesores y regentes que un año antes pasaban desapercibidos, casi cohibidos, por el empoderamiento de las agrupaciones estudiantiles, salían de sus tapaderas en versión de venganza. Nos advertían que “la política iba a desaparecer el colegio”, pero nosotrxs sólo entendíamos la palabra desaparecer en su acepción figurada. En su cuota de límite. En su pretendida ambigüedad de prohibición. Recién para fin de año o principios de 1977 la desaparición había adquirido su noción fantasmagórica de secuestro extraño a lo jurídico.

Pasaron los primeros meses posteriores al golpe y el miedo se construyó en la sombra interna y externa del colegio. Algunxs compañerxs de la Juventud Peronista quedaron escrachados porque venían militando a cara descubierta en el centro de estudiantes y terminaron siendo nombre de largas listas confeccionadas por las autoridades educativas. Para mitad de año había chicos y chicas que no venían más a clase. Los relatos eran contradictorios: que habían sido detenidos, que se habían ido del país…

Otros, entre los que me encontraba, cortamos nuestros nexos con determinados circuitos y visitas: ya no visitábamos otras escuelas para llevar revistas y abandonamos de un día para el otro el intercambio de fin de semana en las plazas y los barrios populares. Varios quemamos libros en la bañadera con la anuencia de padres. Otros sepultamos fascículos del Centro Editor de América Latina con la convicción de estar enterrando un tesoro.

Hubo algo semejante a la mudez. Pibes que eran extrovertidos pasaron al secretismo y después a la introspección. Chicas que lideraban los debates se había llamado a un mutismo espectral.

Cuando retrotraigo la mirada a ese hueco de terror cotidiano sólo recuerdo la sensación de dificultad para respirar. Tiempo después algo o alguien le puso nombre a ese síntoma y lo caratuló como angustia. Pero para mí era una indudable ausencia de oxígeno. Una puñalada de ahogo que se metía desde adentro hacia afuera, que inundaba el patio del colegio, que nos convertía de una vez y para siempre en los sujetos paranoicos que hoy seguimos –de alguna manera– siendo.

Es que todo parecía uniformarse. Las calles se habían convertido en espacios de miradas desconfiadas y de persecuciones. Los libros – que habían sido las plataformas de formación, debate y argumentación– se transformaron en dispositivos peligrosos. Se volvió al esquema de los manuales en los que un editor seleccionaba las secciones menos contaminadas de debate, cuestionamiento y espíritu crítico. Volvimos en 1976 a ser sujetos memorísticos en los que “estudiar” era sinónimo de refrendar lo que otros querían que repitiéramos. Todo se achicó de un año a otro: la perspectiva de los años anteriores nos lanzaba a ser protagonistas y lo que sobrevino al ‘76 nos empezó a señalar como amputados de un vuelo, como adolescentes reubicados en la obediencia y el silencio.

Me veo caminando por la calle Marcelo T. de Alvear a la salida del colegio y veo a esos pibes y pibas de mi edad como si se hubiesen convertido en víctimas. En condenados. Muchos caminan con la cabeza gacha. Sonríen apenas desde la comisura de los labios con un gesto atenuado. Con miedo a la carcajada. Con derrotas en las costillas.

Pasaron 46 años y logro divisar en esas biografías a los pibes que terminaron desapareciendo bajo las botas genocidas.

Muchas veces sueño con el sonido del timbre que anunciaba el ingreso a las aulas. Y espero hasta último momento para ver si regresan esos militantes a los que tanto admiraba. La espera, en este casi medio siglo, siempre se asemeja a una pesadilla reiterada.

¿Qué hubiesen querido ellxs, de cada uno de los que esperamos en la puerta, su regreso? Que sigamos su estela de signos, pasiones y asambleas interminables. Pero que nunca los abandonemos. Ni siquiera cuando el timbre se empecina en silenciar las conciencias.

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Traslado de 1.400 presos: la Cámara lo avaló pero le puso límites al Gobierno

La Cámara del Crimen confirmó el rechazo del hábeas corpus de la Procuración Penitenciaria, pero reconoció irregularidades en las comunicaciones del operativo y ordenó avisar con 72 horas de anticipación los próximos movimientos. Mientras el Gobierno celebra la mudanza de Devoto a Marcos Paz, la educación universitaria en contextos de encierro quedó en el centro del reclamo.

Publicado hace

17 horas

19.10.2026

ElArgentino.ar

El Argentino Diario-Traslado presos Devoto.

El Gobierno completó la primera fase del traslado de 1.400 detenidos de Villa Devoto a Marcos Paz.

