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Soberanía energética

Litio en Argentina: inversión millonaria frente a conflictos sociales y ambientales

Mientras gigantes como Rio Tinto y Tesla apuestan USD 9.000 millones al litio argentino, Jujuy enfrenta tensiones por el uso de agua y la distribución de beneficios. Claves de un boom minero que crece al calor de la transición energética global.

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El-Argentino-Industria del Litio-Imagen ilustrativa creada con inteligencia artificial.

Argentina posee el tercer puesto mundial en reservas de litio (3,6 millones de toneladas), solo detrás de Chile y Australia, según el Servicio Geológico de EEUU. Este posicionamiento atrajo a empresas como Rio Tinto, que en diciembre de 2024 adquirió Arcadium Lithium —el mayor productor local— por USD 6.700 millones, y anunció una inversión adicional de USD 2.500 millones en Salta para multiplicar por 20 su producción.

Jujuy, corazón del «Triángulo del Litio», lidera el 48% de las exportaciones nacionales con proyectos como Cauchari-Olaroz, que produjo 25.000 toneladas en 2024. La provincia alberga 6 proyectos activos y otros 44 en desarrollo a nivel nacional, con una proyección de inversiones por USD 8.000 millones para 2032. Elon Musk definió al litio argentino como «la nueva petrolera», mientras Bill Gates invirtió USD 20 millones en startups para optimizar su extracción.

Críticas ambientales: agua, salares y comunidades en alerta

La extracción de litio consume 700 litros de salmuera por cada kilo producido , según datos oficiales citados por la industria. Aunque las empresas insisten en que no afectan los acuíferos de consumo humano, organizaciones ambientales denuncian riesgos en zonas áridas como la Puna. En Catamarca, Arcadium Lithium enfrentó reclamos por impacto en fuentes hídricas, mientras el ministro Juan Cabandié advirtió sobre la «entrega del litio a potencias extranjeras».

En Jujuy, un estudio de DroIT Consultores reveló que 62,7% de la población desconoce los detalles de la actividad minera, y solo 38,5% cree que el litio contamina menos que otros minerales. Aunque 85% de los jujeños ve al sector como generador de empleo, persisten tensiones: comunidades como Salinas Grandes exigen mayor participación en las ganancias y auditorías independientes sobre el uso de recursos.

La paradoja exportadora: más volumen, menos ingresos

Las exportaciones de litio crecieron 53% en volumen durante 2024, pero los ingresos cayeron 35% por el desplome de los precios internacionales (de USD 80.000 a USD 10.000 la tonelada desde 2022). Este fenómeno global, impulsado por exceso de oferta y menor demanda de autos eléctricos en China, expuso la vulnerabilidad de un modelo centrado en la exportación de materias primas.

Mientras el gobierno promueve el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) —que garantiza estabilidad fiscal por 30 años—, analistas como Alejandro Moro (CEO de Eramine) alertan sobre la «falta de infraestructura y desorden macroeconómico» que encarecen los costos.

Políticas y regulación: entre el optimismo oficial y las advertencias

Milei priorizó al litio como eje de su estrategia económica, con reuniones clave como la sostenida en Roma con el CEO de Rio Tinto, Jakob Stausholm, quien elogió el RIGI como «una combinación inteligente de incentivos». Sin embargo, la Secretaría de Minería admitió que solo 5,2% de la producción mundial corresponde a Argentina , muy por detrás de Australia (47,8%) y Chile (24,4%).

Expertos como Flavia Royón, ex secretaria de Minería, destacaron que el país debe avanzar en industrialización local del litio: actualmente, 69% de las exportaciones van a China como carbonato básico, sin agregado de valor.

Puntos clave y polémicas en torno al “oro blanco”:

  • Argentina concentra 50 proyectos de litio, pero solo 5,2% de la producción global, con precios en mínimos históricos.
  • Jujuy exportó USD 294 millones en litio en 2024, pero enfrenta críticas por falta de transparencia en el uso de agua.
  • El RIGI atrajo USD 9.000 millones de Rio Tinto, pero organizaciones exigen cláusulas ambientales más estrictas.
  • 85% de los jujeños apoya la minería, pero 58,2% desconoce sus impactos específicos.

Desregulación

El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica

La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.

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El-Argentino-Electricidad energía luz

La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener

★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.

Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.

Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales

Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.

Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.

La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).

La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.

Los socios del poder detrás del consorcio ganador

La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.

Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.

El marco legal y la lógica del desguace

El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.

La obra que se canceló y el proyecto que no llegó

Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.

Puntos clave

  • El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
  • Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
  • El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
  • Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
  • No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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