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Los Grobo en crisis: la presión de los bancos y el riesgo de ejecución de garantías
El Grupo intenta reestructurar su deuda y evitar complicaciones legales, mientras enfrenta reclamos de productores y transportistas por vaciamiento de activos.
Lo que tenés que saber:
- Los Grobo enfrenta deudas millonarias, con una mora de casi u$s30 millones con varios bancos.
- El Banco Galicia exige el pago inmediato y avanza con la ejecución de las garantías vinculadas a los financiamientos.
- La deuda incluye cheques rechazados por más de $3.000 millones y varios incumplimientos en pagos con entidades financieras.
- El Grupo intenta reestructurar su deuda y evitar complicaciones legales, mientras enfrenta reclamos de productores y transportistas por vaciamiento de activos.
Un panorama financiero complejo
El Grupo Los Grobo continúa atravesando una crisis financiera profunda debido a su default de casi u$s30 millones con varias entidades bancarias locales. En esta situación, el Banco Galicia, en su rol de prestamista y agente administrativo, ha emitido una notificación formal en la que exige el pago inmediato de las deudas acumuladas y advierte sobre la posibilidad de ejecutar las garantías asociadas a los préstamos otorgados. Esta notificación podría desencadenar la liquidación o transferencia de los bienes fideicomitidos como respaldo de los créditos.
Un default que abarca múltiples contratos y bancos
Entre las deudas que enfrenta Los Grobo se encuentran los cheques rechazados por más de $3.000 millones, pagares bursátiles por u$s10 millones y préstamos con importantes bancos como Santander, HSBC, Bapro, Supervielle, Macro, Hipotecario e Industrial. La situación, además de estar relacionada con problemas de flujo de caja, incluye incumplimientos por parte de Agrofina, una de sus filiales. Esta empresa también enfrenta serios problemas de liquidez, con pagos pendientes de u$s6,2 millones y u$s2,7 millones en distintos contratos de refinanciación y prefinanciación de exportaciones.
Las consecuencias del incumplimiento y los reclamos del sector
La falta de acuerdo en las negociaciones con los acreedores ha causado tensiones no solo con los bancos, sino también con productores agropecuarios y transportistas, quienes han manifestado su descontento por los atrasos en los pagos y las acusaciones de «vaciamiento de activos». Los reclamos también apuntan a que la empresa no ha cumplido con los compromisos asumidos con los productores que entregaron mercadería.
Ante este escenario, Los Grobo mantiene la intención de continuar con las negociaciones, pero el futuro de la compañía sigue siendo incierto. Las presiones financieras y las demandas externas colocan a la firma agroindustrial en una situación crítica, en la que cada decisión podría marcar su futuro dentro del sector.
DDHH
Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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