La Justicia admitió que los traslados de presos desde Devoto no se comunicaron como exige el protocolo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), pero dejó firme lo ya ejecutado. No hubo marcha atrás para los 1.400 detenidos movidos a Marcos Paz, aunque sí una orden con plazos concretos para todo lo que viene.

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López, confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). En paralelo con las actuaciones judiciales, el Gobierno nacional anunció este lunes, a través de la Presidencia, que completó la primera fase del traslado de personas detenidas de la cárcel de Villa Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

Lo que exigió el tribunal

El tribunal no cuestionó la decisión estatal de cerrar Devoto; analizó si la forma en que se organizaron y ejecutaron los traslados provocó, o podía provocar, un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. En ese examen, los camaristas detectaron que las comunicaciones no se habrían ajustado a las pautas previstas en el protocolo del SPF, y por eso encomendaron al juez de primera instancia que ordene notificar los próximos movimientos a los órganos judiciales y a las defensas con al menos 72 horas de anticipación.

Pese a esa irregularidad, consideraron que no se acreditó un perjuicio concreto derivado de la falta de comunicación que justificara revertir lo hecho. También advirtieron que devolver a los detenidos a Devoto podía empeorar su alojamiento, porque algunos sectores del establecimiento quedaron inhabilitados por razones técnicas vinculadas con la seguridad de la infraestructura.

La resolución incluyó otra medida relevante: la Cámara ordenó garantizar de inmediato el ingreso de personal de la Procuración Penitenciaria para inspeccionar y monitorear los establecimientos, en respuesta a los planteos sobre las dificultades para acceder a los pabellones y entrevistar a las personas detenidas.

Estudios universitarios, en el centro de la disputa

El impacto sobre la educación es uno de los focos del conflicto. Organizaciones vinculadas con la educación en contextos de encierro denunciaron, al comenzar los traslados, que el operativo empezó por estudiantes universitarios alojados en Devoto, y cuestionaron la interrupción de sus trayectorias académicas. El reclamo apunta al Centro Universitario Devoto (CUD), del programa UBA XXII, que funciona desde 1985 y es una experiencia histórica de educación universitaria en las cárceles argentinas.

La abogada Claudia Cesaroni, referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), cuestionó que se trasladara a detenidos con un rol importante en la organización del espacio educativo. Sostuvo que existían acuerdos previos para derivar a determinados estudiantes a Ezeiza, porque en Marcos Paz no estaban garantizadas las mismas condiciones para continuar sus actividades.

La Cámara consideró que hasta ese momento no se había acreditado que los traslados impidieran ejercer el derecho a la educación. Evaluó, entre otros elementos, las gestiones para habilitar espacios de UBA XXII en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con modalidad híbrida, y la oferta académica disponible en Marcos Paz. Los jueces dejaron abierta la posibilidad de volver a plantear la cuestión si se comprueban afectaciones concretas. Es decir, el fallo no dio por probado que el derecho a estudiar esté garantizado en todos los casos; consideró insuficientes los elementos presentados para disponer una medida general.

Salidas transitorias y casos individuales

Sobre las personas con salidas transitorias o próximas a acceder a ese régimen, la Cámara sostuvo que los efectos sobre la progresividad de la pena deben analizarse de manera individual ante el juez de ejecución o la autoridad judicial correspondiente.

El fallo examinó, entre otros planteos, el caso de Ricardo Alberto Castro Madrid, integrante de la denominada Banda del FAL, cuyo abogado objetó su alojamiento en Marcos Paz porque una resolución anterior había limitado los destinos posibles a unidades del SPF bajo un régimen abierto y de autodisciplina. Los camaristas entendieron que el pedido debía tramitar ante la autoridad competente y que no se acreditaron razones de gravedad y urgencia para resolverlo mediante un hábeas corpus.

La versión oficial y lo que queda pendiente

La administración nacional destacó el despliegue de fuerzas federales, las evaluaciones médicas, la identificación mediante códigos QR y la coordinación entre los organismos intervinientes. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que el procedimiento se desarrolló sin conflictos, motines ni fugas. El traslado forma parte del acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para dejar de usar Villa Devoto como establecimiento penitenciario y poner en funcionamiento el complejo de Marcos Paz.

Mientras el Gobierno pone el acento en la desocupación del predio y en la puesta en marcha de la nueva cárcel, los reclamos se concentran en las condiciones de alojamiento, el acceso a la educación, la comunicación con las familias y la supervisión de los organismos de control. La decisión de la Cámara no frenó el operativo ni ordenó el regreso de los detenidos, pero fijó obligaciones para los próximos traslados y reforzó el rol de la Procuración Penitenciaria. El cumplimiento de esas medidas será uno de los puntos a observar en la siguiente etapa.